Con una masiva movilización en Córdoba, el Frente de Sindicatos Unidos dio el puntapié inicial a un plan de lucha contra el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional. Así lo afirmó Martín Solazzo, titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) San Juan, quien advirtió sobre un retroceso histórico en derechos laborales y un impacto social de alcance estructural.

El conflicto en torno a la reforma laboral ingresó en una nueva etapa. La movilización realizada en la ciudad de Córdoba, frente a la Casa de Gobierno provincial, marcó el inicio formal de un plan de lucha que promete extenderse tanto en el tiempo como en el territorio.

La protesta, convocada por el Frente de Sindicatos Unidos y acompañada por numerosas organizaciones gremiales, tuvo una fuerte impronta política y sindical.
“Fue una convocatoria masiva, donde se sintió con claridad la presencia del movimiento obrero”, señaló Solazzo, quien participó de la jornada junto a delegaciones de distintos gremios. Según explicó, no fue casual que el plan de lucha comenzara en Córdoba, una provincia con una extensa tradición de defensa de los derechos laborales y, al mismo tiempo, con un gobierno alineado con la agenda del Ejecutivo nacional.

Durante la movilización se registraron restricciones en el recorrido de la marcha y cortes de accesos por parte de la policía provincial, lo que impidió que la columna llegara hasta la puerta de la Casa de Gobierno. No obstante, el dirigente remarcó que el objetivo central fue alcanzado. “Más allá de los obstáculos, el mensaje fue claro y contundente”, afirmó.

El eje del conflicto es el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional, al que el sindicalismo define como una iniciativa de precarización más que de modernización. “No es una ley contra los gremios, es una ley contra los derechos de los trabajadores”, sostuvo Solazzo, al advertir que las modificaciones previstas afectan aspectos centrales como la jornada laboral, la estabilidad en el empleo, las vacaciones y las indemnizaciones.

Desde la mirada sindical, la reforma implica un retroceso profundo. “Venimos luchando desde hace años por un país industrial, con empleo registrado y salarios dignos. Todo eso se ve seriamente amenazado por este proyecto”, explicó el representante de los metalúrgicos, al tiempo que alertó sobre el impacto que tendría la norma en el empleo formal y en la calidad de vida de los trabajadores.

Para Solazzo, la iniciativa del proyecto de reforma laboral responde a intereses del poder económico concentrado y fue elaborada en ámbitos alejados de la realidad laboral. En esa línea, recordó que abogados laboralistas y especialistas del derecho del trabajo coincidieron en calificar la reforma como un retroceso al siglo XIX, en abierta contradicción con la Constitución Nacional, que establece que toda norma debe ser favorable al trabajador.

Lejos de tratarse de una protesta aislada, el plan de lucha continúa con nuevas acciones. Tras la movilización en Córdoba, este martes 10 de febrero habrá una nueva concentración en Rosario, provincia de Santa Fe. A nivel nacional, la CGT resolvió movilizar al Congreso el miércoles 11 de febrero, sin paro, en rechazo al tratamiento legislativo del proyecto.

En simultaneo, los gremios comenzaron a profundizar el debate hacia el interior de la base trabajadora. En ese marco, la Unión Obrera Metalúrgica de San Juan, convocó a un encuentro abierto para analizar en detalle el contenido de la reforma laboral. La actividad se realizará este sábado 7 de febrero, a partir de las 19 horas, en la sede provincial del sindicato, con ingreso por calle Rivadavia, entre Santiago del Estero y Salta.

“El objetivo es explicar claramente qué se puede perder con esta reforma y despejar dudas”, explicó Solazzo. El encuentro contará con la participación de dirigentes sindicales y asesoramiento legal, y estará abierto no sólo a afiliados metalúrgicos, sino también a trabajadores de otros sectores, estudiantes y público en general. Según advirtió, existe un alto nivel de desinformación que lleva a muchos trabajadores a creer que se trata de una ley antisindical, cuando en realidad afecta de manera directa a toda la clase trabajadora.

La disputa por la reforma laboral expone una discusión de fondo sobre el modelo de país y el lugar del trabajo en la organización social. Para el movimiento obrero, y en particular para la UOM, no se trata únicamente de frenar una ley, sino de defender un entramado de derechos que sostiene el empleo, la producción y la cohesión social.

La movilización en Córdoba fue apenas el primer capítulo de un proceso que promete escalar en intensidad. Con nuevas marchas, debates abiertos y la posibilidad de judicializar la norma si avanza en el Congreso, los sindicatos apuestan a la presión política y social como principal herramienta. En un momento de ajuste y pérdida del poder adquisitivo, la reforma laboral deja de ser un debate técnico para convertirse en una definición política de alto impacto.

El Gobierno provincial expuso la situación financiera y anticipó incrementos para marzo y junio, pero sin precisar porcentajes. Los gremios reclamaron una propuesta concreta ante la inminencia del inicio del ciclo lectivo.

La negociación paritaria docente en San Juan ingresó en un cuarto intermedio hasta el próximo jueves, luego de una extensa reunión que concluyó sin una oferta salarial concreta por parte del Gobierno de Orrego. El encuentro, realizado en el Centro Cívico, dejó expuesta la distancia entre las expectativas del sector docente y las definiciones que, por ahora, el Ejecutivo se limita a postergar.

Durante la reunión, las autoridades provinciales realizaron una exposición detallada sobre la situación económica y presupuestaria de la provincia, haciendo hincapié en las restricciones financieras actuales. En ese marco, ratificaron la intención de otorgar aumentos salariales en dos tramos —marzo y junio—, aunque evitaron precisar montos, porcentajes o impacto real sobre el salario docente.

Desde el sector gremial, la falta de cifras concretas fue recibida con preocupación. Los sindicatos remarcaron la urgencia de contar con una propuesta formal que permita su evaluación interna y el correspondiente traslado a las bases, especialmente cuando el calendario escolar se encuentra próximo a iniciarse.

Además de la discusión salarial, los representantes docentes volvieron a plantear una agenda de reclamos estructurales que se repite año tras año: demoras en trámites administrativos, expedientes paralizados, problemas en la carrera docente y el proceso de titularización, que si bien se encuentra en marcha, continúa generando inquietud en amplios sectores del sistema educativo.

Desde el Ejecutivo aseguraron que se encuentran realizando los cálculos económicos de los ítems solicitados por los gremios y se comprometieron a presentar una propuesta salarial formal en la próxima reunión paritaria. Mientras tanto, la incertidumbre persiste entre maestros y maestras, que aguardan definiciones concretas para saber si el ciclo lectivo podrá comenzar con normalidad o si el conflicto volverá a escalar.

La CGT resolvió movilizar masivamente al Congreso el miércoles 11 de febrero, en la antesala del debate de la reforma laboral en el Senado. Sin paro general por ahora, la central sindical profundiza un plan de acción escalonado que combina presión política, protesta callejera y eventuales medidas judiciales.

La Confederación General del Trabajo (CGT) definió dar un nuevo paso en su estrategia de confrontación con el Gobierno nacional al aprobar una masiva movilización al Congreso de la Nación el próximo miércoles 11 de febrero, coincidiendo con el inicio del tratamiento en el recinto del Senado del proyecto de reforma laboral impulsado por la administración de Javier Milei.

La resolución fue adoptada este viernes durante una reunión del Consejo Directivo Nacional de la central sindical, realizada en la sede de Azopardo 802, en la Ciudad de Buenos Aires. El encuentro estuvo encabezado por los cotitulares de la CGT, Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, junto a los principales dirigentes de los gremios confederados.

La movilización marcará la continuidad del plan de lucha que la central obrera viene desplegando desde fines de 2025, cuando el oficialismo dio a conocer el contenido del proyecto. La protesta más contundente hasta el momento fue la multitudinaria marcha del 18 de diciembre en Plaza de Mayo, que logró frenar el avance legislativo de la iniciativa antes de fin de año.

Estrategia escalonada y sin paro inmediato

En conferencia de prensa, Jorge Sola confirmó que la concentración en la Plaza de los Dos Congresos comenzará a partir de las 15 horas y apuntó a una demostración “contundente y multitudinaria” para condicionar el debate parlamentario. Al mismo tiempo, aclaró que no habrá paro general la próxima semana, aunque la herramienta no fue descartada a futuro.

“La batalla contra la reforma laboral recién empieza en el Congreso”, había anticipado días atrás el dirigente cegetista en declaraciones radiales. En esa línea, remarcó que las medidas de fuerza deben construirse y ser efectivas: “Los paros no suceden fácil; tienen que ser contundentes”, sostuvo.

La lógica definida por la conducción sindical es avanzar con un esquema progresivo de confrontación. En una primera etapa, la prioridad estará puesta en el lobby político con senadores y gobernadores para bloquear el tratamiento o modificar sustancialmente el proyecto. De no prosperar esa vía, la CGT evalúa profundizar el conflicto con nuevas acciones gremiales y eventualmente judiciales, en caso de que la ley sea aprobada.

Federalización del conflicto

Además de la movilización central en la Ciudad de Buenos Aires, la CGT resolvió que sus delegaciones regionales repliquen las protestas en las capitales provinciales y en las principales ciudades del país. El objetivo es federalizar el plan de acción y exhibir un rechazo extendido a la reforma laboral, más allá del epicentro político porteño.

Desde la central obrera consideran que el proyecto impulsado por el Gobierno implica un retroceso en derechos laborales históricos y una alteración profunda del sistema de relaciones del trabajo, en un contexto de caída del empleo, pérdida del poder adquisitivo y creciente conflictividad social.