La Cámara de Servicios Mineros planteó ante el ministro de Desregulación y Transformación del Estado la necesidad de reducir la carga tributaria que soportan las empresas proveedoras y de introducir modificaciones en la aplicación de la Ley de Inversiones Mineras. El objetivo es fortalecer la competitividad de las firmas locales frente al ciclo de expansión que proyecta la industria del cobre.

La agenda del desarrollo minero comenzó a trasladarse con mayor intensidad al plano de las políticas públicas nacionales. En ese marco, el presidente de la Cámara de Servicios Mineros (Casemi), Juan Pablo Delgado, mantuvo una reunión con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, para exponer las principales demandas de las empresas proveedoras que operan en torno a la actividad extractiva.

El encuentro, del que también participó el senador nacional Bruno Olivera, permitió abrir un canal de diálogo con el Gobierno nacional sobre uno de los temas que mayor preocupación genera entre las compañías del sector: la elevada presión tributaria y su impacto sobre la competitividad de las firmas argentinas frente a un escenario de fuerte expansión de las inversiones mineras.

Delgado explicó que la estructura fiscal vigente representa uno de los principales condicionantes para el crecimiento de los proveedores. A la carga de tributos nacionales, como el Impuesto a las Ganancias y el IVA, se suman gravámenes provinciales y municipales que, según sostuvo, conforman un esquema de alta complejidad administrativa y elevados costos operativos para las empresas.

Durante la reunión también se analizaron las medidas de desregulación que impulsa la administración nacional para facilitar las importaciones de bienes de capital e insumos. Desde Casemi consideran que una reducción de los costos vinculados a la adquisición de equipamiento contribuiría a mejorar la eficiencia del sector y ampliar su capacidad de respuesta frente a la demanda que generarán los grandes proyectos cupríferos.

Según Delgado, Sturzenegger recibió los planteos con predisposición y adelantó que tanto su cartera como el Ministerio de Economía trabajan en iniciativas orientadas a simplificar procedimientos y revisar aspectos del esquema tributario. En ese contexto, el dirigente empresarial confirmó que ya inició gestiones para concretar una reunión con el ministro Luis Caputo, con el propósito de profundizar el análisis de las medidas fiscales que reclama la actividad.

Otro de los puntos del encuentro estuvo vinculado con la aplicación de la Ley de Inversiones Mineras. Casemi solicitó agilizar los procesos de inscripción de los proveedores y revisar los criterios utilizados para acceder a los beneficios previstos por la normativa. El planteo apunta especialmente a que el régimen incorpore variables vinculadas con los planes de inversión y el potencial de crecimiento de las empresas, en lugar de considerar exclusivamente los niveles históricos de facturación.

Desde la entidad sostienen que esa modificación permitiría preparar con mayor anticipación al entramado empresarial sanjuanino para abastecer la demanda que generarán emprendimientos de gran escala como Vicuña y Los Azules, proyectos que concentran buena parte de las expectativas de crecimiento de la minería argentina durante la próxima década.

Consultado sobre las proyecciones realizadas semanas atrás por Federico Sturzenegger, quien estimó que provincias como San Juan podrían experimentar un fuerte incremento poblacional impulsado por el desarrollo minero, Delgado coincidió en que la provincia atraviesa un proceso de expansión con perspectivas favorables, aunque llamó a interpretar ese escenario con prudencia.

El titular de Casemi señaló que existen avances concretos en distintos proyectos y destacó los recientes indicadores que ubican a San Juan entre las jurisdicciones con mejor desempeño en materia de empleo. Sin embargo, advirtió que la consolidación de ese crecimiento dependerá de la ejecución efectiva de las inversiones y de la construcción de un marco de previsibilidad que permita fortalecer el desarrollo de los proveedores locales, considerados un eslabón decisivo para transformar el potencial minero en generación sostenida de empleo y actividad económica.

El último informe del INDEC confirmó que la dotación del Sector Público Nacional volvió a contraerse durante mayo. Desde el inicio de la actual gestión se eliminaron más de 70.000 puestos de trabajo, mientras la reducción alcanza ministerios, organismos descentralizados, empresas públicas y sociedades estatales, consolidando una transformación estructural de la administración nacional.

La reducción del aparato estatal continúa avanzando a un ritmo sostenido y ya constituye uno de los ejes más profundos de la política de reorganización impulsada por el Gobierno nacional. Los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) muestran que, al cierre de mayo de 2026, el Sector Público Nacional empleaba a 273.365 personas, una cifra que representa una disminución del 22% respecto de noviembre de 2023, cuando la administración de Javier Milei inició su mandato con una planta cercana a los 343.000 trabajadores.

La magnitud del proceso permite dimensionar el alcance de la denominada «motosierra» sobre la estructura estatal. En apenas un año se perdieron más de 17.000 empleos y, desde el cambio de gobierno, las desvinculaciones ya superan las 70.000, entre despidos, retiros, jubilaciones no reemplazadas y contratos que dejaron de renovarse.

El informe oficial también evidencia que la tendencia no muestra señales de desaceleración. Solo durante mayo la dotación volvió a reducirse un 0,5% respecto del mes anterior, mientras que la comparación interanual refleja un retroceso del 6,1%, confirmando que el achicamiento continúa extendiéndose sobre prácticamente toda la estructura estatal.

Ministerios con menos personal

Dentro de la administración centralizada, que actualmente reúne a 38.452 trabajadores, el ajuste presentó comportamientos diferenciados según cada cartera, aunque predominó una reducción prácticamente generalizada.

El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado encabezó la disminución mensual con una baja del 2,9%, seguido por la Jefatura de Gabinete, que redujo su plantilla un 2,2%, y el Ministerio de Justicia, con una caída del 1,3%.

Las áreas de mayor dimensión también continuaron disminuyendo su personal. El Ministerio de Economía redujo un 0,8% su dotación y quedó con 7.853 agentes, mientras que Capital Humano registró una merma del 0,6%, alcanzando los 7.919 trabajadores.

Las únicas excepciones fueron los ministerios de Defensa e Interior, que exhibieron incrementos marginales, insuficientes para modificar la tendencia descendente del conjunto de la administración nacional.

Organismos estratégicos bajo revisión

El mayor volumen de empleo continúa concentrándose en la administración descentralizada, integrada por 112.112 trabajadores. Sin embargo, también allí el proceso de reducción mantiene un ritmo significativo, con una caída interanual del 7,1%.

Uno de los casos más relevantes corresponde a la ANSES. El organismo previsional registró una reducción mensual del 7,5%, operando actualmente con 11.228 empleados, una contracción que vuelve a instalar interrogantes sobre la capacidad operativa de una de las dependencias con mayor volumen de atención al público.

El ajuste también alcanzó a organismos técnicos y científicos.

El Servicio Meteorológico Nacional sufrió una disminución del 13,3% en apenas un mes, constituyéndose en uno de los organismos más afectados del período.

El Instituto Nacional de Semillas redujo su estructura un 2,5%, mientras que el CONICET logró sostener sin cambios su planta durante mayo, aunque continúa condicionado por la virtual paralización del ingreso de nuevos investigadores y personal especializado, una situación que el sistema científico viene señalando desde hace meses como uno de los principales desafíos para el desarrollo del sector.

Empresas públicas: menos personal y avance de las liquidaciones

La política de racionalización también alcanzó al universo empresarial del Estado.
Actualmente las empresas y sociedades con participación estatal reúnen 87.867 trabajadores, lo que representa una disminución interanual del 4,8%. Aunque Aerolíneas Argentinas mantuvo estable su dotación durante mayo, otras compañías continuaron reduciendo personal.

BICE Fideicomisos encabezó las bajas del sector con una contracción mensual del 10,1%, seguida por Nación Bursátil (-6,3%) y Nación Reaseguros (-5,9%).

La Operadora Ferroviaria S.E., la empresa pública con mayor cantidad de empleados del país, también redujo su plantilla un 0,5%, quedando con 19.725 trabajadores.

Paralelamente, el informe oficial refleja que la reorganización estatal ya no se limita a la reducción de personal sino que avanza sobre la propia arquitectura del sector público empresarial.

Durante mayo desapareció del relevamiento el Centro de Ensayos de Alta Tecnología (CEATSA), cuya disolución redujo de 123 a 122 el número de empresas relevadas por el INDEC. A ello se suma la incorporación formal de la Administración General de Puertos S.A.U. al listado de sociedades en proceso de liquidación, una señal de que la estrategia oficial continúa orientada a disminuir la participación estatal en actividades empresariales.

Una transformación de fondo

Las cifras del INDEC consolidan una de las modificaciones más profundas registradas en la administración pública nacional durante las últimas décadas. La reducción de personal dejó de ser un fenómeno aislado para convertirse en una política transversal que alcanza ministerios, organismos descentralizados, institutos científicos y empresas estatales.

Mientras el Gobierno sostiene que el objetivo es reducir el gasto público, mejorar la eficiencia administrativa y equilibrar las cuentas fiscales, las organizaciones sindicales advierten que la continuidad de los recortes compromete la capacidad operativa del Estado, deteriora áreas estratégicas y limita la prestación de servicios esenciales.

Con más de 70.000 puestos eliminados desde diciembre de 2023 y un proceso que aún permanece activo, la reconfiguración del empleo público se consolida como uno de los cambios estructurales más significativos de la actual gestión y uno de los principales focos de disputa entre la administración nacional y los gremios estatales.

La mayoría de las negociaciones salariales cerradas para julio arroja incrementos promedio del 2,8%, por encima de la inflación proyectada por el Banco Central. La desaceleración de los precios mejora el poder de compra, aunque persisten conflictos en actividades claves como metalúrgicos, transporte y empleo público.

El calendario paritario de julio confirma un cambio de tendencia en el mercado laboral. Después de varios meses en los que los salarios perdieron terreno frente al costo de vida, buena parte de los convenios colectivos comenzará a reflejar incrementos que, en promedio, superan la inflación esperada para el mes.

El último Índice de Salarios del INDEC, correspondiente a abril, mostró que los trabajadores registrados del sector privado recuperaron un 0,9% de poder adquisitivo, interrumpiendo siete meses consecutivos de caída. Ese desempeño encuentra respaldo en una inflación que continúa desacelerándose y que, según las principales consultoras privadas y el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, podría ubicarse por debajo del 2% mensual.

La combinación de menor inflación y acuerdos salariales más elevados permitió que el promedio de las paritarias de julio alcance aproximadamente 2,8%, aunque la realidad continúa siendo muy dispar entre las distintas actividades.

Al mismo tiempo, el Gobierno comenzó a flexibilizar la política de homologación salarial, aceptando convenios que combinan incrementos porcentuales con sumas fijas extraordinarias para amortiguar la pérdida acumulada del ingreso registrada durante los últimos meses.

Sin embargo, el panorama dista de ser uniforme. La debilidad del empleo privado, la menor actividad en sectores industriales y la heterogeneidad económica siguen condicionando el margen de negociación de numerosos sindicatos. Esa situación mantiene abiertas algunas de las discusiones más relevantes del país.

Entre ellas sobresalen la negociación de la UOM, todavía sin resolución en un contexto atravesado por la caída de la producción industrial; el conflicto de la UTA, que mantiene diferencias con las cámaras empresarias y el Gobierno; y la negociación de los trabajadores estatales, donde la falta de acuerdo ya derivó en medidas de fuerza impulsadas por los gremios docentes en la provincia de Buenos Aires.

Uno por uno: los aumentos confirmados para julio

Sanidad
Los trabajadores representados por FATSA recibirán un aumento del 3,7% sobre los básicos de junio, además de una asignación fija no remunerativa de $90.000. El acuerdo también prevé incorporar $12.000 al salario básico de la categoría inicial desde agosto, con impacto proporcional sobre el resto de las escalas.
Farmacia
Los empleados nucleados en FATFA percibirán un básico de $1.293.737 para la categoría Cadete más una suma remunerativa de $87.350, mientras que la categoría Farmacéutico alcanzará $1.962.632 de básico más $132.512 adicionales.
Construcción
La UOCRA acordó una actualización del 2% junto con una suma extraordinaria no remunerativa que llegará hasta $72.900 para oficiales especializados, además de montos diferenciados para oficiales, medio oficiales, ayudantes y serenos.
Bancarios
La Bancaria aplicará una actualización automática equivalente al 2,1%, correspondiente a la inflación de mayo. Con ello, el sector acumula una mejora salarial del 14,7% en los primeros cinco meses del año.
Administración Pública Nacional
Los trabajadores estatales percibirán un incremento del 2,4%, correspondiente al segundo tramo del acuerdo del 6,64%, además de un bono remunerativo de $50.000.
Camioneros
El convenio prevé una revisión del 2,68%, equivalente a $27.258, mientras continúa vigente el esquema paritario que acumula 10,1% entre marzo y agosto.
Industria de la Alimentación
Los trabajadores recibirán una suma fija total de $120.000, de la cual resta abonarse $50.000 durante julio. El salario inicial del sector ronda actualmente $1,5 millón, mientras las categorías superiores se aproximan a $2,5 millones.
Empleados de Comercio
Uno de los convenios más numerosos del país incorporará $100.000 al salario básico que hasta ahora se liquidaban como suma no remunerativa, además de un adicional extraordinario de $20.000.
Los básicos pasarán a ubicarse entre $1.233.585 y $1.299.445, mejorando además la base para aguinaldo, vacaciones y futuros incrementos.
Seguros
El acuerdo contempla una recomposición del 11,5% entre julio y octubre, distribuida en tres etapas: 4% en julio, 3,5% en agosto y 4% en octubre.
Industria Plástica
Se actualizaron los valores hora hasta $8.487 para oficiales especializados y se estableció una suma fija de $85.000 para todas las categorías alcanzadas.
Clubes deportivos (UTEDYC)
Los trabajadores cobrarán un incremento acumulativo del 3%, mientras continúa vigente otra actualización del 2,5% prevista para julio. Paralelamente, el convenio específico con la AFA acumuló una recomposición del 12,5% entre marzo y junio.
Trabajadores Rurales
El peón general tendrá un salario mínimo de $1.088.358, mientras que el peón único alcanzará $1.116.058, ambos con sumas adicionales no remunerativas.
Carga y Descarga
Los salarios básicos llegan hasta $2.313.833 para conductores de Categoría 1 y contemplan además la incorporación progresiva de sumas no remunerativas al básico.
Pasteleros
El convenio establece una asignación no remunerativa del 7,69%, mientras que en comida rápida se suma un incremento del 5,6% junto con montos fijos de hasta $75.000.
Minería
Los trabajadores representados por AOMA recibirán una actualización del 3,5%. En la rama cal y piedra, el jornal inicial asciende a $53.177.
Petroleros
Los operarios de Vaca Muerta continúan encabezando el ranking salarial argentino. El salario bruto mínimo alcanza $3.914.000, acompañado por un adicional regional de $380.000 y una vianda superior a $35.800 diarios.
Estaciones de Servicio
El salario básico de un playero asciende a $1.515.472, mientras desde julio se incorpora al básico una suma fija de $30.000.
Call Centers
Los operadores mantienen salarios de referencia de hasta $892.077 para jornadas de 36 horas, además de una suma fija de $100.000 y un adicional extraordinario de $20.000.
Casas Particulares
Las trabajadoras de tareas generales percibirán $458.053 mensuales con retiro y $505.302 sin retiro, tras el último tramo de actualización del 1,4%.
Encargados de Edificios
El convenio otorgó un incremento del 2% más una suma remunerativa de $80.000 para jornada completa. Los salarios oscilan entre $908.154 y $1.260.697, según categoría.
Industria de la Carne
Los salarios por hora llegan hasta $9.144, más un adicional por presentismo de $94.890 y una suma fija mensual de $20.000.
SMATA
En concesionarias, los especialistas múltiples superiores perciben $1.959.020, mientras que las categorías más altas de distintos convenios superan los $2 millones mensuales.
Televisión y Telecomunicaciones
SATSAID acordó un aumento del 6,6%, con carácter no remunerativo hasta fines de julio y cláusula de actualización automática si la inflación supera el porcentaje pactado.
Papeleros
La actividad cerró una recomposición del 12% para la paritaria anterior y un nuevo esquema que incluye 4% desde julio, además de una gratificación extraordinaria de $300.000 en tres cuotas.
Aceiteros
La Federación Aceitera alcanzó uno de los acuerdos más importantes del año. El convenio establece una recomposición anual del 29,5%, calculada sobre las proyecciones inflacionarias del REM, consolidando nuevamente al sector entre los mejores remunerados del mercado laboral argentino.

Una recuperación todavía desigual

Aunque la mayoría de las paritarias comienza a mostrar mejoras por encima de la inflación mensual, el mapa laboral continúa evidenciando fuertes diferencias entre actividades. Los sectores vinculados a la energía, bancos, la industria aceitera y el petróleo conservan los salarios más elevados del país, mientras que ramas manufactureras, transporte y parte del empleo público todavía atraviesan negociaciones complejas.

La evolución de la inflación durante el segundo semestre será determinante para consolidar —o no— la recuperación del salario real. En ese escenario, las cláusulas de revisión volverán a ocupar un papel central y anticipan una nueva ronda de negociaciones en los próximos meses, con el objetivo de evitar que los ingresos vuelvan a quedar rezagados frente al costo de vida.