El secretario general de la UOCRA, principal interlocutor de la CGT ante el Gobierno, cuestionó duramente los planes de flexibilización laboral que impulsa Javier Milei y anticipó que el sindicalismo no acompañará medidas inspiradas en el DNU 70/2023. En Azopardo reconocen que “no hay margen para seguir dialogando” con una gestión que, según acusan, busca debilitar derechos conquistados.

El clima entre la Confederación General del Trabajo (CGT) y el Gobierno nacional atraviesa uno de sus momentos más tensos desde la asunción de Javier Milei. Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA y pieza clave en la interlocución sindical con el oficialismo, lanzó una advertencia pública que podría marcar un punto de quiebre: la eventual salida de la central obrera del Consejo de Mayo, el espacio creado por el Ejecutivo para articular políticas con empresarios, legisladores y provincias.

Según fuentes cercanas al gremialista, la decisión se haría efectiva después de las elecciones legislativas del 26 de octubre. En la sede de la calle Azopardo aseguran que el sindicalismo se siente “sin interlocutor válido” y que los esfuerzos por mantener una mesa de diálogo “chocan con la lógica unilateral del Gobierno libertario”.

En una carta pública difundida por la UOCRA, Martínez fue categórico al rechazar el nuevo proyecto de reforma laboral que el Ejecutivo anticipó durante el Coloquio de IDEA. Para el dirigente, se trata de “una reedición del DNU 70/2023 en su capítulo laboral”, norma que —recordó— fue “rechazada por la CGT y judicializada con éxito”.

“La ausencia de un modelo económico que contemple el trabajo y los salarios como ejes del desarrollo retrasa cualquier posibilidad de progreso. Ningún país crece empobreciendo a sus trabajadores”, subrayó Martínez.

El dirigente advirtió que cada intento de avanzar sobre los derechos laborales en la historia argentina derivó en más precariedad y desigualdad, y volvió a defender la negociación colectiva como herramienta de justicia social.

“No es el salario el problema”

En contraposición al discurso oficial, que atribuye la falta de competitividad al “costo argentino”, Martínez argumentó que los verdaderos obstáculos se encuentran en “la mala gestión económica, tributaria y cambiaria”, y no en los sueldos. “El salario no tiene incumbencia en el costo argentino. El libre ejercicio de la negociación colectiva es la llave maestra del desarrollo”, afirmó.

Además, reclamó que el Gobierno mire hacia las pequeñas y medianas empresas, responsables de más del 90% del empleo formal del país. “No es el exceso de regulaciones lo que impide el crecimiento, sino la falta de políticas que generen condiciones reales de inversión y rentabilidad sostenible”, remarcó.

Llamado al diálogo, pero con límites

Pese al tono confrontativo, Martínez no cerró las puertas a la negociación, aunque advirtió que la CGT sólo participará de ámbitos de diálogo “siempre que no se pretenda cercenar derechos consagrados”. En ese sentido, definió la justicia social como “el horizonte irrenunciable del movimiento obrero”.

“Para el sindicalismo argentino, el diálogo es el medio que garantiza la justicia social, pero debe ser transparente, sustentable y abarcar todos los intereses, no sólo los empresarios”, sentenció.

En el entorno cegetista reconocen que el vínculo con el Ejecutivo está “en un punto crítico” y que, si se concreta la salida del Consejo de Mayo, se consolidará una ruptura institucional entre el Gobierno y la principal central sindical del país.

El posicionamiento de Gerardo Martínez no sólo refleja el hartazgo de la CGT frente a la política laboral del oficialismo, sino también una redefinición del mapa sindical de cara al nuevo ciclo político. El distanciamiento con el Gobierno libertario deja a la central obrera ante el desafío de sostener su rol negociador sin claudicar en la defensa de los derechos laborales. En tiempos de ajuste y reformas, el mensaje es claro: la CGT no está dispuesta a legitimar un modelo que, bajo la promesa de eficiencia, recorte las bases del trabajo digno.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) resolvió por unanimidad iniciar acciones judiciales contra el Gobierno nacional por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, vetada parcialmente por el presidente Javier Milei y suspendida mediante decreto. En un plenario extraordinario realizado en la Facultad de Derecho de la UBA, las rectoras y rectores reclamaron respeto por la división de poderes y advirtieron sobre el impacto que la decisión oficial tiene en la sustentabilidad del sistema universitario.

Las universidades nacionales dieron un paso histórico en defensa de su autonomía y del sistema público de educación superior. En una reunión extraordinaria del Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), celebrada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, se resolvió por unanimidad presentar una acción judicial contra el Gobierno nacional por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

El conflicto se originó tras el veto presidencial que Javier Milei aplicó sobre la norma aprobada por el Congreso en agosto y ratificada por la oposición el 2 de octubre. Aunque la ley fue promulgada formalmente, su aplicación quedó suspendida mediante decreto, una medida que —según el sistema universitario— vulnera la Constitución Nacional al desconocer la potestad del Poder Legislativo.

“Cuarenta años después del primer plenario del CIN, nos volvemos a reunir en la UBA y esta vez para exigir el cumplimiento de la ley y el respeto al sistema republicano”, expresó el presidente del Consejo, Oscar Alpa, al abrir la sesión.

“Un decreto no puede suspender una ley”

Durante el encuentro, la posición de las universidades fue unánime. El decano de Derecho de la UBA, Leandro Vergara, fue categórico: “Un decreto no puede suspender una ley”. En la misma línea, el vicepresidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, advirtió que “es grave para la institucionalidad democrática del país que se naturalice el incumplimiento de la ley, más aún cuando se trata de normas con amplia legitimidad social, institucional y política”.

La decisión de acudir a la Justicia, afirmaron los rectores, responde a la necesidad de “garantizar la vigencia del Estado de Derecho y la estabilidad de las universidades públicas frente a medidas discrecionales del Poder Ejecutivo”.

“Hemos sido muy responsables y serios priorizando siempre los caminos institucionales para reclamar una respuesta, y corresponde ahora recurrir a la Justicia para garantizar el cumplimiento de la ley”, enfatizó Bartolacci.

Un reclamo que trasciende lo presupuestario

La Ley de Financiamiento Universitario, aprobada con amplio consenso parlamentario, garantiza una actualización automática de los fondos destinados a las universidades nacionales, así como la recomposición salarial del personal docente y no docente. La suspensión de su aplicación, argumentan los rectores, “pone en riesgo la continuidad de funciones básicas de enseñanza, investigación y extensión”, en un contexto en el que varias instituciones ya enfrentan dificultades para cubrir gastos operativos.

Además de la acción judicial, el CIN resolvió elevar un pedido formal al Congreso Nacional para que el Presupuesto 2026 incorpore como base los recursos previstos en la ley vetada. “El sistema universitario necesita previsibilidad y respeto institucional”, insistieron los rectores, al tiempo que destacaron que la autonomía universitaria “no puede ser vulnerada por decisiones administrativas de carácter político o coyuntural”.

Contexto político y tensiones institucionales

El enfrentamiento entre el Gobierno y las universidades públicas se enmarca en un clima de tensión creciente entre el Poder Ejecutivo y distintos sectores del sistema educativo. Desde su llegada a la Casa Rosada, Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, han cuestionado los niveles de gasto del sistema universitario y la supuesta “politización” de las casas de estudio.

Sin embargo, las universidades replican que el incumplimiento de la ley de financiamiento representa un golpe directo a la autonomía académica y al federalismo educativo, al dejar a las instituciones sin recursos suficientes para sostener sus programas.

En ese contexto, el pronunciamiento del CIN no sólo tiene peso jurídico, sino también político: marca una posición unificada del sistema universitario frente al Poder Ejecutivo, que por primera vez desde el retorno democrático enfrenta una acción judicial colectiva de las universidades públic

El secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) en San Juan, Miguel Agüero, advirtió que la falta de prórroga del decreto 514/2021 —que permite compatibilizar planes sociales con empleo registrado— pone en riesgo la formalidad laboral de miles de trabajadores rurales. Además, denunció la existencia de casos de trabajo no registrado y pagos por debajo del salario convenido.

En un momento de incertidumbre económica y social que golpea con fuerza al interior del país, el gremio rural UATRE encendió una señal de alarma. La organización reclama la urgente extensión del decreto 514/21, una norma clave que permitió durante los últimos cuatro años que beneficiarios de programas sociales pudieran acceder a empleos temporarios registrados sin perder sus beneficios estatales.

“El decreto perdió vigencia el 30 de septiembre y eso genera un perjuicio enorme”, explicó en diálogo con Mundo Laboral SJ. Según precisó, la medida impacta directamente sobre unas 120.000 familias rurales en todo el país, que durante este período pudieron trabajar formalmente, acceder a salarios dignos y a la cobertura social correspondiente.

El dirigente sostuvo que la compatibilidad entre trabajo y asistencia “fue una herramienta fundamental para combatir la informalidad, el trabajo infantil y las condiciones precarias que persisten en el campo”. En ese sentido, destacó que “el decreto 514/21 permitió registrar a miles de trabajadores y mejorar el control sobre la actividad rural, garantizando derechos básicos que durante años fueron postergados”.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) también se hizo eco del reclamo. Según informó el gremialista, el presidente del Secretariado Nacional de UATRE, José Voytenco, mantuvo reuniones con representantes del organismo internacional para exponer la situación y solicitar apoyo frente a la falta de respuesta del Gobierno nacional. “El Ejecutivo no está dimensionando la importancia que tiene esta herramienta para el sostenimiento del empleo rural”, subrayó Agüero.

La preocupación gremial no es solo por los trabajadores. El propio dirigente advirtió que los productores también se verán afectados si no se restablece la medida: “Los costos laborales se encarecerán, y muchos empleadores se verán tentados a recurrir nuevamente a la informalidad o incluso a mano de obra externa. Es una situación regresiva que perjudica a toda la cadena productiva”.

Fiscalizaciones y trabajo no registrado

A la par del reclamo formal, UATRE San Juan continúa con los operativos de fiscalización en distintos departamentos de la provincia. Durante la última semana, el gremio detectó entre 14 y 15 trabajadores sin registrar en el sector pistachero. “Nos encontramos con casos de jóvenes que cobran la mitad de lo que establece el convenio. En octubre el jornal diario debía ser de $41.210, pero algunos recibían apenas $20.000”, detalló Agüero.

El sindicalista relató además que muchos de esos trabajadores se niegan a brindar sus datos por temor a perder los beneficios de sus planes sociales, lo que evidencia el vacío legal dejado por la falta de prórroga del decreto. “La gente está informada, sabe que el decreto venció, y eso genera miedo. El empleador se aprovecha de esa situación y paga menos, mientras el trabajador queda sin protección”, denunció.

Las inspecciones se realizan junto al RENATRE (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores), aunque Agüero reclamó una participación más activa de la Nación y de la Provincia. “Las fiscalizaciones buscan asegurar el cumplimiento de la ley laboral, detectar irregularidades y proteger a los trabajadores. Es fundamental que los organismos públicos acompañen este esfuerzo”, remarcó.

La pérdida de vigencia del decreto 514/21 expone una frágil estructura laboral en el corazón productivo del país. Lo que para muchos fue una herramienta transitoria se consolidó en la práctica como un mecanismo esencial para sostener la formalidad y la inclusión en el ámbito rural. Su ausencia no solo amenaza los ingresos de miles de familias, sino que también profundiza la brecha entre el trabajo registrado y la economía informal.

Desde UATRE, la advertencia es clara: sin una prórroga inmediata, la Argentina corre el riesgo de retroceder en derechos laborales que costaron décadas en consolidarse. En un escenario donde la pobreza y la precariedad se expanden, la formalización del trabajo rural no puede quedar sujeta a la desidia burocrática. La compatibilidad entre empleo y asistencia no es una concesión, sino una política de Estado indispensable para garantizar dignidad en el campo argentino.