El oficialismo busca aprobar sin cambios el proyecto votado en Diputados, mientras crecen las tensiones con la oposición por la metodología de votación y los artículos vinculados al financiamiento universitario.

Con el quórum reglamentario asegurado, el Senado de la Nación inició este martes una sesión decisiva en la que La Libertad Avanza (LLA) intenta convertir en ley el Presupuesto 2026, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. El oficialismo, acompañado por la UCR, el PRO y bloques provinciales, avanza además en el tratamiento del proyecto de Inocencia Fiscal.

La sesión se desarrolla sin un acuerdo previo con los bloques peronistas, que mantienen fuertes objeciones tanto al contenido del proyecto como a la estrategia parlamentaria del Gobierno. En ese marco, el oficialismo impulsa una votación por capítulos, una modalidad resistida por la oposición, que exige el debate y votación artículo por artículo para visibilizar los puntos más controvertidos.

Tensiones por el financiamiento universitario

Entre los aspectos más cuestionados del Presupuesto 2026 se destacan los artículos vinculados al financiamiento de las Universidades Nacionales. Incluso sectores aliados al Gobierno manifestaron reparos ante las exigencias adicionales que el Poder Ejecutivo pretende imponer como condición para el giro de fondos, así como por la derogación de artículos de leyes vigentes que garantizan recursos para el sistema educativo.

Estos puntos generaron críticas transversales y podrían convertirse en el principal foco de conflicto durante el debate en el recinto, en un contexto de fuerte ajuste fiscal y reclamos sostenidos desde el ámbito académico y científico.

Nueva correlación de fuerzas en la Cámara Alta

La sesión marca además un hito institucional: es la primera convocatoria extraordinaria con la nueva composición del Senado. En este escenario, La Libertad Avanza se consolida como la segunda fuerza, con 21 senadores, por detrás del bloque peronista, que conserva la primera minoría con 28 integrantes.

Este nuevo equilibrio obliga al oficialismo a depender de alianzas circunstanciales para avanzar con su agenda legislativa, en un Congreso fragmentado y con una oposición que busca condicionar el rumbo del ajuste presupuestario.

Un debate que excede lo fiscal

Más allá de los números, el tratamiento del Presupuesto 2026 se convirtió en una discusión de fondo sobre el rol del Estado, la prioridad del gasto público y el impacto social de las políticas económicas. La falta de consensos amplios anticipa un debate extenso y cargado de tensión política, en el que cada voto será determinante.

La definición de esta sesión no solo marcará el rumbo financiero del próximo año, sino también el clima político con el que el Gobierno enfrentará el nuevo ciclo legislativo.

El proyecto de “modernización laboral” que el Gobierno de Javier Milei envió al Congreso no solo propone una profunda reconfiguración de las relaciones laborales: también avanza silenciosamente hacia un cambio estructural en el uso de los recursos del trabajo, reeditando mecanismos que remiten de manera directa al modelo de capitalización privada que encarnaron las AFJP.

Aunque su tratamiento en el Senado fue postergado hasta febrero, en las últimas horas comenzaron a emerger con mayor nitidez los objetivos de fondo del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), una de las piezas centrales de la iniciativa. Lejos de limitarse a facilitar el pago de indemnizaciones por despido, el esquema apunta a inyectar hasta 4.000 millones de dólares anuales al mercado de capitales, utilizando aportes obligatorios vinculados al empleo formal.

Indemnizaciones financiadas con recursos públicos

El propio secretario de Trabajo, Julio Cordero, explicitó sin eufemismos el espíritu del proyecto: el FAL funcionará como un sistema de financiamiento anticipado de despidos, con el objetivo declarado de reducir litigios laborales y bajar el costo empresario de las indemnizaciones.

“Uno de los pedidos era que bajen las indemnizaciones. Hay que evitar llegar a juicio”, sostuvo el funcionario, al tiempo que reconoció que los fondos provendrán de recursos que hoy se destinan a cargas laborales y previsionales. En otras palabras, se reasignan aportes del trabajo activo para cubrir despidos futuros, debilitando deliberadamente el sistema previsional.

La definición no es menor. Cordero llegó incluso a afirmar que el sistema jubilatorio “ya no puede ser financiado por el trabajo activo”, justificando así la reducción de contribuciones patronales que, según el Gobierno, encarecen el contrato laboral. El resultado es un esquema en el que se desfinancian las jubilaciones mientras se subsidia al capital, bajo la promesa de mayor empleo que nunca se garantiza.

Capitales, CNV y fondos cautivos

El diseño del FAL incluye un aspecto aún más controvertido: los fondos acumulados no quedarán inmovilizados, sino que podrán ser invertidos en el mercado de capitales, bajo lineamientos de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y con supervisión del Ministerio de Economía y la ARCA.

El argumento oficial es “preservar el valor” de los recursos mediante inversiones financieras. En la práctica, se trata de fondos cautivos de origen laboral que pasarán a alimentar instrumentos financieros, en un contexto histórico donde experiencias similares terminaron en pérdidas para los trabajadores y ganancias concentradas para intermediarios y grandes actores del mercado.

El paralelismo con las AFJP no es casual ni forzado: aportes obligatorios, administración financiera, promesas de rentabilidad y un Estado que se corre de la responsabilidad directa sobre la protección social.

Caputo y la reivindicación explícita del modelo AFJP

El ministro de Economía, Luis Caputo, terminó de despejar cualquier duda conceptual. En declaraciones públicas, no solo defendió el rol financiero del FAL, sino que reivindicó abiertamente el sistema de capitalización privada eliminado en 2008.

“Te llevás las AFJP y te quedás sin mercado”, sostuvo, atribuyendo al kirchnerismo la destrucción del mercado de capitales local. En esa misma línea, confirmó que el Fondo de Asistencia Laboral —estimado en unos 4.000 millones de dólares— será una de las columnas vertebrales para desarrollar un nuevo mercado financiero interno y reducir la dependencia de Wall Street.

El planteo invierte la lógica social: no es el mercado el que debe servir al desarrollo productivo, sino el trabajo el que pasa a servir como combustible del sistema financiero.

Modernización o regresión estructural

Más allá del envoltorio discursivo, el proyecto expone una definición ideológica clara. La “modernización” no apunta a mejorar salarios, reducir informalidad ni fortalecer el empleo de calidad, sino a flexibilizar despidos, desfinanciar la seguridad social y canalizar recursos laborales hacia la especulación financiera.

La experiencia argentina ofrece antecedentes contundentes sobre este tipo de esquemas. Lejos de promover crecimiento sostenido, la financiarización del ahorro previsional derivó en crisis, endeudamiento y pérdida de derechos. Reactualizar ese modelo, en un contexto de salarios deprimidos y alta precarización, implica asumir riesgos sociales de enorme magnitud.

Una decisión política de largo alcance

El Fondo de Asistencia Laboral no es un detalle técnico ni una herramienta neutra. Es una decisión política estructural que redefine el destino del ahorro social y reconfigura la relación entre trabajo, Estado y capital.

Si el Congreso avanza en esta dirección, el debate ya no será únicamente laboral: será previsional, financiero y profundamente político. Y volverá a poner sobre la mesa una pregunta que la Argentina ya se hizo —y respondió— hace menos de dos décadas: ¿quién debe administrar los recursos del trabajo y en beneficio de quién?

La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei no es un proyecto más dentro del paquete de leyes que buscan reconfigurar la economía argentina. Es, en esencia, una definición política y cultural sobre el modelo de país que se pretende consolidar. Y como ocurre cada vez que el poder intenta modificar el corazón de las relaciones laborales, la respuesta sindical no tardó en llegar, con tensiones crecientes que ya desbordan el plano parlamentario.

Mientras el oficialismo apuesta a aprobar la iniciativa en el Congreso con el respaldo de aliados circunstanciales y la influencia silenciosa sobre algunos gobernadores, el movimiento obrero atraviesa una encrucijada estratégica: resistir de manera frontal o administrar los tiempos para condicionar el contenido final de la ley.

La grieta sindical y el límite de la moderación

En el interior de la CGT conviven hoy dos miradas irreconciliables. Por un lado, los sectores que consideran que aún existen márgenes para frenar o morigerar la reforma a través del diálogo político, la presión legislativa y el eventual recurso judicial. Por otro, los gremios más combativos, que advierten que la dilación solo favorece al Gobierno y reclaman un plan de lucha sostenido que incluya paros generales, movilizaciones masivas y conflictividad territorial.

Esta tensión no es nueva, pero se profundiza en un contexto donde el Ejecutivo exhibe una clara decisión de avanzar sin consensos amplios. La experiencia reciente refuerza la desconfianza sindical: decretos frenados por la Justicia, artículos que resurgen bajo otras formas y un discurso oficial que presenta los derechos laborales como “rigideces” a eliminar.

El Congreso como escenario, la Justicia como respaldo

El oficialismo deposita gran parte de su expectativa en el Congreso, consciente de que la fragmentación opositora y la presión sobre las provincias pueden abrirle una ventana de oportunidad. Sin embargo, incluso si la ley avanzara, el frente judicial aparece como un factor de incertidumbre estructural.

Las propias declaraciones del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, recordando que cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad de una norma laboral, funcionan como un recordatorio incómodo para el Gobierno: la legitimidad de una reforma de este calibre no se agota en la votación parlamentaria.

El antecedente del Fondo de Cese Laboral —rechazado en los hechos por empresarios y cuestionado por sindicatos— demuestra que no toda flexibilización genera automáticamente aceptación ni resultados económicos positivos.

Gobernadores, territorios y presión social

Otro elemento central del conflicto es el rol de los gobernadores. La CGT apuesta a influir sobre ellos como dique de contención legislativo, mientras los gremios más duros plantean una estrategia opuesta: llevar el conflicto a los territorios, exponiendo el costo político de acompañar una reforma resistida socialmente.

En un país con altos niveles de informalidad, salarios deteriorados y consumo en retroceso, el debate laboral se cruza inevitablemente con la vida cotidiana de millones de trabajadores. La reforma no se discute en abstracto: se discute en el supermercado, en el recibo de sueldo y en la incertidumbre sobre el empleo futuro.

Una disputa que excede la coyuntura

Más allá del desenlace inmediato, la reforma laboral de Milei reabre una discusión de fondo: si la competitividad se construye recortando derechos o fortaleciendo el mercado interno, si el ajuste es una etapa transitoria o un rasgo permanente, y si la gobernabilidad puede sostenerse sin consensos sociales mínimos.

La reacción sindical, con todas sus contradicciones internas, expresa un dato que el Gobierno no debería subestimar: cuando el conflicto laboral se vuelve estructural, deja de ser solo un problema gremial y se transforma en un problema político.

El rumbo que adopte esta disputa marcará no solo el destino de una ley, sino el clima social de los próximos meses. En ese escenario, ni el Congreso ni la Justicia ni la calle pueden analizarse por separado. Todo indica que la reforma laboral será, finalmente, el terreno donde se ponga a prueba la capacidad real del Gobierno para imponer su programa sin romper los frágiles equilibrios sociales que aún sostienen al país.