Las autoridades del organismo confirmaron la continuidad del ajuste: prevén la salida de 1.300 trabajadores mediante retiros voluntarios y avanzan con un plan inmobiliario que incluye la venta de más de 47 mil hectáreas destinadas a investigación y desarrollo.

La agenda de ajuste del Gobierno nacional sobre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) no se detiene con el inicio de 2026. En una reunión mantenida entre la nueva conducción del gremio APINTA y las máximas autoridades del organismo, el Ejecutivo ratificó su decisión de profundizar el recorte de personal y avanzar con el remate de una porción significativa de las tierras destinadas históricamente a investigación científica y transferencia tecnológica.

El mensaje fue transmitido de manera directa por el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, al secretario general saliente de APINTA, Mario Romero, quien confirmó que el rumbo del organismo no sufrió modificaciones pese al cambio de año. “La agenda de las autoridades del INTA y del gobierno viene siendo la misma y va a ser la misma en este año, con respecto a reducción de estructuras y retiro voluntario”, sostuvo el dirigente sindical.

Un nuevo retiro voluntario desde marzo

Según lo informado en el encuentro, las autoridades prevén lanzar un nuevo plan de retiros voluntarios a partir de marzo, iniciativa que será tratada formalmente el próximo 29 de enero en una reunión del Consejo Directivo del organismo. La propuesta, de acuerdo con versiones anticipadas por el medio especializado Bichos de Campo, contemplaría una compensación de 1,1 sueldos por año trabajado para quienes opten por dejar la institución.

Bronzovich estuvo acompañado en la reunión por el vicepresidente del INTA, Carlos Vera; el coordinador de Recursos Humanos, Sebastián Ibarra; y el gerente de dictámenes jurídicos, Martín Navarro. Además de repasar la situación institucional, el encuentro sirvió para presentar formalmente a Pablo García, nuevo secretario general de APINTA.

Romero advirtió que, más allá del formato voluntario, el gremio mantiene una postura firme de rechazo. “Nuestra posición es negativa, no estamos de acuerdo y esto se lo manifestamos a las autoridades”, remarcó en un mensaje enviado a los delegados de todo el país.

El objetivo oficial: achicar drásticamente la planta

El plan de ajuste tiene un objetivo concreto: reducir la dotación del INTA a unos 4.500 empleados. Al inicio de la actual gestión, el organismo contaba con aproximadamente 6.300 trabajadores. Hoy la planta se ubica en torno a los 5.800, tras jubilaciones anticipadas, no renovación de becas, renuncias motivadas por la parálisis de proyectos y un primer retiro voluntario implementado en 2024, al que solo se acogieron unos 300 empleados.

Para el gremio, estas cifras evidencian un deterioro progresivo del sistema científico-tecnológico vinculado al agro. “Hay gente que se va cansada del manoseo institucional y de la falta de condiciones para investigar”, advierten desde APINTA.

El plan inmobiliario: venta de tierras estratégicas

En paralelo al ajuste laboral, el Gobierno impulsa un plan de venta de activos inmobiliarios que genera fuerte preocupación en la comunidad científica. La iniciativa contempla el remate de unas 47.500 hectáreas, casi la mitad de las 101.500 hectáreas que posee el INTA en todo el país, actualmente destinadas a estaciones experimentales, ensayos productivos y tareas de extensión rural.

Desde el oficialismo, esas tierras son calificadas como “en desuso”, una definición que el gremio y especialistas del sector rechazan de plano. Para APINTA, se trata de activos estratégicos cuyo valor no puede medirse únicamente en términos inmobiliarios, sino por su aporte a la soberanía tecnológica y productiva.

Este capítulo del plan aparece además vinculado a la figura del empresario Eduardo Elsztain, uno de los principales referentes del negocio inmobiliario en la Argentina y cercano al presidente Javier Milei. En ese marco, el nombramiento de Nicolás Pakgojz, hombre de confianza de Elsztain, al frente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), encendió alarmas en el sector. Según trascendió, ya se iniciaron tareas de medición y relevamiento de las tierras del INTA con vistas a su eventual remate.

Reestructuración y conflicto latente

Además de los retiros voluntarios, las autoridades plantearon una reorganización interna del organismo, con reducción de cargos jerárquicos y una estandarización de las estructuras de los Centros Regionales. “Hablan de que todos tengan más o menos la misma estructura”, explicó Romero, lo que en la práctica implicaría una poda adicional de funciones y responsabilidades.

El conflicto, lejos de cerrarse, promete escalar en los próximos meses. Para APINTA, la ofensiva oficial no solo pone en riesgo cientos de puestos de trabajo, sino que compromete el rol histórico del INTA como pilar del desarrollo agropecuario y científico del país.

El Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas resolvió un paro general con movilización al Congreso el día en que el Senado trate la reforma laboral. Los gremios advirtieron que la medida será parte de un plan de lucha más amplio y apuntó contra los gobernadores que respalden el proyecto del Gobierno nacional.

El conflicto por la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei escaló un nuevo peldaño en el frente gremial. Los Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, que impulsa la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), resolvió convocar a un paro general con movilización masiva al Congreso el día en que el proyecto sea tratado en el Senado, y evalúa anticipar medidas de fuerza en las provincias durante los primeros días de febrero.

La definición surgió tras una extensa jornada de debate realizada en el Hotel Héctor Quagliaro, donde confluyeron sindicatos estatales, gremios de empresas públicas, jubilados, abogados laboralistas, ex jueces del fuero laboral y académicos. El encuentro dejó un mensaje político claro: la reforma no solo afecta al sector privado, sino que impacta de lleno en el Estado y en los derechos históricos de los trabajadores públicos.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, sostuvo que la huelga general es ineludible, pero advirtió que no puede ser una acción aislada.
“Ir al paro, a una huelga general el día que se trate la reforma laboral es absolutamente necesario y obligatorio para el movimiento obrero, pero no puede ser una medida aislada. Tenemos que pensar en un plan de lucha que comience con anterioridad”, afirmó.

En ese contexto, el dirigente planteó la necesidad de salir a la calle antes del debate parlamentario y de ejercer presión directa sobre los gobernadores que acompañen la iniciativa oficial. ATE evalúa establecer un cronograma de protestas y movilizaciones en aquellas provincias cuyos mandatarios se muestren funcionales a la estrategia del Ejecutivo nacional.

El foco sobre los gobernadores y el rol del Congreso

Aguiar fue especialmente crítico de las gestiones políticas que el ministro del Interior, Diego Santilli, viene desarrollando con autoridades provinciales para garantizar el respaldo legislativo. Según el titular de ATE, esas reuniones dejan en evidencia que el Gobierno depende del aval de los gobernadores para avanzar con la reforma.

“Las recorridas de Santilli muestran que sin los gobernadores, el Gobierno no puede. Por lo tanto, tenemos que colocar a los mandatarios provinciales dentro de los principales responsables de avalar una legislación que nos retrotrae más de 100 años en materia de derechos”, advirtió.

Desde el frente sindical sostienen que la reforma apunta a debilitar la protección laboral y ampliar el poder de los empleadores, generando un retroceso estructural en las condiciones de trabajo.
“Pretenden quitarle protección y debilitar al extremo a todos los trabajadores. Paralelamente, multiplicar el poder que tienen los patrones. Esto no puede terminar en nada bueno”, remarcó Aguiar.

Un impacto directo sobre el sector público

Uno de los ejes centrales del rechazo sindical es la afectación directa al sector público, a contramano del discurso oficial que intenta limitar el alcance de la reforma al ámbito privado. ATE advirtió que numerosos organismos estatales se rigen total o parcialmente por la Ley de Contrato de Trabajo, normativa que el proyecto pretende modificar.

Entre las dependencias alcanzadas se encuentran PAMI, ANSES, Vialidad Nacional, el Hospital Garrahan, la Administración General de Puertos, Intercargo, Belgrano Cargas, Nucleoeléctrica Argentina (NASA), Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), ACUMAR, DGI y Aduana, entre otras.

Además, los gremios denunciaron que la eliminación de la presunción de vínculo laboral en la figura del monotributo busca perpetuar el fraude laboral en el Estado nacional, las provincias y los municipios, consolidando esquemas de precarización.

Alerta por la reforma del fuero laboral

Otro punto crítico es el artículo 79 del proyecto, que modifica la Ley 18.345 y traslada los conflictos laborales que involucren al Estado Nacional desde la Justicia del Trabajo al fuero Contencioso Administrativo. Para el frente sindical, este cambio implica un debilitamiento sustancial de las garantías judiciales de los trabajadores.

Desde ATE interpretan que esta modificación no es técnica, sino política: busca reducir la capacidad de defensa de los empleados estatales frente a despidos, sanciones y conflictos laborales.

Unidad sindical y advertencia política

La convocatoria reunió a gremios de la salud, la justicia, la energía, las telecomunicaciones, los puertos, la vialidad, los jerárquicos bancarios, docentes e investigadores universitarios, además de organizaciones de jubilados y referentes del derecho laboral. Aguiar adelantó que el mandato surgido del encuentro será llevado a la reunión con sindicatos de la CGT que se realizará en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

“Tenemos el deber de estar en la calle, de protestar. No podemos ser testigos pasivos de la vulneración de la Constitución. Al Gobierno que encabeza Milei tenemos que ponerle límites y decir basta”, concluyó.

Con la convocatoria al paro general y la amenaza de protestas anticipadas en las provincias, el movimiento sindical estatal decidió pasar a una fase de confrontación abierta frente a la reforma laboral. La estrategia combina presión parlamentaria, movilización callejera y un mensaje directo a los gobernadores, a quienes responsabiliza por el avance del proyecto.
En un escenario de alta conflictividad social, la definición del Frente de Sindicatos Estatales anticipa que el debate en el Senado no solo será legislativo, sino también político y social, con el movimiento obrero decidido a ocupar el centro de la escena como límite activo a la flexibilización laboral.

La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales cuestionó el bono de $50.000 y el aumento del 2% dispuesto por la Secretaría de Políticas Universitarias sin negociación previa. Denunció una nueva avanzada contra el salario NODOCENTE y advirtió sobre el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

El conflicto salarial en el sistema universitario nacional sumó un nuevo episodio de tirantez. La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) rechazó de manera categórica el aumento salarial dispuesto de forma unilateral por el Gobierno nacional y reclamó la reapertura urgente de la negociación paritaria para las y los trabajadores NODOCENTES.

La polémica se desató luego de que la Secretaría de Políticas Universitarias enviara un instructivo que establece, sin acuerdo previo con los gremios, un bono remunerativo no bonificable de $50.000 por única vez, a pagar desde diciembre, y un incremento del 2% en los salarios a partir de diciembre de 2025. Desde FATUN calificaron la medida como una decisión “intempestiva, autoritaria y carente de toda instancia de diálogo”.

La federación, que conduce Walter Merkis, sostuvo que la política salarial del Ejecutivo vuelve a desconocer el ámbito paritario, vulnerando no solo los derechos de los trabajadores sino también las reglas básicas del sistema democrático de negociación colectiva.

“No vamos a aceptar aumentos impuestos”

Desde la organización sindical fueron enfáticos al advertir que no convalidarán nuevas imposiciones salariales sin debate ni fundamentos económicos reales.
“No vamos a aceptar nuevamente aumentos sin paritarias y sin argumentos lógicos, cuyo único objetivo es ajustar a las y los trabajadores universitarios para seguir pagando la fiesta de la timba financiera para unos pocos”, señalaron en un duro comunicado.

Para el colectivo NODOCENTE, el deterioro del salario no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia de ajuste más amplia que impacta de lleno sobre el sistema universitario público, afectando tanto las condiciones laborales como el normal funcionamiento de las instituciones.

Universidades públicas, un valor social irrenunciable

En su pronunciamiento, FATUN recordó que las Universidades Nacionales constituyen un valor estratégico e irrenunciable para la sociedad argentina, algo que —según remarcaron— quedó demostrado en las masivas Marchas Universitarias Federales realizadas en todo el país durante el último tiempo.

En ese marco, el gremio subrayó que la defensa del salario NODOCENTE forma parte de una defensa más amplia de la universidad pública, gratuita y de calidad. “La Argentina es un país democrático, con instituciones que deben ser respetadas, valoradas y financiadas”, enfatizaron, al tiempo que reiteraron la exigencia de reabrir de inmediato las paritarias.

Denuncia por violación de la Ley de Financiamiento Universitario

La federación sindical también advirtió que el Gobierno nacional está incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario, una norma consensuada en el Congreso que establece criterios claros para garantizar el sostenimiento del sistema.

Desde FATUN señalaron que esta conducta se inscribe en una lógica más amplia que incluye el impulso de una reforma laboral que, de aprobarse, “significaría un retroceso a épocas coloniales y de surgimiento del Estado-Nación”, con una pérdida sustancial de derechos laborales.