La empresa atribuyó la decisión a la fuerte retracción del consumo masivo y a la pérdida de rentabilidad de la planta de Albardón. Los trabajadores iniciaron protestas, denunciaron que las indemnizaciones ofrecidas no respetan la legislación vigente y el conflicto continuará en el ámbito administrativo.

La crisis que atraviesa el consumo masivo volvió a impactar sobre la industria alimenticia. Tía Maruca confirmó el cierre definitivo de su planta ubicada en Albardón, al considerar que la continuidad de las operaciones dejó de ser económicamente viable. La determinación implica el cese de la producción en uno de los establecimientos más importantes de la compañía y deja abierto un conflicto con los trabajadores por las condiciones de desvinculación.

La firma comenzó a enviar los telegramas de despido al personal afectado, mientras operarios realizaron manifestaciones frente a la fábrica en rechazo a la medida. El principal foco del reclamo apunta a las indemnizaciones ofrecidas por la empresa, que, según denunciaron los representantes de los empleados, no se ajustan a lo establecido por la Ley de Contrato de Trabajo.

La planta había sido incorporada al esquema industrial de Tía Maruca en 2017, cuando la empresa adquirió las instalaciones que pertenecían a Dilexis. Aquella inversión permitió ampliar significativamente la capacidad de producción y acompañó una etapa de expansión comercial de la marca, que consolidó su presencia en supermercados y comercios de todo el país, además de desarrollar exportaciones hacia mercados regionales.

Sin embargo, el deterioro del mercado interno alteró ese panorama. La empresa informó que durante los primeros meses de 2026 la fábrica funcionó con apenas el 52% de su capacidad instalada, un nivel que elevó los costos unitarios de producción y volvió inviable sostener la operación. A esa realidad se sumaron el incremento de los costos fijos y una competencia cada vez más intensa con segundas marcas, panaderías y fabricantes de menor escala.

El cierre pone fin a casi dos décadas de producción industrial en ese predio, convertido durante años en uno de los principales empleadores privados de Albardón. Además de los puestos de trabajo directos, la decisión repercute sobre una extensa red de proveedores de materias primas, empresas de transporte, servicios de mantenimiento y comercios que dependían, en distinta medida, del movimiento económico generado por la planta.

La negociación entre la empresa y los trabajadores continuará en las instancias administrativas correspondientes. Mientras tanto, el conflicto mantiene en vilo a las familias afectadas y suma un nuevo capítulo a la serie de dificultades que enfrenta la industria manufacturera, golpeada por la retracción del consumo y la caída de la utilización de la capacidad instalada.

El cierre de Tía Maruca constituye uno de los golpes industriales más significativos registrados este año en San Juan y vuelve a poner en el centro del debate la pérdida de empleo privado y las dificultades que atraviesan numerosas empresas vinculadas al mercado interno. La resolución del conflicto indemnizatorio y el futuro de los trabajadores serán ahora los principales desafíos de una crisis que excede a una sola compañía y refleja el delicado momento que atraviesa la producción nacional.

A menos de un mes de la renovación de autoridades, el secretario general de la CGT San Juan, Eduardo Cabello, confirmó que la central mantendrá el esquema de conducción unipersonal, descartó replicar el triunvirato nacional y ratificó que únicamente participarán de la elección los sindicatos confederados, conforme al estatuto de la organización. Además, anticipó la presencia de referentes nacionales y planteó los desafíos que enfrentará el movimiento obrero frente a las transformaciones del mundo laboral.

La cuenta regresiva para las elecciones de la CGT Regional San Juan ingresó en su etapa decisiva. El próximo 25 de agosto, la central obrera renovará sus autoridades bajo el sistema de unicato, una modalidad que la conducción provincial considera más eficaz para garantizar rapidez en la toma de decisiones y una representación institucional definida.

En diálogo con Mundo Laboral San Juan, el actual secretario general, Eduardo Cabello, sostuvo que el modelo elegido responde a las necesidades de la organización y rechazó las propuestas que impulsan una conducción colegiada. Recordó que el triunvirato vigente a nivel nacional fue el resultado de una realidad sindical distinta y consideró contradictorio que algunos dirigentes que en su momento promovían una conducción unipersonal ahora impulsen un esquema tripartito en la provincia.

Al mismo tiempo, relativizó el peso de la Intersindical conformada por algunos gremios provinciales y marcó una clara diferencia institucional. Explicó que ese espacio no integra la estructura de la CGT y reúne organizaciones pertenecientes a otros ámbitos sindicales, como la CTA, el MTA y movimientos sociales. Si bien reconoció el derecho de esos sectores a organizarse, dejó en claro que la elección de autoridades de la central obrera se regirá exclusivamente por el estatuto confederal.

Cabello también respondió a los cuestionamientos formulados por algunos sindicatos que reclaman mayor participación. Señaló que varias de esas organizaciones dejaron de asistir a los plenarios hace más de dos años y, por lo tanto, no participan de la vida institucional de la central. A su entender, las diferencias responden más a la dinámica propia de un proceso electoral que a un debate sobre el funcionamiento de la CGT.

Uno de los hechos destacados de la renovación será la participación de la conducción nacional. El dirigente confirmó que el adelantamiento de la elección al 25 de agosto obedeció a la posibilidad de contar con la presencia del cosecretario general de la CGT nacional, Héctor Daer, quien manifestó su interés en acompañar el proceso de normalización institucional de la regional sanjuanina. Además, no descartó la llegada de representantes sindicales de Mendoza, La Rioja y otras provincias.

Según explicó, la expectativa que genera San Juan está vinculada con el crecimiento económico proyectado para los próximos años, especialmente por el desarrollo de grandes inversiones productivas que modificarán la demanda laboral y fortalecerán el papel de las organizaciones gremiales en la negociación de nuevas condiciones de trabajo.

Durante la entrevista, Cabello también se refirió al resurgimiento de las 62 Organizaciones en la provincia. Aclaró que ese espacio no forma parte de la estructura orgánica de la CGT desde hace muchos años y recordó que el brazo político reconocido por la central obrera es el Movimiento Político Sindical. En consecuencia, afirmó que la elección del 25 de agosto tendrá un único objetivo: designar las nuevas autoridades de la CGT, dejando para una etapa posterior cualquier discusión sobre la conformación de espacios políticos internos.

Más allá del proceso electoral, el dirigente puso el foco en los desafíos que enfrenta el sindicalismo. Consideró que la defensa de las organizaciones gremiales adquiere especial importancia frente a las reformas promovidas por el Gobierno nacional, que —según sostuvo— buscan debilitar las estructuras sindicales mediante modificaciones en el sistema de aportes, convenios colectivos y mecanismos de representación de los trabajadores.

En ese sentido, recordó que la reciente revisión del régimen de contribuciones sindicales exigió una rápida reacción de la CGT para preservar herramientas de financiamiento indispensables para el funcionamiento de las organizaciones. A su juicio, las reformas impulsadas por la administración nacional no afectan a dirigentes en particular, sino a la institucionalidad del movimiento obrero organizado.

El dirigente gremial sostuvo que el sindicalismo también debe asumir una profunda actualización frente a las transformaciones del mercado laboral. Mencionó el impacto de la inteligencia artificial, las nuevas formas de contratación y los cambios tecnológicos como desafíos que exigirán propuestas concretas y no solamente posiciones defensivas. En ese aspecto, remarcó que la CGT deberá recuperar capacidad de representación entre trabajadores que hoy respaldan políticamente al Gobierno nacional, aun cuando muchas de sus medidas resulten cuestionadas por el movimiento obrero.

Otro de los puntos centrales quedó definido en relación con el padrón electoral. Cabello confirmó que únicamente podrán votar e integrar los órganos de conducción aquellos sindicatos formalmente confederados y con su documentación institucional al día, tal como establece el estatuto de la CGT. Precisó que la verificación estará a cargo de la Secretaría del Interior de la CGT nacional, que fiscalizará los avales, la situación administrativa de cada organización y el desarrollo integral del proceso electoral.

Aunque otros gremios podrán asistir a reuniones o plenarios en calidad de invitados, el referente de la Regional sanjuanina aclaró que quienes no integren formalmente la Confederación no tendrán derecho a voz ni voto durante la elección de autoridades.

Con la fecha ya confirmada y el respaldo de la conducción nacional, la CGT San Juan se encamina a una elección que definirá mucho más que una renovación de cargos. El debate sobre el modelo de conducción, la representación de los gremios confederados y el papel del sindicalismo frente a las reformas laborales y los cambios tecnológicos marcarán la agenda de una nueva etapa para la principal central obrera de la provincia, en un momento de profundas transformaciones para el mundo del trabajo.

La ATAP justificó la reducción de frecuencias aplicada en la Red Tulum al asegurar que el sistema acumula una deuda de $9.750 millones por compensaciones tarifarias. La entidad sostiene que el atraso compromete el funcionamiento del transporte y contradice la postura del Gobierno provincial, que había descartado obligaciones pendientes con las concesionarias.

La disputa entre el Gobierno de San Juan y las empresas concesionarias del transporte público escaló luego de que la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) atribuyera la reducción de frecuencias a una deuda cercana a los $10.000 millones en compensaciones tarifarias. La respuesta empresaria llegó después de que la Provincia anunciara sanciones contra las firmas Mayo y Libertador por disminuir servicios sin autorización.

A través de un comunicado, la entidad sostuvo que la decisión de aplicar un cronograma reducido fue consecuencia de una «grave situación financiera» que, según afirma, pone en riesgo la continuidad del sistema. En ese documento, rechazó la versión oficial de que las empresas no registran acreencias y aseguró que el pasivo asciende exactamente a $9.750.150.676,43.

De acuerdo con ATAP, alrededor del 60% de esa deuda corresponde a obligaciones de la Provincia, mientras que el 40% restante está vinculado a compromisos del Estado nacional. La cámara aclaró además que esos recursos no constituyen subsidios destinados a mejorar la rentabilidad empresarial, sino compensaciones creadas para mantener el valor del boleto por debajo de su costo real y garantizar una tarifa accesible para los usuarios.

Las concesionarias sostienen que la falta de esos fondos produjo un severo desfinanciamiento que dificulta afrontar obligaciones esenciales para el funcionamiento cotidiano del servicio. Entre ellas mencionan la compra de combustible, el pago de salarios, el mantenimiento de las unidades, la adquisición de repuestos y otros costos operativos indispensables para garantizar la circulación de la flota.

Según el detalle difundido por la entidad, el principal concepto reclamado corresponde al Boleto Escolar Único, con una deuda de $2.035.506.850. A ello se suman $1.885.451.564,80 por Atributos Sociales Nacionales de mayo; $1.935.799.687 correspondientes a junio; $823.899.700 por transbordos y $314.136.794,99 vinculados al Boleto Docente.

El reclamo también incorpora más de $560 millones por convenios de pago por kilómetro correspondientes a abril, mayo y junio de 2026; $1.300 millones por mayores costos tarifarios no reconocidos entre septiembre y diciembre de 2025; $610 millones por diferencias registradas durante enero y febrero de este año; $105 millones asociados al reconocimiento del Sueldo Anual Complementario y $179.850.000 por conceptos relacionados con publicidad.

ATAP afirmó que las empresas absorbieron durante meses ese desequilibrio financiero para evitar mayores perjuicios a los pasajeros. Sin embargo, advirtió que la magnitud de la deuda volvió inviable sostener la prestación en las condiciones habituales, razón por la cual resolvieron reducir temporalmente la cantidad de unidades en circulación.

La Institución recordó además que el reclamo fue planteado formalmente el 28 de mayo de 2026 mediante distintos expedientes administrativos, en los que solicitó la conformación de una mesa técnica destinada a revisar el equilibrio económico-financiero de las concesiones. Según manifestó, hasta el momento no obtuvo una respuesta que permitiera revertir el deterioro de la actividad.

La controversia adquiere mayor dimensión porque el Gobierno provincial sostiene una posición opuesta. Mientras la Secretaría de Tránsito y Transporte afirma que las empresas no tienen pagos pendientes que justifiquen la disminución de frecuencias y avanzó con sanciones contra dos concesionarias, la cámara empresaria insiste en que la medida fue consecuencia directa del atraso en las compensaciones tarifarias.

Las presiones por el servicio de la Red Tulum aumentan con los cruces de declaraciones, dado que el Gobierno responsabiliza a las empresas por no cumplir con las frecuencias acordadas, las empresas trasladan el foco al equilibrio económico del sistema y reclaman la regularización de una deuda que consideran indispensable para restablecer las frecuencias habituales. La resolución de esa diferencia será determinante para definir la continuidad del servicio y el impacto que el conflicto tendrá sobre miles de usuarios del transporte público en San Juan.