Prórroga para la Jubilación de «amas de casas»
Hoy publicaron la resolución en el Boletín Oficial. El gobierno aceptó prorrogar la fecha que permitía acceder a la moratoria previsional al cumplir 60 años por tres años según lo estipulado en el artículo 22 de la ley 27.260.
El gobierno de Cambiemos no tenía ninguna intención de hacerlo, siguiendo lo convenido con el Fondo monetario Internacional, pero la presión desde la oposición, desde el feminismo es mucha y se le suma la movilización que harán los gremios y las organizaciones sociales para el 2 de julio que se anunció ayer, y que tras este anuncio tramposo, no se baja.
La moratoria permite comprar años de aportes para lograr acceder al reconocimiento de una vida de trabajo y a una jubilación. La prórroga anunciada encierra algunos asuntos que destiñen toda la buena noticia. Para empezar, no se modifica la fecha de corte, la dejaron en el último día de 2003, esto se traduce en que los actuales 4 años de trabajo formal que ahora hay que acreditar pasan a ser 7 años. Si cumplís 60 en el 2022 y no contás con ese requisito, no te vas a poder jubilar, a menos que logres pagar un monotributo o conseguir un empleo formal durante los años que te falten.
Otro asunto es la evaluación socioeconómica en la que van a analizar el nivel de ingresos y bienes que posea la persona que necesite la jubilación. Esto significa que deja de ser universal.
La llamada «jubilación de amas de casa» ya no comprenderá a quienes fueron amas de casa toda la vida, a menos que puedan pagar esos años de monotributo y además tengan cómo vivir sin jubilación.
El 2 de julio, la movilización convocada el mismo día que apuraron este anuncio engañoso, sigue en pie.
Reclaman extender la fecha de corte para comprar años de aportes, sacar los filtros socio económicos y eliminar definitivamente la PUAM, que tiene carácter de pensión, niega la calidad de trabajadores a quienes entregaron sus esfuerzos a la economía informal y al trabajo doméstico y que reduce el haber percibido al 80% de la jubilación mínima, que ya de por sí, no alcanza a superar la línea de pobreza.
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Dos victorias consecutivas fortalecen a Vázques en la UTA San Juan
La Lista A se impuso en las tres sedes de El Triunfo y obtuvo 76 votos, contra 46 de la Lista B y 17 de la Lista C. El resultado fortalece al espacio de Diego Vázques a poco más de un mes de la elección provincial del gremio.
La interna de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en San Juan sumó este miércoles un nuevo resultado favorable para la oposición. La Lista A ganó la elección de delegados en la empresa El Triunfo y se impuso en sus tres establecimientos de la provincia: Capital, Caucete y Casuarinas, en 25 de Mayo.
El recuento arrojó 76 votos para la nómina opositora, mientras que la Lista B reunió 46 sufragios y la Lista C alcanzó 17. Ambas listas derrotadas están vinculadas con el oficialismo gremial. La diferencia le permitió a la Lista A quedarse con la representación de los trabajadores de la empresa.
Los nuevos delegados serán Carlos Frau, Gustavo Gavia, Rubén López, Elías Núñez, Oscar Molina y Mario González. Su elección adquiere relevancia dentro de la disputa provincial porque constituye una referencia concreta sobre la adhesión que cada espacio consigue entre los trabajadores del transporte.
El resultado se suma al obtenido días atrás en la empresa Albardón, donde la nómina identificada con Diego Vázques también había derrotado al oficialismo. En aquella votación, la oposición consiguió 126 votos contra 74 de la lista celeste y blanca, sobre 201 sufragios emitidos y un voto impugnado.
Con dos logros favorables consecutivos en empresas de transporte, el espacio de Vázques llega fortalecido a la recta previa de los comicios provinciales. Sin embargo, la definición de octubre tendrá una dimensión mayor y pondrá en juego la conducción de toda la seccional sanjuanina.
La elección general de la UTA está prevista para el 7 y 8 de octubre. Vázques competirá por la conducción provincial frente al oficialismo encabezado por Héctor Maldonado, en una contienda que determinará la conducción del gremio para el próximo período.
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San Juan cambia las reglas para taxis, remises y plataformas digitales
El Gobierno provincial prueba una nueva plataforma para centralizar la inscripción de conductores y vehículos de transporte de pasajeros. El sistema podría habilitarse durante la primera quincena de septiembre y alcanzará también a quienes trabajen mediante aplicaciones como Uber y DiDi.
La herramienta permitirá realizar los trámites de manera virtual, sin necesidad de concurrir a dependencias públicas. La ministra de Gobierno, Laura Palma, explicó que el acceso será sencillo y que posiblemente se utilizará la contraseña de CIDI (Ciudadano Digital). El registro tendrá dos componentes: uno destinado a los conductores y otro a los vehículos.
Actualmente se desarrollan pruebas piloto para verificar el funcionamiento de la plataforma antes de su habilitación definitiva. Palma señaló que el desarrollo se encuentra “muy avanzado” y que esta etapa permitirá determinar si reúne las condiciones necesarias para comenzar a recibir trámites.
La digitalización forma parte de la puesta en marcha de la nueva Ley de Transporte y de su reglamentación, publicada en el Boletín Oficial. Uno de los cambios centrales es el reemplazo del antiguo esquema de licencias cerradas y cupos administrados por el Registro de Transporte de la Provincia (REPROT) por un padrón abierto y permanente.
Quienes ya trabajan como taxistas o remiseros bajo el régimen anterior no perderán automáticamente su habilitación. El Ministerio de Gobierno prevé migrar la información existente y requerirá que los prestadores registrados ingresen al nuevo sistema para ratificar su voluntad de continuar.
La reforma también incorpora formalmente a las plataformas digitales. Servicios como Uber y DiDi quedan contemplados dentro de la regulación provincial bajo la figura de servicios de contactabilidad, con requisitos comunes para quienes transporten pasajeros.
Tanto los conductores tradicionales como los vinculados a aplicaciones deberán contar con licencia profesional, seguro específico para transporte de pasajeros y Revisión Técnica Obligatoria (RTO) vigente. A esas exigencias se suma una herramienta destinada a reforzar la seguridad del usuario: cada vehículo habilitado deberá exhibir un certificado con código QR.
El mecanismo permitirá al pasajero consultar antes de iniciar el viaje si tanto el automóvil como el conductor se encuentran registrados y habilitados. Los vehículos destinados al transporte de personas que no figuren en el padrón obligatorio serán considerados ilegales y quedarán sujetos a las sanciones previstas por la normativa.
El lanzamiento del registro será uno de los primeros pasos visibles de la nueva regulación. El objetivo oficial es reemplazar trámites dispersos por un sistema único de inscripción, facilitar la actualización de documentación y mejorar los mecanismos de fiscalización sobre un servicio que ahora incorpora, bajo una misma normativa, a taxis, remises y plataformas digitales.
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Fuerte rechazo gremial a la oferta salarial del Gobierno para las universidades. Habrá paro nacional este miércoles
La propuesta oficial de un aumento del 3% para septiembre fue considerada insuficiente por las federaciones docentes y nodocentes, que reclaman una recomposición del 31,2% acumulado hasta julio, más la actualización correspondiente a agosto. La protesta será este miércoles y el jueves definirán nuevas medidas.
La distancia entre ambas posiciones quedó expuesta durante la reunión paritaria. Mientras el Ejecutivo llevó una recomposición del 3%, los gremios reclaman que se aplique la Ley de Financiamiento Universitario y se reconozca una recomposición salarial que, según sus cálculos, alcanza el 31,2% hasta julio, a lo que debe añadirse la inflación correspondiente a agosto.
La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), CONADU Histórica y las restantes organizaciones que integran el Frente Sindical de Universidades Nacionales cuestionaron que la propuesta oficial no contemple la pérdida acumulada. También denunciaron que el Gobierno volvió a postergar el cumplimiento de la ley y de la medida cautelar judicial que ordenó recomponer los ingresos de los trabajadores universitarios.
Daniel Ricci, secretario general de FEDUN, sostuvo que la oferta «continúa desconociendo la pérdida salarial acumulada» y reclamó el cumplimiento inmediato de la legislación vigente.
Desde CONADU Histórica, Francisca Staiti señaló que el 3% ofrecido se encuentra muy lejos del 31,2% que, según la organización, se adeuda hasta julio por aplicación de la cautelar.
El reclamo sindical no se limita a los salarios. Las federaciones también exigen la implementación efectiva del Convenio Colectivo de Trabajo, la actualización de las becas estudiantiles, mayores recursos para las universidades y fondos destinados a los hospitales universitarios.
Entre los compromisos pendientes figura además la apertura de una mesa de negociación para el sistema de preuniversitarios y la discusión del nomenclador salarial y de los adicionales por posgrados. Esos puntos habían quedado asentados en el acta paritaria del 10 de junio, pero, según las organizaciones gremiales, todavía no tuvieron una respuesta concreta.
Cabe añadir que la controversia salarial se mantiene activa, mientras continúa el litigio judicial por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. El juez federal Martín Cormick rechazó el pedido del Gobierno para levantar la medida cautelar y sostuvo que el Estado no había demostrado que los acuerdos alcanzados hubieran reparado el deterioro salarial señalado en la causa. El Ejecutivo deberá presentar documentación sobre los avances en el cumplimiento de esa resolución.
Para las federaciones, la negativa oficial a reconocer la recomposición reclamada profundiza un conflicto que lleva más de 300 días desde el incumplimiento que denuncian respecto de la ley. «La deuda salarial se paga», sostuvo CONADU Histórica al convocar a la nueva jornada de protesta.
El paro de este miércoles será acompañado por docentes y nodocentes de distintas universidades del país. En San Juan, la medida alcanzará a la comunidad universitaria a través de las organizaciones que adhieran a la convocatoria nacional.
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