La mediación judicial para destrabar el conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales terminó sin acuerdo y dejó abierta la posibilidad de nuevas medidas de fuerza. La Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclamaron nuevamente al Gobierno que cumpla con las disposiciones de la Ley de Financiamiento Universitario, mientras el Frente Sindical Universitario prepara una reunión para definir cómo continuará la protesta.

La audiencia fue convocada por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, en el expediente iniciado por el incumplimiento de la norma aprobada por el Congreso. La discusión incluye la actualización de los recursos universitarios y la recomposición de los salarios docentes y nodocentes.

La Corte Suprema había avalado una medida cautelar que ordenó al Poder Ejecutivo girar los fondos previstos por la legislación y atender la pérdida salarial acumulada desde 2024. Las universidades sostienen que esa resolución todavía no se tradujo en los recursos necesarios para sostener sus presupuestos.

Durante el encuentro, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, advirtió sobre la situación financiera de los hospitales universitarios y reclamó la asignación de los créditos contemplados en el Presupuesto 2026. La universidad ya había advertido que la falta de recursos podía comprometer seriamente el funcionamiento de sus centros médicos.

El CIN acompañó el planteo y pidió una respuesta para garantizar la continuidad de las prestaciones, mientras que el Gobierno estuvo representado por el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio; el subprocurador Julio Comadira; y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

Los funcionarios manifestaron que analizarán los reclamos, pero también solicitaron que se deje sin efecto la medida cautelar vigente. El Gobierno sostiene que la Ley de Financiamiento Universitario entra en contradicción con las restricciones establecidas por la Ley de Responsabilidad Fiscal y cuestiona la disponibilidad presupuestaria para afrontar las erogaciones reclamadas.

La falta de acuerdo trasladó nuevamente el conflicto al terreno gremial. El Frente Sindical Universitario, integrado por las organizaciones que representan a docentes y nodocentes, se reunirá el lunes para analizar nuevas medidas de fuerza. Participan CONADU, Conadu Histórica, FEDUN, CTERA, CEA, UDA, FAGDUT y FATUN, junto con representantes de rectores y estudiantes.

Los sindicatos ya realizaron paros durante agosto para exigir la recomposición salarial y la aplicación de la ley. Ahora deberán definir si profundizan las medidas ante la falta de avances en la Justicia y la ausencia de una respuesta oficial que satisfaga sus reclamos.

La próxima instancia de negociación salarial quedó fijada para el 1 de septiembre, aunque el conflicto podría sumar nuevas jornadas de protesta antes de esa fecha. En consecuencia, el litigio conjuga una discrepancia presupuestaria, un conflicto paritario y un proceso judicial en curso.

Sin avances en la negociación y con las calles nuevamente activas por el reclamo universitario, el Gobierno y las universidades se enfrentan otra vez por la efectiva aplicación de la ley de financiamiento.

Alberto Biglieri, designado interventor judicial de la Unión Obrera Metalúrgica a fines de mayo, estaría próximo a abandonar el cargo para asumir en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Su eventual salida abriría una nueva etapa en la intervención del gremio, atravesada por cuestionamientos internos tras la firma de acuerdos paritarios.

El futuro de la intervención judicial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) podría cambiar en las próximas semanas. Alberto Biglieri, designado al frente del gremio a fines de mayo, estaría próximo a dejar el cargo para asumir en el Consejo de la Magistratura de la Nación, en el marco de la renovación prevista para octubre.

La eventual salida se produce después de que el abogado recibiera un fuerte respaldo a su postulación durante el IV Congreso Nacional de Abogados por Argentina, realizado recientemente en Rosario bajo la consigna “Unir la abogacía para afianzar la Justicia”.

Durante el encuentro se destacó su trayectoria como consejero de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y su experiencia como asesor del organismo nacional.

Biglieri llegó a la UOM por decisión de los camaristas Víctor Arturo Pesino y María Dora González, con un mandato inicial de 180 días. Su tarea incluía revisar las cuentas del sindicato y avanzar en el proceso de normalización dispuesto judicialmente.

Sin embargo, durante su breve gestión adoptó una decisión que excedió la revisión administrativa: la intervención participó en las negociaciones salariales y firmó acuerdos paritarios para las ramas metalmecánica y siderúrgica.

La determinación provocó resistencias dentro de la organización. Algunas regionales expresaron su rechazo y cuestionaron que una intervención judicial asumiera facultades vinculadas con la representación sindical, en una disputa que sumó tensión a un proceso ya atravesado por fuertes diferencias internas.

La eventual designación de Biglieri en el Consejo de la Magistratura también vuelve a poner en primer plano sus vínculos dentro del ámbito judicial porteño. El abogado mantiene una relación política con Daniel Angelici, dirigente con fuerte influencia en la Justicia de la Ciudad, quien impulsó su llegada al Consejo de la Magistratura porteño en 2019, en un acuerdo con Emiliano Yacobitti.

Ahora, la posible salida de Biglieri obligaría a definir un nuevo nombre para continuar al frente de la intervención de la UOM y resolver el rumbo de una administración que todavía tiene pendiente completar el proceso de normalización del principal gremio industrial del país.

El cambio, además, podría repercutir sobre las negociaciones salariales y sobre la relación entre la intervención judicial y las distintas regionales metalúrgicas, que ya manifestaron reparos frente a algunas decisiones adoptadas durante los primeros meses de gestión.

La definición del sucesor de Biglieri será, por lo tanto, una pieza relevante para determinar cómo continuará la intervención y qué grado de participación tendrá la Justicia en la reorganización de la UOM durante los próximos meses.

La CONSITEL acordó con Movistar, Claro y Personal dos pagos únicos equivalentes al 2,10% de las escalas de julio y una actualización salarial del mismo porcentaje desde octubre. Las partes retomarán la negociación a mediados de septiembre.

Los trabajadores de las telecomunicaciones tendrán nuevos incrementos en los próximos meses luego del acuerdo alcanzado por la Confederación de Sindicatos de las Telecomunicaciones (CONSITEL) con Movistar, Claro y Personal. El entendimiento contempla pagos extraordinarios durante agosto y septiembre y una suba del 2,10% sobre las escalas salariales a partir de octubre de 2026.

El primer pago será abonado en agosto y equivaldrá al 2,10% de las escalas conformadas correspondientes a julio. En septiembre se repetirá el mismo porcentaje, calculado sobre las escalas de julio, aunque en este caso se incorporará además el impacto asociado a la productividad.

La actualización permanente llegará en octubre, cuando las escalas salariales se incrementen un 2,10%. La distribución será diferente según se trate de trabajadores de telecomunicaciones fijas o móviles.

Para quienes se desempeñan en la telefonía fija, el 1,85% se aplicará sobre las remuneraciones: el 60% se incorporará al salario básico y el 40% al Adicional Especial. El 0,25% restante se trasladará al viático convencional no sujeto a rendición, con los efectos correspondientes sobre los adicionales.

En la telefonía móvil, en cambio, la totalidad del incremento del 2,10% se incorporará al salario básico.

El acuerdo establece además que esta actualización de las escalas será considerada para determinar el pago correspondiente al Día del Trabajador Telefónico de 2027.

La negociación continuará en septiembre

El entendimiento no cierra la discusión paritaria anual. CONSITEL y las empresas acordaron volver a reunirse a mediados de septiembre para evaluar la evolución de los salarios y continuar con la negociación.

El nuevo acuerdo llega después del entendimiento alcanzado en julio, cuando las organizaciones sindicales habían conseguido una actualización del 6,74% sobre las escalas correspondientes a mayo de 2026, aplicada a partir de los salarios de ese mes.

En aquella oportunidad, la distribución también contempló diferencias entre las ramas fija y móvil. Para los trabajadores móviles, el incremento se incorporó íntegramente al básico. En la telefonía fija, el 6% se distribuyó entre el salario básico y el Adicional Especial, mientras que el 0,74% restante se destinó al viático convencional no sujeto a rendición.

CONSITEL había señalado entonces que aquella recomposición buscaba compensar la inflación acumulada del 33,55% correspondiente al período paritario comprendido entre julio de 2025 y junio de 2026.

Con el nuevo pacto, la negociación incorpora dos pagos extraordinarios y una nueva actualización de las escalas, mientras las partes mantienen abierta la discusión para septiembre. La evolución de los precios y del poder adquisitivo será, nuevamente, uno de los factores centrales para la próxima instancia paritaria.