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Incluye a efectivos de las Fuerzas Armadas y de seguridad; AFIP habilitó el beneficio de $2.000 para empleados registrados.


El Gobierno finalmente oficializó el otorgamiento de un bono de $5.000 para empleados estatales, efectivos de las Fuerzas Armadas y de seguridad nacionales. Al la par, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) puso en marcha el sistema para que los trabajadores en relación de dependencia accedan al beneficio del decreto 561/2019 que habilita al Estado a financiar hasta $2.000 de sus aportes personales. A través del decreto 589/2019 publicado en el Boletín Oficial, se determinó el otorgamiento de «una suma fija remunerativa no bonificable por única vez» a partir del primero de septiempre próximo al personal comprendido en el ámbito del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional.

En los considerandos se incluye la medida en «las políticas propiciadas por la Administración Nacional, tendientes a minimizar el impacto negativo de los acontecimientos económico-financieros por los que atraviesa el país, es preciso considerar la situación particular en la que se encuentra el personal perteneciente a la Administración Pública Nacional, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad Federales».

Al mismo tiempo, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) puso en marcha el sistema para que los trabajadores en relación de dependencia accedan al beneficio del decreto 561/2019 que habilita al Estado a financiar hasta $ 2000 de sus aportes personales.

El artículo cuarto de esa norma estableció que a los trabajadores cuya remuneración imponible sea inferior o igual a $ 60 mil, durante los períodos devengados de agosto y septiembre de este año, el Estado les financiará una suma equivalente de hasta $ 2000 o el 100% de sus aportes personales (el que resulte menor entre ambos importes).

En la resolución general 4558, publicada en el Boletín Oficial, se detalla que la AFIP adecuará las herramientas informáticas para que los empleadores puedan presentar las declaraciones juradas de seguridad social con el beneficio que la norma dispone para los mencionados meses.

Este reintegro forma parte de las medidas impositivas anunciadas en las últimas semanas por el Gobierno para aliviar la situación de los trabajadores y las Pymes, junto con la suba en el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias, el nuevo plan de pagos para deudas vencidas de hasta 120 cuotas y la suspensión de los embargos para las Pymes por 90 días, entre otras.

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El Día del Empleado de Comercio tendrá carácter de feriado el 28 de septiembre

La FAECyS y las cámaras empresarias acordaron trasladar la conmemoración prevista por la Ley 26.541 al lunes 28 de septiembre. La jornada tendrá el tratamiento legal correspondiente a un feriado nacional y no podrá utilizarse como franco compensatorio.

La fecha original establecida por la Ley 26.541 es el 26 de septiembre, pero el entendimiento entre las partes dispuso trasladar la conmemoración al lunes siguiente para garantizar a los trabajadores los derechos laborales asociados a la jornada.

La circular difundida por la FAECyS el 7 de septiembre precisó que la fecha trasladada conservará todos los alcances previstos por la legislación. En materia salarial, deberán aplicarse las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo y las normas complementarias, con el tratamiento correspondiente a los feriados nacionales.

Uno de los puntos centrales del acuerdo establece que el lunes 28 no podrá ser utilizado como franco compensatorio del descanso semanal. De esta manera, la jornada mantiene su carácter especial y no puede ser absorbida por otro día de descanso que correspondiera al trabajador.

El entendimiento fue remitido para su homologación ante la Secretaría de Trabajo de la Nación, trámite que permitirá formalizar el acuerdo alcanzado entre la representación gremial y las cámaras empresarias.

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Universidades: docentes y nodocentes paran este martes y preparan otra marcha federal

Docentes y nodocentes de las universidades nacionales realizan este martes un paro de 24 horas tras rechazar la última propuesta del Gobierno. Reclaman una recomposición del 31,2%, la restitución del FONID, mejoras para el personal nodocente y la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario.

La medida alcanza a las entidades representadas por FEDUN, FATUN, CONADU, CONADU Histórica, CTERA, FAGDUT y UDA, por lo que la protesta comprende tanto el dictado de clases como las tareas administrativas, técnicas y de servicios.

El paro fue ratificado luego de la reunión paritaria del 1° de septiembre, cuando el Ministerio de Capital Humano ofreció un incremento del 3% para septiembre y sostuvo otro 3% para octubre. Las organizaciones rechazaron la propuesta al considerar que no contempla el deterioro acumulado de los salarios frente a la inflación. Además, señalaron que el tramo correspondiente a octubre ya había sido acordado en junio.

El reclamo gremial contempla una recomposición del 31,2% acumulada hasta julio, a la que deberán incorporarse la inflación de agosto y los montos pendientes de actualización. También se exige un mecanismo de revisión periódica vinculado al índice de precios del INDEC para evitar nuevas pérdidas del poder adquisitivo.

A la agenda salarial se suman la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), respuestas para las escuelas preuniversitarias y una mejora de las condiciones del personal nodocente. FATUN reclama, además, el blanqueo de sumas no remunerativas y una actualización de la garantía salarial.

El conflicto incorpora una disputa presupuestaria. Los gremios reclaman la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya implementación permanece demorada por decisión del Poder Ejecutivo y constituye uno de los principales puntos de desacuerdo.

Los dirigentes sindicales advierten que la pérdida de ingresos ya repercute sobre la permanencia de docentes, investigadores y estudiantes. Ricardo Mozzi, de FAGDUT, sostuvo que el deterioro salarial genera “éxodo y deserción”, mientras que Sergio Romero, titular de UDA, cuestionó la demora oficial en aplicar la legislación de financiamiento.

La protesta tendrá continuidad durante septiembre. El martes 15 se realizarán clases públicas bajo la consigna “La universidad en la calle”, mientras que el jueves 17 está previsto un acto frente al Palacio Pizzurno, coincidiendo con una nueva convocatoria paritaria.

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Diputados se encamina a tratar el lunes la adecuación del Código Penal Juvenil

La Cámara de Diputados deberá modificar de manera transitoria el Código Procesal Penal vigente para adecuarlo al nuevo Régimen Penal Juvenil nacional, que comenzó a regir el 5 de septiembre y establece los 14 años como nueva edad de imputabilidad. La sesión especial se encamina para el próximo lunes.

El proyecto será remitido por la Corte de Justicia y alcanzará los artículos que regulan el tratamiento procesal de adolescentes. La intención es establecer una herramienta provisoria mientras avanza la elaboración de una legislación específica para el fuero juvenil.

La fecha de tratamiento aún no fue confirmada oficialmente, aunque la sesión especial se encamina para el próximo lunes. La alternativa de convocarla este viernes quedó descartada por el feriado provincial correspondiente al natalicio de Domingo Faustino Sarmiento. Además, el debate no podría superponerse con la sesión ordinaria que la Legislatura realiza habitualmente los jueves.

La necesidad de recurrir a los diputados surgió después de que la Corte analizara inicialmente la posibilidad de resolver la adecuación mediante una acordada. El estudio jurídico determinó finalmente que las modificaciones requeridas implican cambios legislativos y, por lo tanto, deben ser discutidas y sancionadas por la Cámara.

Mientras se completa ese proceso, los magistrados del fuero juvenil deberán aplicar el nuevo régimen nacional a los casos que ingresen a los tribunales, interpretándolo en función de las normas procesales actualmente vigentes.

La reforma también plantea una adaptación institucional de mayor alcance: el sistema deberá compatibilizarse con el modelo acusatorio, que redefine las funciones de jueces, fiscales y defensores y exige adecuaciones en los procedimientos utilizados para investigar y juzgar hechos atribuidos a adolescentes.

El nuevo régimen comenzó a regir el sábado 5 de septiembre, pese al pedido formulado por distintas provincias para postergar su implementación hasta fin de año. Los gobiernos provinciales habían advertido que necesitaban más tiempo para adecuar sus estructuras judiciales y sus legislaciones, pero el planteo no fue aceptado por la Nación.

La modificación que ahora deberá votar la Legislatura sanjuanina permitirá cubrir ese período de transición hasta que la provincia pueda contar con una regulación procesal juvenil integral y específica.

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