La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) confirmó un paro nacional de 24 horas para este viernes 2 de octubre, en una nueva escalada de su plan de lucha. La medida alcanzará a los tribunales de todo el país y estará precedida este jueves por una jornada de cese de tareas y movilización en el Fuero Nacional del Trabajo.

El reclamo sindical reúne tres demandas: recuperación salarial, respuestas ante los problemas de la obra social y rechazo al traspaso de competencias de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires. El secretario general de la UEJN, Julio Piumato, ratificó la continuidad de las protestas y sostuvo que el gremio defenderá tanto las condiciones laborales de sus afiliados como la estructura de la Justicia Nacional.

La protesta de este jueves tendrá como epicentro la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, donde los trabajadores realizarán un cese de actividades y una movilización. La UEJN reclama a los camaristas que asuman una posición activa frente al proceso de transferencia del fuero.

El conflicto por la Justicia Laboral también se juega en los tribunales. En marzo, el Juzgado Nacional del Trabajo N°30 frenó temporalmente el acuerdo de transferencia entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires (anexo de la Ley 27.802). Sin embargo, esta decisión fue revocada por el fuero Contencioso Administrativo Federal, al determinar que la disputa debía resolverse en su propia jurisdicción.

La UEJN sostiene que el traspaso genera interrogantes sobre la continuidad y las condiciones laborales de los trabajadores del fuero. El sindicato también extendió su rechazo a otras áreas de la Justicia Nacional y menciona al fuero Penal y al de Menores entre las competencias que pretende preservar bajo jurisdicción nacional.

En simultaneo, Piumato viene denunciando una pérdida del poder adquisitivo de los empleados judiciales. En septiembre, el dirigente había estimado en 24,7% la caída salarial acumulada desde el inicio de la actual gestión nacional, una cifra que forma parte de los argumentos gremiales para reclamar una recomposición.

La CGT volverá a las calles en octubre, pero por ahora no avanzará con un nuevo paro general contra el Gobierno de Javier Milei. La central obrera resolvió movilizar el jueves 8 de octubre, a las 15.30, frente a la Secretaría de Industria, en defensa de la producción nacional como principal consigna.

La decisión fue adoptada este martes durante una reunión ampliada de la mesa chica efectuada en la sede de la UOCRA, con la participación de más de 30 organizaciones. Allí estuvieron los integrantes del triunvirato, Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, junto con Gerardo Martínez, Héctor Daer, Hugo Moyano, Andrés Rodríguez y otros dirigentes de la conducción sindical.

La concentración tendrá como consigna “Las Malvinas son argentinas, la industria nacional también” y buscará incorporar a las organizaciones sindicales de las ramas productivas, además de cámaras empresarias y otros actores vinculados con la producción. La CGT puso especialmente el foco en industria, construcción y comercio, por su incidencia sobre el empleo.

Andrés Rodríguez, secretario general de UPCN, sostuvo que la central pretende colocar en la agenda los problemas de las actividades productivas y afirmó que esos rubros atraviesan un fuerte deterioro. Sus declaraciones forman parte del diagnóstico sindical sobre el rumbo económico y no constituyen, por sí mismas, una medición independiente sobre la evolución de cada rama.

La segunda fecha quedó fijada para el 15 de octubre, cuando la CGT acompañará la quinta Marcha Federal Universitaria. La movilización reunirá a organizaciones docentes, nodocentes, estudiantes y otras entidades vinculadas con la educación superior, además de las dos CTA.

La definición también marca una diferencia respecto de las centrales CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores, que ya resolvieron avanzar hacia un paro nacional a fines de octubre. La CGT mantiene abierto el diálogo con esas organizaciones, pero decidió por ahora sostener una agenda propia de movilizaciones.

En el plano provincial, el encuentro tuvo participación de Eduardo Cabello, secretario general de la CGT San Juan y dirigente de la UOCRA, quien formó parte de la reunión nacional en la que se resolvieron las próximas medidas. La marcha del 8 será en la Ciudad de Buenos Aires y no contempla, por el momento, una convocatoria nacional simultánea en las provincias.

La Asociación Obrera Minera Argentina inició una medida de fuerza en Minera del Altiplano, operadora del proyecto Fénix de Río Tinto, por reclamos salariales y cuestionamientos vinculados con la seguridad en la alta montaña. El conflicto vuelve a poner bajo la lupa las proyecciones de fuerte generación de empleo asociadas al desarrollo minero.

Un nuevo conflicto laboral paraliza el proyecto de litio Fénix en Catamarca. La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) comenzó una medida de fuerza en Minera del Altiplano, operada por Río Tinto en el Salar del Hombre Muerto.

El reclamo combina dos cuestiones: una actualización de los ingresos de los trabajadores y mayores garantías de seguridad para quienes cumplen tareas en la Puna, donde las operaciones se desarrollan a gran altura y bajo condiciones meteorológicas que pueden volverse extremas. La medida afecta a una operación que ya había enfrentado una protesta sindical en febrero, durante los primeros meses de Río Tinto al frente del proyecto.

El antecedente más delicado ocurrió en julio. Un grupo de trabajadores quedó aislado durante un temporal de nieve mientras se trasladaba desde el área de Fénix hacia Antofagasta de la Sierra. Los operarios permanecieron varios días en una zona ubicada por encima de los 4.400 metros de altura, con temperaturas que llegaron a registros cercanos a los 24 grados bajo cero. El rescate demandó maquinaria pesada, equipos de emergencia y apoyo de distintos organismos.

Derivado de dicho suceso, el gremio minero objetó los procedimientos de movilidad invernal mediante presentaciones formales ante los organismos provinciales competentes. En contraposición, la compañía constató la ejecución de sus protocolos de emergencia y el fortalecimiento de los sistemas preventivos en el yacimiento Fénix.

El nuevo paro adquiere relevancia más allá de la disputa salarial porque se produce en una de las operaciones que simbolizan la apuesta argentina por el litio y la llegada de grandes inversiones internacionales. Río Tinto tomó el control de Fénix tras la adquisición de Arcadium Lithium y también desarrolla en Catamarca el proyecto Sal de Vida.

La discusión laboral coincide, además, con las ambiciosas expectativas oficiales sobre la capacidad de la minería para generar empleo. En la apertura de las sesiones ordinarias de 2026, Javier Milei sostuvo que la Cordillera podría generar un millón de puestos de trabajo si la Argentina desarrollara su potencial minero con reglas similares a las de Chile.

Las estadísticas disponibles muestran, sin embargo, una expansión mucho más gradual. Según datos de la Secretaría de Minería correspondientes a marzo de 2026, el empleo minero formal directo alcanzó 40.141 trabajadores, un 1,2% más que un año antes: fueron 491 puestos adicionales en doce meses. La minería representa así alrededor del 0,6% del empleo asalariado privado registrado.

Dentro de ese universo, el litio registró 5.382 empleos, con un crecimiento interanual del 6,5%, equivalente a 327 trabajadores adicionales. La minería metalífera, en tanto, concentró 13.026 puestos y explicó el 32,5% del empleo minero formal directo.

La diferencia entre las cifras actuales y las proyecciones no implica que la expansión minera carezca de impacto laboral. La Cámara Argentina de Empresas Mineras calcula unos 116.000 empleos directos e indirectos vinculados con la minería y proyecta una expansión significativa de esa cifra con el desarrollo de los grandes proyectos de cobre y litio. Son estimaciones empresariales que incluyen empleo directo, contratistas y proveedores, por lo que no resultan comparables de manera directa con el registro oficial de empleo minero directo.

También el RIGI exhibe una magnitud considerable en términos de inversión anunciada. El Gobierno informó en agosto que los proyectos oficialmente aprobados bajo ese régimen alcanzaban los US$46.700 millones, con una estimación de 95.158 empleos directos e indirectos; al incorporar iniciativas aprobadas pendientes de publicación, la cifra ascendía a unos US$49.000 millones.

Más allá de las cifras de inversión, el conflicto de Fénix abre el debate sobre el empleo en alta montaña. Las mineras buscan la continuidad de sus proyectos, mientras que los trabajadores exigen salarios dignos y protocolos eficaces ante un clima y una geografía extremos.