Gremios
Metalúrgicos: luego de tres reuniones por paritaria no hay acuerdo
En las últimas horas se desarrolló la tercera reunión en búsqueda del acuerdo paritario para los trabajadores metalúrgicos y cierre del convenio 2019, sin llegar a acuerdo.
Desde la UOM esperan definiciones para el nuevo encuentro de la semana próxima, mientras que tanto el sindicato como las patronales dan por descontado que los $4.000 otorgados por decreto al sector privado «jugarán» en el acuerdo final. La aspiración gremial es pactar un 15% más para agregar al 36% que sellaron meses atrás.
La mecánica de considerar los $4.000 para sellar paritarias, ya fue aplicada por el Sindicato de Comercio para sellar su negociación de sueldos. En el caso particular de los metalúrgicos hay premura empresaria para no definir una «progresión» que demande más efectivo al capítulo salarial, según expresaron fuentes de dicho sector. Hasta el momento las negociaciones tuvieron lugar por fuera del ministerio de Trabajo a cargo de Claudio Moroni.
Lo firmado en mayo del año pasado alcanzó el 36%, en tres tramos, incluyó un porcentaje de recomposición para el deterioro salarial 2018 y la cláusula de revisión. De las conversaciones hay expectantes cerca de 200.000 trabajadores que integran el rubro fabril
Dentro de la cautela absoluta para dichos públicos fuentes de las cámaras metalúrgicas el remarcaron a BAE Negocios que existe un «aceptable nivel de diálogo» con la organización sindical que lidera Antonio Caló. La mensura tiene directa relación con la situación del sector en los últimos años en capítulos de la crisis más que singulares, como también en los «nuevos aires» con los que busca oxigenar la industria la gestión de Alberto Fernández.
Más allá del rol que desarrolla el gremio y las patronales la coincidencia básica se transparenta que desde 2015 a la fecha la dinámica de consensos tácitos privilegiaron el mantener puestos de trabajo a riesgo asumido de que el sindicato perdiera algunos puntos en la puja salarial. No obstante graviten entre reproches mutuos las percepciones compartidas, de los algunos empresarios pymes que asumieron su erróneo pronóstico de 2015 cuando ante la consulta de este medio vislumbraban que el modelo Cambiemos venía de la mano de un «desarrollismo moderado» y asistieron luego a pymes arrasadas o en estado de terapia intensiva.
El modelo de perfeccionamiento en labores industriales específicas, para los múltiples sectores de producción dentro de un esquema «absolutamente federal», según ponderan algunas cámaras además del nivel de tasas de interés para tomar deuda, la suerte de la negociación por la deuda externa y otros tópicos tanto empresarios industriales como sindicatos admiten que sólo los rescatará el crecimiento esperado.
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«El aumento salarial que no alcanza: la realidad de los encargados de edificio»
La Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERYH) alcanzó un nuevo acuerdo de incremento salarial del 3,5% para el mes de noviembre, en el marco de la paritaria de los encargados de edificios agrupados en los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) 589/10 y 590/10.
El acuerdo establece un incremento en los haberes del 3,5% a partir de noviembre y llevará el salario básico de un encargado permanente con vivienda de categoría 1 a $755.697, mientras que los encargados categoría 1 sin vivienda pasarán a $911.754. Asimismo, se actualizarán los valores de los ítems plus, retiro de residuos y de las jornadas de suplencia.
¿Esta suba, es suficiente para mejorar sus condiciones laborales y salariales? La respuesta es un rotundo no.
La reciente negociación resulta en un aumento salarial por debajo de lo esperado. Sin embargo, este aumento es solo una medida paliativa que no aborda las causas profundas de la precariedad laboral en el sector.
La inflación y la pérdida del poder adquisitivo han afectado significativamente la calidad de vida de los encargados de edificio. En este contexto, el aumento salarial es insuficiente para compensar la pérdida de valor del dinero.
Además, la negociación no abordó otros aspectos fundamentales, como la estabilidad laboral, la seguridad en el trabajo y la protección de los derechos laborales.
En conclusión, el incremento salarial para encargados de edificio es solo un paso mínimo hacia la mejora de las condiciones laborales en el sector. Es fundamental que se aborden las causas profundas de la precariedad laboral y se implementen medidas más efectivas para proteger los derechos laborales y mejorar la calidad de vida de los trabajadores.
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Trabajadores del Correo rechazan la propuesta salarial del gobierno
La Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT), que representa a una parte de los trabajadores de la empresa estatal de correos, desestimó la propuesta económica del gobierno y la calificó como ‘caprichosa y dictatorial’. La oferta otorgaba un aumento salarial del 5% para los trabajadores del Correo.
Según los representantes sindicales, lo ofrecido no refleja la realidad económica del país y no cubre la inflación. Además, criticaron la forma en que se presentó la propuesta, calificándola de ‘impositiva’ y ‘no negociada’.
Los trabajadores del Correo exigen una nueva oferta que refleje la realidad económica del país y que se negocie de manera transparente y democrática.
El rechazo de la oferta económica del gobierno por parte de los trabajadores telepostales es un claro ejemplo de la tensión entre el gobierno y los sindicatos en Argentina. La disputa salarial es solo una parte de un conflicto más amplio sobre la política económica y la distribución de la riqueza en el país.
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La evaluación que genera polémica: 40 mil empleados públicos en la mira»
El gobierno avanza con la evaluación de competencia para 40 mil funcionarios, pese a la oposición de las organizaciones gremiales.
La evaluación de competencia para 40 mil funcionarios ha generado una fuerte polémica en el sector público. Las organizaciones laborales han expresado su oposición a la medida, argumentando que se trata de un intento de despedir a trabajadores sin justa causa.
La medida forma parte de un plan del gobierno para reducir el déficit fiscal y mejorar la eficiencia en el sector público. Sin embargo, las organizaciones sindicales argumentan que la medida es injusta y que no se ha realizado un análisis adecuado de las necesidades del sector.
La evaluación de competencia para 40 mil funcionarios ha generado una fuerte reacción en el sector público. Los gremios anticipan que seguirán luchando para defender los derechos de los trabajadores y evitar que se produzcan despidos injustos. La situación sigue siendo tensa y se espera que haya nuevas movilizaciones en los próximos días.
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