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Moroni avaló la creación de cuatro nuevas entidades sindicales. Se suman a las inscriptas días anteriores por el ministro de Trabajo.


La gestión de Claudio Moroni en el ministerio de Trabajo anotó a ocho organizaciones en el Registro de Asociaciones Sindicales de Trabajadores en lo que va del 2020.

A través de Boletín Oficial, hoy se oficializaron las inscripciones del Sindicato de Docentes e Investigadores Universitarios de San Luis; el Sindicato Unidos Conductores de Personal Aeronáutico y Portuario; la Federación de Obreros y Empleados de la Carne y sus Derivados de la República Argentina; y el Sindicato Único de Profesionales y Afines de la Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente (SUPASO).

El sindicato de docentes universitarios de San Luis fue anotado como Asociación Gremial de primer grado, para agrupar a los trabajadores que desempeñan tareas como docentes e investigadores de la Universidad Nacional de San Luis, en cualquier establecimiento que la desarrolle, con zona de actuación en la provincia de San Luis.

En el caso del gremio aeronáutico y portuario, la decisión responde a un requerimiento del Juzgado Nacional de 1° Instancia del Trabajo N° 45. El SUCPAP podrá agrupar a los trabajadores que bajo relación de dependencia, presten servicios como conductores de vehículos para empresas cuya actividad sea el traslado del personal aeronáutico; con zona de actuación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Asimismo, agrupará a los jubilados que hubiesen adquirido su condición de pasividad encontrándose afiliados a la asociación gremial.

La inscripción gremial del Sindicato de Profesionales de Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente de Córdoba también obedece a un requerimiento judicial. En este caso, en el marco de una causa con intervención la Sala IX integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

El SUPASO tendrá carácter de Asociación Gremial de primer grado y agrupará a los trabajadores que realicen tareas de seguridad e higiene ocupacional y medio ambiente, desempeñándose en dichas materias bajo relación de dependencia con consultoras de higiene, seguridad y medioambiente, con zona de actuación en el Departamento Capital, provincia de San Juan.

Por último, se inscribió a una entidad gremial de segundo grado: la Federación de Obreros y Empleados de la Carne y sus Derivados de la República Argentina, bajo causa judicial de la Sala VII integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

La Federación tiene domicilio en Santa Fe y fue habilitada para agrupar a sindicatos de trabajadores sin distinción de categorías, que prestan servicios en empresas y/o establecimientos dedicados a la industrialización en todas sus etapas de carne bovina, ovina, porcina, equina o de animales de caza mayor o menor; en peladeros, y/o establecimientos dedicados a la industrialización de aves, en establecimientos donde se faena hacienda; en empresas y/o establecimientos donde se desarrollan actividades vinculadas a la industrialización de la carne.

La zona de actuación será las localidades de La Capital, Las Colonias, Garay, Vera, 9 de Julio, San Jerónimo, San Martín, San Justo, San Javier y San Cristóbal, todas pertenecientes a las provincias de Santa Fe y Santiago del Estero.

Previamente, Moroni había inscripto al Sindicato de Trabajadores del Estado Municipal Corrientes; Sindicato de Trabajadores/as de Entidades Bancarias y Financieras de la República Argentina (SITEBA); Asociación Interhospitalaria de la Salud de Salta; y Sindicato de Choferes de Camiones, Obreros y Empleados de Transporte de Cargas y Logística de la Provincia de Santa Fe.

Fuente mundo gremial

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Crisis metalúrgica: las pymes perdieron 15.200 empleos y casi 1.000 empresas desde 2023

La crisis de las pequeñas y medianas empresas metalmecánicas profundizó su impacto sobre el empleo y el entramado productivo. En abril, último dato disponible para el mercado laboral, el rubro ocupaba a 234.100 trabajadores, 15.200 menos que un año antes. La cantidad de empresas también continuó descendiendo: quedaron 11.983 firmas activas, 957 por debajo del máximo registrado en noviembre de 2023.

El deterioro productivo acompaña esa contracción. Entre enero y julio de 2026, la producción metalmecánica pyme acumuló una disminución interanual del 10,9%, de acuerdo con un informe de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina (CAMIMA). La magnitud de la caída supera ampliamente la registrada por el conjunto de la industria manufacturera, que retrocedió 2,6% durante el mismo período.

Los datos de julio muestran, además, que la retracción todavía no encontró un piso: la producción se ubicó 16,4% por debajo del mismo mes de 2025 y descendió 0,5% frente a junio.

El retroceso fue especialmente pronunciado en algunas ramas. La fabricación de maquinaria agropecuaria cayó 30,5% interanual y los aparatos de uso doméstico disminuyeron 27,8%. La fundición de metales retrocedió 14,3%, mientras también registraron bajas los equipos eléctricos, las autopartes y distintos segmentos vinculados con la fabricación de maquinaria.

Hubo excepciones. Los envases metálicos aumentaron 11,7%, las carrocerías y remolques crecieron 2,5% y los productos metálicos estructurales avanzaron 1,6%. Esos desempeños, sin embargo, no lograron compensar la pérdida acumulada en las ramas de mayor incidencia.

La contracción también alcanzó los ingresos de los trabajadores. Entre abril de 2025 y abril de 2026, el salario medio real de la metalmecánica disminuyó 1,6%, mientras que el promedio de la industria manufacturera registró una mejora real del 2,8%, según CAMIMA.

En el frente externo apareció una señal diferente. Las exportaciones metalmecánicas crecieron 2,7% durante el primer semestre, aunque las importaciones se redujeron 10,2%. La cámara vinculó esta última disminución con el menor nivel de producción, inversión y consumo doméstico.

El intercambio comercial continúa, de todos modos, marcado por una brecha considerable. En los doce meses acumulados, las compras externas alcanzaron los US$22.255 millones, frente a exportaciones por US$2.140 millones. El resultado fue un déficit de US$20.115 millones.

José Luis Ammaturo, secretario general de CAMIMA, consideró que el incremento de las ventas al exterior constituye uno de los pocos datos favorables del relevamiento, aunque planteó que esa mejora necesita complementarse con una recuperación de la demanda interna y de la producción para que pueda traducirse en una recomposición más amplia de las empresas.

Los números describen una cadena de deterioro que excede la evolución mensual de las fábricas: menos producción, menor cantidad de firmas y pérdida de puestos de trabajo, acompañadas por una caída del salario real. La recuperación exportadora aporta un contrapunto, pero por ahora no alcanza para revertir la contracción que atraviesa buena parte de la pequeña y mediana metalmecánica argentina.

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Desmienten el cierre de la fábrica de galletitas de Albardón y aseguran que sigue operativa

El secretario de Industria y Comercio, Alejandro Martín, negó que la planta de Albardón haya dejado de funcionar y afirmó que conserva su dotación laboral. También explicó que desde enero la planta tiene un nuevo propietario y que la marca Tía Maruca quedó desvinculada de la operación sanjuanina.

Las versiones sobre un eventual cierre de la fábrica de galletitas de Albardón volvieron a circular en las últimas horas, pero fueron desmentidas por el Gobierno de San Juan. El secretario de Industria y Comercio, Alejandro Martín, aseguró que la planta continúa operativa y mantiene la misma cantidad de trabajadores.

El funcionario explicó que no se trata de una noticia nueva y cuestionó la reiteración de una versión que, según sostuvo, ya había circulado en abril. “Cada tanto esa noticia vuelve a aparecer”, señaló, al tiempo que reconoció que la caída del consumo y las dificultades que atraviesa buena parte de la industria nacional generan un terreno propicio para este tipo de versiones.

Uno de los cambios producidos durante este año estuvo vinculado con la propiedad de la empresa. Martín indicó que Juan Carlos Crovella adquirió en enero la totalidad del paquete accionario, aunque esa modificación no implicó el cierre ni la paralización de la planta ubicada en Albardón.

También hubo una modificación relevante en torno a la marca Tía Maruca. Según precisó el funcionario, esa denominación ya no forma parte de la operación de la fábrica sanjuanina y quedó en manos de Alejandro Ripani, quien continúa elaborando productos de la marca desde una planta ubicada en Luján.

El establecimiento industrial, en tanto, mantiene la elaboración de sus propias marcas, entre ellas Argentitas y Dale, además del resto de las líneas que permanecieron bajo la conducción de la planta. La dotación de personal, de acuerdo con la información brindada por Martín, tampoco sufrió modificaciones.

La aclaración oficial apunta así a separar dos cuestiones que habían quedado mezcladas en las versiones difundidas: el cambio de propietario y la desvinculación de Tía Maruca no significaron el cierre de la fábrica de Albardón.

Martín reconoció que la compañía enfrenta un período complejo por el menor consumo interno, pero sostuvo que la planta continúa sosteniendo sus operaciones. “La venta al consumo interno está difícil, pero esta planta se está sosteniendo”, afirmó.

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La Justicia ordenó completar el loteo de AMPUNSJ y fijó una indemnización millonaria

La jueza Adriana Tettamanti, del Juzgado Contencioso Administrativo, hizo lugar al reclamo de AMPUNSJ contra Proyectos Residenciales y Comerciales S.A. y ordenó completar el parcelamiento e inscripción de los terrenos del Loteo Valle Encantado. La empresa deberá cumplir en seis meses y pagar $15.369.487 más intereses.

La Justicia de San Juan condenó a Proyectos Residenciales y Comerciales S.A. (P.R.Y.C.S.A.) a completar la regularización parcelaria del emprendimiento inmobiliario Valle Encantado y estableció una reparación económica a favor de la Asociación Mutual del Personal de la Universidad Nacional de San Juan (AMPUNSJ).

La titular del Juzgado Contencioso Administrativo, resolvió la demanda interpuesta por la mutual, originada en la inobservancia de las obligaciones de un contrato suscrito el 15 de enero de 2021.

El fallo establece que la empresa deberá concretar el parcelamiento e inscripción parcelaria de los lotes comprendidos en el emprendimiento. Para hacerlo, dispone un plazo de seis meses desde la notificación de la sentencia, con la posibilidad de aplicar sanciones económicas si la orden judicial no es cumplida.

Además de la obligación de regularizar los terrenos, la magistrada fijó una indemnización de $15.369.487 por daños y perjuicios, suma que deberá actualizarse mediante los intereses correspondientes hasta su efectivo pago.

El veredicto también alcanza a 87 asociados de AMPUNSJ individualizados en el expediente. La determinación de cuánto corresponde a cada uno deberá efectuarse durante la etapa de ejecución de sentencia, por lo que todavía resta definir la distribución concreta de esos montos y la modalidad mediante la cual se harán efectivos.

El expediente tuvo una instancia de conciliación el 9 de abril de 2026, con participación de representantes de la mutual y de la empresa. El encuentro concluyó sin acuerdo, por lo que el juzgado dispuso continuar con la producción de prueba hasta arribar a la resolución ahora conocida.

El fallo corresponde a la primera instancia y, por lo tanto, la empresa tiene la posibilidad de recurrir ante la Cámara Contencioso Administrativa. Una eventual apelación abrirá una nueva instancia de revisión sobre la resolución, mientras que la ejecución de las obligaciones y los derechos económicos reconocidos en el proceso quedarán sujetos a las decisiones que adopte la Justicia.

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