Un fallo judicial respaldó los reclamos de la Asociación Bancaria y dejó al descubierto una operación de extrema gravedad institucional: el envío al exterior de toneladas de oro del Banco Central en 2024 se realizó sin contratos ni documentación legal que respalde su destino.

La Justicia federal dio un paso decisivo en una de las causas más sensibles que involucran al manejo de las reservas nacionales. Tras reiterados pedidos de informes impulsados por la Asociación Bancaria, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) se vio obligado a reconocer que la exportación de toneladas de lingotes de oro realizada durante 2024 se efectuó sin respaldo documental alguno.

La admisión oficial llegó luego de más de un año de resistencia a brindar información precisa y quedó plasmada en una nota enviada por la autoridad monetaria a la Auditoría General de la Nación (AGN). Allí, el organismo que preside Santiago Bausili reconoció que la operación no contó con contratos ni instrumentos legales que establecieran condiciones, plazos, custodios ni destino final de los bienes.

Según estimaciones del sector financiero, el volumen de oro enviado al exterior podría superar una valuación de 5.000 millones de dólares, lo que convierte al episodio en uno de los más delicados de los últimos años en materia de administración de activos estratégicos del Estado.

El fallo judicial y la trazabilidad ausente

La Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, integrada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, ya había advertido que el presidente del BCRA no presentó justificativos válidos para negarse a informar sobre el destino de los lingotes.

El tribunal remarcó que, al tratarse de bienes del Estado nacional, el Banco Central tiene la obligación de garantizar la trazabilidad absoluta de las reservas, un principio básico de transparencia y control que, según el fallo, fue vulnerado. La falta de documentación podría configurar responsabilidades penales, al no poder acreditarse el resguardo ni el uso legítimo de activos públicos de alto valor.

Una decisión política bajo la lupa

La controvertida operatoria fue defendida públicamente en reiteradas oportunidades por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien sostuvo que mantener el oro en el país equivalía a tener un activo inmovilizado. “Hoy tenemos oro que es como si fuera un inmueble; no se puede usar para nada. En cambio, si ese oro está afuera, se le puede sacar un retorno”, explicó.

Sin embargo, la revelación de que la exportación se concretó sin contratos ni documentos legales deja esa argumentación en una situación comprometida. Más allá de la lógica financiera invocada, la ausencia de respaldo jurídico abre interrogantes sobre la legalidad, el control y la seguridad de la operación.

La AGN y la posible avanzada judicial

Con el fallo de la Cámara y la admisión formal del BCRA, la Auditoría General de la Nación quedó en condiciones de avanzar con acciones judiciales contra los funcionarios que habrían obstaculizado la auditoría del organismo de control.

La investigación se enmarca en un proceso más amplio sobre el incumplimiento de los deberes de transparencia exigidos a los funcionarios públicos en el manejo de bienes estratégicos del Estado, especialmente en un contexto de fragilidad económica y escasez de reservas.

Un escándalo que crece en un contexto global adverso

El caso adquiere una dimensión aún mayor en medio del rally internacional del precio del oro, que revaloriza significativamente cada tonelada del metal precioso. En ese escenario, la falta de certezas sobre el destino y la custodia de las reservas argentinas no solo representa una anomalía administrativa, sino también un riesgo económico de magnitud.

Lo que comenzó como un reclamo sindical impulsado por la Asociación Bancaria se transformó, con respaldo judicial, en un escándalo institucional de alcance nacional, que compromete al corazón del sistema financiero y expone interrogantes profundos sobre la gestión de los activos más sensibles del país.

Tras la aprobación parlamentaria del Presupuesto 2026 impulsado por el Gobierno de Javier Milei, gremios universitarios, científicos y estatales alertaron sobre un ajuste sin precedentes que, aseguran, pone en riesgo el desarrollo productivo, el sistema educativo y la investigación nacional.

La aprobación de la Ley de Presupuesto 2026 en el Senado de la Nación encendió una fuerte reacción en amplios sectores gremiales y sindicales, que cuestionaron duramente el rumbo fiscal elegido por el Gobierno de Javier Milei. El proyecto fue sancionado este viernes con 46 votos a favor, una abstención y 25 en contra, en una votación que marcó un hecho político relevante: el peronismo de la Cámara alta se mostró dividido por primera vez desde la asunción del nuevo oficialismo.

Los senadores Guillermo Andrada (Catamarca), Sandra Mendoza (Tucumán) y Carolina Moisés (Jujuy) acompañaron al Gobierno en la votación en general, lo que desató críticas de organizaciones sindicales y del arco opositor, que los señalaron por convalidar un esquema presupuestario considerado regresivo.

El Presidente celebró el resultado como “un hecho histórico”, al destacar que no existen antecedentes de un presupuesto con equilibrio fiscal aprobado por un espacio no peronista con una mayoría tan amplia. El texto aprobado prevé gastos totales por 148 billones de pesos, un superávit primario del 1,2% del PBI y un superávit financiero del 0,3%. Además, proyecta para 2026 una inflación del 10,1% y un crecimiento económico del 5%.

Sin embargo, detrás de esos números macroeconómicos, los gremios advierten un fuerte retroceso en áreas estratégicas. El Presupuesto elimina el artículo de la Ley de Financiamiento Educativo que fijaba un piso mínimo del 6% del PBI para el sector, mantiene congelado el bono para jubilados y reduce un 28,9% la ayuda alimentaria destinada a comedores comunitarios.

El artículo 30 y la alarma en el sistema educativo y científico

Uno de los puntos más cuestionados es el Artículo 30, que suprime los pisos de financiamiento para educación, ciencia y tecnología. Para los sindicatos, esta modificación habilita un ajuste discrecional que pone en riesgo no solo el próximo ciclo lectivo, sino también la continuidad de proyectos de investigación y desarrollo productivo.

Desde CTERA, CONADU Histórica y organismos como el INTA coincidieron en que la medida sienta las bases para una virtual desarticulación del sistema científico-tecnológico nacional. “El objetivo es la extinción de la educación, la ciencia y la tecnología en todos sus niveles”, advirtieron en comunicados conjuntos.

La Confederación de Trabajadores de la Educación denunció además la inconstitucionalidad de la eliminación de los pisos de inversión. En la misma línea, Antonio Rosselló, economista y dirigente de CONADU Histórica, recordó que el 60% de la producción científica del país se realiza en universidades nacionales que hoy carecen de fondos suficientes. “Está en riesgo el comienzo del ciclo lectivo. Con salarios de 250 mil pesos no se puede vivir. Ni siquiera Martínez de Hoz hizo esto”, afirmó.

El mapa del ajuste: cifras que preocupan

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) detallaron el alcance del recorte en distintas áreas del Estado. Según el gremio, la Función Ciencia, Tecnología e Innovación sufre una caída del 48,8%; el CONICET, del 39%; la Agencia Nacional de Discapacidad, del 27%; Educación y Cultura, del 47,3%; y las asignaciones familiares, un 87,5%.

También se registran fuertes recortes en la Comisión Nacional de Energía Atómica (-53%), el INTA (-45%), el INTI (-49%), el desarrollo de la educación superior (-33,8%) y la gestión de becas estudiantiles, que prácticamente desaparecen con una reducción del 76,6%.

ATE subrayó además que la única partida con crecimiento real es la correspondiente a la ex SIDE, que aumenta un 19%. “Algún día tendrán que explicar a dónde va a parar y qué hacen con tanta plata”, señalaron desde el sindicato.

Una advertencia sobre el futuro

El titular de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), Carlos Schmid, sintetizó el rechazo gremial con una definición contundente: “Se acaba de sancionar el atraso de la Argentina. Hoy la riqueza está en el conocimiento, y por eso se disputan el liderazgo global China y Estados Unidos. Lamentablemente, hemos decidido ser ignorantes”.

Mientras el Gobierno reivindica el equilibrio fiscal como pilar de su programa económico, los gremios advierten que el costo del ajuste recae sobre las bases mismas del desarrollo nacional y anticipan un año de conflicto creciente en defensa de la educación, la ciencia y el trabajo.

La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei no es un proyecto más dentro del paquete de leyes que buscan reconfigurar la economía argentina. Es, en esencia, una definición política y cultural sobre el modelo de país que se pretende consolidar. Y como ocurre cada vez que el poder intenta modificar el corazón de las relaciones laborales, la respuesta sindical no tardó en llegar, con tensiones crecientes que ya desbordan el plano parlamentario.

Mientras el oficialismo apuesta a aprobar la iniciativa en el Congreso con el respaldo de aliados circunstanciales y la influencia silenciosa sobre algunos gobernadores, el movimiento obrero atraviesa una encrucijada estratégica: resistir de manera frontal o administrar los tiempos para condicionar el contenido final de la ley.

La grieta sindical y el límite de la moderación

En el interior de la CGT conviven hoy dos miradas irreconciliables. Por un lado, los sectores que consideran que aún existen márgenes para frenar o morigerar la reforma a través del diálogo político, la presión legislativa y el eventual recurso judicial. Por otro, los gremios más combativos, que advierten que la dilación solo favorece al Gobierno y reclaman un plan de lucha sostenido que incluya paros generales, movilizaciones masivas y conflictividad territorial.

Esta tensión no es nueva, pero se profundiza en un contexto donde el Ejecutivo exhibe una clara decisión de avanzar sin consensos amplios. La experiencia reciente refuerza la desconfianza sindical: decretos frenados por la Justicia, artículos que resurgen bajo otras formas y un discurso oficial que presenta los derechos laborales como “rigideces” a eliminar.

El Congreso como escenario, la Justicia como respaldo

El oficialismo deposita gran parte de su expectativa en el Congreso, consciente de que la fragmentación opositora y la presión sobre las provincias pueden abrirle una ventana de oportunidad. Sin embargo, incluso si la ley avanzara, el frente judicial aparece como un factor de incertidumbre estructural.

Las propias declaraciones del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, recordando que cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad de una norma laboral, funcionan como un recordatorio incómodo para el Gobierno: la legitimidad de una reforma de este calibre no se agota en la votación parlamentaria.

El antecedente del Fondo de Cese Laboral —rechazado en los hechos por empresarios y cuestionado por sindicatos— demuestra que no toda flexibilización genera automáticamente aceptación ni resultados económicos positivos.

Gobernadores, territorios y presión social

Otro elemento central del conflicto es el rol de los gobernadores. La CGT apuesta a influir sobre ellos como dique de contención legislativo, mientras los gremios más duros plantean una estrategia opuesta: llevar el conflicto a los territorios, exponiendo el costo político de acompañar una reforma resistida socialmente.

En un país con altos niveles de informalidad, salarios deteriorados y consumo en retroceso, el debate laboral se cruza inevitablemente con la vida cotidiana de millones de trabajadores. La reforma no se discute en abstracto: se discute en el supermercado, en el recibo de sueldo y en la incertidumbre sobre el empleo futuro.

Una disputa que excede la coyuntura

Más allá del desenlace inmediato, la reforma laboral de Milei reabre una discusión de fondo: si la competitividad se construye recortando derechos o fortaleciendo el mercado interno, si el ajuste es una etapa transitoria o un rasgo permanente, y si la gobernabilidad puede sostenerse sin consensos sociales mínimos.

La reacción sindical, con todas sus contradicciones internas, expresa un dato que el Gobierno no debería subestimar: cuando el conflicto laboral se vuelve estructural, deja de ser solo un problema gremial y se transforma en un problema político.

El rumbo que adopte esta disputa marcará no solo el destino de una ley, sino el clima social de los próximos meses. En ese escenario, ni el Congreso ni la Justicia ni la calle pueden analizarse por separado. Todo indica que la reforma laboral será, finalmente, el terreno donde se ponga a prueba la capacidad real del Gobierno para imponer su programa sin romper los frágiles equilibrios sociales que aún sostienen al país.