La tarifa del transporte público de pasajeros volverá a actualizarse en San Juan desde enero de 2026. El pasaje de primera sección pasará de $810 a $1.070, en un contexto marcado por la inflación, el aumento de los costos operativos y un esquema de subsidios que el Gobierno provincial asegura sostener con un fuerte esfuerzo fiscal.

El transporte público enfrentará un nuevo incremento tarifario a partir del inicio de 2026. Según confirmaron fuentes oficiales, el boleto de colectivo de primera sección pasará a costar $1.070, lo que representa una suba cercana al 32% respecto del valor actual. La medida comenzará a regir desde enero y se inscribe en una dinámica de ajustes periódicos que busca acompañar la evolución de los costos del sistema.

Desde el Ejecutivo provincial explicaron que la actualización responde a un escenario de inflación persistente, aumento del precio de los combustibles, mantenimiento de unidades y costos salariales del sector. En ese marco, la ministra de Gobierno, Laura Palma, remarcó que la tarifa plena continúa siendo amortiguada por un esquema de subsidios que evita un impacto mayor en los usuarios.

“La Provincia realiza un esfuerzo muy importante para sostener el sistema”, señaló la funcionaria en declaraciones públicas, al detallar que el Estado sanjuanino destina más de $5.000 millones mensuales para cubrir subsidios al transporte. Según precisó, sin ese aporte la tarifa debería ser considerablemente más elevada para garantizar la continuidad del servicio.

Los datos oficiales refuerzan ese planteo: más del 45% de los pasajeros no paga el valor completo del boleto. Jubilados, trabajadoras de casas particulares y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo acceden a programas nacionales, mientras que otros usuarios cuentan con beneficios otorgados directamente por la Provincia. Este entramado de asistencias permite sostener la demanda y preservar el acceso al transporte público para los sectores de menores ingresos.

Sin embargo, el incremento vuelve a colocar sobre la mesa un debate recurrente: el equilibrio entre la sustentabilidad económica del sistema y el impacto social de las subas tarifarias. En un contexto donde el transporte constituye un gasto fijo para miles de familias, cada ajuste reaviva la discusión sobre el alcance y la eficiencia de los subsidios, así como sobre la capacidad del Estado para sostenerlos en el tiempo.

Cambios en el boleto escolar gratuito

Junto con la actualización del pasaje, el Gobierno de San juan anunció modificaciones en el régimen del boleto escolar gratuito, que comenzarán a aplicarse con el inicio del ciclo lectivo 2026. A partir de entonces, estudiantes y docentes deberán tener sus datos personales correctamente registrados y vinculados a la tarjeta SUBE para acceder al beneficio.

Palma aclaró que el pase estudiantil continuará siendo gratuito y sin límite de viajes, y que la incorporación de este requisito no implica una restricción del derecho, sino una mejora en los mecanismos de control. “Buscamos mayor orden, transparencia y una administración más eficiente del sistema”, explicó.

El trámite podrá realizarse a través de la aplicación SUBE digital, una herramienta que, según destacaron desde el Gobierno, ya tiene una amplia adopción entre los usuarios del transporte público en la provincia. La digitalización apunta a reducir irregularidades, optimizar recursos y garantizar que el beneficio llegue efectivamente a quienes corresponde.

La Confederación General del Trabajo lideró este jueves una movilización nacional contra el proyecto de reforma laboral impulsado por el presidente Javier Milei. La protesta tuvo su epicentro en Plaza de Mayo y se replicó en distintas provincias. En San Juan, cerca de 5000 personas marcharon por el centro capitalino en una convocatoria que reunió a sindicatos, la Universidad Nacional de San Juan y organizaciones sociales.

La oposición sindical a la reforma laboral volvió a expresarse con fuerza en las calles. Este jueves, la Confederación General del Trabajo (CGT) encabezó una masiva movilización en la Ciudad de Buenos Aires, con epicentro en la Plaza de Mayo, en rechazo al proyecto de ley impulsado por el Gobierno nacional. La jornada estuvo marcada por paros, concentraciones y cortes de tránsito, y se replicó de manera simultánea en distintas provincias del país, entre ellas San Juan.

Desde horas tempranas, columnas sindicales y organizaciones sociales comenzaron a confluir en el centro porteño, donde dirigentes gremiales tomaron la palabra para cuestionar una iniciativa que, aseguran, no representa una modernización del sistema laboral, sino un retroceso en derechos históricos. La protesta se desarrolló en un contexto atravesado por la aplicación del protocolo antipiquetes anunciado por el Ejecutivo nacional.

En San Juan, la convocatoria tuvo una adhesión significativa. Según confirmó el comisario Sergio Ruarte, jefe del Cuerpo Especial de Vigilancia, la movilización reunió a cera de 5000 personas. La marcha comenzó apenas pasadas las 18, con una concentración en avenida Ignacio de la Roza, entre Mendoza y Entre Ríos, desde donde partieron las columnas que recorrieron el microcentro capitalino.

Las calles céntricas se vieron colmadas por banderas, pancartas y consignas contra la reforma laboral. Participaron sindicatos nucleados en la CGT y la CTA, organizaciones sociales y representantes de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), que aportaron un marcado componente institucional y académico a la protesta. El recorrido abarcó cerca de diez cuadras y culminó frente a la Catedral, donde se realizó el acto central.

Allí se dio lectura a un documento consensuado por las organizaciones sindicales, en el que se advirtió que el proyecto oficial facilita la precarización laboral, debilita el sistema jubilatorio y las obras sociales, y podría profundizar la desigualdad social. Como cierre, los manifestantes entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino.

Entre los gremios presentes se destacaron Camioneros, APUNSJ, AOMA, UOM, AJEPROC, ADICUS, UOCRA, SATSAID, SOEESIT, JUDICIALES NACIONALES, UPCN, ATSA, ASIJEMIN, SOESGyPE, SADOP, JUDICIALES PROVINCIALES, AOMA, APEL, entre otros. La amplitud de la convocatoria reflejó un rechazo transversal al proyecto, más allá de las particularidades de cada sector.

Durante la movilización local cobraron relevancia dirigentes sindicales de peso. José “Pepe” Villa, referente de UPCN, encabezó una de las columnas y fue uno de los encargados de leer el documento final. En ese marco, sostuvo que “nos quieren confiscar derechos” y advirtió que el modelo propuesto apunta a avanzar sobre conquistas históricas del movimiento obrero.

El rechazo también tuvo eco en el plano político. El exgobernador José Luis Gioja acompañó la marcha y cuestionó la lógica del Ejecutivo nacional al señalar que “la chequera y el látigo ya no solucionan los problemas”. En la misma línea se expresó Facundo Perrone, presidente del Concejo Deliberante de Rivadavia, quien afirmó no oponerse a debatir una reforma laboral, pero sí a “una que atrase 100 años”.

También participaron el diputado provincial Mario Herrero, el concejal Sergio Carrión y Juan Carlos Gioja, entre otros referentes políticos, lo que reforzó el carácter multisectorial de la protesta.

En este sentido, los secretarios generales de la CGT San Juan, Eduardo Cabello y Víctor Menéndez, viajaron a la Ciudad de Buenos Aires para sumarse a la movilización nacional que tuvo lugar en las inmediaciones del Senado, donde la conducción cegetista concentró su reclamo contra la iniciativa oficial.

La jornada de protestas dejó en claro que el debate por la reforma laboral trasciende el plano legislativo y se instaló con fuerza en el escenario social. La masiva movilización en Plaza de Mayo y la contundente adhesión en San Juan evidencian un rechazo amplio y articulado, que reúne a sindicatos, universidades, organizaciones sociales y referentes políticos.

Aunque el tratamiento del proyecto fue postergado para el próximo año, el movimiento obrero dejó un mensaje nítido: la iniciativa no es percibida como una modernización, sino como un retroceso que pone en riesgo derechos laborales, el sistema de protección social y el equilibrio del entramado productivo. Un conflicto que, lejos de cerrarse, promete seguir marcando la agenda política y sindical en los meses venideros.

Aunque el oficialismo logró dictamen en comisión, decidió postergar el tratamiento en el recinto del Senado para una segunda etapa de las sesiones extraordinarias. La decisión abre un período de negociaciones clave con bloques aliados y provinciales, en un contexto de fuertes cuestionamientos políticos y sociales.

El Gobierno nacional resolvió postergar el debate en sesión de la Reforma Laboral en el Senado hasta febrero de 2026, pese a haber alcanzado el dictamen mayoritario en comisiones. La iniciativa será tratada en una segunda etapa de las sesiones extraordinarias, luego de una extensa jornada de exposiciones informativas y negociaciones parlamentarias que se extendieron durante varias horas.

La decisión fue anunciada en pleno plenario de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto, donde se avanzaba para acelerar la firma del dictamen. Allí, la titular de la Comisión de Trabajo, Patricia Bullrich, explicó que el oficialismo optó por firmar un dictamen “abierto a modificaciones” y trasladar el debate al 10 de febrero, atendiendo a pedidos de distintos sectores políticos y sociales.

“Este ha sido el pedido de muchos sectores, para poder trabajar esta ley en profundidad y no discutirla el 26 de diciembre”, sostuvo Bullrich, quien además indicó que esa fecha quedará reservada para la votación del Presupuesto 2026, recientemente aprobado en la Cámara de Diputados tras una sesión maratónica.

La postergación fue acordada en una reunión clave realizada en el bloque de senadores de la Unión Cívica Radical (UCR), donde se consensuó avanzar con la firma del dictamen —con algunos cambios preliminares— y utilizar enero y los primeros días de febrero para pulir el texto definitivo de la reforma.

La decisión del Gobierno refleja un delicado equilibrio entre la necesidad de mostrar avances legislativos y la presión creciente de sectores políticos, sindicales y empresariales que reclaman mayor tiempo de debate. Si bien el dictamen garantiza un primer respaldo formal, su carácter “abierto” evidencia que el texto aún está lejos de contar con un consenso sólido.

Desde la oposición, el senador Mariano Recalde (Fuerza Patria) valoró la postergación del debate, aunque cuestionó con dureza el contenido del dictamen. “Es bueno que no se cierre de manera express y que se escuche, pero el dictamen no recoge ninguna observación ni planteo, ni siquiera los que ustedes consideraron aceptables”, advirtió.

El oficialismo, por su parte, deberá atravesar un complejo proceso de negociación durante el receso estival. La jefa de la bancada de La Libertad Avanza buscará garantizar la mayoría definitiva mediante acuerdos con la UCR, el PRO y diversos bloques provinciales, entre ellos los de Misiones, Salta, Tucumán, Santa Cruz, Chubut, Neuquén y Cambio Federal.

Este escenario confirma que la reforma laboral se ha convertido en uno de los proyectos más sensibles del paquete legislativo del Gobierno, no solo por su impacto en el mundo del trabajo, sino también por su peso simbólico dentro del programa económico y político del oficialismo.