El juez laboral Raúl Ojeda, quien dictó el fallo de primera instancia que suspendió la aplicación de la reforma laboral impulsada por el Gobierno tras el amparo presentado por la CGT, sostuvo que el movimiento obrero atraviesa un momento decisivo. Advirtió que la pérdida de protagonismo sindical debilita la defensa de los derechos laborales y anticipó que la nueva legislación abrirá una etapa de fuerte litigiosidad en los tribunales.

La discusión sobre la reforma laboral volvió a ocupar el centro del debate jurídico y sindical. En una conferencia organizada por la Sala Laboral del Colegio de Abogados, el juez Raúl Ojeda, protagonista del fallo de primera instancia que hizo lugar al amparo promovido por la Confederación General del Trabajo, analizó las consecuencias que, a su entender, tendrá la denominada Ley de Modernización Laboral sobre el sistema de relaciones laborales argentino.

Durante su exposición, el magistrado planteó que el movimiento sindical enfrenta un desafío que excede el plano judicial y reclamó una mayor participación de las organizaciones gremiales en la defensa de las conquistas históricas de los trabajadores.

En ese sentido, sostuvo que la fortaleza de los sindicatos dependerá de su capacidad para recuperar un papel activo en los conflictos laborales. Advirtió que, si abandonan esa función, corren el riesgo de perder representatividad y convertirse únicamente en instituciones sociales, alejadas de su finalidad original.

Críticas a la deslegitimación del sindicalismo

Ojeda también se refirió al deterioro de la imagen pública de las organizaciones gremiales y atribuyó ese fenómeno a una construcción comunicacional que, según expresó, privilegia la difusión de casos de corrupción mientras invisibiliza las funciones sociales que cumplen muchas entidades sindicales.

Recordó que numerosos gremios sostienen escuelas, centros de salud, guarderías, planes habitacionales y múltiples servicios destinados a sus afiliados, aportes que —consideró— rara vez forman parte del debate público.

El magistrado vinculó esa mirada con una creciente fragmentación social que debilita la conciencia colectiva entre quienes viven de su trabajo. A modo de ejemplo, señaló que incluso profesionales como jueces, médicos, abogados o contadores suelen dejar de reconocerse como trabajadores hasta que ven afectados sus propios derechos laborales.

Una reforma que, según el juez, multiplicará los litigios

Al analizar el impacto de la nueva legislación, Ojeda anticipó que su aplicación generará una fuerte judicialización en todo el país.

Afirmó que numerosos aspectos de la reforma serán cuestionados por su presunta incompatibilidad con principios constitucionales y pronosticó que los tribunales laborales recibirán una gran cantidad de demandas impulsadas por sindicatos y trabajadores.

El juez explicó que las organizaciones gremiales ya comenzaron a promover acciones judiciales en distintas jurisdicciones, impulsando una defensa descentralizada frente a la nueva normativa.

La definición excede a los tribunales

Si bien fue uno de los magistrados que resolvió favorablemente el planteo presentado por la CGT, Ojeda consideró poco probable que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revierta en términos generales el rumbo adoptado por la reforma laboral, teniendo en cuenta los antecedentes recientes del máximo tribunal.

Por esa razón, sostuvo que el desenlace del debate no dependerá exclusivamente de las decisiones judiciales, sino también de la capacidad de organización y movilización de los actores sociales involucrados.

Finalmente, reivindicó el papel de la Constitución como límite frente a los cambios impulsados por coyunturas políticas. En esa línea, afirmó que la función de la Justicia consiste en garantizar la vigencia de los derechos fundamentales aun cuando existan presiones para restringirlos, porque las garantías constitucionales fueron concebidas precisamente para proteger a la ciudadanía en períodos de conflicto y no únicamente en tiempos de estabilidad.

La Federación del Personal de Vialidad Nacional rechazó la ampliación de los límites para la circulación de bi trenes autorizada por el Gobierno nacional. El gremio sostuvo que la medida incrementará el desgaste de la infraestructura vial, elevará los riesgos para la seguridad y encarecerá las futuras reparaciones en una red que, según denunció, atraviesa un profundo proceso de deterioro por la falta de inversión.

La decisión del Gobierno nacional de ampliar las dimensiones permitidas para los camiones de gran porte volvió a encender las críticas de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), que advirtió sobre las consecuencias que tendrá la medida en una red vial afectada por el déficit de mantenimiento.

El cuestionamiento surgió luego de la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia 689/2026, que modificó los límites máximos de longitud para los vehículos de carga. La normativa habilita unidades de hasta 19,60 metros para tractocamiones con semirremolques impulsados por energías limpias —como GNC o electricidad— y extiende hasta 31,25 metros el largo permitido para determinadas configuraciones de bi trenes.

Desde la organización sindical sostienen que la actualización normativa profundiza un proceso de flexibilización iniciado durante 2025 y consideran que resulta incompatible con el estado actual de las rutas nacionales. Según remarcaron, la circulación de unidades que pueden transportar hasta 76 toneladas acelerará el deterioro de los pavimentos y aumentará los riesgos para quienes transitan por los corredores viales.

El secretario Gremial y de Prensa de FEPEVINA, Fabián Cattanzaro, afirmó que la ausencia de conservación de la infraestructura y la reducción de los controles convierten a la nueva disposición en un factor que agrava los problemas existentes. A su entender, lejos de generar eficiencia, el ahorro derivado de la reducción de la inversión terminará multiplicando los costos futuros.

El dirigente explicó que, de acuerdo con estimaciones técnicas del organismo, cada peso que deja de destinarse al mantenimiento preventivo obliga posteriormente a desembolsar entre cinco y siete veces más para recuperar los caminos deteriorados, una erogación que finalmente afronta toda la sociedad.

Riesgos para la seguridad vial

FEPEVINA también vinculó el deterioro de la infraestructura con el incremento de los siniestros de tránsito y sostuvo que la falta de inversión tiene un impacto directo sobre el sistema de salud pública. En ese sentido, Cattanzaro aseguró que los hospitales ubicados sobre corredores nacionales reciben cada vez más víctimas de accidentes, una consecuencia que, según afirmó, no suele incorporarse al análisis económico de las políticas de ajuste.

El sindicalista indicó además que la circulación de bi trenes crece de manera sostenida en los accesos a Vaca Muerta, donde la demanda logística es cada vez mayor, y alertó que esas unidades ya comienzan a utilizar rutas provinciales que, a su juicio, no fueron diseñadas para soportar ese tipo de tránsito pesado.

En ese marco, planteó que el desarrollo energético de la región requiere una política integral de infraestructura, con corredores viales adecuados y una mayor participación del ferrocarril para absorber parte del transporte de cargas.

Reclamo por los fondos del impuesto a los combustibles

Otro de los aspectos del planteo sindical apunta a los recursos provenientes del impuesto a los combustibles líquidos que, por ley, deben financiar a Vialidad Nacional. FEPEVINA denunció que esos fondos permanecen retenidos por el Ministerio de Economía y recordó que presentó dos denuncias penales contra el ministro Luis Caputo y el administrador de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy.

Según Cattanzaro, durante el actual período se habrían retenido alrededor de 1.000 millones de dólares, monto que —afirmó— habría permitido ejecutar tareas de conservación sobre unos 20.000 kilómetros de rutas o construir aproximadamente 4.000 kilómetros de nuevos caminos.

Frente a ese panorama, la federación insistió en que el Congreso declare la emergencia en Vialidad Nacional y reclamó que los recursos previstos por ley sean destinados de manera inmediata al mantenimiento de la infraestructura existente. Para el gremio, mientras la construcción de nuevas obras responde a decisiones de política pública, la conservación de la red vial constituye una obligación legal que el Estado nacional no puede dejar de cumplir.

El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio de San Juan analizó la reciente negociación salarial del sector, cuestionó el deterioro del poder adquisitivo, advirtió sobre los efectos de la reforma laboral y se pronunció sobre la interna de la CGT Regional San Juan, cuya normalización está prevista para el 25 de agosto.

La negociación salarial volvió a ocupar el centro de la agenda de los trabajadores de estaciones de servicio. En diálogo con Mundo Laboral San Juan, el secretario general del gremio, Víctor Menéndez, confirmó la firma de un nuevo acuerdo paritario de carácter bimestral y sostuvo que la estrategia sindical apunta a impedir que la inflación continúe erosionando los ingresos de los trabajadores.

El dirigente explicó que el convenio, rubricado el 24 de julio, contempla una actualización del 3% para julio y otro incremento cercano al 2% para agosto. Reconoció que esos porcentajes no alcanzan para recomponer todo el deterioro acumulado, aunque consideró imprescindible mantener negociaciones frecuentes para evitar un mayor atraso salarial.

«Sabemos que no es la solución definitiva, pero no podemos permitir que el salario quede completamente desactualizado», sostuvo, al remarcar que la dinámica inflacionaria obliga a revisar permanentemente las remuneraciones.

Menéndez vinculó esa necesidad con el constante traslado de los aumentos de combustibles al resto de los precios de la economía. A su entender, cada incremento en los costos del transporte termina repercutiendo en los alimentos, los servicios y el consumo cotidiano, profundizando el deterioro del poder adquisitivo de los hogares.

En ese marco también manifestó preocupación por la volatilidad cambiaria y advirtió que las expectativas sobre el dólar suelen acelerar las remarcaciones antes incluso de que se produzcan modificaciones concretas en la economía, perjudicando principalmente a los trabajadores y consumidores.

Reforma laboral y caída de los aportes

Durante la entrevista, el dirigente sindical aseguró que el mercado laboral atraviesa uno de sus momentos más complejos por la pérdida acumulada del salario real y el avance de modalidades de contratación que, según afirmó, reducen derechos laborales.
Indicó que la caída del poder adquisitivo también influye directamente sobre el financiamiento de las obras sociales sindicales debido a la merma de los aportes.

Además, sostuvo que las recientes modificaciones laborales favorecen la aparición de contratos más precarios y generan incentivos para reemplazar trabajadores con mayor antigüedad por nuevas incorporaciones de menor costo para las empresas.

Frente a ese panorama, reclamó una acción coordinada de todas las organizaciones gremiales y apuntó que la CGT debe desempeñar un papel central en la defensa del empleo formal y de las condiciones laborales.

Críticas a la política exterior

Menéndez analizó la política exterior del Gobierno a raíz de la crisis con Brasil.
Consideró inapropiada la actitud del presidente Javier Milei durante su visita al país vecino y alertó que ese tipo de episodios puede afectar la relación con el principal socio comercial de Argentina.

El gremialista sostuvo que históricamente el país mantuvo vínculos diplomáticos basados en el respeto institucional y expresó su preocupación por el impacto que este tipo de enfrentamientos podría tener sobre la imagen internacional argentina.

La elección de la CGT San Juan

Uno de los puntos centrales de la conversación fue el proceso de normalización de la CGT Regional San Juan, cuya elección de autoridades está prevista para el próximo 25 de agosto.
Menéndez confirmó que los preparativos avanzan junto con la conducción nacional de la central obrera y destacó el trabajo que viene desarrollando la Secretaría del Interior para garantizar el proceso institucional.

En ese contexto defendió la continuidad de Eduardo Cabello al frente de la regional y aseguró que la mayoría de los sindicatos ya expresó su respaldo a esa candidatura.

Respecto de los gremios que impulsan una conducción más amplia o incluso un triunvirato, el dirigente afirmó que todas las posiciones pueden debatirse dentro de los órganos de la central obrera, aunque remarcó que la conducción encabezada por Cabello ya cuenta con un amplio consenso.

«La CGT siempre tuvo las puertas abiertas para todos los gremios. Las diferencias deben discutirse adentro de la organización, porque lo más importante es preservar la unidad del movimiento obrero», sostuvo.

Asimismo, reveló que decidió ceder el cargo que actualmente ocupa dentro de la conducción para facilitar acuerdos y favorecer una lista de unidad.

Expectativa por la presencia de la conducción nacional

Menéndez adelantó además que para la normalización de la CGT San Juan se espera la presencia de integrantes de la conducción nacional, entre ellos Héctor Daer, Cristian Jerónimo y, posiblemente, Jorge Sola.

Según explicó, además de participar del proceso institucional, los dirigentes nacionales mantendrán reuniones con representantes sindicales y cámaras empresarias para analizar la realidad económica y laboral de la provincia, en el marco de una recorrida que la conducción de la CGT realiza por distintas regiones del país.

Un llamado a preservar la unidad

A lo largo de la entrevista, Menéndez insistió en que el escenario económico obliga a fortalecer la representación sindical y a priorizar los consensos internos por encima de las diferencias.

El dirigente consideró que la defensa del salario, la protección del empleo y el fortalecimiento institucional de las organizaciones gremiales serán los principales desafíos de los próximos meses. En ese camino, sostuvo, la unidad de la CGT será un elemento determinante para afrontar las transformaciones que atraviesa el mundo del trabajo sin resignar derechos laborales.