Tras la resolución del Gobierno nacional que otorgó prioridad de uso del 90% de la ampliación de la línea de alta tensión destinada al proyecto Vicuña, ASIJEMIN sostuvo que la inversión debe ser afrontada por las empresas mineras y no mediante regalías futuras, recursos públicos o mayores costos para los usuarios. También reclamó mayor participación de San Juan en las decisiones sobre una infraestructura considerada estratégica.

La Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN) manifestó su rechazo a que la construcción de la infraestructura eléctrica destinada a abastecer al proyecto minero Vicuña sea financiada con regalías mineras futuras o recursos del Estado. El pronunciamiento se conoció luego de que el Gobierno nacional ratificara, a través del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE), la prioridad de uso del 90% de la ampliación de la línea de alta tensión prevista para el emprendimiento, una obra cuya inversión ronda los 800 millones de dólares.

La decisión de la administración nacional dejó sin efecto los planteos formulados por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), que había expresado reparos sobre la asignación prioritaria de la capacidad de transporte eléctrico. Para ASIJEMIN, la resolución implica ceder durante los próximos 25 años el uso preferencial de una infraestructura estratégica a una compañía privada, reduciendo la participación de la provincia en la definición de un recurso considerado clave para su desarrollo productivo.

No obstante, el sindicato aclaró que no se opone a la ejecución de la obra. Por el contrario, consideró que resulta indispensable para acompañar el crecimiento de los grandes proyectos mineros previstos en San Juan. Su principal objeción radica en el esquema de financiamiento y en la necesidad de que la inversión sea absorbida por las empresas beneficiarias, sin comprometer regalías futuras, fondos públicos ni trasladar costos adicionales a los usuarios del sistema eléctrico.

La organización también reclamó que la construcción incorpore una fuerte participación de empresas sanjuaninas, proveedores locales, trabajadores de la provincia e industria nacional. A su entender, una iniciativa de esta magnitud debe transformarse en una herramienta para fortalecer la licencia social de la minería mediante la generación de empleo, el desarrollo de las pymes y la creación de valor agregado en las comunidades donde se desarrollan los emprendimientos.

En ese sentido, ASIJEMIN objetó los modelos de contratación con predominio de operadores externos y sostuvo que la infraestructura energética vinculada a la minería debe convertirse en un factor de crecimiento para toda la economía provincial y no limitarse a satisfacer las necesidades operativas de los proyectos extractivos.

Como alternativa, el gremio propuso conformar una mesa de trabajo integrada por representantes del Estado nacional y provincial, las empresas mineras, los sindicatos, las comunidades y los sectores productivos. El objetivo sería consensuar un esquema de ejecución que contemple tanto las demandas energéticas de los futuros desarrollos mineros como los beneficios permanentes para las localidades involucradas.

El secretario general de ASIJEMIN, Marcelo Mena Muñoz, afirmó que el crecimiento de la infraestructura energética asociada a la minería debe traducirse en mejoras concretas para la población. En esa línea, sostuvo que las inversiones deben generar más empleo, fortalecer los servicios públicos y acompañar el desarrollo económico y social de San Juan, consolidando un modelo en el que la expansión minera también impulse beneficios duraderos para la provincia.

La Confederación de Educadores Argentinos (CEA), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) presentarán una batería de medidas gremiales que incluirá un paro nacional y acciones en todo el país. Reclaman la urgente convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, una recomposición salarial y mayores recursos para el sistema educativo.

Los gremios docentes que integran la Confederación General del Trabajo (CGT) anunciarán el próximo 3 de agosto un conjunto de medidas de fuerza que se extenderá durante todo el mes, en respuesta a la falta de convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, el deterioro del poder adquisitivo de los salarios y el desfinanciamiento que, según denuncian, afecta al sistema educativo argentino.

La presentación se realizará a las 14 en la sede de la CGT, ubicada en Azopardo 802, con la participación de la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), la Unión Docentes Argentinos (UDA), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Secretaría de Políticas Educativas de la central obrera, encabezada por Sergio Romero, y miembros del Consejo Directivo Nacional.

Las organizaciones adelantaron que el cronograma incluirá un paro nacional docente y distintas acciones de visibilización en establecimientos educativos de todo el país. El objetivo, señalaron, es exponer la crítica realidad que atraviesa la educación pública y reclamar respuestas concretas del Gobierno nacional frente a la pérdida salarial y la falta de negociación colectiva.

Uno de los principales cuestionamientos apunta a la ausencia de convocatorias por parte de las secretarías de Educación y de Trabajo de la Nación para reactivar la Paritaria Nacional Docente. Desde la CEA, conducida por Fabián Felman, recordaron que el último encuentro se realizó en abril y sostuvieron que el salario docente permanece congelado en 500.000 pesos desde febrero de 2025, una cifra que consideran completamente desactualizada frente al incremento sostenido del costo de vida.

Durante la última reunión del Consejo Directivo de la CEA, los dirigentes analizaron la evolución del conflicto y resolvieron coordinar una respuesta conjunta con los restantes sindicatos docentes de la CGT. Felman confirmó que la decisión busca fortalecer una postura común para exigir la reapertura de las negociaciones salariales y una mayor inversión destinada a sostener el funcionamiento del sistema educativo.

El conflicto también suma otros actores sindicales. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, alineada con la CTA, convocó a un paro nacional para la misma fecha, por lo que el inicio de agosto estará marcado por una fuerte convergencia de reclamos impulsados por las principales organizaciones docentes del país. La coincidencia de las medidas anticipa un comienzo de mes con alto impacto en el dictado de clases y vuelve a colocar la política educativa y salarial en el centro de la agenda gremial nacional.

El Frente de Sindicatos Unidos resolvió impulsar una movilización al Congreso el próximo 6 de agosto para rechazar la modificación de la Ley de Tierras promovida por el Gobierno nacional. La decisión forma parte de un amplio cronograma de acciones gremiales que incluirá paros, marchas y presentaciones ante organismos internacionales.

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) profundizó su confrontación con el Gobierno nacional al aprobar un plan de lucha que tendrá como primera gran convocatoria una movilización al Congreso, prevista para el 6 de agosto, en rechazo al proyecto de reforma de la Ley de Tierras. Las organizaciones que integran el espacio sostienen que la iniciativa oficial podría flexibilizar los límites a la adquisición de inmuebles rurales por parte de capitales extranjeros y advierten sobre sus consecuencias para la soberanía nacional.

La resolución fue adoptada durante un encuentro realizado en la sede de la Unión Obrera Molinera de la República Argentina (UOMA), con la participación de los secretarios generales de ATE, Rodolfo Aguiar, y de la UOM, Abel Furlán, además del dirigente molinero Rubén Lafuente, anfitrión de la reunión. El frente, conformado a comienzos de este año, reúne actualmente a más de un centenar de sindicatos pertenecientes a la CGT y a las dos CTA.

El principal eje de la protesta será el tratamiento parlamentario del proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo bajo la denominación de «inviolabilidad de la propiedad privada». Para el FreSU, varios artículos de la propuesta modifican el régimen vigente sobre la propiedad de tierras rurales y eliminan restricciones que hoy limitan la participación de inversores extranjeros.

En el documento aprobado por las organizaciones, el espacio sindical advirtió que una eventual aprobación de la reforma podría facilitar la adquisición de extensas superficies por parte de corporaciones, fondos de inversión e incluso Estados extranjeros en zonas consideradas estratégicas, como áreas de frontera, regiones patagónicas y territorios vinculados a importantes reservas hídricas. Según la declaración, ello implicaría una concentración aún mayor de la propiedad rural y pondría en riesgo el control nacional sobre recursos naturales considerados sensibles.

La movilización al Congreso formará parte de una agenda de protestas que se extenderá durante todo agosto. El 3 de agosto, el FreSU adherirá al paro nacional convocado por ATE y CTERA, acompañado por una movilización de trabajadores estatales hacia el Ministerio de Economía. Un día después, el 4 de agosto, participará de una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde denunciará presuntos hechos de persecución sindical atribuidos al Gobierno nacional.

El cronograma continuará el 7 de agosto con la participación en la tradicional marcha de San Cayetano, convocada junto a la CGT, las dos CTA y la UTEP bajo la consigna de «Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo». Más adelante, el 18 de agosto, el frente presentará una nueva edición del Índice FreSU en la sede de CONADU, mientras que para el 2 de septiembre, en coincidencia con el Día de la Industria, prevé una nueva jornada de protesta cuya modalidad aún se encuentra en definición.

Durante la reunión también se resolvió que cada organización elabore un diagnóstico sobre la realidad de su actividad y proponga iniciativas vinculadas con el empleo, la producción, el desarrollo industrial y la defensa de la soberanía económica. Esos aportes pasarán a integrar un programa común que retomará las conclusiones del plenario sindical realizado el pasado 1° de Mayo en el predio de la UOM en Pilar, del que participaron más de 1.500 delegados de todo el país.

La sucesión de medidas anunciadas convierte a agosto en uno de los meses de mayor intensidad para el movimiento sindical desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Con paros nacionales, movilizaciones, reclamos legislativos y presentaciones ante organismos internacionales, el FreSU busca consolidarse como uno de los principales espacios de coordinación gremial y ampliar la articulación entre sindicatos, organizaciones sociales y otros actores que cuestionan las políticas impulsadas por el Gobierno nacional.