Las próximas dos semanas se perfilan como un período de alta conflictividad social en Argentina, con una serie de protestas sindicales que ponen en jaque la estabilidad del gobierno de Javier Milei. Desde la conmemoración del 24 de marzo hasta el tercer paro general, la Confederación General del Trabajo (CGT) y otros sectores gremiales intensifican su presión contra las políticas económicas y laborales del Ejecutivo.

El 24 de marzo, en el marco del Día de la Memoria, la CGT se movilizó con una fuerte presencia de su dirigencia. Si bien esta fecha tiene un significado histórico vinculado a los derechos humanos, la protesta adquirió un tinte marcadamente político y sindical. Desde ese punto de partida, la central obrera estructuró un cronograma de manifestaciones que culminará con un nuevo paro general el 10 de abril.

El detonante inmediato de esta escalada de protestas fue la represión ejercida contra jubilados y manifestantes en las últimas semanas, además del intento gubernamental de imponer límites a las negociaciones paritarias. El descontento sindical se profundizó ante la negativa del gobierno de habilitar “paritarias libres”, un reclamo central de los sindicatos en un contexto de alta inflación y deterioro del poder adquisitivo.

En este escenario, la CGT busca fortalecer su base territorial mediante un plenario de regionales, liderado por Abel Furlán, secretario del Interior. La intención es que la protesta tenga un alcance federal y sume el respaldo de las distintas seccionales del país. En paralelo, las dos fracciones de la CTA y los movimientos sociales nucleados en la UTEP confirmaron su adhesión a la movilización del 9 de abril y al paro general del 10.

El gobierno minimiza la protesta, pero la tensión crece

Desde el oficialismo, la estrategia apunta a restar relevancia a la movilización sindical. Mientras la CGT eleva el tono contra las políticas libertarias, el gobierno busca desactivar la protesta con llamados al diálogo. Guillermo Francos, jefe de Gabinete, será el encargado de convocar a dirigentes gremiales para intentar descomprimir la situación. Sin embargo, los sindicatos se mantienen firmes en su postura y rechazan cualquier tipo de acuerdo que implique restricciones a la negociación salarial.

La protesta no se limita al ámbito sindical tradicional. El sector de la salud también se encuentra en estado de alerta debido a los recortes en el Ministerio de Salud, que dejaron sin empleo a más de 1.400 trabajadores. En respuesta, la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan anunció un “abrazo simbólico” a la institución, denunciando la crisis que atraviesa el principal centro pediátrico del país.

Norma Lezana, secretaria general de la APyT, advirtió que el ajuste está provocando una alarmante fuga de profesionales, lo que pone en riesgo la calidad de la atención. Este conflicto, sumado a la precarización laboral denunciada por los trabajadores de la salud, podría derivar en nuevas medidas de fuerza a lo largo del año.

En este clima de confrontación, el desenlace del conflicto dependerá de la capacidad del Ejecutivo para negociar sin imponer condiciones intransigentes y de la solidez del movimiento sindical para sostener su ofensiva. Lo que está en juego no es solo la estabilidad de la administración Milei, sino también el rumbo de la política laboral y económica en un contexto de crisis profunda.

En una entrevista con Mundo Laboral, Mario Quinteros, representante del Sindicato Argentino de Televisión (Satsaid) en San Juan, abordó distintos temas cruciales para el sector. Entre ellos, destacó el reciente acuerdo paritario alcanzado con las empresas de televisión por circuito cerrado, la regularización de trabajadores de plataformas de streaming y la preocupante situación de las obras sociales sindicales.

Quinteros explicó que el sindicato logró cerrar un ajuste salarial basado en la inflación medida por el Gobierno, con un incremento cercano al 10% retroactivo a un trimestre. Sin embargo, reconoció que la recuperación salarial sigue siendo insuficiente y que los trabajadores han perdido casi 20 puntos de poder adquisitivo en el último año. «No podemos negociar por encima de la inflación oficial, aunque sabemos que la real es aún mayor», afirmó. Además, subrayó que la devaluación y los sucesivos acuerdos atados a la medición estatal han profundizado la pérdida de ingresos del sector.

El futuro del streaming y la necesidad de regularización

El avance de las nuevas tecnologías y el crecimiento del streaming están modificando el panorama laboral en la televisión. Según Quinteros, muchos canales abiertos están migrando hacia plataformas digitales, lo que plantea nuevos desafíos para los trabajadores del sector. En respuesta a esta transformación, el sindicato está impulsando la regularización de quienes se desempeñan en canales de streaming, con el objetivo de garantizarles derechos laborales y cobertura social. «La manera de ver y hacer televisión ha cambiado drásticamente. Hoy en día, el streaming es el modelo predominante y la televisión tradicional está quedando relegada a un sector cada vez más reducido de la población», explicó.

Crisis en las obras sociales sindicales

Uno de los puntos más críticos de la entrevista fue la delicada situación de las obras sociales sindicales. Quinteros denunció que existe una gran desigualdad entre estas y las prepagas, ya que las primeras no pueden ajustar sus tarifas como lo hacen las empresas privadas. «Desde el sindicato hemos destinado fondos para sostener la obra social, pero la pérdida de afiliados y de aportes nos pone en una situación límite», advirtió. Para enfrentar la crisis, el gremio está solicitando contribuciones solidarias a sus afiliados con el fin de garantizar la continuidad de los servicios médicos.

Asimismo, alertó sobre la creciente migración de trabajadores a obras sociales privadas, lo que debilita aún más la capacidad de financiamiento de las entidades gremiales. «Las prepagas pueden aumentar sus tarifas sin restricciones, mientras que nosotros debemos mantener valores mucho más bajos para seguir siendo accesibles», agregó.

La entrevista con Quinteros dejó en claro que el sector de la televisión enfrenta una serie de obstáculos complejos. Desde la lucha por una recomposición salarial realista hasta la adaptación a las nuevas plataformas digitales y la sostenibilidad de las obras sociales, el sindicato se encuentra en una constante batalla para defender los derechos de los trabajadores. Sin embargo, las restricciones impuestas por el Gobierno y la competencia con el sector privado dificultan aún más estas negociaciones.

La negociación salarial entre el gobierno provincial y los gremios docentes transita un punto crítico en el marco de la conciliación obligatoria. La oferta de un bono de $100.000 en dos cuotas no logra consenso entre los sindicatos, y la respuesta de los docentes marca un panorama de incertidumbre. UDAP, la entidad con mayor representación en el sector, ya expresó su rechazo, mientras que UDA y AMET evalúan la propuesta y definirán su postura en los próximos días.

El gobierno provincial presentó una oferta de recomposición salarial consistente en un bono extraordinario de $100.000, fraccionado en dos pagos de $50.000 durante abril. Sin embargo, la propuesta no incluyó otras demandas gremiales, como la elevación del cargo testigo a 500 puntos, el incremento del adicional por conectividad y la reubicación de ciertos cargos dentro del escalafón docente.

La primera reacción provino de UDAP, que en el marco de la conciliación obligatoria rechazó la oferta oficial. El gremio fundamentó su negativa en que la suma no responde a las necesidades salariales de los docentes ni contempla los puntos estructurales solicitados. No obstante, la decisión no fue adoptada por unanimidad dentro del sindicato, lo que sugiere la existencia de un debate interno sobre la viabilidad del acuerdo.

Por su parte, UDA llevó a cabo una reunión informativa este martes, en la que expuso los términos de la propuesta gubernamental y recogió inquietudes de sus afiliados. Se espera que este gremio tome una postura definitiva el jueves, aunque el panorama sigue abierto. En el caso de AMET, su secretaria general, Daniel Quiroga, anticipó que los delegados sindicales socializarán la oferta con los docentes y anunciarán su resolución el próximo viernes.

Desde el Ejecutivo provincial, el secretario general de la gobernación, Emilio Achem, sostuvo que la política salarial debe considerar el contexto económico nacional. Achem destacó que San Juan ya otorgó incrementos por encima de la inflación para el sector docente y la administración pública, incluyendo mejoras en conectividad y ajustes en la escala salarial.

El funcionario argumentó que la caída en la recaudación y la lenta recuperación económica imponen límites a la capacidad de financiamiento del Estado provincial. «San Juan no va a endeudarse ni emitir bonos para afrontar aumentos salariales», afirmó, descartando la posibilidad de mejorar la oferta en lo inmediato.

El conflicto salarial docente pone en evidencia las tensiones entre los gremios y el gobierno en un contexto de estrechez fiscal. La postura de UDAP deja en claro que el sector sindical no está dispuesto a aceptar una recomposición limitada a sumas fijas sin una mejora estructural en los haberes. Sin embargo, la falta de una posición unificada entre los gremios introduce un factor de incertidumbre sobre el desenlace de la negociación.

Mientras UDA y AMET aún analizan la propuesta, la decisión de UDAP presiona al Ejecutivo para reconsiderar su estrategia. Si el rechazo gana adhesión en los otros sindicatos, el gobierno de Orrego se verá obligado a replantear su oferta o enfrentar un escenario de mayor conflictividad laboral. En los próximos días, la respuesta de UDA y AMET será determinante para definir si la negociación avanza o si el conflicto se profundiza.