El titular de ADICUS, Jaime Barcelona, confirmó un esquema escalonado de medidas de fuerza en San Juan en rechazo a la reforma laboral y a la propuesta del Gobierno sobre financiamiento universitario. Denuncian una pérdida salarial superior al 100% frente a la inflación y califican la oferta oficial como “insuficiente y regresiva”.

En una fuerte escalada de conflicto el Gobierno nacional y los gremios del sector educativo, la docencia universitaria volvió a declararse en estado de alerta. Desde el sindicato que nuclea a docentes universitarios, Barcelona— detalló el alcance de la medida de lucha que combinará paros, movilizaciones y asambleas para definir la continuidad de la problemática.

La primera medida será este viernes 27 de febrero, con un paro en rechazo a la reforma laboral y una concentración en la Plaza 25 de Mayo en el microcentro sanjuanino junto a otras organizaciones sindicales. El cronograma continuará el 2 y 3 de marzo con un paro articulado con CTERA y otros gremios de la educación. El 4 se realizará una asamblea para evaluar nuevas acciones, que podrían extenderse durante una semana completa.

El punto de mayor fricción se activará cuando el Congreso trate la modificación de la Ley de Financiamiento Universitario: en ese momento, anticipó el dirigente, se convocará a un paro de 48 horas.

Una brecha salarial que no cierra

El eje del reclamo es estrictamente económico, aunque sus implicancias exceden el bolsillo. Según ADICUS, desde la asunción del actual gobierno la evolución de los salarios quedó más de 100 puntos porcentuales por debajo de la inflación acumulada. La ley de financiamiento aprobada el año pasado por el Congreso —vetada luego por el Ejecutivo y posteriormente restituida por el Parlamento— contemplaba la recomposición de esa deuda y una actualización conforme a los acuerdos paritarios.

Sin embargo, la propuesta oficial, señaló Barcelona, consiste en un incremento del 12,3% a pagar en tramos durante marzo, julio y septiembre. “Es una cifra que no compensa la pérdida y que, de imponerse, consolidaría un deterioro superior al 50% del poder adquisitivo”, advirtió.

El dirigente fue más allá y calificó la coyuntura como la más crítica de la historia reciente del sector. “Nunca estuvimos tan mal los docentes y no docentes universitarios. Ni siquiera en períodos de hiperinflación o en intentos previos de recorte presupuestario se registró un retroceso de esta magnitud”, sostuvo, en referencia implícita a las crisis atravesadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín y al ajuste impulsado por Ricardo López Murphy.

Más que un conflicto salarial

La discusión no se limita a porcentajes. En el trasfondo, los gremios cuestionan lo que interpretan como un intento de modificar por vía legislativa y administrativa compromisos ya ratificados por el Congreso y respaldados por fallos judiciales. Desde esa perspectiva, la puja remite a la autonomía universitaria y al modelo de financiamiento público del sistema superior.

La movilización prevista en San Juan replicará una dinámica que se observa en distintas provincias: rectores, docentes, no docentes y organizaciones estudiantiles comenzaron a confluir en un frente común ante lo que describen como un escenario de asfixia presupuestaria. La articulación con sindicatos de otros niveles educativos y con centrales obreras amplía el alcance político del reclamo.

En ese marco, la protesta contra la reforma laboral y la defensa del financiamiento universitario convergen en una misma narrativa: la denuncia de una política de ajuste que, según los gremios, impacta de manera directa en la calidad educativa y en las condiciones de trabajo.

Un conflicto abierto

El calendario anunciado anticipa un marzo atravesado por medidas de fuerza y negociaciones tensas. La estrategia sindical combina presión en las calles con la expectativa de incidir en el debate parlamentario. El Gobierno, por su parte, sostiene la necesidad de ordenar las cuentas públicas y reconfigurar el esquema de gasto.

Entre ambas posiciones se dirime no sólo una recomposición salarial, sino la orientación futura del sistema universitario argentino. Con la amenaza de un paro de 48 horas cuando el tema llegue al recinto, el conflicto promete escalar si no hay una señal de acercamiento.

La advertencia de ADICUS resume el clima del sector: para los docentes, aceptar la oferta actual implicaría convalidar una pérdida histórica; para el Ejecutivo, conceder más recursos tensiona un programa económico centrado en el equilibrio fiscal. En esa encrucijada, las universidades vuelven a convertirse en un termómetro sensible del rumbo político y social del país.

La Mesa Chica de la Confederación General del Trabajo resolvió no convocar a paro ni movilizar durante el tratamiento de la Reforma Laboral en el Senado. El lunes marchará al Palacio de Tribunales para presentar un planteo de inconstitucionalidad, en una decisión que expone matices internos y diferencias con el Frente de Sindicatos Unidos.

En una reunión que se extendió por casi dos horas en la sede de UPCN, con Andrés Rodríguez como anfitrión, la conducción de la CGT definió un giro táctico frente al avance legislativo de la Reforma Laboral. Lejos de profundizar la presión callejera, optó por desactivar cualquier convocatoria a paro general o movilización frente al Congreso y concentrar su ofensiva en el terreno judicial.

La decisión, adoptada por la Mesa Chica, implica descartar una nueva huelga este viernes y evitar una demostración masiva durante el debate en el Senado. En cambio, el lunes la central obrera marchará con sus cuerpos orgánicos al Palacio de Tribunales para presentar un amparo por inconstitucionalidad, replicando el esquema utilizado a fines de 2023 cuando impugnó el Decreto 70/2023.

Cálculo político y expectativas judiciales

La lectura que prevaleció en la cúpula sindical es pragmática. “Si los legisladores no escucharon el paro que fue contundente, no hay forma de que vayan a torcer su decisión”, deslizaron fuentes gremiales. La frase sintetiza el diagnóstico: la correlación de fuerzas en el Congreso no ofrece margen para modificar el resultado y la confrontación en la calle no alteraría el curso parlamentario.

En este sentido, la CGT apuesta a un escenario donde percibe mayores posibilidades de incidencia. El cuerpo de letrados ya trabaja en la presentación que cuestionará la constitucionalidad de varios artículos de la reforma. Entre los argumentos se mencionan la supuesta colisión con garantías laborales consagradas en la Constitución Nacional y el malestar generado en sectores del Poder Judicial por la eliminación de un fuero específico.

La estrategia judicial no sólo busca frenar la aplicación de la norma, sino también ganar tiempo y trasladar la disputa a un ámbito donde el sindicalismo considera que puede encontrar mayor receptividad.

Tensiones internas y diferencias externas

La resolución no estuvo exenta de debate. Algunos sectores plantearon la necesidad de escalar las protestas, no sólo por la reforma sino también por el deterioro salarial y los conflictos sectoriales que atraviesan distintas actividades. Los gremios del transporte, según trascendió, sostuvieron la postura más combativa, aunque sin lograr consenso suficiente para modificar la línea predominante.

La determinación de la CGT contrasta con la posición del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), espacio que integran la Unión Obrera Metalúrgica, las CTA, los Aceiteros y ATE, entre otros. El frente había impulsado un paro de 36 horas y finalmente convocó a movilizar este viernes para visibilizar el rechazo a la iniciativa oficial.

Desde el entorno de Abel Furlán minimizaron la decisión cegetista: “No esperábamos que hagan nada, pero no importa. Nosotros vamos a seguir en la calle y vamos a federalizar el Frente en los próximos días”, señalaron, marcando una diferencia de método y de intensidad en la respuesta sindical.

Al trasladar el eje a los tribunales, la CGT asume un doble desafío: sostener cohesión interna frente a sectores que reclaman mayor confrontación y convencer a la Justicia de que la reforma vulnera principios constitucionales. La apuesta, en definitiva, no es sólo jurídica sino también política.

Mientras el Senado avanza con el tratamiento de la norma, el movimiento sindical exhibe una escena fragmentada: una central que privilegia la vía institucional y un frente gremial que insiste en la movilización permanente. El desenlace dependerá tanto del voto parlamentario como de la interpretación que, eventualmente, hagan los jueces.

En esa rigidez entre calle y tribunales se juega algo más que una táctica coyuntural: se define el modo en que el sindicalismo enfrentará una reforma que considera estructural. La CGT eligió el expediente judicial como herramienta principal. El resultado dirá si esa moderación estratégica fue una jugada de prudencia o un repliegue que dejó la iniciativa en manos de otros actores.

El comienzo del ciclo lectivo 2026 quedó envuelto en incertidumbre tras la convocatoria a un paro nacional docente anunciada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera). La medida de fuerza, prevista para el lunes 2 de marzo, forma parte de un plan de lucha que incluye movilizaciones, acampes y caravanas en todo el país.

La decisión fue adoptada durante el Congreso Ordinario y Extraordinario de la entidad, con participación de delegados de todas las jurisdicciones. Allí, la secretaria general, Sonia Alesso, presentó un informe crítico sobre la situación del sistema educativo y cuestionó el impacto de las políticas de ajuste impulsadas por la administración nacional.

Reclamos salariales y financiamiento en el centro

El eje del conflicto combina demandas salariales y estructurales. Ctera exige la convocatoria a la paritaria nacional docente —instancia que fija el piso salarial y ordena la negociación en las provincias—, la sanción de una nueva ley de financiamiento educativo y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), componente que complementaba los ingresos de maestros y profesores con recursos federales.

La conducción sindical sostiene que la pérdida de ese fondo y la falta de actualización presupuestaria deterioraron el poder adquisitivo y ampliaron las asimetrías entre distritos. En ese marco, también expresó su rechazo al proyecto oficial de reforma laboral y a la denominada Ley de Libertad Educativa, iniciativa que retomaría la propuesta de campaña de reemplazar subsidios directos a instituciones por un sistema de vouchers destinados a las familias.

Para la organización gremial, ese esquema podría profundizar desigualdades territoriales y debilitar el rol del Estado como garante del derecho a la educación.

Provincia de Buenos Aires y efecto dominó

El escenario se complejiza en la provincia de Buenos Aires. La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) ya había resuelto un paro para la misma fecha tras rechazar la oferta salarial del gobierno provincial. Por su parte, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) confirmó su adhesión a la medida nacional, aunque aclaró que mantiene abiertas las negociaciones con la administración de Axel Kicillof, lo que deja margen para eventuales cambios de último momento.

Más allá de Ctera —enrolada en la CTA de los Trabajadores—, los sindicatos docentes vinculados a la Confederación General del Trabajo (CGT), como la Unión Docentes Argentinos (UDA) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), advirtieron que el inicio de clases también podría verse afectado si no se reabre la paritaria nacional. Aunque todavía no anunciaron huelgas, el riesgo de una convergencia sindical amplía la dimensión del conflicto.

Un frente político en expansión

El paro docente se inscribe en una secuencia de tensiones entre el Gobierno nacional y distintos sectores sindicales. La educación, por su capilaridad territorial y su impacto social, constituye un terreno especialmente sensible.

El Ejecutivo, que ha defendido su política de reducción del gasto público y promovido reformas estructurales, enfrenta así un nuevo desafío en el plano federal. La negociación paritaria no solo implica discutir cifras, sino también definir el alcance del financiamiento educativo y el rol de la Nación en la coordinación del sistema.

Para las provincias, el escenario tampoco es neutro: sin un piso salarial nacional actualizado ni transferencias complementarias, la presión presupuestaria se incrementa en distritos con menor capacidad fiscal.