Luiz Inácio Lula da Silva logró una nueva victoria electoral en Brasil y gobernará por cuarta vez, tras derrotar al senador Flávio Bolsonaro en el balotaje del domingo. Con el escrutinio oficial concluido, el presidente obtuvo el 51,79% de los votos válidos, frente al 48,21% de su rival, una diferencia de más de 4,4 millones de sufragios que revirtió el resultado de la primera vuelta.

El triunfo del líder del Partido de los Trabajadores (PT), de 80 años, prolonga la conducción de la principal economía latinoamericana bajo una orientación de centroizquierda y representa un nuevo revés para el movimiento conservador identificado con la familia Bolsonaro. Su próximo mandato comenzará el 5 de enero de 2027.

La definición tuvo un desarrollo cambiante. Flávio Bolsonaro había terminado primero en la votación del 4 de octubre, con el 47,03% de los votos válidos, frente al 45,16% de Lula. La ventaja inicial, de alrededor de 2,2 millones de sufragios, obligó al oficialismo a recuperar apoyos en la segunda vuelta. Finalmente, el presidente consiguió revertir aquella diferencia y amplió su ventaja hasta superar los cuatro millones de votos.

La jornada electoral también estuvo marcada por una decisión extraordinaria del Supremo Tribunal Federal, que extendió hasta las 19 el horario de votación en las secciones afectadas por dificultades de transporte y condiciones meteorológicas adversas. La medida demoró la difusión de los resultados y generó cuestionamientos de la oposición, que luego reclamó la anulación del proceso. Las autoridades electorales, sin embargo, ratificaron la validez del resultado.

Dos proyectos enfrentados

Lula centró su campaña en la continuidad de los programas sociales, la recuperación del poder adquisitivo, la inversión pública y la defensa de las instituciones democráticas. Su trayectoria política, marcada por sus orígenes sindicales y sus primeros dos gobiernos entre 2003 y 2010, volvió a ocupar un lugar central en una elección atravesada por las diferencias de ingresos, las preocupaciones económicas y la seguridad pública.

Flávio Bolsonaro, de 45 años, se presentó como heredero político de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, y promovió una agenda de mayor rigor contra el delito, reducción del gasto estatal y acercamiento a Estados Unidos. Su derrota mantiene al bolsonarismo como una fuerza de peso, aunque abre interrogantes sobre quién conducirá a la oposición y cómo se reorganizará después de una segunda derrota presidencial consecutiva frente a Lula.

La victoria no elimina los desafíos para el oficialismo. El presidente deberá administrar las cuentas públicas, sostener el crecimiento y responder a las demandas sociales en un Congreso con una importante presencia conservadora, donde la negociación legislativa será decisiva para avanzar con sus iniciativas.

Repercusiones regionales

El resultado también tiene alcance internacional. Brasil es un actor central del Mercosur, una potencia agrícola y energética y uno de los principales interlocutores de América Latina en los foros multilaterales. La continuidad de Lula anticipa la persistencia de una política exterior que busca preservar la autonomía brasileña y mantener vínculos comerciales con China, Estados Unidos y Europa.

A escala regional, este resultado constata que la polarización entre el progresismo y la derecha conservadora continuará articulando la agenda política y económica. El estrecho margen con el que Lula retuvo el poder demuestra que Brasil sigue polarizado. Su capacidad para gobernar dependerá tanto de sus resultados económicos como de los puentes que logre tender con otros sectores.

Los supermercados mayoristas volverán a apostar por las promociones para intentar recuperar ventas: entre el 16 y el 23 de noviembre, unos 200 comercios de todo el país participarán de una nueva edición de la Black Week, con descuentos en alimentos, bebidas, productos de higiene, perfumería y limpieza. Será la última convocatoria de este tipo durante 2026, en un mercado de consumo que todavía no logra consolidar una recuperación.

Organizada por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), la iniciativa abarcará locales físicos y tiendas virtuales. La entidad busca estimular las compras de los hogares y fortalecer la cadena de abastecimiento que conecta a fabricantes y distribuidores con almacenes, autoservicios, kioscos y comercios de proximidad.

La apuesta comercial responde a un retroceso persistente de las ventas. Según el relevamiento de Scentia citado por el sector, en septiembre el consumo masivo cayó un 1,2% interanual y un 1% frente a agosto, con una contracción acumulada del 2,7% en el volumen comercializado durante los primeros nueve meses del año.

El comportamiento fue dispar entre rubros. Los mayores retrocesos mensuales se registraron en perecederos, con una baja del 6,2%; productos de limpieza para ropa y el hogar, con un descenso del 4,4%; y artículos de desayuno y merienda, que retrocedieron un 4,2%. En cambio, alimentación avanzó un 1,7% y las bebidas alcohólicas, un 2,1%.

En el canal mayorista, el deterioro fue más pronunciado: las ventas disminuyeron un 6,7% respecto de agosto. En la comparación interanual, las bebidas sin alcohol encabezaron las caídas, con un 21,1%, seguidas por higiene y cosmética, con un 9%, y perecederos, con un 8,6%. Alimentación fue la excepción, con una mejora del 3%.

Una cadena clave para el consumo cotidiano

CADAM sostiene que el canal tradicional concentra una porción significativa del mercado de consumo masivo, con una participación que puede alcanzar el 55% de las ventas. A su vez, estima que el canal mayorista incide en hasta el 10% del gasto de los hogares.

La red comercial comprende más de 140.000 puntos de venta entre almacenes, perfumerías y tiendas de limpieza, además de unos 20.000 autoservicios. Para estos negocios, las condiciones de compra a los distribuidores repercuten directamente en los precios, la reposición de mercadería y la capacidad de atender el consumo diario.

La cámara empresaria remarcó que la campaña surge del esfuerzo conjunto de fabricantes, distribuidores y mayoristas. La expectativa es que las ofertas generen un movimiento adicional en las cajas y faciliten el acceso a productos esenciales, aunque el alcance de esa mejora dependerá de la respuesta de los compradores.

Los comercios adheridos, sus direcciones y los enlaces a sus tiendas digitales podrán consultarse en el sitio oficial de CADAM. La convocatoria buscará convertir los descuentos temporales en un estímulo para una cadena comercial que necesita recuperar volumen en un mercado donde las familias siguen administrando con cautela sus gastos.

El juez Matías Pallito declaró inconstitucional el artículo 56 de la Ley 27.802, que habilita a las mipymes a cancelar condenas judiciales en hasta 12 cuotas. La resolución protege el cobro íntegro de una indemnización de $23,3 millones y se suma a un antecedente similar en la provincia.

La Justicia laboral de San Juan dictó un segundo fallo contra el pago en cuotas de indemnizaciones por despido previsto en la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. El juez Matías Pallito, del Primer Juzgado Laboral, declaró inconstitucional el artículo 56 de la Ley 27.802 y rechazó el pedido de una comerciante para cancelar en 12 mensualidades una condena de $23.296.163 a favor de una trabajadora despedida.

La empleadora, propietaria de un local minorista de indumentaria, había argumentado que no podía afrontar el pago íntegro en una sola vez. La norma invocada permite que las micro, pequeñas y medianas empresas abonen las condenas judiciales laborales en hasta 12 cuotas mensuales consecutivas, mientras que para las grandes compañías establece un máximo de seis.

La trabajadora se opuso a esa modalidad y su abogado solicitó que se declarara la inconstitucionalidad de la disposición. Pallito consideró que el monto no tenía una magnitud que justificara el fraccionamiento y sostuvo que la posibilidad de diferir unilateralmente el cumplimiento colocaba al acreedor laboral en una posición menos favorable que la de otros acreedores.

El magistrado comparó el régimen con las obligaciones derivadas de la responsabilidad civil. Señaló que quien debe indemnizar por un accidente de tránsito puede quedar obligado a pagar de manera íntegra e inmediata, incluso cuando la condena asciende a varios millones de pesos, sin acceder automáticamente a un esquema de cuotas por ser pequeño comerciante.

Desde esa perspectiva, advirtió que conceder un beneficio de ese tipo para las condenas laborales supondría una desigualdad incompatible con los artículos 14 bis y 16 de la Constitución Nacional, que consagran la protección del trabajo y la igualdad ante la ley. También invocó garantías vinculadas con la propiedad, el debido proceso y la tutela judicial efectiva.

Otro de los fundamentos centrales fue la autonomía provincial. Pallito sostuvo que la modalidad de ejecución de las sentencias y los plazos para cumplirlas corresponden al ámbito procesal local, cuya regulación compete a las provincias. A su entender, el Congreso puede dictar normas de fondo, pero no imponer a los tribunales sanjuaninos un fraccionamiento obligatorio del pago durante la ejecución de una condena.

La sentencia también remarcó el carácter alimentario de las indemnizaciones laborales: esos recursos permiten al trabajador despedido y a su familia cubrir necesidades esenciales. Por eso, el juez entendió que el cobro diferido no puede imponerse contra la voluntad de quien tiene reconocido el crédito. La posibilidad de aceptar cuotas, afirmó, debe quedar en manos del trabajador y responder a una decisión voluntaria.

Dos pronunciamientos y una apelación pendiente

La resolución de Pallito se suma a la dictada anteriormente por la jueza Mariela Berón, del Segundo Juzgado Laboral, que también declaró inconstitucional el régimen de pago fraccionado. Aquel fallo quedó firme porque la parte condenada no lo apeló. En el caso más reciente, la representación de la empleadora todavía puede recurrir ante la Cámara Laboral, que deberá determinar si confirma o revoca el criterio.

La discusión judicial sobre la reforma no se limita a las indemnizaciones. El juez Federico Soria, del Cuarto Juzgado Laboral, declaró inconstitucional el artículo 55 de la misma ley, que reduce en un 33% los intereses aplicables a determinados créditos laborales correspondientes a juicios iniciados antes de su entrada en vigencia.

El artículo 56 modificó el 277 de la Ley de Contrato de Trabajo para habilitar el pago en cuotas de las condenas laborales. Esta medida ya es objeto de debate en dos tribunales de San Juan, que evalúan su constitucionalidad a la espera de un fallo firme de segunda instancia.

La resolución de estos expedientes resultará clave para delimitar la aplicabilidad del régimen de cuotas, así como las restricciones constitucionales que imponen la tutela del crédito laboral y las autonomías procesales de las provincias.