Las transferencias no automáticas que el Gobierno nacional envía a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires registraron durante el primer semestre de 2026 una caída interanual del 61,8%, el segundo peor desempeño desde 2005 y apenas por encima del piso histórico alcanzado en 2024. La decisión de reducir al mínimo los envíos discrecionales consolida un cambio de fondo en la relación financiera entre la Casa Rosada y los gobernadores.

El programa de ajuste fiscal impulsado por la administración de Javier Milei continúa modificando uno de los principales instrumentos de asistencia económica a las provincias. Entre enero y junio de 2026, las transferencias no automáticas totalizaron $639.589 millones, cifra que representa una contracción interanual del 61,8%, de acuerdo con un informe elaborado por la consultora Politikon Chaco.

Se trata del segundo registro semestral más bajo desde 2005, sólo por encima del verificado en 2024, confirmando la decisión del Gobierno nacional de restringir al máximo los giros discrecionales y concentrar el esfuerzo fiscal sobre partidas que históricamente complementaban el financiamiento de las administraciones provinciales.

La magnitud del recorte también quedó reflejada en junio. Durante ese mes, la Nación distribuyó apenas $48.300 millones, lo que significó un desplome interanual del 87,7%, uno de los retrocesos mensuales más pronunciados de las últimas dos décadas.

Buenos Aires volvió a concentrar la mayor porción de los recursos, con $13.159 millones, equivalentes al 27,2% del total distribuido. Detrás se ubicaron Corrientes, con $5.104 millones (10,4%), y Santa Fe, con $4.583 millones (9,5%).

En el extremo opuesto quedaron Río Negro, con $349 millones; La Pampa, con $303 millones; y La Rioja, con apenas $161 millones, todas con participaciones inferiores al 1% del total mensual.

El ajuste alcanzó prácticamente a todo el país. Sólo San Luis, Jujuy y Chubut consiguieron exhibir incrementos interanuales durante junio, aunque desde niveles excepcionalmente bajos, ya que ninguna de esas jurisdicciones superó los $600 millones en transferencias. Las otras 21 provincias y la Ciudad de Buenos Aires registraron retrocesos, entre ellas San Juan, que también quedó alcanzada por la fuerte reducción de los envíos discrecionales. Mendoza presentó la menor caída, con un descenso del 7,8%, mientras que Tucumán, Santa Cruz, La Rioja y la Ciudad de Buenos Aires sufrieron bajas superiores al 90%.

La composición de los desembolsos evidencia además una marcada concentración de recursos. El programa de Universalización de la Jornada Extendida absorbió $24.460 millones, equivalentes al 51% del total distribuido durante junio. Le siguieron el Programa para el Desarrollo de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, financiado por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), con $4.985 millones (10%), y las transferencias destinadas a las cajas previsionales provinciales, que recibieron $4.000 millones (8%).

En conjunto, estos tres conceptos concentraron el 69% de todos los fondos distribuidos durante el mes, reflejando una política de asignación focalizada y con escaso margen para asistencias extraordinarias de libre disponibilidad.

La fotografía del semestre mantiene la misma tendencia. Buenos Aires concentró el 20,2% del total transferido entre enero y junio, seguida por la Ciudad de Buenos Aires (14,6%), Entre Ríos (8,2%), Córdoba (6,9%), Misiones (5,8%) y Santa Fe (5,6%). En el otro extremo quedaron La Rioja y San Luis, que reunieron en conjunto apenas el 0,5% de los recursos distribuidos durante el período.

Por destino de los fondos, la Universalización de la Jornada Extendida encabezó nuevamente la ejecución presupuestaria con $159.878 millones, equivalentes al 25% del total semestral. Los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) representaron $121.000 millones (19%), mientras que las transferencias para sostener las cajas previsionales provinciales alcanzaron $119.167 millones, también con una participación del 19%. El 37% restante se distribuyó entre distintos programas nacionales.

Para provincias como San Juan, donde los recursos extraordinarios provenientes de la Nación han servido históricamente para acompañar obras de infraestructura, programas educativos y otras políticas públicas, la continuidad de este esquema implica una menor disponibilidad de financiamiento complementario y obliga a fortalecer los ingresos propios y la planificación presupuestaria. Al mismo tiempo, el relevamiento confirma que la reducción de las transferencias discrecionales dejó de ser una medida coyuntural para consolidarse como uno de los pilares de la estrategia fiscal del Gobierno nacional, redefiniendo el vínculo financiero entre la Casa Rosada y las administraciones provinciales.

A menos de dos meses de las elecciones internas previstas para el 27 de agosto, la CGT Regional San Juan resolvió sostener el modelo de conducción unipersonal que mantiene desde hace casi dos décadas. La decisión, respaldada por el Consejo Directivo, combina continuidad institucional, búsqueda de consensos y una estrategia de fuerte articulación con la conducción nacional en un presente marcado por la pérdida del poder adquisitivo, el deterioro del empleo y la ofensiva sindical contra las reformas impulsadas por el Gobierno nacional.

La CGT Regional de San Juan comenzó a delinear el próximo ciclo de conducción con una definición que trasciende el plano interno y proyecta una señal política hacia el movimiento obrero organizado. El Consejo Directivo resolvió mantener el sistema de unicato, descartando replicar el esquema de triunvirato vigente en la conducción nacional y ratificando un modelo que, según sus dirigentes, ha permitido sostener la cohesión de la central durante los últimos dieciocho años.

La resolución despeja una de las principales incógnitas del proceso electoral convocado para el 27 de agosto y, al mismo tiempo, fortalece la posibilidad de una lista de consenso encabezada nuevamente por Eduardo Cabello, quien reconoció que existe un amplio respaldo de los gremios para dar continuidad al trabajo desarrollado en los últimos períodos.

La conducción sanjuanina sostiene que la permanencia del unicato no responde a una lógica personalista sino a un criterio de funcionamiento que privilegia rapidez en la toma de decisiones, claridad en la representación institucional y capacidad para sintetizar posiciones diversas dentro de una organización que reúne sindicatos con realidades muy distintas.

«La unidad nunca significa unanimidad», sostienen cerca de la conducción. Precisamente esa capacidad para administrar diferencias sin fracturar la estructura aparece como uno de los principales argumentos utilizados para preservar un esquema que, entienden, ha dado resultados positivos en la provincia.

Cabello explicó que el debate interno concluyó con un amplio consenso en favor de mantener el formato vigente. A su juicio, modificar el sistema de conducción en este momento implicaría alterar una dinámica que ha permitido preservar la estabilidad de la organización incluso en períodos de fuerte conflictividad económica y social.

La próxima renovación de autoridades dispone una etapa de reajuste funcional. La conducción pretende fortalecer el funcionamiento de cada secretaría, asignando responsabilidades concretas y promoviendo una participación más activa de los dirigentes que integran el Consejo Directivo. La intención es superar estructuras meramente formales y avanzar hacia una CGT con mayor presencia territorial, capacidad técnica y especialización en áreas claves como industria, empleo, relaciones institucionales y desarrollo productivo.

Ese proceso de modernización interna coincide con un escenario especialmente complejo para el sindicalismo argentino. La caída del salario real, la retracción de distintos sectores industriales, la paralización de numerosas obras públicas y el incremento de la incertidumbre laboral configuran, según la central obrera, un panorama que exige fortalecer la capacidad de representación antes que dispersar esfuerzos.

En ese marco, Cabello confirmó que la CGT San Juan continuará alineada con todas las decisiones que adopte la conducción nacional encabezada por el triunvirato cegetista. La regional acompañará las movilizaciones y medidas de acción que se definan junto con las dos CTA y la UTEP dentro del plan de lucha que el movimiento obrero comenzó a desplegar contra las políticas económicas del Gobierno nacional.

Para la conducción en la provincia, la prioridad continúa siendo la defensa del empleo registrado, la recuperación del poder adquisitivo y la protección de la negociación colectiva, objetivos que consideran inseparables de la reactivación industrial y del impulso a la obra pública como motor de generación de puestos de trabajo.

Otro de los ejes planteados por el representante de la regional San Juan apunta a profundizar el vínculo entre la CGT y los distintos actores del aparato productivo provincial. En esa línea anticipó Cabello la intención de ampliar el diálogo con cámaras empresarias y sectores económicos vinculados a la minería, actividad que identifica como una de las principales oportunidades de crecimiento para San Juan durante los próximos años.

La eventual visita de integrantes de la conducción nacional, entre ellos dirigentes del Secretariado de la CGT, también forma parte de ese plan de fortalecimiento institucional. El objetivo será consolidar la presencia de la central en una provincia que, por su perfil productivo y el desarrollo de grandes proyectos mineros, adquiere creciente relevancia dentro del mapa sindical argentino.

Cabello también estableció una diferenciación entre la representación gremial y la competencia partidaria. Si bien reconoció que muchos dirigentes poseen pertenencia política, remarcó que la misión central de la CGT local continúa siendo la defensa de los trabajadores, cualquiera sea el signo del gobierno de turno. Esa autonomía, sostuvo, constituye uno de los pilares históricos de la organización y debe preservarse aun cuando el sindicalismo participe activamente del debate público.

Con ese criterio, la central obrera buscará atravesar el proceso electoral interno preservando la unidad alcanzada en los últimos años y reforzando su presencia institucional frente a un panorama caracterizado por diversos temas de debate vinculados con el empleo, la producción y los derechos laborales.

La definición adoptada por la CGT San Juan trasciende así una cuestión organizativa. La ratificación del unicato expresa una decisión política orientada a privilegiar continuidad, cohesión y capacidad de respuesta en un período que promete intensificar la disputa por el rumbo del movimiento obrero argentino. Mientras la conducción nacional prepara nuevas acciones sindicales y profundiza su confrontación con las políticas oficiales, la regional sanjuanina apuesta a consolidar una estructura que busca combinar estabilidad interna, representación territorial y mayor protagonismo en los debates que marcarán la agenda laboral de los próximos años.

La Federación del Personal de Vialidad Nacional aseguró que el esquema de concesiones impulsado por el Gobierno favorece a las compañías adjudicatarias mediante créditos subsidiados y garantías estatales. Además, reclamó la transferencia de recursos del impuesto a los combustibles destinados a Vialidad Nacional y advirtió sobre el deterioro de la seguridad vial, al denunciar un «apagón estadístico» en los organismos encargados de relevar los siniestros.

La decisión del Gobierno nacional de avanzar con una nueva etapa de concesiones sobre corredores viales reavivó el enfrentamiento con los trabajadores de Vialidad Nacional. La Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) sostuvo que el modelo elegido para transferir la operación de rutas al capital privado incorpora condiciones financieras que, a su entender, eliminan prácticamente el riesgo empresarial y trasladan al Estado parte sustancial del respaldo económico de las inversiones.

La controversia se profundizó luego de que el Ministerio de Economía oficializara la primera etapa del proceso licitatorio para concesionar distintos tramos administrados hasta ahora por Corredores Viales S.A. La medida comprende los corredores Mediterráneo, Puntano, Portuario Norte y Portuario Sur, por los que se presentaron 18 empresas con 41 ofertas. Tras la evaluación técnica y administrativa, 13 propuestas fueron descartadas por incumplimientos formales, mientras que las restantes quedaron habilitadas para continuar en la compulsa.

Asimismo, una impugnación presentada por la unión transitoria integrada por Creditech S.A. y Plantel S.A. fue aceptada, lo que permitió su reincorporación al proceso.

Desde FEPEVINA, el secretario Gremial y de Prensa, Fabián Cattanzaro, cuestionó especialmente el esquema de financiamiento previsto para las futuras concesionarias. Según explicó, las compañías adjudicatarias podrán acceder a líneas de crédito del Banco BICE con tasas preferenciales —dos puntos porcentuales sobre UVA— y dispondrán de un período de gracia de dos años antes de comenzar a cancelar los préstamos.

Para el dirigente sindical, esas condiciones representan «una verdadera subvención» financiada por el Estado. A ello, agregó, se suma la posibilidad de respaldar esos créditos mediante garantías del Fondo de Garantías Argentino (FOGAR), mecanismo que, según su interpretación, reduce significativamente la exposición económica de las empresas que resulten adjudicatarias. «Eso configura un riesgo empresario prácticamente nulo», afirmó.

Otro de los cuestionamientos planteados por la organización gremial apunta al destino de los recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos. FEPEVINA sostiene que el 14 % de esa recaudación debería ser transferido a Vialidad Nacional para financiar obras de conservación y desarrollo de la infraestructura vial, aunque —según denunció— esos fondos no están llegando al organismo.

De acuerdo con las estimaciones elaboradas por la federación, la deuda acumulada rondaría los mil millones de dólares. Cattanzaro afirmó que esos recursos habrían permitido ejecutar miles de kilómetros de mantenimiento y nuevas obras sobre la red nacional, al tiempo que sostuvo que el dinero estaría siendo utilizado para otros objetivos de política económica.

Las críticas no se limitaron al proceso licitatorio. FEPEVINA también expresó preocupación por el estado de las rutas nacionales y por la capacidad del Estado para monitorear la seguridad vial. Un informe técnico elaborado por la organización señala que más del 53 % de los aproximadamente 2.700 kilómetros de rutas nacionales que atraviesan la provincia de Santa Fe presentan un estado de conservación calificado como «malo». Sobre esa base, el gremio indicó que entre enero y abril de este año se registraron 34 fallecimientos en siniestros ocurridos sobre esos corredores.

En ese punto, la entidad denunció un progresivo debilitamiento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Según Cattanzaro, la reducción de recursos operativos limita la realización de controles preventivos y afecta incluso la disponibilidad de equipamiento para efectuar test de alcoholemia. A ese proceso lo definió como un «apagón estadístico», al sostener que también se ha resentido la capacidad oficial para relevar y publicar información confiable sobre la evolución de la siniestralidad.

El dirigente agregó que organizaciones civiles que recopilan datos de manera independiente registran un incremento de las víctimas fatales superior al reflejado en las estadísticas oficiales, diferencia que, a su juicio, exige fortalecer los mecanismos públicos de control y producción de información.