La consolidación del llamado “trabajo del futuro”, acelerada tras la pandemia, convive con una concentración inédita de la riqueza y con reformas laborales que profundizan la precarización. Mientras una élite global acumula capital, extiende su expectativa de vida y se prepara para escenarios extremos, amplias mayorías enfrentan el riesgo de quedar fuera del sistema productivo y social.

El denominado trabajo del futuro dejó de ser una promesa lejana para convertirse en una realidad tangible, acelerada de manera decisiva por la pandemia de COVID-19. El confinamiento masivo impulsó el uso intensivo de la tecnología en los vínculos interpersonales, en los procesos productivos y en las relaciones laborales, modificando de forma estructural la organización del trabajo a escala global.

En la Argentina, como en buena parte del mundo, la discusión sobre la necesidad de actualizar convenios colectivos, revisar normativas laborales y adaptar los sistemas productivos y de servicios no es nueva. Sin embargo, lo que hoy aparece con mayor claridad es que ese debate se desarrolla en un contexto que tiende a usufructuar la coyuntura para ampliar desigualdades, erosionar derechos y consolidar formas de precarización que amenazan con expandir las poblaciones marginales y los mecanismos de explotación.

Lejos de promover un esquema virtuoso de incorporación de tecnología con mayor productividad y mejores condiciones de empleo, muchas de las reformas en discusión parecen apuntar a recrear vínculos laborales propios de otros siglos, más cercanos a la lógica de la servidumbre que a un sistema que fomente la formación profesional, los oficios calificados y la movilidad social ascendente.

La concentración extrema de la riqueza

Simultáneamente, el crecimiento de los llamados “superricos” se vuelve cada vez más visible y difícil de ignorar. La acumulación de capital en manos de una minoría ínfima continúa rompiendo récords históricos, ampliando la brecha entre una élite global y las grandes mayorías, independientemente de los debates morales sobre lo justo o injusto del fenómeno.

Algunos de estos multimillonarios promueven la idea de un ingreso mínimo social como herramienta de contención para quienes quedan fuera del mercado laboral formal. Esta propuesta, presentada como una solución humanitaria, también revela un trasfondo inquietante: la aceptación implícita de que una parte creciente de la población ya no será integrada al sistema productivo, sino apenas sostenida para garantizar su subsistencia.

Esa misma élite —que no supera el 1% de la población mundial, unos 8 millones de personas— aparece además vinculada a planes de construcción de búnkeres subterráneos autosuficientes, pensados como refugios ante eventuales colapsos sociales, ambientales o políticos. Una suerte de “plan B” frente a un escenario en el que la disputa por alimentos, agua potable y recursos básicos podría desatar conflictos de magnitud imprevisible.

Vida extendida para pocos, futuro incierto para mucho

La apuesta por nuevos territorios habitables, con Marte como emblema recurrente —impulsado incluso desde el poder político estadounidense y celebrado por figuras como Elon Musk—, aún no ofrece certezas reales. Mientras tanto, las inversiones más concretas de estos sectores se orientan al campo de la salud y la prolongación de la vida.

Avances médicos y terapias de alta complejidad prometen extender la expectativa de vida hasta los 90 o incluso 100 años, aunque el acceso a estos tratamientos quedaría reservado, una vez más, para un grupo extremadamente reducido. La posibilidad de vivir más y mejor se transforma así en un privilegio de clase, reforzando la segmentación social incluso en el plano biológico.

En este escenario, el desafío para las dirigencias políticas, sindicales y sociales que representan a los sectores de menores recursos —que hoy incluyen también a millones de trabajadores formales empobrecidos— es marcar un punto de inflexión frente a una tendencia que busca naturalizar la desigualdad como destino.

La justicia social y la igualdad de oportunidades parecen ser desplazadas deliberadamente de la agenda pública, mientras se delinean fronteras cada vez más nítidas entre ciudadanos de primera, segunda, tercera y hasta “cuarta” categoría. El riesgo no es solo económico, sino profundamente civilizatorio: la consolidación de un sistema que acepta la existencia de poblaciones de descarte como un daño colateral del progreso tecnológico y financiero.

La ofensiva sindical contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei comenzó a tomar una forma más definida. En un gesto político de alto impacto, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, se reunió con el titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, y ambos coincidieron en la necesidad de anticipar las medidas de fuerza y no esperar al debate parlamentario para reaccionar.

El encuentro, realizado en la sede nacional de la UOM, dejó un mensaje claro: el sindicalismo empieza a coordinar una respuesta común, superando fronteras entre centrales y sectores. “No deberíamos esperar hasta el día que se trate la iniciativa en el Congreso para realizar una medida de fuerza, porque podría ser demasiado tarde”, advirtió Aguiar, quien definió el proyecto oficial como una iniciativa que busca “eliminar los sindicatos y construir un nuevo ordenamiento jurídico sin derechos individuales ni colectivos”.

La imagen del encuentro no pasó inadvertida. Aguiar, uno de los principales referentes de la CTA Autónoma, junto a Furlán, líder de uno de los gremios más influyentes de la CGT y del entramado industrial, simbolizó un acercamiento estratégico que se viene consolidando semana tras semana frente al avance del proyecto oficial.

Hacia un plan de acción amplio y coordinado

La articulación sindical no se limitó a ese encuentro. En las últimas horas, Aguiar también se reunió con Daniel Yofra, secretario general de la Federación de Trabajadores Aceiteros (FTCIODyARA), para avanzar en la posibilidad de un paro conjunto el mismo día en que la reforma laboral sea tratada en el Congreso.

Ambos dirigentes coincidieron en que “la única alternativa para frenar el proyecto es la calle” y denunciaron que la iniciativa oficial busca perpetuar el fraude laboral y profundizar la precarización tanto en el sector público como en el privado. “Estamos dispuestos a llevar adelante una huelga general ese día, tanto desde ATE como desde Aceiteros”, afirmó Yofra, quien llamó a que las centrales sindicales confluyan en una medida contundente acompañada por una masiva movilización.

Aguiar fue tajante al rechazar cualquier negociación parcial. “No nos podemos conformar con el mal menor. Esta contrarreforma laboral se tiene que caer completa”, sostuvo. Además, cuestionó el origen del texto legal, al que atribuyó a estudios jurídicos ligados a las patronales, y negó que pueda generar empleo genuino. “La creación de empleo no depende de una ley, depende de la economía. Y la política económica del Gobierno destruyó durante dos años el empleo formal en la Argentina”, afirmó.

Impacto en el Estado y advertencia federal

El dirigente estatal también alertó sobre las consecuencias directas de la reforma en organismos clave del Estado, como PAMI, ANSES, el Hospital Garrahan, Vialidad Nacional, Belgrano Cargas, Intercargo, Nucleoeléctrica Argentina, YCRT, DGI y Aduana, entre otros, donde —según advirtió— se profundizaría la precarización y el vaciamiento.

Al mismo tiempo, ATE evalúa convocar a un plenario federal de delegados para definir una medida de fuerza nacional, con especial énfasis en movilizaciones en las provincias cuyos gobernadores avalen el proyecto. Aguiar fue especialmente crítico con los mandatarios que negocian con el Ejecutivo nacional y el ministro del Interior, Diego Santilli. “Pretenden ocupar el lugar de las representaciones sindicales y nos están utilizando al movimiento obrero”, denunció.

“Tenemos que empezar a pensar seriamente en movilizar en las provincias. No puede ser que por un accionar contrario a los intereses de la sociedad no paguen ningún costo político”, advirtió.

La confluencia entre ATE, la UOM, Aceiteros y otros gremios marca un salto cualitativo en la resistencia sindical frente a la reforma laboral. Con diferencias tácticas aún presentes, el denominador común es claro: anticipar el conflicto, unificar fuerzas y llevar la disputa a la calle antes de que el Congreso sancione una ley considerada regresiva.

El sindicalismo comienza así a dejar atrás respuestas fragmentadas y a ensayar una estrategia común, en un escenario donde la reforma laboral aparece como el principal eje de confrontación social y política del primer trimestre del año.

La temporada turística en curso dejó un dato elocuente para el sector: el turismo sanjuanino hacia los destinos de la costa atlántica cayó un 40% respecto de años anteriores, una retracción significativa que refleja no solo el impacto del contexto económico, sino también un cambio estructural en los hábitos de viaje.

El diagnóstico fue planteado por Ariel Bacur, representante del sector de agencias de turismo en la provincia, quien definió el actual ciclo vacacional como “una temporada atípica”, atravesada por múltiples factores que alteraron la dinámica habitual del mercado. Entre ellos, se destacó el inicio tardío de las reservas, vinculado a la espera de definiciones políticas tras el proceso electoral, que demoró decisiones y afectó la planificación tanto de los viajeros como de las empresas del rubro.

En tal sentido, se consolidó una tendencia que viene creciendo en los últimos años: la migración hacia destinos alternativos. Países como Chile y Brasil ganaron protagonismo frente a la costa argentina, impulsados por ofertas competitivas, diferencias cambiarias favorables y nuevas preferencias de los turistas, especialmente entre los viajeros jóvenes y los grupos familiares con mayor capacidad de organización.

Otro de los factores clave que explica la caída en las ventas tradicionales es el avance del turismo independiente. Según Giménez Bacur, cada vez más personas optan por organizar sus viajes por cuenta propia, prescindiendo de intermediarios y recurriendo a plataformas digitales para reservas de transporte y alojamiento.

Esta transformación impacta de lleno en las agencias locales, que ven reducido su volumen de operaciones y se ven obligadas a reformular su oferta comercial, renegociando tarifas con proveedores, incorporando promociones específicas y ofreciendo financiamientos más flexibles para sostener la competitividad.

A su vez, se observa una fragmentación del período vacacional. En lugar de concentrar el descanso en un único viaje largo, muchos sanjuaninos eligen escapadas más cortas distribuidas a lo largo del año, una estrategia que permite administrar mejor el presupuesto y adaptarse a un contexto de ingresos más ajustados.

Pese a la marcada caída del 40%, la costa argentina no desaparece del mapa turístico sanjuanino, aunque pierde centralidad frente a nuevas alternativas y modalidades de viaje. El escenario actual confirma que no se trata de una baja coyuntural, sino de una reconfiguración profunda del comportamiento del turista, atravesada por variables económicas, políticas y culturales.

“El sanjuanino sigue eligiendo la costa, muchas veces por razones de tiempo, pero amplía su horizonte hacia otros destinos como Brasil”, sintetizó Giménez Bacur. Una definición que resume con claridad el momento del sector: menos viajes tradicionales, más diversidad y una industria obligada a reinventarse para acompañar una demanda cada vez más fragmentada y exigente.