En un fallo sin precedentes, la Sala de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo otorgó una cautelar que impide al Gobierno aplicar los 3.155 despidos anunciados en la ex AFIP y Aduana. Esta medida cautelar, solicitada por los gremios AEFIP y SUPARA, garantiza la estabilidad laboral de los empleados de estos organismos.

La sentencia, emitida el 14 de enero, ordena al Poder Ejecutivo Nacional y a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) abstenerse de adoptar cualquier medida que vulnere la garantía de estabilidad prevista en los convenios colectivos de trabajo. El juez Gabriel de Vedia argumentó que la medida precautoria de no innovar es necesaria para evitar un daño posible y previsible luego de las acciones iniciadas por el PEN para descalificar a gran parte de los trabajadores.

Este fallo llega en medio de un contexto político y social complejo, con la reestructuración de la ex AFIP y Aduana en curso. De los 20.000 trabajadores que había al inicio de la gestión de Javier Milei, ya se fueron 1.500 el año pasado y se espera que otros 1.500 se vayan en el marco de un nuevo retiro voluntario.

La decisión de la Justicia Laboral plantea interrogantes sobre el futuro de la reestructuración y los despidos anunciados. ¿Cómo reaccionará el Gobierno ante este fallo? ¿Qué implicaciones tendrá esta medida cautelar en la relación entre el Estado y los trabajadores? La respuesta a estas preguntas solo la dará el tiempo.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM), liderada por Abel Furlán, logró un acuerdo paritario que beneficiará a los trabajadores del sector metalúrgico con un aumento salarial del 12,3% hasta marzo de 2025. Este incremento se aplicará de manera escalonada, retroactiva y acumulativa desde el 1 de noviembre, después de semanas de intensas negociaciones con las cámaras empresarias.

El esquema de aumentos pactado establece subas en cinco tramos: 5,5% en noviembre, 2% en diciembre, 1,8% en enero, 1,5% en febrero y 1% en marzo. Furlán celebró el acuerdo como un avance necesario para los trabajadores, aunque reconoció que no es el aumento ideal. «Seguiremos revisando cada punto en marzo para garantizar que los sueldos no queden atrás», afirmó.

El convenio incluye una cláusula de revisión salarial que será activada el 15 de marzo de 2025, para evaluar el impacto de la inflación sobre los ingresos y determinar la necesidad de nuevas subas. «No se trata solo de un porcentaje; se trata de dignidad y reconocimiento para quienes sostienen el país desde las fábricas», enfatizó Furlán.

El último acuerdo de la UOM, cerrado en agosto de 2024, había establecido un incremento cuatrimestral del 14% con carácter retroactivo. El acta del reciente acuerdo fue firmada con las principales cámaras empresarias del sector metalmecánico, como ADIMRA, AFARTE y CAMIMA, entre otras.

Para los trabajadores, este aumento representa una leve recuperación frente a la pérdida del poder adquisitivo. Sin embargo, el propio gremio reconoce los desafíos que aún enfrentan. «No bajamos los brazos. El 15 de marzo será clave para discutir con firmeza lo que los trabajadores merecen», concluyó Furlán.

La Confederación General del Trabajo (CGT) se manifestó enérgicamente en contra de los recortes presupuestarios al sector científico nacional, calificándolos como «una política de rechazo y desmerecimiento hacia la comunidad científica argentina». A través de un comunicado difundido en redes sociales, la central obrera expresó su «apoyo incondicional a la ciencia y la tecnología nacional», solidarizándose con los científicos y científicas del país.

El Gobierno nacional publicó una resolución en el Boletín Oficial, estableciendo la evaluación y posible baja de programas de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología que no cumplan con objetivos estratégicos o presenten irregularidades. Esta medida, según la CGT, pone en suspenso numerosas investigaciones en distintas áreas, comprometiendo seriamente una política de desarrollo científico y tecnológico reconocida en todo el planeta.

Los recortes presupuestarios al sector científico argentino no solo afectan la investigación y el desarrollo, sino que también tienen un impacto negativo en la economía y la sociedad en general. La CGT destaca que esta decisión es «otra piedra en el zapato para el progreso tecnológico nacional», lo que puede llevar a una pérdida de ventajas competitivas y un estancamiento en la innovación.

La central obrera se solidarizó con los investigadores del país, quienes deben tener el apoyo necesario para trabajar en condiciones óptimas. La CGT enfatiza la importancia de la investigación y el avance técnico para el progreso y el bienestar de la sociedad, y se compromete a defender estos valores en el marco de su lucha por los derechos de los trabajadores y la justicia social.