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Hoy publicaron la resolución en el Boletín Oficial. El gobierno aceptó prorrogar la fecha que permitía acceder a la moratoria previsional al cumplir 60 años por tres años según lo estipulado en el artículo 22 de la ley 27.260.


El gobierno de Cambiemos no tenía ninguna intención de hacerlo, siguiendo lo convenido con el Fondo monetario Internacional, pero la presión desde la oposición, desde el feminismo es mucha y se le suma la movilización que harán los gremios y las organizaciones sociales para el 2 de julio que se anunció ayer, y que tras este anuncio tramposo, no se baja.
La moratoria permite comprar años de aportes para lograr acceder al reconocimiento de una vida de trabajo y a una jubilación. La prórroga anunciada encierra algunos asuntos que destiñen toda la buena noticia. Para empezar, no se modifica la fecha de corte, la dejaron en el último día de 2003, esto se traduce en que los actuales 4 años de trabajo formal que ahora hay que acreditar pasan a ser 7 años. Si cumplís 60 en el 2022 y no contás con ese requisito, no te vas a poder jubilar, a menos que logres pagar un monotributo o conseguir un empleo formal durante los años que te falten.

Otro asunto es la evaluación socioeconómica en la que van a analizar el nivel de ingresos y bienes que posea la persona que necesite la jubilación. Esto significa que deja de ser universal.

La llamada «jubilación de amas de casa» ya no comprenderá a quienes fueron amas de casa toda la vida, a menos que puedan pagar esos años de monotributo y además tengan cómo vivir sin jubilación.

El 2 de julio, la movilización convocada el mismo día que apuraron este anuncio engañoso, sigue en pie.

Reclaman extender la fecha de corte para comprar años de aportes, sacar los filtros socio económicos y eliminar definitivamente la PUAM, que tiene carácter de pensión, niega la calidad de trabajadores a quienes entregaron sus esfuerzos a la economía informal y al trabajo doméstico y que reduce el haber percibido al 80% de la jubilación mínima, que ya de por sí, no alcanza a superar la línea de pobreza.

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Departamentales

San Juan acelera la Zona Franca de Jáchal y espera una definición de Nación

La Zona Franca de Jáchal quedó a las puertas de una instancia decisiva: el Gobierno de San Juan tiene avanzados los pliegos y apunta a licitar la construcción y operación del predio hacia fines de noviembre, aunque para abrir formalmente la convocatoria todavía necesita que Nación complete la aprobación del nuevo reglamento.

El secretario de Coordinación para el Desarrollo Económico del Ministerio de Producción, Alfredo Aciar, explicó que la documentación provincial ya se encuentra prácticamente preparada y que el paso pendiente depende de la firma del ministro de Economía, Luis Caputo. “Estamos esperando que Caputo, a la vuelta de Francia, en una de esas nos firme ese nuevo reglamento”, señaló.

Con esa autorización, la Provincia podrá convocar a la comisión correspondiente para avanzar con la aprobación definitiva de los pliegos y poner en marcha el proceso licitatorio. Los borradores ya fueron elaborados, por lo que el trámite nacional constituye el principal requisito pendiente antes del llamado.

El cronograma que maneja el Ejecutivo provicial ubica la convocatoria después de la Fiesta Nacional del Sol. “Según mi plan de cronograma de ejecución debería ocurrir a fin de año, fin de noviembre, una vez que pase la Fiesta del Sol”, explicó Aciar.

La licitación tendrá una característica central: el adjudicatario no sólo deberá encargarse de la construcción del complejo, sino también de su posterior operación. La convocatoria permitirá la presentación de una empresa individual o de un grupo empresario, y la selección dependerá de las propuestas recibidas.

Tras la concesión del proyecto, se iniciará la fase de obras en el terreno. La estimación provincial apunta a que la Zona Franca esté operativa hacia finales de 2027, un cronograma supeditado al resultado del proceso licitatorio y al desarrollo de los trabajos.

La iniciativa apunta a dotar a Jáchal de una infraestructura destinada a facilitar operaciones comerciales y logísticas bajo el régimen de zona franca, con potencial incidencia sobre el intercambio de bienes y la actividad vinculada al corredor productivo y minero del norte sanjuanino.

El próximo paso, sin embargo, es administrativo: La validación del nuevo reglamento nacional. Si ese requisito se completa en los tiempos previstos, San Juan buscará cerrar noviembre con la licitación formalmente convocada y avanzar así hacia una obra que lleva años incorporada a la agenda de desarrollo del departamento.

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Ley de Tierras: la CGT rechazó el fallo de la Corte y reclamó a Diputados que derogue el DNU 70/2023

La Confederación General del Trabajo (CGT) rechazó el fallo de la Corte Suprema que dejó nuevamente vigente la derogación de la Ley 26.737 de Tierras Rurales y trasladó la discusión al Congreso. La central obrera reclamó a la Cámara de Diputados que rechace el DNU 70/2023, después de que el Senado avanzara en el mismo sentido.

En un comunicado difundido, el Consejo Directivo Nacional calificó la resolución bajo el título “Un fallo contra la soberanía y la voluntad popular” y expresó su “más enérgico repudio” a la decisión del máximo tribunal. La CGT sostuvo que la derogación de la normativa elimina las restricciones que regían sobre la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

La central vinculó el pronunciamiento judicial con el debate que semanas atrás llegó al Congreso en torno a las reglas de propiedad rural. En ese marco, sostuvo que las movilizaciones sindicales y sociales contribuyeron a frenar modificaciones que buscaban flexibilizar el régimen establecido por la Ley 26.737.

“El territorio argentino es patrimonio de nuestro pueblo y forma parte inseparable de un proyecto de Nación con producción, trabajo, desarrollo y soberanía”, planteó la CGT en su documento. La organización advirtió, además, que la eliminación de los límites establecidos por la legislación derogada puede favorecer procesos de extranjerización, una interpretación que forma parte de su posicionamiento frente a la decisión judicial.

El reclamo central quedó dirigido ahora a Diputados. “Exigimos a la Cámara de Diputados que asuma su responsabilidad y rechace el DNU 70/2023, como ya lo hizo el Senado”, sostuvo la conducción cegetista. De esa manera, la central plantea una salida legislativa frente a una norma cuya derogación volvió a quedar operativa tras el fallo de la Corte.

La polemica judicial se originó en una acción promovida por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) contra el artículo 154 del DNU 70/2023. La Cámara Federal de La Plata había declarado inconstitucional esa disposición, pero la Corte revocó aquella sentencia al considerar que la asociación no estaba legitimada para impulsar la acción colectiva.

El máximo tribunal aclaró que no resolvió la constitucionalidad del DNU. Su decisión se limitó a la legitimación del CECIM y a la inexistencia de un caso o controversia que habilitara ese proceso judicial. Por efecto de la revocación, quedó nuevamente vigente el artículo que derogó la Ley 26.737, pero la cuestión de fondo sobre la validez constitucional de esa derogación no fue analizada.

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Un incendio en Mendoza desencadenó el apagón que afectó a San Juan

La interrupción comenzó a las 14:52 por la desconexión de las líneas de 500 y 220 kV entre Mendoza y San Juan. Un incendio próximo a la Estación Transformadora Gran Mendoza alteró las condiciones de aislamiento de la línea de extra alta tensión. La recuperación comenzó a las 15:10 y la totalidad de la demanda provincial quedó restablecida a las 16:52.

La presencia de humo y las elevadas temperaturas generadas por el fuego pueden modificar las condiciones de aislamiento del aire alrededor de los conductores eléctricos. Esa alteración puede producir una descarga entre conductores o hacia tierra y activar las protecciones automáticas destinadas a preservar las instalaciones y evitar daños mayores.

La desconexión preventiva dejó fuera de servicio la alimentación principal de San Juan y provocó la interrupción total de la demanda provincial. El sistema comenzó a recuperar capacidad desde las 15:10, cuando fue posible restablecer la vinculación mediante la línea de 220 kV.

A partir de ese momento, la reposición del suministro se produjo de manera progresiva, mientras los equipos técnicos trabajaban sobre la recuperación de la red. La normalización avanzó durante la tarde hasta alcanzar nuevamente la totalidad de la demanda.

El restablecimiento completo quedó registrado a las 16:52, aproximadamente cuatro horas después del inicio del evento. De esta manera, todos los usuarios volvieron a contar con el servicio eléctrico una vez recuperada la alimentación del sistema provincial.

El episodio volvió a mostrar la importancia de las líneas de extra alta tensión que vinculan a San Juan con el sistema eléctrico regional. La provincia depende de esa infraestructura para recibir parte de la energía que abastece su demanda y cualquier contingencia en los corredores de interconexión puede repercutir de manera inmediata sobre el suministro local.

El informe difundido tras el apagón tiene carácter preliminar. Los organismos y empresas involucrados continúan analizando las condiciones en las que se produjo la desconexión para establecer con precisión la secuencia técnica del evento y determinar si existieron otros factores asociados a la falla.

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