Organizaciones sociales y políticas convocaron a una movilización federal para el 6 de agosto, cuando el Senado retomará el tratamiento del proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei que elimina las principales restricciones a la compra de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.

El debate por la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada volverá al Senado el próximo 6 de agosto y ya genera una fuerte reacción de organizaciones de todo el país. Tras la postergación de su tratamiento, la iniciativa oficial quedó en el centro de una amplia convocatoria que reunirá frente al Congreso a movimientos sociales, gremios, cooperativas, entidades rurales, organizaciones religiosas y partidos políticos, que sostienen que la propuesta compromete la soberanía sobre el territorio y los recursos naturales.

El proyecto, promovido por el Gobierno nacional junto a los gobernadores del Consejo de Mayo, modifica de manera sustancial el régimen vigente sobre la propiedad de tierras rurales. En los hechos, deja sin efecto las limitaciones establecidas por la Ley 26.737, aprobada en 2011, que fijó un máximo del 15% de tierras rurales en manos extranjeras dentro de cada jurisdicción, prohibió la adquisición de inmuebles con grandes cuerpos de agua y estableció un límite de 1.000 hectáreas en las zonas agrícolas de mayor productividad para un mismo titular extranjero.

Aunque esa legislación fue derogada mediante el DNU 70/2023, la medida permanece suspendida por una resolución judicial obtenida por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata. La nueva iniciativa mantiene restricciones únicamente para Estados extranjeros, pero elimina los límites para personas físicas y empresas privadas del exterior.

La discusión parlamentaria también expuso diferencias dentro del oficialismo y entre sus aliados. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, cuestionó modificaciones incorporadas durante el debate que habilitaban regímenes diferenciados por provincias, al considerar que podrían vulnerar principios constitucionales. En este sentido, gobernadores y legisladores del PRO y de la UCR reclamaron preservar restricciones para la venta de tierras con recursos estratégicos y ubicadas en zonas de frontera.

A las diferencias políticas se sumó el enfrentamiento entre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la vicepresidenta Victoria Villarruel, luego de que esta última acusara a la funcionaria de divulgar una conversación privada mantenida antes de la sesión en la Cámara alta.

Mientras avanza la discusión legislativa, se multiplican las expresiones de rechazo. Integran la convocatoria entidades como Endepa, la Pastoral Social, Cáritas, el Movimiento Nacional de Capellanes, el Llamamiento Argentino-Judío, cooperativas, organizaciones campesinas, colectivos sociales, agrupaciones científicas y centrales sindicales, además de la Coalición Federal en Defensa de la Tierra y la Multisectorial por la Tierra y la Vivienda.

Como antesala de la protesta central, entre fines de julio se desarrollarán jornadas federales bajo la consigna «Argentina no se vende», con radios abiertas, charlas, talleres y banderazos en distintas provincias. Los convocantes sostienen que la eliminación de las restricciones a la compra de tierras, sumada a las modificaciones impulsadas sobre otras normas vinculadas con los recursos naturales, facilitaría el desembarco de grandes emprendimientos extractivos y de infraestructura tecnológica en regiones consideradas estratégicas por su disponibilidad de agua, energía y minerales.

En provincias con fuerte perfil productivo y minero como San Juan, donde confluyen importantes proyectos vinculados al cobre, al oro y al desarrollo energético, el debate adquiere una dimensión adicional. Diversas organizaciones consideran que cualquier modificación al régimen de propiedad de la tierra podría tener implicancias sobre futuras inversiones y sobre la administración de recursos considerados estratégicos.

La movilización del 6 de agosto formará parte de una agenda de protestas más amplia. La CGT ya confirmó nuevas acciones para las semanas siguientes, entre ellas una participación en la tradicional marcha de San Cayetano del 7 de agosto, una convocatoria cuando el Gobierno reúna al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil y otra manifestación frente al Ministerio de Economía durante la tercera semana del mes, en rechazo a la política económica nacional.

El Gobierno de San Juan abrió los sobres de la licitación para la concesión del Hotel Provincial y confirmó que dos empresas presentaron ofertas admisibles. Ahora comenzará el análisis técnico y económico que definirá la adjudicación de un contrato por 20 años.

El proceso para definir el futuro del Hotel Provincial dio un paso decisivo este viernes, cuando el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte realizó la apertura de sobres de la licitación pública destinada a concesionar y explotar el tradicional establecimiento. El acto, desarrollado a las 9 de la mañana, concluyó con la presentación de dos propuestas que superaron la revisión administrativa inicial y fueron declaradas admisibles.

Concluida esa instancia, la comisión evaluadora iniciará el examen técnico, financiero y económico de ambas ofertas para determinar cuál reúne las mejores condiciones para asumir la administración del inmueble durante los próximos veinte años.

La convocatoria había sido relanzada luego del fracaso del primer llamado realizado en abril de este año. En aquella oportunidad, las dos firmas interesadas quedaron excluidas por incumplimientos en la documentación exigida, entre ellos la ausencia de certificados fiscales y declaraciones juradas incompletas, por lo que la licitación fue declarada desierta.

El nuevo concurso mantiene un presupuesto oficial de 3.360 millones de pesos y establece un canon mensual base de 14 millones de pesos, que será actualizado trimestralmente conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). El pliego también contempla un beneficio para quien resulte adjudicatario: durante los primeros seis meses podrá abonar el 50% del canon, siempre que cumpla con las inversiones comprometidas para la recuperación del edificio.

Uno de los objetivos centrales de la concesión es modernizar las instalaciones para que el Hotel Provincial alcance la categoría de tres estrellas superior, mediante obras de infraestructura, renovación de equipamiento y mejoras en la calidad de los servicios.

El proceso licitatorio incorpora además criterios que trascienden la propuesta económica. Entre ellos, el denominado Beneficio Social del Proyecto, que representa 20 puntos sobre un total de 100 en la evaluación final, junto con el compromiso de garantizar la continuidad laboral y la protección salarial de los trabajadores que actualmente se desempeñan en el establecimiento.

La Legislatura provincial declaró de interés educativo, científico, cultural y social la implementación de la carrera de Medicina en la Universidad Nacional de San Juan. La primera cohorte comenzará en 2027 con 50 estudiantes y una inversión superior a los $2.250 millones.

La Cámara de Diputados de San Juan brindó un nuevo respaldo institucional a la creación de la carrera de Medicina en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), al aprobar una declaración de interés educativo, científico, cultural y social durante la Séptima Sesión Ordinaria del cuerpo legislativo.

La iniciativa, promovida por el diputado Pedro Albagli, reconoce el alcance académico y social de una propuesta largamente esperada por la comunidad sanjuanina. La carrera funcionará en la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, ubicada en el departamento Albardón, y permitirá que estudiantes de la provincia puedan acceder a la formación médica sin necesidad de trasladarse a otros centros universitarios del país.

Esta decisión se conoció pocos días después de que la UNSJ confirmara la obtención del financiamiento nacional necesario para poner en marcha la carrera, luego de que la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) aprobara el proyecto académico.

De acuerdo con el cronograma oficial, las inscripciones se habilitarán en septiembre de este año, mientras que el curso de ingreso comenzará en octubre. El inicio de clases está previsto para el ciclo lectivo 2027, con una primera cohorte de 50 estudiantes, conforme a las condiciones establecidas en la acreditación.

La implementación demandará una inversión superior a los 2.250 millones de pesos, recursos que estarán destinados principalmente a la creación y financiamiento de los cargos docentes necesarios para garantizar el funcionamiento de la nueva carrera.

En este sentido, la universidad prevé ampliar la infraestructura de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud mediante la construcción de aulas híbridas y un nuevo bloque sanitario, con el propósito de acompañar el crecimiento de la oferta académica y fortalecer las condiciones de enseñanza.

El proyecto también genera expectativas por su impacto económico. El arribo de jóvenes universitarios foráneos dinamizará la economía local, estimulando el consumo y el requerimiento de vivienda, transporte y servicios.

Con esta declaración, la Legislatura sanjuuaninal consolidó el respaldo político e institucional a una iniciativa considerada histórica para la educación superior y para el fortalecimiento del sistema de salud, al ampliar la capacidad de formación de futuros médicos en la provincia.