La organización sindical alcanzó nuevos beneficios salariales con la empresa Cerro Negro que incorpora un adicional del 4% por presentismo para el personal de yacimiento durante 2026, preserva el Premio ASIJEMIN equivalente al 3% de la remuneración anual y establece un régimen de asistencia con criterios objetivos y resguardo de las licencias previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo N.º 789/21.

La negociación colectiva continúa consolidándose como uno de los principales instrumentos para mejorar las condiciones laborales en la minería argentina, un sector estratégico por su aporte a las exportaciones, la generación de empleo calificado y las inversiones productivas.

En ese marco, la Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN), a través de su Delegación Regional Sur, alcanzó un acuerdo con la empresa Cerro Negro que incorpora nuevos beneficios económicos, reafirma derechos convencionales y fortalece el Convenio Colectivo de Trabajo N.º 789/21.

El reajuste mantiene la vigencia del Premio ASIJEMIN, contemplado en el artículo 29 del convenio, equivalente al 3% de la remuneración anual, un reconocimiento que forma parte de la estructura de beneficios conquistados por la organización gremial para el personal jerárquico, profesional y técnico de la actividad.

Como uno de los aspectos centrales de la negociación, las partes acordaron incorporar durante 2026 un adicional del 4% por presentismo destinado a los trabajadores que desarrollan tareas en yacimiento. El nuevo incentivo busca reconocer la continuidad laboral, la responsabilidad operativa y el compromiso que demanda una actividad caracterizada por elevados estándares de seguridad, productividad y especialización técnica.

El entendimiento también define un régimen anual de asistencia que fija criterios transparentes para la percepción de ambos beneficios. Los trabajadores con asistencia perfecta accederán al 100% del premio; quienes acumulen entre 1 y 9 días de ausencia percibirán el 80%; entre 10 y 20 días, el beneficio será del 50%; mientras que las inasistencias superiores a 21 días impedirán su percepción.

Uno de los puntos de mayor relevancia institucional es que la nueva regulación excluye del cómputo las ausencias justificadas por accidente de trabajo, maternidad, nacimiento, matrimonio, fallecimiento de familiares, citaciones judiciales, exámenes y reposo en sitio, preservando plenamente las licencias y garantías reconocidas por el Convenio Colectivo de Trabajo y evitando que el ejercicio de esos derechos afecte el acceso a los adicionales pactados.

Desde ASIJEMIN destacaron que el resultado refleja el valor de la negociación colectiva como herramienta para ampliar derechos y consolidar mecanismos de reconocimiento económico vinculados al desempeño laboral, en un contexto donde la discusión salarial y las condiciones de trabajo ocupan un lugar central dentro de la agenda sindical del sector minero.

El proceso fue impulsado por el cuerpo de delegados de base de Cerro Negro, integrado por César Barrera, Anselmo Valdivieso, Diego Barrientos, Daniel Machuca, Damián Bustamante, Víctor Sarmiento, Braian Torres y Leonel Quintana, junto al director regional Sur, Oscar Romillo, con el acompañamiento de la Comisión Directiva Nacional encabezada por el secretario general Marcelo Mena Muñoz.

La firma de esta concertación social reafirma una estrategia gremial orientada a fortalecer la negociación paritaria como mecanismo permanente de construcción de derechos, incorporando mejoras económicas concretas sin alterar las garantías convencionales ya vigentes y consolidando un modelo de relaciones laborales basado en el diálogo social dentro de una de las actividades productivas de mayor dinamismo del país.

El organismo internacional propone que el impuesto a las Ganancias alcance al 20% de los trabajadores registrados, frente al 8,2% actual. Para cumplir ese objetivo deberían incorporarse más de 1,5 millones de asalariados al tributo. Sindicatos y entidades pyme advierten que la medida reduciría el poder adquisitivo y profundizaría la desaceleración del consumo.

La negociación entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional volvió a colocar en el centro del debate una de las reformas con mayor impacto político y social: la ampliación del impuesto a las Ganancias para los trabajadores en relación de dependencia. En su último Staff Report, el organismo planteó que, antes de finalizar el año, el gravamen debería alcanzar al 20% de los asalariados formales, más del doble del universo actual, que representa el 8,2% de los empleados registrados.

Los números reflejan la magnitud del cambio. Hoy tributan 1.055.431 trabajadores. Para cumplir con la meta fijada por el FMI deberían incorporarse más de 1,5 millones de nuevos contribuyentes, acercándose nuevamente a los niveles registrados en 2020, cuando el impuesto alcanzaba a 2.425.880 asalariados.

El planteo forma parte del compromiso asumido por el Gobierno de avanzar hacia una reforma tributaria integral antes de fines de 2026. Sin embargo, la administración de Javier Milei procura dilatar cualquier modificación de alto costo político en un año atravesado por el calendario electoral, especialmente cuando la recuperación del salario real continúa siendo uno de los principales reclamos del mercado laboral.

La evolución reciente del tributo explica parte de la discusión. En 2023, la modificación impulsada por Sergio Massa redujo drásticamente el universo alcanzado, que cayó hasta unos 129.000 trabajadores. Un año más tarde, el Gobierno restituyó la cuarta categoría y amplió nuevamente la base imponible, aunque para el FMI ese nivel continúa siendo insuficiente frente al promedio regional.

Actualmente comienzan a tributar quienes perciben alrededor de $3 millones brutos mensuales si son solteros, o cerca de $4 millones en el caso de un trabajador con cónyuge y dos hijos. Ambos valores se ubican por encima del RIPTE, que en febrero de 2026 alcanzó un salario promedio de $1.734.357.

Las simulaciones incluidas en los análisis técnicos muestran con mayor claridad el eventual alcance de la reforma. Un trabajador soltero con ingresos equivalentes a 1,5 veces el RIPTE —unos $2.601.536 brutos— comenzaría a tributar con una carga anual estimada de entre $70.000 y $150.000, mientras que quien perciba el equivalente a dos RIPTE —aproximadamente $3.468.714 brutos— afrontaría una obligación cercana a $1,5 millones anuales. En los hogares con mayores deducciones familiares, el impacto sería sensiblemente menor.

La eventual ampliación del impuesto despertó un rechazo que trasciende al movimiento sindical. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) cuestionó la propuesta del Fondo y sostuvo que profundizar la presión sobre los salarios registrados no resolverá los problemas estructurales del sistema tributario argentino. La entidad advirtió que, junto con la ampliación de Ganancias, el organismo también impulsa extender la base del IVA y reformular el Monotributo, concentrando el esfuerzo fiscal sobre trabajadores, pequeños contribuyentes y consumo interno.

Para CAME, el verdadero problema reside en la elevada carga impositiva provincial y municipal. Según sus estimaciones, tributos como Ingresos Brutos y distintas tasas locales representan entre el 2% y el 6% de las ventas brutas de una empresa, independientemente de su rentabilidad. Por ello propuso avanzar hacia un nuevo consenso fiscal entre Nación, provincias y municipios que permita revisar integralmente la estructura tributaria en lugar de incrementar la presión sobre los ingresos laborales.

La discusión también comenzó a instalarse en el ámbito gremial. Diversas organizaciones sindicales sostienen que ampliar el universo alcanzado por Ganancias implicaría reducir el ingreso disponible de trabajadores registrados que ya acumulan varios años de deterioro del poder adquisitivo, afectando además el consumo y la actividad económica.

La reforma que promueve el FMI enfrenta dos modelos contrapuestos de política fiscal: uno que privilegia elevar la recaudación mediante la ampliación de la base tributaria y otro que plantea revisar la estructura impositiva sin trasladar una mayor carga sobre los asalariados y las pequeñas empresas. Con cifras que involucran a más de 1,5 millones de potenciales nuevos contribuyentes, el impuesto a las Ganancias se perfila como uno de los ejes más sensibles de la agenda económica y laboral del segundo semestre.

La adquisición de los activos de Shell por más de US$1.400 millones reavivó las alertas en el gremio de estaciones de servicio. El sindicato advierte que la nueva legislación laboral podría facilitar la creación de una organización sindical por empresa, con capacidad para negociar condiciones laborales propias y desplazar el convenio colectivo vigente que alcanza a miles de trabajadores.

La venta de la red de 894 estaciones de servicio de Shell al consorcio integrado por Mercuria Energy Group e Integra, la sociedad encabezada por José Luis Manzano y Daniel Vila, abrió un nuevo foco de tensión dentro del movimiento sindical. Más allá del cambio accionario, el principal interrogante gira en torno al impacto que la reforma laboral podría tener sobre la representación gremial y el futuro del convenio colectivo que regula la actividad.

La operación, valuada en más de 1.400 millones de dólares, no sólo constituye uno de los movimientos empresariales más relevantes del año en el mercado energético argentino. También instaló una discusión que trasciende el plano comercial: la posibilidad de que la nueva conducción impulse la conformación de un sindicato de empresa, una alternativa contemplada por el nuevo marco normativo y que modificaría el esquema tradicional de negociación colectiva.

La preocupación fue expresada por el Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio de Capital Federal y la provincia de Buenos Aires (SOESGYPE), conducido por Carlos Acuña. En la organización interpretan que una representación sindical circunscripta a una única empresa podría fragmentar la negociación salarial y debilitar el alcance del convenio colectivo que actualmente unifica las condiciones laborales de la actividad.

El debate adquiere especial relevancia porque la reglamentación de la reforma laboral reconoce mayor margen para la negociación por empresa, una herramienta que distintos sectores sindicales consideran funcional a procesos de descentralización de derechos. En la CGT observan con inquietud esa posibilidad y advierten que la fragmentación de la representación facilitaría la implementación de condiciones laborales diferenciadas entre establecimientos de una misma rama de actividad.

Uno de los puntos que concentra mayor resistencia es la eventual incorporación de esquemas de remuneración variables o «salarios dinámicos», vinculados al desempeño económico de cada estación de servicio o región. Desde el sindicato sostienen que ese mecanismo pondría en discusión los pisos salariales actualmente garantizados por el convenio colectivo y habilitaría diferencias remunerativas según la rentabilidad de cada empresa, debilitando uno de los principios históricos de la negociación por actividad.

La inquietud no se limita al área metropolitana. La Federación del Interior de Trabajadores de Estaciones de Servicio (FITESGRA) también sigue de cerca la evolución del proceso, consciente de que cualquier modificación en una de las principales cadenas de comercialización de combustibles podría convertirse en antecedente para otras compañías del sector.

Mientras tanto, entre los trabajadores predominan la incertidumbre y la expectativa frente a los planes que desarrollen los nuevos propietarios. Además de exigir que se preserven las fuentes laborales, las organizaciones gremiales reclaman la reincorporación de empleados desvinculados durante los últimos meses y garantías de que el cambio societario no será utilizado para impulsar una flexibilización de las condiciones de trabajo.

La discusión pública supera los límites del caso Shell. Para buena parte del movimiento obrero, la operación representa la primera gran prueba sobre los efectos concretos que podría tener la reforma laboral en la negociación colectiva argentina. Lo que hoy se discute en una red de 894 estaciones de servicio podría convertirse en un precedente para otros sectores de la economía, donde empresas y sindicatos ya comienzan a medir el alcance real del nuevo régimen laboral impulsado por el Gobierno nacional.