La lista Azul se impuso sobre la Tricolor, encabezada por Norberto “Noly” Gómez, en los comicios realizados este viernes. La diferencia fue de apenas 12 votos, sobre un padrón de casi 330 afiliados, con una participación cercana al 95%.

Diego Martín continuará al frente del Sindicato de Obras Sanitarias (Si.O.Sa.) tras imponerse por apenas 12 votos en las elecciones gremiales realizadas este viernes 7 de agosto. El dirigente de la lista Azul derrotó a la nómina Tricolor, encabezada por Norberto “Noly” Gómez, y obtuvo así un nuevo mandato que extenderá a tres períodos consecutivos su permanencia en la conducción del sindicato que representa a los trabajadores de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE).

La elección tuvo una participación cercana al 95% de un padrón de casi 330 afiliados, una concurrencia elevada para un comicio gremial. Además del resultado entre las dos listas, se registró un voto en blanco y otro nulo.

Martín asumió por primera vez la conducción de Si.O.Sa. en 2018 y fue reelegido en 2022. La victoria de este viernes le permitirá iniciar un tercer período consecutivo al frente de la organización.

La lista Azul llevó a Alfredo Garay como candidato a secretario Adjunto y a Juan Sánchez para la Secretaría Gremial. La nómina opositora, en tanto, postuló a Facundo Zárate como Adjunto y a Mariana Godoy para ocupar la Secretaría Gremial.

Los afiliados votaron durante toda la jornada en distintos puntos vinculados con OSSE. Se habilitaron mesas en la Casa Central, el Obrador y Marquesado, además de otros puntos distribuidos en departamentos del interior provincial.

La organización de los comicios contempló también la participación de trabajadores que cumplen funciones en zonas alejadas. Para ello se utilizaron urnas móviles, que permitieron acercar la votación a afiliados de departamentos como Calingasta e Iglesia.

Una disputa entre continuidad y renovación

La elección enfrentó dos propuestas con perfiles diferentes. Martín buscó preservar la conducción que encabeza desde 2018 y presentó la lista Azul como una alternativa de continuidad. Gómez, por su parte, encabezó la Tricolor con un discurso centrado en la renovación y cuestionamientos a la conducción del sindicato.

La diferencia final muestra la paridad que atravesó el comicio: con un padrón cercano a los 330 trabajadores y una asistencia de aproximadamente 95%, 12 votos fueron suficientes para definir la conducción del gremio durante los próximos cuatro años.

La contienda también estuvo acompañada por lecturas políticas externas al ámbito estrictamente sindical. Durante las semanas previas circularon referencias sobre los vínculos de cada espacio con distintos dirigentes políticos y gremiales de la provincia.

Martín, integrante del ámbito de la CGT, mantiene vínculos con dirigentes del justicialismo. Una de las expresiones públicas de esos acercamientos se produjo durante la celebración del Día del Sanitarista, realizada en mayo, que contó con la presencia del diputado nacional Cristian Andino y del secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias de Argentina (Fentos), Carlos Adamo.

La lista Tricolor, en tanto, mantuvo conversaciones con referentes vinculados al oficialismo provincial. Entre los nombres mencionados durante la previa apareció el gerente general de OSSE, Carlos Orrego, aunque los contactos no derivaron en una lista unificada y Gómez terminó encabezando la alternativa opositora.

Esas vinculaciones funcionaron como parte de las interpretaciones que rodearon la elección, pero la definición quedó finalmente circunscripta al voto de los afiliados. El resultado fue una victoria estrecha para la conducción vigente.

Un tercer período con una señal electoral

El resultado le permite a Martín conservar la conducción de Si.O.Sa. después de una elección en la que la oposición consiguió disputar el resultado hasta el último voto.

La elevada participación y la escasa diferencia entre las dos listas constituyen los principales datos políticos del comicio interno. El nuevo mandato comenzará con una conducción ratificada por los afiliados, pero frente a una oposición que quedó a solo 12 votos de distancia.

Para Martín, la victoria representa la continuidad de un ciclo iniciado en 2018. Para el gremio, el resultado deja además una conducción legitimada por una elección de alta concurrencia y una disputa particularmente cerrada.

El Juzgado Nacional del Trabajo N° 77 hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público y suspendió, para el Convenio Colectivo 704/14, la aplicación de disposiciones de la Ley 27.802 y de los decretos 407/2026 y 612/2026. La resolución es provisoria y mantendrá vigentes las cláusulas del convenio mientras continúa el juicio.

La reforma laboral impulsada por el Gobierno sumó una nueva disputa judicial. El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 77 hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público (SUTEP) y suspendió la aplicación de determinadas disposiciones de la nueva legislación y sus decretos reglamentarios sobre el Convenio Colectivo de Trabajo 704/14.

La resolución fue dictada por el juez Mariano Candal y alcanza exclusivamente al convenio que rige para los trabajadores representados por SUTEP. El magistrado dispuso mantener vigentes sus cláusulas normativas y obligacionales mientras se resuelve la cuestión de fondo.

El alcance de la decisión es relevante, aunque no equivale a una declaración definitiva de inconstitucionalidad. Se trata de una medida cautelar, por lo que las disposiciones cuestionadas quedan suspendidas respecto del CCT 704/14 hasta que avance el proceso judicial y exista una resolución sobre el fondo de la demanda.

La presentación original de SUTEP cuestionó artículos de la Ley 27.802 y de los Decretos 407/2026, vinculados con la continuidad de los convenios colectivos una vez vencido su plazo y con el régimen de aportes y contribuciones destinados a las organizaciones sindicales y a entidades vinculadas con ellas.

El sindicato sostuvo que esas modificaciones afectaban derechos establecidos en su convenio colectivo y promovió una acción declarativa de inconstitucionalidad contra la Cámara Argentina de Exhibidores Multipantallas (CAEM), en relación con el CCT 704/14.

La controversia se amplió posteriormente a partir de la entrada en vigencia del Decreto 612/2026. SUTEP incorporó a su demanda el artículo 1 de esa norma, al cuestionar modificaciones sobre la base utilizada para determinar los conceptos salariales alcanzados por aportes y contribuciones.

Entre los puntos objetados aparece la exclusión de determinados conceptos de la remuneración, entre ellos el Sueldo Anual Complementario (SAC) y las horas extras.

Qué resolvió el juzgado

La decisión judicial suspendió la aplicación de esas disposiciones únicamente respecto del CCT 704/14. De esta manera, las condiciones establecidas en el convenio mantienen su vigencia y pueden ser exigidas mientras continúa el trámite de la demanda.

El fallo adquiere relevancia porque la discusión no se limita al contenido económico de un convenio. La demanda también plantea interrogantes sobre el alcance de la ultraactividad, es decir, la continuidad de las cláusulas de un convenio colectivo una vez vencido formalmente hasta que sea reemplazado por otro.

SUTEP sostuvo que las modificaciones cuestionadas podían afectar tanto la capacidad de negociación colectiva como los recursos destinados al funcionamiento de la organización sindical y de la Asociación Mutual AMERA.

En los fundamentos destacados por la organización gremial y la CGT, el juzgado habría considerado que algunas de las restricciones introducidas por las nuevas normas no encuentran antecedentes equivalentes en el sistema argentino de relaciones colectivas y deben ser examinadas a la luz de los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El análisis judicial también incorporó el posible impacto económico de las modificaciones sobre las organizaciones sindicales y sobre las prestaciones sociales, asistenciales, mutuales y de capacitación que brindan a sus afiliados.

El respaldo de la CGT

La Confederación General del Trabajo (CGT) celebró la resolución y ubicó el expediente dentro de la ofensiva judicial que distintas organizaciones gremiales llevan adelante contra aspectos de la reforma laboral.

La central obrera sostuvo que la disputa excede el caso particular de SUTEP porque involucra cuestiones vinculadas con la continuidad de los convenios colectivos y con las fuentes de financiamiento de las organizaciones sindicales.

“Lo que estuvo en juego en este expediente excede a un sindicato en particular”, expresó la CGT al respaldar el fallo, y sostuvo que una modificación sobre la ultraactividad o sobre los recursos gremiales puede repercutir sobre la capacidad de las organizaciones para sostener prestaciones y derechos colectivos.

Desde SUTEP, en tanto, interpretaron la resolución como un respaldo a la vía judicial elegida para preservar las condiciones establecidas en el convenio y cuestionar aquellas disposiciones que, según su planteo, perjudican a los trabajadores y a su representación sindical.

Una disputa que continúa en los tribunales

El fallo no clausura la discusión. La causa continuará su trámite y deberá resolver si los cuestionamientos formulados por SUTEP tienen sustento suficiente para una decisión definitiva sobre la constitucionalidad de las normas impugnadas.

Por ahora, el efecto concreto es que las disposiciones cuestionadas quedan suspendidas respecto del Convenio Colectivo 704/14, mientras sus cláusulas permanecen vigentes y exigibles.

La resolución se suma así a la creciente judicialización de la reforma laboral. Mientras el Gobierno defiende las modificaciones como parte de su política de transformación del régimen de trabajo, distintas organizaciones sindicales recurren a los tribunales para preservar derechos establecidos en convenios colectivos.

El caso de SUTEP abre un nuevo episodio en esa disputa: la Justicia decidió preservar, de manera provisoria, las condiciones de un convenio colectivo frente a disposiciones de la reforma laboral. El alcance definitivo del fallo dependerá ahora de lo que ocurra en el proceso principal, pero la resolución vuelve a colocar en los tribunales una parte sustancial de la discusión sobre el futuro de la negociación colectiva y el financiamiento sindical.

La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) y la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) convocaron a un paro nacional para el 12 de agosto y anunciaron un cronograma de protestas que podría extenderse durante todo el mes. El Ministerio de Capital Humano sostuvo que la medida carece de fundamento porque los compromisos salariales acordados en junio se encuentran vigentes y la próxima reunión paritaria ya tiene fecha.

El conflicto en el sistema universitario nacional sumó un nuevo episodio. La FEDUN y la FATUN confirmaron un paro de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo para el próximo 12 de agosto, en rechazo a lo que consideran un incumplimiento de las resoluciones judiciales vinculadas con la Ley de Financiamiento Universitario y ante la falta de una nueva convocatoria a la negociación salarial.

La medida fue definida en el ámbito del Frente Sindical Universitario, con el acompañamiento del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y de la Federación Universitaria Argentina (FUA). Las organizaciones sostienen que las universidades atraviesan un proceso de deterioro presupuestario y reclaman la plena aplicación de las decisiones judiciales que ordenaron recomponer los salarios del personal docente y nodocente.

Los gremios argumentan que el Gobierno aún no dio cumplimiento efectivo a la medida cautelar que garantiza la vigencia de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, respaldada en distintas instancias por la Corte Suprema de Justicia. Esa normativa prevé mecanismos de actualización salarial con carácter retroactivo y revisiones trimestrales vinculadas a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el INDEC.

En este sentido, la FATUN expresó su rechazo al desempeño del subsecretario de Políticas Universitarias, a quien acusó de mantener una actitud de «destrato» durante las negociaciones paritarias, un cuestionamiento que profundizó el distanciamiento entre las partes.

Como parte de la escalada gremial, el Frente Sindical Universitario aprobó un cronograma de protestas que contempla nuevas medidas si no hay avances en la negociación. Además del paro del 12 de agosto, prevé abrazos simbólicos a edificios universitarios y una movilización al Palacio Sarmiento el 19 de agosto. En caso de persistir la falta de respuestas oficiales, los sindicatos anunciaron un paro de 48 horas para los días 27 y 28 de agosto. La agenda continuará en septiembre, cuando los representantes universitarios participen del 96.º Plenario de Rectores en Bariloche, donde se comenzará a elaborar el proyecto de presupuesto universitario para 2027 y se presentará una carta abierta al Congreso.

La respuesta del Gobierno llegó pocas horas después del anuncio. A través de un comunicado, el Ministerio de Capital Humano rechazó los argumentos de las organizaciones sindicales y calificó la medida de fuerza como «prematura». La cartera sostuvo que cumplió con las obligaciones asumidas en la paritaria firmada el 10 de junio y recordó que ese acuerdo estableció una recomposición salarial acumulada del 24,33%, integrada por un incremento del 21,33% liquidado en junio y otro 3% previsto para octubre.

El Ministerio también señaló que el acta paritaria fijó un cuarto intermedio hasta el 15 de septiembre para retomar las negociaciones, por lo que, a su entender, no existe incumplimiento que justifique la convocatoria al paro. Desde la cartera remarcaron que las partidas destinadas a salarios fueron transferidas conforme a los compromisos asumidos.