El titular nacional de ASIJEMIN, Marcelo Mena Muñoz, formuló duras críticas a la orientación de la Mesa Federal Minera impulsada por el Gobierno nacional y advirtió sobre los riesgos de consolidar un esquema centrado exclusivamente en la rentabilidad empresaria. Reclamó mayor participación sindical, fortalecimiento de proveedores locales y una estrategia de formación laboral para afrontar el crecimiento de la actividad.

La expansión minera que atraviesa la Argentina, con San Juan convertida en uno de los principales epicentros de inversión y exploración, abrió una discusión que excede ampliamente la producción de minerales y la llegada de capitales. La disputa ya no gira únicamente en torno a cifras, exportaciones o proyectos estratégicos: el debate se desplaza hacia la distribución de beneficios, el rol del Estado, las condiciones laborales y la participación efectiva de las comunidades en un proceso que promete transformar regiones enteras.

En ese clima de redefiniciones, Marcelo Mena Muñoz, titular nacional de ASIJEMIN, en diálogo con Mundo Laboral SJ, realizó uno de los pronunciamientos más duros surgidos desde el sindicalismo minero en los últimos meses. Sus cuestionamientos apuntaron directamente a la Mesa Federal Minera impulsada por el Gobierno nacional y al perfil que, según sostiene, está adquiriendo la política minera argentina.

“El problema comienza cuando los trabajadores no son convocados a discutir el modelo”, señaló el dirigente, al explicar por qué considera que el esquema actual corre el riesgo de quedar subordinado exclusivamente a intereses económicos. Desde su mirada, la ausencia de representación sindical en los espacios de debate revela una concepción donde la minería es observada únicamente como un negocio y no como una actividad con impacto social, laboral y territorial.

La definición no fue casual. Mena apeló a una comparación histórica extrema —al mencionar el “Congo belga de Leopoldo II”— para advertir sobre los riesgos de un extractivismo desprovisto de controles y sin articulación con las necesidades locales. Aunque la referencia buscó generar impacto, el dirigente la utilizó para subrayar una preocupación concreta: la posibilidad de consolidar un modelo donde la rentabilidad quede concentrada y las consecuencias recaigan sobre las comunidades.

La Expo San Juan Minera 2026, considerada una de las principales vitrinas del sector en América Latina, también formó parte de su análisis. Si bien reconoció la magnitud del evento y el potencial económico que exhibe la actividad, sostuvo que existen aspectos que no pueden ser ignorados. Entre ellos, mencionó la escasa presencia de pequeñas y medianas empresas locales, muchas de las cuales —afirmó— quedan excluidas por barreras económicas y decisiones políticas.

“Una minería sólida no puede construirse dejando afuera a las economías regionales”, planteó. Para el sindicalista, el crecimiento del sector debería funcionar como motor de desarrollo integral, impulsando proveedores, industria nacional y cadenas de valor vinculadas a cada proyecto.

El reclamo no se limita al plano económico. Mena insistió en que la actividad necesita fortalecer su legitimidad social y evitar errores históricos que terminaron erosionando la confianza pública. En ese sentido, defendió la necesidad de construir una “minería colectiva”, donde el crecimiento productivo vaya acompañado por controles efectivos, participación comunitaria y respeto irrestricto por las condiciones laborales y ambientales.

“Hay cuestiones que no pueden presentarse como concesiones extraordinarias”, afirmó al referirse a prácticas que algunas compañías exhiben como logros empresariales. El pago de salarios en blanco, el cumplimiento de normas de seguridad o la protección ambiental —subrayó— no constituyen beneficios opcionales, sino obligaciones elementales de cualquier actividad formal.

El dirigente también rechazó de manera enfática cualquier intento de revisar derechos adquiridos bajo el argumento de mejorar la competitividad. “No vamos a renegociar conquistas históricas”, sostuvo, al remarcar que el sindicalismo minero no solo busca preservar condiciones existentes, sino también ampliar derechos vinculados al conjunto de la sociedad.

Otro de los ejes centrales de su planteo estuvo relacionado con la formación laboral. Frente a la posibilidad de una expansión acelerada de proyectos vinculados al cobre y al litio, Mena advirtió que el país aún no cuenta con la estructura suficiente para abastecer la futura demanda de trabajadores calificados.

Según explicó, la preparación debe comenzar antes de que los emprendimientos entren en etapas de mayor producción. “No se puede esperar al momento de necesitar miles de operarios para salir a buscarlos de urgencia”, señaló. A su entender, improvisar en ese punto no solo deteriora la calidad del empleo, sino que incrementa los riesgos operativos y expone a los trabajadores a situaciones para las que no fueron preparados adecuadamente.

Por ese motivo, reclamó una articulación más profunda entre Estado, universidades, sindicatos y empresas para desarrollar programas de capacitación sostenidos en el tiempo. La formación técnica, insistió, debe convertirse en una política estratégica y no en una respuesta tardía frente a la demanda de mano de obra.

La reflexión final del dirigente se vinculó con el clima social y sindical que atraviesa el país. Al referirse a las recientes movilizaciones gremiales y universitarias, llamó a fortalecer la unidad entre organizaciones y sectores laborales. “Hoy atacan a un sector; mañana puede ser cualquiera”, advirtió.

La frase sintetiza una visión más amplia sobre el momento político y económico actual: la convicción de que el debate sobre minería no puede separarse de una discusión mayor sobre el modelo de desarrollo, el papel del trabajo y el alcance de los derechos sociales en la Argentina que viene.

El crecimiento de la minería argentina abre oportunidades económicas inéditas, pero también obliga a discutir con profundidad qué tipo de desarrollo pretende construirse alrededor de esa expansión. La magnitud de las inversiones y el potencial exportador conviven con interrogantes decisivos sobre empleo, participación social, control estatal y distribución de beneficios.

Las críticas formuladas por ASIJEMIN exponen una preocupación que comienza a ganar espacio dentro del propio sector: evitar que el avance productivo quede reducido a indicadores financieros mientras se debilitan las instancias de representación y planificación colectiva. En esa disputa se juega algo más que el futuro de la minería. También se define qué lugar ocuparán los trabajadores, las comunidades y las economías regionales en uno de los procesos productivos más trascendentes de las próximas décadas.

Los principales sindicatos docentes de la CGT exigieron al Ministerio de Capital Humano la inmediata convocatoria a la paritaria nacional docente. Denuncian que el salario mínimo permanece congelado desde hace más de un año y alertan sobre un contexto de agudización del conflicto en el sistema educativo.

La presentación fue impulsada por la Unión Docentes Argentinos, la Confederación de Educadores Argentinos y el Sindicato Argentino de Docentes Privados, organizaciones que integran la conducción cegetista y que vienen reclamando desde hace meses una instancia formal de negociación salarial con el Ejecutivo nacional.

El documento lleva las firmas de Sergio Romero, secretario general de UDA y responsable de Políticas Educativas de la Confederación General del Trabajo; Fabián Felman, titular de CEA; y Marina Jaureguiberry, secretaria general de SADOP. Los dirigentes coincidieron en denunciar el incumplimiento del Gobierno respecto a la convocatoria de una mesa paritaria que, por ley, debe fijar el salario mínimo docente para todo el país.

El punto álgido de la confrontación gira alrededor del fuerte deterioro de los ingresos. Según remarcaron los sindicatos, el salario mínimo docente permanece congelado en 500 mil pesos desde hace más de un año, mientras la inflación continúa erosionando el poder adquisitivo de los trabajadores de la educación.

La crítica sindical no se limita únicamente a la cuestión salarial. Las organizaciones docentes sostienen que el ajuste también impacta sobre el funcionamiento general del sistema educativo, afectando infraestructura, programas de asistencia y condiciones laborales dentro de las instituciones. “El Gobierno nacional continúa recortando el presupuesto educativo”, señalaron en un comunicado de tono especialmente duro.

La advertencia gremial aparece acompañada de una amenaza concreta: si el Ejecutivo no responde a la intimación y mantiene paralizada la negociación, los sindicatos avanzarán con medidas de acción directa a nivel nacional. Aunque todavía no se definieron fechas ni modalidades, el escenario abre la posibilidad de nuevas jornadas de protesta y paros docentes en distintas provincias.

El secretario general de La Bancaria y diputado nacional cuestionó el impacto del ajuste sobre el empleo y apuntó contra el proceso de reestructuración en el Banco Hipotecario. También defendió las paritarias del sector, respaldó a Cristina Kirchner y reclamó mayor unidad sindical frente al Gobierno.

El secretario general de La Bancaria y diputado nacional de Unión por la Patria, Sergio Palazzo, volvió a cargar contra el gobierno de Javier Milei y denunció un escenario de deterioro laboral que, según sostuvo, comienza a extenderse incluso a sectores que hasta hace poco mantenían cierta estabilidad.

Durante una entrevista en el programa Demasiada Presión, conducido por Florencia Halfon, el dirigente sindical puso el foco en la situación del Banco Hipotecario, donde denunció despidos y un proceso de reducción operativa. “Estamos reclamando el mantenimiento de las fuentes de trabajo”, afirmó al referirse al conflicto que atraviesa la entidad financiera.

Palazzo sostuvo que el banco avanza con un esquema de ajuste que incluye cesantías y cierre de sucursales, pese a que —según indicó— la empresa no atraviesa una situación económica crítica. “El dueño del Banco Hipotecario, amigo íntimo del presidente de la Nación, está en un plan de ajuste a pesar de que no le va mal”, expresó, en una crítica directa a los vínculos entre sectores empresariales y el oficialismo.

El titular del gremio bancario también advirtió sobre el impacto más amplio que las políticas económicas están teniendo sobre el mercado laboral. Si bien reconoció que algunos indicadores macroeconómicos muestran señales de recuperación, remarcó que ese proceso no se traduce en generación de empleo. “Aun en los sectores económicos con crecimiento ha habido pérdida de puestos de trabajo”, señaló, alineándose con distintos informes que registran retrocesos en ramas industriales y de servicios durante el último año.

En contraste con ese panorama, Palazzo destacó la política salarial alcanzada por el sindicato bancario, uno de los gremios que logró sostener acuerdos periódicos de actualización de haberes. “Hemos acordado salarios conforme a la inflación y mantenido el poder adquisitivo”, afirmó, reivindicando el rol de las negociaciones colectivas como herramienta de protección frente a la pérdida de ingresos.

Las declaraciones del dirigente no se limitaron al plano sindical. También ingresó de lleno en la discusión política interna del peronismo y defendió la posibilidad de una competencia electoral dentro del espacio opositor. “No hay que tenerle miedo a una PASO”, sostuvo, al tiempo que volvió a respaldar a Cristina Fernández de Kirchner y cuestionó las causas judiciales que la involucran. “La consigna es Cristina Libre porque es inocente”, expresó.

En otro tramo de la entrevista, Palazzo apuntó contra el vocero presidencial Manuel Adorni y cuestionó las respuestas del Gobierno frente a distintos episodios de controversia pública. “Las explicaciones son insatisfactorias y pueriles”, afirmó, antes de enumerar una serie de casos que, según su mirada, afectan la credibilidad oficial.

El dirigente sindical también dedicó un mensaje hacia el interior del movimiento obrero. En un escenario de fragmentación gremial y estrategias diversas frente al Gobierno, llamó a dejar de lado las diferencias internas para construir una posición común frente al ajuste económico. En ese sentido, reivindicó el vínculo histórico entre el sindicalismo y los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, al considerar que durante تلك gestiones se fortaleció el rol de las organizaciones sindicales en las discusiones salariales.