Un informe elaborado con datos del Banco Central revela que más del 50% de los sanjuaninos que financiaron compras en comercios registra cuotas vencidas. Angaco y Rawson presentan los índices más elevados, mientras que las entidades financieras exhiben un nivel de incumplimiento inferior al 4%.

La morosidad continúa avanzando entre los consumidores sanjuaninos y encuentra su mayor expresión en los créditos otorgados por los comercios. De acuerdo con un relevamiento elaborado por el Centro de Estudios de la Ciudad sobre la base de estadísticas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), más de la mitad de quienes accedieron a préstamos a sola firma para adquirir electrodomésticos, tecnología y otros bienes muebles mantienen pagos vencidos.

El estudio también refleja que la tasa general de morosidad entre los particulares de la provincia alcanza el 20,4%. En otras palabras, uno de cada cinco sanjuaninos que tomó algún tipo de crédito presenta atrasos en el cumplimiento de sus obligaciones financieras, un indicador que acompaña el deterioro del poder adquisitivo registrado en los últimos años.

Dentro del universo analizado, los préstamos otorgados directamente por los comercios concentran el mayor nivel de incumplimiento. Este tipo de financiamiento, caracterizado por requisitos de acceso más flexibles para facilitar las ventas, registra una mora superior al 50%, muy por encima de la observada en bancos, tarjetas de crédito, billeteras virtuales y entidades financieras.

La distribución territorial muestra diferencias marcadas. Angaco encabeza el ranking provincial con un índice de morosidad del 54,4% entre quienes financiaron compras en comercios. Le siguen Rawson, con el 54%; Pocito, con el 52,6%; Rivadavia, con el 51,7%; y Valle Fértil, donde el porcentaje alcanza el 51,3%.

El informe también evidencia que los restantes instrumentos de financiamiento presentan niveles de incumplimiento considerablemente menores. En bancos, tarjetas y billeteras virtuales, la mora oscila entre el 11% y el 30%, dependiendo del tipo de crédito y del acreedor.

La principal excepción corresponde a las entidades financieras, donde apenas el 3,86% de los clientes registra atrasos. Buena parte de esos préstamos se destina a la compra de vehículos prendados, una garantía que reduce significativamente el riesgo de incumplimiento, ya que el deudor puede perder el bien adquirido en caso de no cancelar la deuda.

También se puede recurrir a la justicia para recuperar mercancías financiadas mediante créditos comerciales. Sin embargo, el menor valor patrimonial de los bienes involucrados y la posibilidad de acceder posteriormente a nuevas alternativas de financiación reducen el incentivo para mantener las cuotas al día, una realidad que termina afectando directamente la liquidez de los comercios.

Las cifras reflejan un fenómeno que se replica en gran parte del país. Si bien la desaceleración de la inflación alivió parcialmente la presión sobre los ingresos familiares, la pérdida acumulada del poder adquisitivo continúa condicionando la capacidad de pago de miles de hogares. En ese escenario, muchos consumidores priorizan gastos esenciales y postergan el cumplimiento de compromisos financieros, una tendencia que mantiene en alerta al comercio sanjuanino por su impacto sobre las ventas, el recupero de cartera y el acceso al crédito.

La compañía integrada por BHP y Lundin Mining sostuvo que el acuerdo alcanzado con el Gobierno provincial brinda certidumbre para inversiones de largo plazo y permitirá financiar infraestructura mediante un fideicomiso que recibirá un aporte inicial de 250 millones de dólares.

El histórico compromiso económico asumido por Vicuña Corp. con la provincia de San Juan apunta a consolidar un esquema de financiamiento para obras de infraestructura y, al mismo tiempo, establecer un marco de previsibilidad para el desarrollo de los yacimientos de cobre Josemaría y Filo del Sol. La empresa explicó que el desembolso anticipado de 250 millones de dólares forma parte del entendimiento alcanzado con el Gobierno provincial para cumplir de manera definitiva las obligaciones previstas en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

Desde la compañía señalaron que el convenio concentra en un único instrumento contractual los compromisos económicos vinculados a la DIA y establece mecanismos transparentes para la administración de esos recursos mediante un fideicomiso provincial. El acuerdo deberá ser ratificado por la Legislatura de San Juan para adquirir fuerza de ley.

El CEO de Vicuña Corp., Ron Hochstein, afirmó que emprendimientos de esta magnitud requieren reglas estables y previsibles para atraer inversiones de largo plazo. En ese sentido, sostuvo que el entendimiento fortalece la seguridad jurídica, brinda claridad sobre las obligaciones de la empresa y genera condiciones favorables para avanzar con uno de los mayores proyectos cupríferos del país.

Entre los principales puntos del convenio figura la estabilidad de las regalías provinciales, que permanecerán fijadas en el 3% de los ingresos durante toda la vida útil del emprendimiento para las propiedades mineras comprendidas en el acuerdo. Además, se creará un fideicomiso destinado exclusivamente a administrar los fondos y financiar obras públicas previamente definidas entre las partes.

La empresa también confirmó que el aporte inicial de 250 millones de dólares se prevé para fines del cuarto trimestre de 2026. A ese desembolso se sumará, desde el sexto año de producción comercial, una contribución anual equivalente al 1,5% de las ventas brutas, destinada exclusivamente a infraestructura y adicional al pago de las regalías mineras.

Otro de los aspectos relevantes contempla el compromiso del Gobierno provincial de no incorporar tributos o contribuciones equivalentes que alteren el esquema económico acordado, otorgando previsibilidad fiscal a lo largo de la vida útil del proyecto y estableciendo que las obligaciones derivadas de la Declaración de Impacto Ambiental quedarán comprendidas dentro del mecanismo pactado.

Vicuña Corp. precisó que este entendimiento representa la primera etapa de una serie de acuerdos que acompañarán el desarrollo integrado de Josemaría y Filo del Sol. La empresa anticipó que el avance de ambas iniciativas permitirá incrementar la contratación de proveedores sanjuaninos, ampliar la demanda de mano de obra directa e indirecta y potenciar inversiones en infraestructura que acompañen el crecimiento de la minería en la provincia.

El canciller Pablo Quirno respaldó el espíritu de la iniciativa impulsada por el Gobierno para flexibilizar el régimen de propiedad de tierras rurales y aseguró que una mayor participación de inversores extranjeros generaría beneficios para el país. Sus declaraciones se produjeron en la antesala del debate en el Senado sobre el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La discusión sobre la propiedad de la tierra volvió a instalarse en el centro de la agenda política luego de que el canciller Pablo Quirno defendiera la posibilidad de ampliar el acceso de ciudadanos extranjeros a inmuebles y campos argentinos. Durante una entrevista televisiva, el funcionario sostuvo que la llegada de inversores del exterior representa una oportunidad para el desarrollo económico y afirmó que incluso la adquisición de «pueblos y provincias enteras» podría traducirse en beneficios para el país.

Al ser consultado sobre el alcance de la propuesta original impulsada por el Gobierno nacional, Quirno respondió que el ingreso de capitales extranjeros para adquirir tierras, edificios o desarrollar emprendimientos constituye un aporte positivo para la economía argentina. Sus declaraciones generaron repercusiones políticas en momentos en que el oficialismo busca reunir apoyos parlamentarios para avanzar con el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La iniciativa, que será debatida en el Senado, originalmente contemplaba modificaciones a la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. El objetivo inicial era eliminar las restricciones vigentes para la adquisición de tierras por parte de extranjeros, aunque posteriormente el Gobierno introdujo cambios para facilitar acuerdos legislativos.

La normativa vigente establece que la titularidad extranjera no puede superar el 15% de las tierras rurales del país y fija, además, límites para la concentración de superficies y restricciones vinculadas a áreas consideradas estratégicas. Esas disposiciones fueron incorporadas con el propósito de preservar el control nacional sobre recursos naturales y territorios de valor productivo.

Más allá de las modificaciones introducidas durante la negociación parlamentaria, el proyecto mantiene cambios relevantes en materia de expropiaciones, desalojos, propiedad rural y manejo del fuego. Para el Gobierno, la reforma apunta a fortalecer la protección de la propiedad privada y brindar mayor seguridad jurídica a las inversiones. En cambio, distintos sectores de la oposición, organizaciones sociales y especialistas advierten que las modificaciones podrían facilitar una mayor extranjerización de la tierra y ampliar el margen de intervención de actores privados sobre recursos considerados estratégicos.