La canasta de crianza elaborada por el INDEC volvió a incrementarse en junio y alcanzó un máximo de $678.308 para niños de entre 6 y 12 años. El indicador, que combina el costo de bienes y servicios con la valorización económica del tiempo destinado al cuidado, evidencia que una familia necesita prácticamente dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles para afrontar únicamente los gastos de un hijo en edad escolar.

El costo de la crianza continúa creciendo y representa una de las mayores presiones sobre la economía de los hogares argentinos. De acuerdo con el último informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), durante junio la canasta de crianza registró nuevos incrementos en todas las franjas etarias y volvió a reflejar la distancia existente entre el costo real de sostener a un niño y los ingresos de una parte importante de los trabajadores.

El mayor valor correspondió a los niños y niñas de 6 a 12 años, cuya canasta mensual alcanzó $678.308, una cifra que equivale a casi dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles vigentes. El dato resulta especialmente significativo porque contempla no sólo los gastos directos vinculados con alimentación, vestimenta, educación, salud, transporte y vivienda, sino también el valor económico del tiempo que demanda el cuidado cotidiano.

Para los menores de 1 año, la canasta se ubicó en $529.539, integrada por $173.468 destinados a bienes y servicios y $356.071 correspondientes a las tareas de cuidado. En el caso de los niños de 1 a 3 años, el costo mensual ascendió a $630.926, mientras que para quienes tienen 4 y 5 años el monto fue de $539.612.

La metodología utilizada por el organismo estadístico contempla cuatro grupos de edad, definidos de acuerdo con las distintas etapas del desarrollo infantil y los niveles de escolarización. Para calcular el componente de bienes y servicios toma como referencia la Canasta Básica Total (CBT) del Gran Buenos Aires, utilizada habitualmente para medir la línea de pobreza. Ese indicador incluye alimentos, indumentaria, transporte, salud, educación, vivienda y otros consumos indispensables para el desarrollo de niños y adolescentes.

Por otra parte, el costo del cuidado surge de estimar la cantidad de horas que requiere cada etapa de la crianza y valorizarlas según la remuneración vigente para la categoría «Asistencia y cuidado de personas» del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares. De ese modo, el INDEC incorpora por primera vez una dimensión históricamente invisibilizada en las estadísticas económicas: el trabajo de cuidado, mayoritariamente realizado por mujeres y fundamental para el sostenimiento de los hogares.

Los datos fueron difundidos en una jornada en la que el organismo también informó que la inflación de junio fue del 1,9%, el registro mensual más bajo de los últimos años, con una variación acumulada de 33,5% interanual. Sin embargo, la desaceleración del índice general de precios no logró aliviar el elevado costo que enfrentan las familias con hijos, ya que la crianza combina gastos permanentes con un importante componente de trabajo no remunerado.

La actualización periódica de la Canasta de Crianza se ha consolidado como un parámetro de referencia clave en expedientes de alimentos, convenios parentales y fijación de obligaciones alimentarias. Asimismo, constituye un insumo para el diseño de políticas públicas orientadas a la niñez, la protección social y la organización de los sistemas de cuidado.

Con 36 votos a favor y 31 en contra, el Senado aprobó una prórroga de cinco años para el camarista laboral Víctor Pesino, quien ya alcanzó la edad jubilatoria. El magistrado fue protagonista de resoluciones de alto impacto al rechazar la cautelar de la CGT contra la reforma laboral e intervenir la conducción de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), decisiones que profundizaron las críticas de la oposición y del movimiento sindical.

El Senado de la Nación aprobó la continuidad por cinco años del juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Víctor Pesino, quien a los 75 años debía cesar en sus funciones salvo autorización de la Cámara alta, tal como prevé la Constitución Nacional. La iniciativa reunió 36 votos favorables y 31 negativos gracias al respaldo de La Libertad Avanza, el PRO y bloques provinciales aliados.

La decisión adquiere especial relevancia por el papel que Pesino desempeñó en algunos de los expedientes laborales más sensibles para el Gobierno de Javier Milei. En abril de este año integró la mayoría que rechazó la medida cautelar promovida por la CGT contra la Ley de Modernización Laboral, permitiendo que la reforma impulsada por el Poder Ejecutivo quedara plenamente vigente mientras continúa el tratamiento judicial de fondo.

El magistrado también firmó la resolución que dispuso la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y el desplazamiento de su secretario general, Abel Furlán, junto con el resto de la conducción nacional, una determinación que generó una fuerte reacción del sindicalismo y abrió un complejo conflicto institucional dentro de uno de los gremios industriales más importantes del país.

Desde la oposición y diversos sectores sindicales interpretaron la extensión de su mandato como una señal política hacia un juez cuyas resoluciones beneficiaron las principales iniciativas del Gobierno en materia laboral. El oficialismo, en cambio, defendió el procedimiento como una facultad constitucional del Senado para autorizar la permanencia de magistrados que alcanzan el límite de edad.

La votación también alcanzó a otros integrantes de la Cámara Nacional del Trabajo, entre ellos Sergio Luis Méndez y Julio César Grisolía. Este último había sido objetado por legisladores opositores, aunque finalmente también obtuvo el respaldo necesario para continuar en funciones.

El debate coincidió con otros movimientos en el Poder Judicial impulsados por la Casa Rosada, entre ellos el tratamiento de pliegos para cubrir vacantes en la Cámara Federal porteña y el veto presidencial a la postulación de la jueza María Verónica Michelli para integrar un tribunal oral federal, decisiones que alimentan la discusión sobre la relación entre el Gobierno y la Justicia.

La continuidad de Pesino se produce, además, mientras distintos tribunales analizan nuevos planteos vinculados con la reforma laboral. En ese marco, recientes resoluciones judiciales y administrativas mantuvieron vigente el aporte solidario previsto en el Convenio Colectivo de Comercio y volvieron a colocar en el centro del debate aspectos clave de la Ley de Modernización Laboral, especialmente aquellos vinculados con el financiamiento sindical y la vigencia de los convenios colectivos.

Con este respaldo del Senado, Pesino permanecerá en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hasta completar un nuevo período de cinco años, en un contexto donde las decisiones judiciales continúan siendo determinantes para el futuro de la reforma laboral y de la relación entre el Gobierno, la Justicia y el movimiento obrero organizado.

La UTA San Juan elevará un pedido formal a la cámara empresaria para que los colectivos de la Red Tulum dejen de circular mientras se dispute la final entre Argentina y España. La iniciativa surgió luego de los graves incidentes registrados tras la clasificación del seleccionado nacional y ahora deberá ser evaluada por ATAP y la Secretaría de Tránsito y Transporte.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) de San Juan impulsará una solicitud para que el servicio de colectivos de la Red Tulum sea suspendido de manera preventiva durante la final del Mundial que disputarán Argentina y España el próximo domingo. La iniciativa responde a los episodios de violencia y descontrol registrados tras la victoria del seleccionado argentino frente a Inglaterra, cuando numerosas unidades quedaron rodeadas por una multitud que puso en riesgo la integridad de choferes y pasajeros.

El planteo será presentado ante la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP), entidad que representa a las empresas prestatarias del servicio urbano. La propuesta contempla que los colectivos interrumpan su circulación desde el inicio del encuentro, previsto para las 16, y retomen los recorridos aproximadamente una hora después del pitazo final, cuando disminuya la concentración de personas en las calles.

No obstante, la presentación del gremio no implica la aplicación automática de la medida. La decisión final dependerá del análisis que realicen tanto ATAP como la Secretaría de Tránsito y Transporte de San Juan, organismos que deberán ponderar el equilibrio entre la prestación de un servicio público esencial y la necesidad de resguardar la seguridad de trabajadores y usuarios.

La nota formal, que aún se encuentra en elaboración, será remitida antes del viernes para permitir que las autoridades dispongan del tiempo suficiente para evaluar alternativas operativas y definir el esquema de funcionamiento del transporte durante la jornada deportiva.

Desde la conducción sindical explicaron que el objetivo es evitar que se repitan los desbordes observados tras la semifinal, cuando decenas de personas viajaron colgadas de las ventanillas, sobre los estribos e incluso en los techos de las unidades, exponiéndose a accidentes de extrema gravedad y dificultando la conducción de los vehículos en distintos puntos de la capital sanjuanina.

El episodio más grave afectó a un conductor de la empresa Mayo, quien fue atacado mientras cumplía su recorrido. Según denunciaron desde el gremio, varios individuos ingresaron por la ventanilla de la cabina, lo agredieron físicamente y le sustrajeron sus pertenencias, un hecho que incrementó la preocupación por las condiciones en las que debieron desempeñar sus tareas los trabajadores del transporte.

Los festejos también generaron una fuerte demanda sobre el operativo de seguridad desplegado en el microcentro. De acuerdo con datos oficiales, unas 30.000 personas se concentraron en inmediaciones de la Plaza 25 de Mayo para celebrar el pase a la final. Como saldo de la jornada, la Policía demoró a 24 personas por distintos hechos vinculados con disturbios, consumo de alcohol en la vía pública, intentos de robo y conducción bajo los efectos del alcohol.

La eventual suspensión del servicio durante acontecimientos deportivos de alta convocatoria constituye una medida excepcional, ya que el transporte público es considerado un servicio esencial para garantizar la movilidad urbana. Sin embargo, los antecedentes de incidentes registrados en celebraciones masivas llevaron al sindicato a priorizar la prevención frente al riesgo de nuevos episodios de violencia.

En las próximas horas, las autoridades provinciales definirán si hacen lugar al planteo de la UTA o mantienen el cronograma habitual de la Red Tulum. La resolución no solo impactará en miles de usuarios que utilizan diariamente el transporte público, sino que también marcará el criterio con el que San Juan afrontará futuros eventos multitudinarios en los que la seguridad vial y la protección de trabajadores vuelven a ocupar el centro del debate.