El espacio sindical cuestionó las afirmaciones sobre la competitividad local y reclamó que los beneficios del RIGI alcancen también a firmas nacionales. La polémica se da tras la adjudicación de obras vinculadas al proyecto Vicuña.

La polémica desatada por la adjudicación de la construcción del campamento del proyecto Vicuña sumó un nuevo actor. La Intersindical San Juan difundió un duro pronunciamiento en respuesta a las declaraciones de José Morea, presidente de la Cámara Minera de San Juan y Country Director de Vicuña, quien había planteado la necesidad de preguntarse por qué los argentinos “no somos más competitivos”.

La organización sindical rechazó esa definición y sostuvo que las empresas nacionales han demostrado durante décadas capacidad técnica, experiencia y solvencia para ejecutar obras de gran escala vinculadas a la actividad minera.

En el documento, además, cuestionó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al considerar que otorga ventajas que terminan favoreciendo principalmente a grupos extranjeros. Desde la entidad reclamaron que las mismas condiciones promocionales se extiendan a capitales y compañías argentinas para garantizar una competencia en igualdad de condiciones.

Como respaldo de su posición, la Intersindical recordó que los campamentos de Veladero y Pascua Lama fueron construidos por firmas nacionales, antecedentes que, a su entender, refutan cualquier planteo que ponga en duda la capacidad operativa de la industria local.

El comunicado también se refirió a la reciente licitación del campamento de Vicuña. Según señalaron, la propuesta presentada por la empresa argentina que finalizó en segundo lugar fue apenas superior a la del consorcio adjudicatario encabezado por la firma china PowerChina, una diferencia que, sostienen, no permite atribuir el resultado a una supuesta falta de competitividad.

En este sentido, la Intersindical de San Juan reafirmó su defensa de la participación de proveedores nacionales en los grandes desarrollos mineros y convocó a una conferencia de prensa para este jueves a las 11 horas en la sede de ASIJEMIN, ubicada en calle 9 de Julio 647 Oeste, donde ampliará su posición sobre la controversia.

Con una inversión inicial de US$ 9.700 millones, el megaproyecto de cobre obtuvo la aprobación para incorporarse al régimen de incentivos. Las proyecciones contemplan exportaciones por US$ 2.600 millones anuales y más de 30.000 puestos de trabajo.

La minería argentina acaba de sumar uno de los hitos más relevantes de las últimas décadas. El Comité Evaluador aprobó el ingreso del proyecto Vicuña al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una decisión que despeja el camino para el desarrollo de una iniciativa que prevé desembolsos iniciales por US$ 9.700 millones y que podría escalar hasta los US$ 18.000 millones durante su vida útil.

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó que el emprendimiento impulsado por las compañías BHP y Lundin se perfila como el mayor desarrollo minero de la historia del país y uno de los cinco proyectos de cobre más importantes del mundo.

La magnitud económica explica la relevancia de la aprobación. De acuerdo con las estimaciones difundidas por las empresas, Vicuña podría generar exportaciones superiores a los US$ 2.600 millones anuales, transformándose en uno de los principales complejos generadores de divisas de la economía argentina.

El impacto también se proyecta sobre el empleo. Durante las distintas etapas de construcción y operación se prevé la creación de más de 30.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Actualmente, el proyecto ya ocupa a 2.615 personas, de las cuales 2.421 desarrollan tareas en Argentina. Más del 92% de la plantilla corresponde a trabajadores nacionales y, entre el personal propio, ocho de cada diez empleados provienen de San Juan.

La integración con la economía provincial constituye otro de los aspectos destacados por la compañía. En la actualidad participan 245 empresas proveedoras vinculadas a servicios de exploración, transporte, obras, logística y mantenimiento. De ese universo, 150 tienen base en San Juan, lo que representa más del 60% de las contrataciones activas.

La hoja de ruta presentada este año contempla un desarrollo por etapas que combinará los recursos de Josemaría y Filo del Sol, dos de los descubrimientos cupríferos más relevantes de los últimos años. Según la Evaluación Económica Preliminar difundida en febrero, el complejo podría alcanzar una producción promedio anual de 395.000 toneladas de cobre, 711.000 onzas de oro y 22,2 millones de onzas de plata durante los primeros 25 años de explotación.

La aprobación dentro del RIGI representa mucho más que un beneficio fiscal. Marca el inicio de una nueva etapa para una iniciativa llamada a redefinir la escala de la minería argentina y a convertir a San Juan en uno de los principales polos cupríferos de América Latina, en un momento en que la demanda global de cobre se expande al ritmo de la transición energética y la electrificación de las economías.

Los registros oficiales muestran una nueva caída del trabajo registrado y el cierre de más de 26.000 empresas. Mientras la inflación desacelera, los salarios vuelven a quedar por debajo de los precios y el consumo sigue debilitado.

El mercado laboral volvió a encender señales de alarma. Según los últimos datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en marzo se destruyeron 10.728 empleos asalariados registrados y otros 17.685 trabajadores independientes abandonaron la formalidad. Con este resultado, la pérdida acumulada desde el inicio de la gestión de Javier Milei supera los 300.000 puestos de trabajo.

El deterioro no se limita a los trabajadores. Entre noviembre de 2023 y marzo de 2026 desaparecieron 26.448 empresas empleadoras, una reducción equivalente al 5,2% del entramado productivo formal. Sólo en los últimos doce meses cerraron 14.203 firmas.

La retracción alcanzó tanto al ámbito privado como al estatal. Durante marzo, el empleo asalariado registrado retrocedió 0,11% respecto del mes anterior. El segmento privado explicó la mayor parte de la caída, con 7.603 puestos menos, mientras que el sector público perdió 2.364 empleos y el trabajo en casas particulares registró una reducción de 761 trabajadores.

Los indicadores interanuales muestran un panorama aún más contundente. El empleo privado formal se ubicó en 6,18 millones de trabajadores, lo que representa 96.700 puestos menos que un año atrás, una contracción del 1,5%.

La industria manufacturera volvió a ubicarse entre las actividades más golpeadas. En marzo eliminó 5.043 empleos y acumula una pérdida de 47.647 trabajadores en los últimos doce meses. El comercio, principal empleador privado del país, redujo su plantilla en 24.275 puestos durante el último año y alcanzó su nivel más bajo desde mediados de 2024.

El retroceso exhibe además una dimensión federal. Veinte de las veinticuatro jurisdicciones registraron caídas interanuales del empleo privado. Sólo Neuquén (+3,3%), Río Negro (+3,2%), La Rioja (+3%) y San Juan (+2,2%) lograron sostener números positivos, impulsados por actividades vinculadas a la energía, la minería y determinadas inversiones regionales.

Sin embargo, los especialistas advierten que los rubros más dinámicos representan una porción reducida del universo laboral. De acuerdo con estimaciones privadas, las actividades asociadas a las exportaciones y a los grandes proyectos de inversión apenas concentran el 7% del empleo asalariado formal, una proporción insuficiente para compensar las pérdidas registradas en la industria, el comercio y otros segmentos vinculados al mercado interno.

A este cuadro se suma la evolución de los ingresos. La remuneración bruta promedio del empleo privado alcanzó en marzo los $2,2 millones, con una mejora interanual del 31,6%, mientras que la mediana salarial se ubicó en $1,54 millones y avanzó 28,1%. Ambas variaciones quedaron por debajo de la inflación acumulada del período, que alcanzó el 32,6%.

La pérdida de poder adquisitivo comienza a reflejarse en los hábitos de consumo. Un relevamiento de Focus Market reveló que el 14% de los hogares redujo la cantidad o la calidad de los alimentos que consume, un dato que muestra que los ajustes ya no recaen únicamente sobre gastos prescindibles sino también sobre necesidades esenciales.

La desaceleración inflacionaria continúa siendo uno de los principales argumentos económicos del Gobierno. Sin embargo, los datos laborales revelan una realidad más compleja: mientras algunos indicadores macroeconómicos muestran estabilidad, el empleo formal continúa en retroceso, las empresas siguen reduciendo planteles y una porción creciente de hogares enfrenta dificultades para sostener su nivel de consumo. El desafío para los próximos meses ya no será sólo consolidar la baja de los precios, sino lograr que esa mejora alcance al trabajo, la producción y los ingresos.