La exclusión del capítulo sobre tierras del debate en el Senadon no desactivó una movilización que ya estaba en marcha. Organizaciones sociales, ambientales, sindicatos y dirigentes políticos confluyeron en el centro de la capital sanjuanina para advertir sobre los riesgos que, a su juicio, implicaría modificar el régimen que regula la adquisición de inmuebles rurales por parte de extranjeros.

La Plaza 25 de Mayo se convirtió en el principal punto de encuentro de una manifestación que reunió, según estimaciones policiales, a más de mil personas donde participaron de una convocatoria que sumó a organizaciones ambientales, movimientos sociales, gremios y referentes de distintos espacios políticos bajo una consigna compartida: preservar el control nacional sobre la tierra.

La movilización se desarrolló pese a que el Senado finalmente resolviera postergar el tratamiento del capítulo referido a la Ley de Tierras, incorporado al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Lejos de desactivar la convocatoria, la decisión legislativa reforzó entre los asistentes la idea de mantener la presión pública mientras la iniciativa continuara abierta a discusión parlamentaria.

Banderas argentinas, carteles y consignas atravesaron toda la jornada. «La tierra no se vende, no se quema, no se desaloja», podía leerse en una de las pancartas que sintetizaban el espíritu de la protesta, centrada en la defensa del patrimonio territorial y de los recursos naturales.

Entre las referentes presentes, la activista Claudia Cantoni sostuvo que la preocupación radica en los cambios que podrían introducirse sobre la regulación del acceso a la tierra y advirtió sobre el aumento de presencia de capitales extranjeros en amplias extensiones de distintos departamentos sanjuaninos. A su entender, cualquier flexibilización del régimen vigente profundizaría ese proceso y debilitaría las herramientas de resguardo del patrimonio nacional.

Los organizadores señalaron que la movilización buscó instalar el debate en la agenda pública y anunciaron que continuarán impulsando acciones de difusión y nuevas convocatorias mientras el proyecto permanezca en análisis en el Congreso.

La iniciativa promovida por el Gobierno nacional propone modificaciones al régimen que regula la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. Durante las negociaciones parlamentarias, el oficialismo introdujo cambios para reunir apoyos legislativos, aunque finalmente resolvió retirar ese capítulo del temario de la sesión.

Desde la Casa Rosada sostienen que la reforma apunta a consolidar la inviolabilidad de la propiedad privada, fortalecer la seguridad jurídica y generar mejores condiciones para las inversiones. Al mismo tiempo, afirman que el proyecto mantiene restricciones para impedir que Estados extranjeros y empresas públicas de otros países adquieran inmuebles ubicados en áreas consideradas sensibles para la defensa y la seguridad nacional.

Aunque el debate quedó momentáneamente suspendido, la jornada dejó una señal política inequívoca. La movilización de San Juan, en sintonía con otras registradas en distintas provincias, evidenció que la discusión sobre el destino de la tierra excede el plano legislativo y se ha instalado como uno de los ejes de mayor sensibilidad pública, donde confluyen intereses económicos, soberanía, recursos naturales y modelos de desarrollo.

Un informe elaborado con datos del Banco Central revela que más del 50% de los sanjuaninos que financiaron compras en comercios registra cuotas vencidas. Angaco y Rawson presentan los índices más elevados, mientras que las entidades financieras exhiben un nivel de incumplimiento inferior al 4%.

La morosidad continúa avanzando entre los consumidores sanjuaninos y encuentra su mayor expresión en los créditos otorgados por los comercios. De acuerdo con un relevamiento elaborado por el Centro de Estudios de la Ciudad sobre la base de estadísticas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), más de la mitad de quienes accedieron a préstamos a sola firma para adquirir electrodomésticos, tecnología y otros bienes muebles mantienen pagos vencidos.

El estudio también refleja que la tasa general de morosidad entre los particulares de la provincia alcanza el 20,4%. En otras palabras, uno de cada cinco sanjuaninos que tomó algún tipo de crédito presenta atrasos en el cumplimiento de sus obligaciones financieras, un indicador que acompaña el deterioro del poder adquisitivo registrado en los últimos años.

Dentro del universo analizado, los préstamos otorgados directamente por los comercios concentran el mayor nivel de incumplimiento. Este tipo de financiamiento, caracterizado por requisitos de acceso más flexibles para facilitar las ventas, registra una mora superior al 50%, muy por encima de la observada en bancos, tarjetas de crédito, billeteras virtuales y entidades financieras.

La distribución territorial muestra diferencias marcadas. Angaco encabeza el ranking provincial con un índice de morosidad del 54,4% entre quienes financiaron compras en comercios. Le siguen Rawson, con el 54%; Pocito, con el 52,6%; Rivadavia, con el 51,7%; y Valle Fértil, donde el porcentaje alcanza el 51,3%.

El informe también evidencia que los restantes instrumentos de financiamiento presentan niveles de incumplimiento considerablemente menores. En bancos, tarjetas y billeteras virtuales, la mora oscila entre el 11% y el 30%, dependiendo del tipo de crédito y del acreedor.

La principal excepción corresponde a las entidades financieras, donde apenas el 3,86% de los clientes registra atrasos. Buena parte de esos préstamos se destina a la compra de vehículos prendados, una garantía que reduce significativamente el riesgo de incumplimiento, ya que el deudor puede perder el bien adquirido en caso de no cancelar la deuda.

También se puede recurrir a la justicia para recuperar mercancías financiadas mediante créditos comerciales. Sin embargo, el menor valor patrimonial de los bienes involucrados y la posibilidad de acceder posteriormente a nuevas alternativas de financiación reducen el incentivo para mantener las cuotas al día, una realidad que termina afectando directamente la liquidez de los comercios.

Las cifras reflejan un fenómeno que se replica en gran parte del país. Si bien la desaceleración de la inflación alivió parcialmente la presión sobre los ingresos familiares, la pérdida acumulada del poder adquisitivo continúa condicionando la capacidad de pago de miles de hogares. En ese escenario, muchos consumidores priorizan gastos esenciales y postergan el cumplimiento de compromisos financieros, una tendencia que mantiene en alerta al comercio sanjuanino por su impacto sobre las ventas, el recupero de cartera y el acceso al crédito.

La compañía integrada por BHP y Lundin Mining sostuvo que el acuerdo alcanzado con el Gobierno provincial brinda certidumbre para inversiones de largo plazo y permitirá financiar infraestructura mediante un fideicomiso que recibirá un aporte inicial de 250 millones de dólares.

El histórico compromiso económico asumido por Vicuña Corp. con la provincia de San Juan apunta a consolidar un esquema de financiamiento para obras de infraestructura y, al mismo tiempo, establecer un marco de previsibilidad para el desarrollo de los yacimientos de cobre Josemaría y Filo del Sol. La empresa explicó que el desembolso anticipado de 250 millones de dólares forma parte del entendimiento alcanzado con el Gobierno provincial para cumplir de manera definitiva las obligaciones previstas en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

Desde la compañía señalaron que el convenio concentra en un único instrumento contractual los compromisos económicos vinculados a la DIA y establece mecanismos transparentes para la administración de esos recursos mediante un fideicomiso provincial. El acuerdo deberá ser ratificado por la Legislatura de San Juan para adquirir fuerza de ley.

El CEO de Vicuña Corp., Ron Hochstein, afirmó que emprendimientos de esta magnitud requieren reglas estables y previsibles para atraer inversiones de largo plazo. En ese sentido, sostuvo que el entendimiento fortalece la seguridad jurídica, brinda claridad sobre las obligaciones de la empresa y genera condiciones favorables para avanzar con uno de los mayores proyectos cupríferos del país.

Entre los principales puntos del convenio figura la estabilidad de las regalías provinciales, que permanecerán fijadas en el 3% de los ingresos durante toda la vida útil del emprendimiento para las propiedades mineras comprendidas en el acuerdo. Además, se creará un fideicomiso destinado exclusivamente a administrar los fondos y financiar obras públicas previamente definidas entre las partes.

La empresa también confirmó que el aporte inicial de 250 millones de dólares se prevé para fines del cuarto trimestre de 2026. A ese desembolso se sumará, desde el sexto año de producción comercial, una contribución anual equivalente al 1,5% de las ventas brutas, destinada exclusivamente a infraestructura y adicional al pago de las regalías mineras.

Otro de los aspectos relevantes contempla el compromiso del Gobierno provincial de no incorporar tributos o contribuciones equivalentes que alteren el esquema económico acordado, otorgando previsibilidad fiscal a lo largo de la vida útil del proyecto y estableciendo que las obligaciones derivadas de la Declaración de Impacto Ambiental quedarán comprendidas dentro del mecanismo pactado.

Vicuña Corp. precisó que este entendimiento representa la primera etapa de una serie de acuerdos que acompañarán el desarrollo integrado de Josemaría y Filo del Sol. La empresa anticipó que el avance de ambas iniciativas permitirá incrementar la contratación de proveedores sanjuaninos, ampliar la demanda de mano de obra directa e indirecta y potenciar inversiones en infraestructura que acompañen el crecimiento de la minería en la provincia.