La CGT y las dos CTA marcharon al Ministerio de Economía y entregaron un documento dirigido a Luis Caputo con propuestas para aliviar el endeudamiento de trabajadores y pequeñas empresas. Reclamaron recomponer salarios, reducir el costo financiero y lanzar un programa de refinanciación. La posibilidad de un quinto paro nacional comenzó a ganar fuerza entre los dirigentes.

Las tres centrales obreras volvieron a mostrar unidad en las calles con una movilización al Ministerio de Economía para reclamar respuestas frente al creciente endeudamiento de trabajadores, familias y pequeñas empresas. La protesta estuvo acompañada por un documento dirigido al ministro Luis Caputo, en el que reclamaron medidas urgentes para reducir la presión de las cuotas, recuperar el poder adquisitivo y reactivar el consumo.

La marcha estuvo encabezada por los integrantes del triunvirato de la CGT, Jorge Sola, Cristina Jerónimo y Octavio Argüello, junto con referentes de la organización como Gerardo Martínez y Andrés Rodríguez. También participaron las dos CTA, en una demostración conjunta que profundizó la agenda de movilizaciones iniciada en las últimas semanas.

Sola fue el encargado de entregar el documento en la mesa de entrada de la cartera económica. Durante la movilización, sostuvo que el endeudamiento dejó de ser un problema exclusivamente financiero y pasó a constituir una cuestión social. “El poder adquisitivo no alcanza y es una responsabilidad de la política económica del Gobierno, que produce el endeudamiento”, afirmó.

El dirigente también reclamó la reapertura del Consejo del Salario para elevar el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Según planteó, el piso salarial debería superar el valor de la canasta que determina la línea de pobreza.

El reclamo sindical parte de una cadena que las centrales consideran directa: ingresos insuficientes, pérdida de capacidad de consumo, endeudamiento, aumento de la morosidad y dificultades para sostener la producción y el empleo. En el documento presentado ante Economía, advirtieron que el deterioro alcanza tanto a los hogares como a las pymes.

“Cuando una familia deja de poder pagar una tarjeta de crédito o un préstamo, deja de consumir. Cuando una empresa no puede financiar su capital de trabajo, reduce su actividad”, señalaron las organizaciones. Para los gremios, la expansión de la morosidad constituye una señal del deterioro de la capacidad de ahorro y consumo de los hogares y de las dificultades financieras que enfrentan las empresas.

Las organizaciones sindicales reclamaron, en ese sentido, un programa de refinanciación de deudas que permita extender los plazos y reducir temporalmente el peso de las cuotas. También pidieron que el Banco Central intervenga sobre las tasas aplicadas a préstamos bancarios y otros mecanismos de financiamiento, incluidas las billeteras virtuales.

El planteo incorpora además la situación de las pymes, cuya capacidad para financiar capital de trabajo —según advirtieron— puede quedar comprometida por el costo del crédito. La intención declarada es liberar ingresos para recuperar el consumo y, a partir de allí, recomponer el circuito entre ventas, producción y empleo.

Una crítica directa al rumbo económico

El documento entregado a Caputo excedió el reclamo puntual por el endeudamiento. Las centrales cuestionaron la orientación general de la política económica y reclamaron que la recuperación de las cuentas públicas no se produzca a costa de los ingresos de trabajadores y jubilados.

En uno de los pasajes centrales, sostuvieron que la salida no puede limitarse a los indicadores financieros y fiscales, sino que debe contemplar medidas destinadas a estimular el consumo y la producción. Para los sindicatos, la pérdida de poder adquisitivo constituye uno de los factores que empujan a las familias a recurrir al crédito para afrontar gastos corrientes.

Roberto Baradel, referente de la CTA de los Trabajadores, reforzó esa lectura durante la marcha. “Sí hay una pistola en la cabeza y es la política económica del Gobierno”, afirmó, en respuesta a la frase utilizada por Javier Milei para describir las decisiones de quienes toman deuda.

El dirigente docente sostuvo que la reducción de los salarios, el nivel de las jubilaciones y el deterioro de determinadas prestaciones obligan a muchas familias a recurrir al financiamiento para cubrir sus necesidades. “No hay solución sindical sin solución política”, planteó Baradel, quien llamó a trabajadores despedidos, endeudados y afectados por la pérdida de ingresos a incorporarse a las movilizaciones.

La jornada volvió a exhibir, además, la coordinación entre las tres centrales. “Logramos la unidad necesaria para marchar y poder parar las políticas de crueldad de este Gobierno”, afirmó el dirigente de la CTA.

El quinto paro nacional vuelve a la discusión

La movilización también dejó instalada una discusión que la dirigencia sindical había evitado formalizar: la convocatoria a un nuevo paro general.

La CGT y las CTA vienen incrementando las acciones callejeras y, aunque todavía no existe una fecha definida, distintos dirigentes comenzaron a mencionar octubre como una posible ventana para una nueva huelga nacional acompañada por una movilización federal.

La definición enfrenta algunos condicionamientos dentro de la propia agenda sindical. La CGT prepara para el 17 de octubre actividades vinculadas al Día de la Lealtad, mientras distintas organizaciones impulsan nuevas movilizaciones durante las próximas semanas. La posibilidad de combinar medidas de fuerza y actos masivos todavía debe ser discutida por las conducciones.

Sin embargo, el reclamo por el endeudamiento agregó un nuevo componente a la agenda de las centrales. La discusión ya no se limita a los salarios o a las condiciones laborales: los gremios buscan instalar el deterioro de los ingresos, la morosidad y la pérdida de capacidad de consumo como parte de una misma cadena económica.

Con la falta de un canal de diálogo sostenido con el Gobierno, la continuidad de las movilizaciones aparece como la principal herramienta de presión de las centrales. La posibilidad de un quinto paro nacional, todavía sin fecha ni convocatoria formal, dejó de ser una hipótesis marginal y comenzó a ocupar nuevamente un lugar central en la agenda sindical.

El Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFyB) volvió a reclamar al Gobierno nacional que frene la apertura de la comercialización de medicamentos por fuera de las farmacias. Su titular, Marcelo Peretta, cuestionó el impulso oficial a la venta online y la posibilidad de ampliar los canales hacia supermercados, kioscos y otros comercios.

El dirigente apuntó especialmente contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a quien responsabilizó por promover modificaciones que, según su interpretación, debilitan el control profesional sobre los medicamentos.

Peretta calificó la iniciativa como “un disparate total” y sostuvo que constituye un riesgo para la salud pública al facilitar el acceso a fármacos sin la intervención de profesionales especializados. También cuestionó el respaldo que, según afirmó, recibió la propuesta de parte de representantes de la industria y entidades vinculadas con la comercialización de medicamentos.

Uno de los principales argumentos del gremio apunta a que una mayor cantidad de canales de venta no necesariamente se traducirá en menores precios. “Para bajar los precios hay que fomentar la competencia entre los laboratorios que los fijan, no abriendo la venta en kioscos o supermercados”, sostuvo Peretta.

El dirigente también cuestionó que la desregulación pueda terminar favoreciendo la automedicación y banalizando el consumo de medicamentos. Desde esa perspectiva, consideró que el debate no puede reducirse al costo de los productos, sino que debe contemplar las condiciones de dispensación y el seguimiento profesional.

El precio de los medicamentos, otro frente de disputa

El representante gremial respaldó su crítica con la evolución reciente de los precios. Según los datos que difundió, durante junio los medicamentos registraron un aumento del 2,6%, por encima de la inflación general de ese mes.

A partir de esa comparación, el dirigente sostuvo que las medidas de apertura comercial no estarían alcanzando el objetivo de abaratar los fármacos. También denunció una creciente concentración de la industria y reclamó que cualquier política destinada a reducir los precios apunte directamente a las condiciones de competencia entre laboratorios.

El gremio cuestiona además los cambios asociados a la denominada Ley Hojarasca y plantea una alternativa para la distribución de medicamentos del programa Remediar: que la entrega se realice a través de las farmacias, con intervención de profesionales y una red de distribución ya instalada.

La discusión se inscribe en una disputa más amplia sobre el modelo de regulación de los medicamentos. Mientras el Gobierno sostiene la necesidad de ampliar la libertad comercial y reducir restricciones, las organizaciones farmacéuticas advierten que el acceso a estos productos requiere controles específicos por tratarse de bienes vinculados directamente con la salud.

Un grupo de diputados de Unión por la Patria presentó un proyecto para modificar la Ley de Empleo y establecer que ningún trabajador de jornada completa cobre menos que la Canasta Básica Total del INDEC para una familia de cuatro integrantes. La iniciativa reabre el debate sobre el deterioro del salario mínimo y el aumento del endeudamiento de los hogares.

La iniciativa, impulsada por la legisladora pampeana Varinia Lis Marín, propone modificar el artículo 140 de la Ley 24.013 para que ningún trabajador de jornada completa perciba un ingreso inferior al valor de la Canasta Básica Total (CBT) calculada por el INDEC para un hogar de cuatro integrantes.

El proyecto se encuentra en la Comisión de Legislación del Trabajo y busca recuperar, según sus fundamentos, la función del salario mínimo como herramienta para garantizar condiciones de vida dignas. La propuesta toma como referencia el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que establece el derecho a una retribución justa y al salario mínimo, vital y móvil.

Una brecha de casi $1,2 millones

La distancia entre ambos valores expone la magnitud del cambio que implicaría la reforma. El salario mínimo vigente en agosto asciende a $376.600 mensuales, mientras que la última CBT oficial disponible, correspondiente a junio, alcanzó los $1.531.472,91 para una familia de cuatro integrantes.

De aprobarse el proyecto en los términos planteados, el piso salarial debería multiplicarse por más de cuatro para alcanzar ese parámetro.

La iniciativa sostiene que resulta necesario vincular el ingreso mínimo con los indicadores de pobreza e indigencia del INDEC para evitar que trabajadores registrados permanezcan por debajo de esos umbrales.

El debate coincide con una creciente preocupación sindical por la pérdida del poder adquisitivo. El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) planteó esta semana un salario mínimo de $3.065.161, mientras que desde la Mesa Sindical reclaman además una recomposición general del 30% para recuperar parte del poder de compra perdido desde diciembre de 2023.

Rubén Ruiz, titular de la Asociación del Personal Jerárquico del Gas y referente del FreSU, consideró que cualquier iniciativa orientada a elevar el piso salarial resulta relevante, aunque advirtió sobre la necesidad de construir acuerdos amplios dentro del movimiento obrero.

El Consejo del Salario, en el centro de la disputa

El salario mínimo es determinado por el Consejo del Salario, integrado por representantes sindicales, empresarios y el Estado. Desde el comienzo de la gestión de Javier Milei, las centrales obreras reclamaron incrementos superiores a los finalmente acordados, mientras que ante la falta de consenso el Gobierno terminó fijando los valores mediante resoluciones de la Secretaría de Trabajo.

Los autores del proyecto cuestionan precisamente ese mecanismo y sostienen que las mayorías exigidas para alcanzar acuerdos en el Consejo dificultaron la actualización del ingreso mínimo.

El diagnóstico gremial también encuentra respaldo en informes de CIFRA, que estimó que el poder de compra del salario mínimo acumula una caída superior al 40% respecto de los niveles previos al cambio de Gobierno. Según el mismo informe, el deterioro alcanza el 60% frente a 2015.