Las 60 universidades nacionales amanecieron este lunes prácticamente paralizadas por un paro total de actividades durante 24 horas, en el marco de una semana de visibilización del conflicto salarial y presupuestario que atraviesa el sistema universitario público argentino.

La medida fue convocada por la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) y se desarrolla de manera conjunta con la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), que agrupa a los trabajadores nodocentes del sector.

Según informaron desde las organizaciones gremiales, la jornada registra un nivel de acatamiento cercano al 100% en numerosas casas de estudio públicas, reflejando la magnitud del malestar que atraviesa a docentes y trabajadores universitarios.

Reclamo por paritarias y deterioro salarial

El eje central del conflicto gira en torno a la falta de convocatoria a paritarias y a la fuerte pérdida del poder adquisitivo que denuncian los trabajadores del sector.

Desde FEDUN sostienen que, desde la asunción del presidente Javier Milei, los salarios universitarios vienen registrando una caída sostenida frente a la inflación, lo que —según afirman— constituye la mayor pérdida salarial de las últimas décadas dentro del sistema educativo superior.

En ese sentido, el secretario general del gremio, Daniel Ricci, advirtió que la falta de negociación con el Ejecutivo agrava el conflicto.

“Con la pérdida salarial actual no están dadas las condiciones para el desarrollo normal de las actividades académicas en las universidades públicas”, sostuvo el dirigente.

De acuerdo con los cálculos del gremio, los trabajadores universitarios acumulan 16 meses consecutivos de deterioro salarial, y estiman que sería necesario un incremento del 55,4% para recomponer el poder adquisitivo perdido desde el inicio de la actual gestión nacional.

Presupuesto universitario bajo presión

El paro también busca destacar la situación presupuestaria que atraviesan las universidades públicas. Los sindicatos denuncian que el financiamiento del sistema se encuentra en una situación crítica y reclaman que el Gobierno nacional cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.

Ricci advirtió que el incumplimiento de esa normativa no solo afecta los salarios sino también la estabilidad institucional del sistema educativo superior.

“Es grave para la democracia que un gobierno se niegue a cumplir una ley”, afirmó el dirigente, al referirse al escenario presupuestario que enfrentan las universidades.

Defensa de la universidad pública

Desde las organizaciones sindicales remarcaron que la protesta forma parte de un plan de acciones más amplio impulsado por el frente gremial universitario, que incluye poner de manifiesto, actividades públicas y nuevas medidas de protesta si no se abre una instancia de negociación salarial.

El paro de este lunes vuelve a colocar en el centro del debate la sostenibilidad del sistema universitario argentino, mientras el conflicto salarial continúa sin señales de resolución inmediata.

La negociación paritaria docente en San Juan volvió a quedar en un punto muerto. Tras la última reunión con el Ejecutivo provincial, los gremios Unión Docentes Argentinos (UDA) y Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP) confirmaron que sus bases rechazaron las propuestas salariales presentadas por el Gobierno, profundizando un clima de creciente conflicto que mantiene abierta la disputa salarial. Las conducciones gremiales anticiparon una contrapropuesta y no descartan acciones judiciales y medidas de fuerza mientras continúan las negociaciones.

De acuerdo con los resultados de las consultas internas, el rechazo fue contundente en ambos sindicatos. La secretaria general de UDA, Karina Navarro, informó que el 73% de los mandatos se pronunció en contra de la oferta oficial. En la misma línea, la titular de UDAP, Patricia Quiroga, detalló que el 72% de los afiliados de su organización también votó negativamente.

El resultado dejó la negociación sin acuerdo y con un escenario de tirantez latente que podría escalar en las próximas semanas si no aparece una nueva propuesta del Ejecutivo que logre destrabar la paritaria.

Reclamos salariales y críticas a la liquidación de febrero

Desde UDA señalaron que durante la negociación solicitaron adelantar a mayo los incrementos previstos originalmente para junio, con el objetivo de recomponer el poder adquisitivo en el corto plazo. Sin embargo, esa alternativa no obtuvo respuesta favorable por parte del Gobierno.

Navarro explicó que en la mesa paritaria se expuso cómo evolucionarían los sueldos docentes entre marzo y junio, aunque subrayó que el mes de febrero aún permanece sin resolución dentro de la discusión salarial.

La dirigente también cuestionó la forma en que se liquidaron algunos conceptos vinculados al inicio del ciclo lectivo. Según sostuvo, el pago de determinados ítems se realizó de manera arbitraria, y tanto el equipamiento como la ayuda escolar —beneficios establecidos por ley— alcanzaron a un porcentaje mínimo del personal docente, lo que generó malestar en las bases.

Medidas gremiales y posible vía judicial

Desde UDAP, Quiroga anticipó que el gremio adoptará una medida de fuerza que garantizará el 75% de clases, en un intento de sostener la actividad educativa mientras se mantiene la presión sindical sobre el Ejecutivo.

Además, anunció que la organización presentará un recurso de amparo ante la Justicia provincial, mientras que la central docente Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) avanzará con una presentación similar a nivel nacional.

La dirigente insistió en que los sindicatos han acercado diversas alternativas durante la negociación y reclamó que el Gobierno contemple el desfasaje salarial acumulado que afecta a los trabajadores del sector educativo.

Las propuestas oficiales en discusión

Las ofertas presentadas por el Ejecutivo provincial incluyeron dos alternativas con incrementos escalonados y mecanismos de revisión.

La Opción 1, contemplaba aumentos progresivos en el valor índice y en determinados códigos del nomenclador docente durante marzo, mayo y junio de 2026, junto con un bono extraordinario de 120.000 pesos a pagarse en abril y una cláusula de revisión en junio, sujeta a la evolución económica y fiscal de la provincia.

La Opción 2 por su parte, proponía una estructura de aumentos similar, aunque con variaciones en la distribución de los puntos de incremento, manteniendo también una instancia de revisión en junio.

En ambos casos, el Gobierno incluyó además el compromiso de iniciar en el segundo semestre de 2026 un estudio sobre los radios docentes 4, 5, 6 y 7, así como una evaluación específica de la situación salarial en los departamentos de Jáchal y Caucete.

Con el rechazo de las bases y la ausencia de consenso, la paritaria docente continúa abierta y sin una solución inmediata. Mientras los gremios preparan una contrapropuesta salarial, el Gobierno enfrenta la presión de un sector que reclama una recomposición más rápida frente a la pérdida del poder adquisitivo.

En este escenario, el conflicto docente se mantiene latente y podría trasladarse al terreno judicial o a nuevas medidas gremiales si las próximas negociaciones no logran acercar posiciones. El desafío inmediato será encontrar un punto de equilibrio que permita garantizar estabilidad salarial para los docentes y previsibilidad para el sistema educativo provincial.

Con un paro previsto para este lunes, docentes y nodocentes universitarios ponen en marcha un plan de lucha en todo el país. Reclaman recomposición salarial, la reapertura urgente de paritarias y la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. El conflicto podría escalar con nuevas huelgas y una marcha federal prevista para abril.

El sistema universitario público argentino inicia una semana de fuerte conflictividad gremial. Con un paro nacional de 24 horas convocado para este lunes 16 de marzo, docentes y nodocentes de todo el país comienzan un plan de lucha que busca visibilizar lo que califican como “la mayor pérdida salarial de la historia” del sector.

La protesta fue convocada por las federaciones docentes CONADU y CONADU Histórica, junto a otras organizaciones que integran el Frente Sindical de Universidades Nacionales. Las medidas abarcarán a las más de 60 universidades públicas del país y marcan el inicio de un ciclo de movilizaciones que podría extenderse durante gran parte del primer cuatrimestre.

El reclamo central apunta a la recomposición salarial frente al deterioro del poder adquisitivo provocado por la inflación, así como al cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario N.º 27.795, sancionada por el Congreso el año pasado y aún sin aplicación efectiva por parte del Poder Ejecutivo.

Reclamo salarial y presión por paritarias

Los gremios universitarios advierten que los ingresos de docentes y trabajadores nodocentes han sufrido un fuerte retroceso real en los últimos años. Según denuncian, los incrementos salariales quedaron muy por debajo de la evolución de los precios, generando una pérdida acumulada que compromete la estabilidad laboral del sector.

En este aspecto, las organizaciones sindicales exigen la convocatoria urgente a paritarias y la actualización de los salarios en línea con la inflación.

La semana de protestas se organizará en dos etapas: la primera entre el 16 y el 21 de marzo y la segunda entre el 23 y el 30 de marzo. Durante esos días se realizarán paros, asambleas, clases públicas y diversas acciones de visibilización del conflicto en las universidades de todo el país.

El objetivo, sostienen los gremios, es alertar sobre una situación que ya comienza a impactar en el funcionamiento del sistema educativo superior.

La ley de financiamiento en el centro del conflicto

Uno de los puntos más sensibles del conflicto es el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso. La norma establece un esquema de incremento presupuestario para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas y mejorar el cálculo de las paritarias docentes y nodocentes.

A pesar de la presión de la comunidad universitaria y de dos fallos judiciales que ordenaron su aplicación, el Gobierno nacional aún no avanzó con su implementación.

En cambio, el Poder Ejecutivo envió al Congreso un nuevo proyecto legislativo que busca reemplazar el esquema vigente. Según un informe elaborado por el Centro CIEN y el gremio FEDUBA, esa iniciativa implicaría un deterioro adicional de los ingresos universitarios.

El documento advierte que la propuesta oficial no reconoce la recomposición salarial correspondiente al período 2023–2024, plantea aumentos parciales del 4% en tres tramos durante 2026 y no garantiza actualizaciones salariales equivalentes a la inflación. Además, omite la recomposición integral de los gastos de funcionamiento de las universidades. Para los sindicatos, ese enfoque profundizaría el ajuste sobre el sistema universitario público.

Plan de lucha escalonado y nuevas protestas

La problemática no se limita a la jornada de paro de este lunes. La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), que representa al personal nodocente, confirmó que ampliará el plan de lucha con nuevas huelgas de 24 horas en las siguientes fechas: 31 de marzo, 8 de abril, 17 de abril y 23 de abril.

En ese sentido, el Congreso de CONADU resolvió profundizar las medidas con paros de una semana completa en dos períodos: el que comienza el 30 de marzo y el que iniciará el 27 de abril.

En ese marco, también se analiza la convocatoria a una nueva marcha federal universitaria. La fecha propuesta es el 23 de abril y su organización se coordinará con el Frente Sindical de Universidades Nacionales y distintos actores de la comunidad académica.

El objetivo es instalar nuevamente el debate sobre el financiamiento de la educación superior en el centro de la agenda pública.

Un conflicto que amenaza el inicio del ciclo lectivo

Mientras las clases comienzan en gran parte del sistema universitario, el conflicto salarial amenaza con afectar el normal desarrollo del primer cuatrimestre.

Los gremios advierten que la combinación de bajos salarios, precarización laboral y falta de presupuesto está provocando una creciente fuga de profesionales e investigadores del sistema público.

Si no hay avances en las negociaciones con el Gobierno nacional, el conflicto universitario podría escalar en las próximas semanas y derivar en nuevas medidas de fuerza que impacten de lleno en el calendario académico.