Desde San Juan, la CGT local, representada por Eduardo Cabello— respondió con prudente escepticismo al anuncio de una reforma laboral que el Gobierno nacional promete discutir con el movimiento obrero. En una entrevista con Mundo Laboral SJ, Cabello cuestionó la estrategia comunicativa oficial, exigió convocatoria formal y puso el foco en la recomposición salarial y la defensa de derechos adquiridos como condiciones no negociables para cualquier cambio normativo.

En las últimas horas, la posible presentación de una reforma laboral volvió a poner en tensión el diálogo entre el Ejecutivo y los representantes sindicales. Desde la provincia, Eduardo Cabello —referente de la CGT local— ofrece una lectura que combina crítica política y demanda operativa: por ahora no existe una convocatoria concreta, sólo filtraciones e “información” que circula por redes y medios; mientras tanto, las condiciones materiales de los trabajadores siguen deteriorándose.

Cabello describe el proceso comunicativo del Gobierno como un uso sistemático de las redes sociales y de micromensajes —“algo cuasi verídico o cuasi mentira”— que, a su juicio, tiende a confundir y a diluir la discusión real sobre la economía, la producción y los salarios. Esa estrategia, sostiene, funciona como una cortina que intenta desviar la atención pública de problemas estructurales: inflación persistente, cierre de fuentes de trabajo y salarios cuya capacidad de compra se desploma. Frente a ese escenario mediático, la CGT de San Juan reclama una convocatoria formal y transparente; quiere acceso a los borradores y participar en la discusión antes de que las iniciativas tomen forma definitiva.

Más allá de la crítica retórica al modo en que se filtran las propuestas, la intervención de Cabello trae a primer plano un reclamo concreto: la urgente recomposición del salario mínimo, vital y móvil y una actualización del ingreso que compense la pérdida real de poder adquisitivo. Señala que la puesta en marcha normal del Consejo del Salario —instrumento tripartito clave— no puede depender de emplazamientos judiciales ni de pedidos extraordinarios; debe ser una práctica institucional regular. Para la CGT local, cualquier reforma que se pretenda introducir sin una pauta clara de recomposición salarial corre el riesgo de consolidar un sistema más desigual y menos protector.

La entrevista también recorre el marco comparado: El gremialista observa tendencias en España y Europa, donde la discusión sobre jubilaciones y derechos laborales refleja ajustes y límites que, en su diagnóstico, están erosionando conquistas históricas. Desde su perspectiva, la tendencia global hacia la desprotección del trabajador y la reducción de derechos es un fenómeno que encuentra ecos locales y que el sindicalismo debe confrontar con una postura reformista —en el sentido clásico del término— pero defensiva de las garantías mínimas.

En tono reflexivo, el representante sindical vincula la articulación interna del propio oficialismo con la dispersión de propuestas: “hay dos o tres que gobiernan” y cada uno querría impulsar su propia versión de la reforma. Esa atomización, dice, incentiva la filtración y la “espuma” informativa y dificulta que exista una propuesta única, rigurosa y debatible en condiciones de transparencia. Desde San Juan, la respuesta de la CGT no es de rechazo automático: “no le tenemos miedo al diálogo ni a las reformas”, afirma Cabello. Pero sí exige que la discusión sea seria, con reglas claras, participación real y respeto por los derechos consagrados en la Constitución y en la negociación colectiva.

Un punto recurrente en la conversación es el recuerdo de la década de 1990, cuando privatizaciones y congelamientos salariales dejaron una huella social profunda. Para Cabello, el riesgo de revivir políticas que empobrecen a las mayorías no es una metáfora histórica: es una posibilidad tangible si los cambios se diseñan sin equidad ni mecanismos de protección social. La CGT de San Juan apuesta, por ello, a mantener el diálogo —pero convocado en tiempo y forma— y a subordinar cualquier reforma a la garantía de condiciones laborales dignas, sistemas previsionales sostenibles y un salario que permita cubrir la canasta básica.

En el trasfondo político, la postura sindical mezcla representación local y federal: si bien la CGT sanjuanina espera ser convocada inicialmente por el Consejo de Mayo —donde tiene representación— entiende que el debate será nacional y que se intensificará cuando asuman los nuevos cargos legislativos después de diciembre. Esa previsión responde tanto a una lectura táctica —esperar la conformación del nuevo mapa político— como a la convicción de que los cambios de fondo requieren consenso amplio y no improvisaciones mediáticas.

La intervención de Eduardo Cabello sintetiza la posición del sindicalismo sanjuanino: apertura al diálogo, pero sin concesiones a costa de los trabajadores. La CGT local exige convocatoria formal, acceso a los contenidos de la reforma y, por sobre todo, una agenda que priorice la recomposición salarial y la preservación de derechos básicos.

En un contexto donde la comunicación oficial privilegia filtraciones y micromensajes, el movimiento obrero plantea una demanda clara: que la reforma laboral —si llega— se discuta con seriedad técnica, reglas tripartitas y, sobre todo, con la garantía de que no será la punta de lanza para una pérdida adicional de protección social. Sin esos elementos, advierte Cabello, el diálogo no será suficiente; hará falta organización y defensa activa de lo ya conquistado por los trabajadores.

El Consejo del Salario sesiona este miércoles de manera virtual, tras una orden judicial que obligó al Gobierno a reactivar un ámbito que no funcionaba desde hacía más de seis meses. El salario mínimo, congelado en $322.200 desde agosto, perdió 31,4% de poder adquisitivo durante la presidencia de Milei y quedó como el más bajo de la región.

El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) volve a reunirse este miércoles, a partir de las 12:30 horas —con una segunda convocatoria a las 14—, en un encuentro virtual que llega luego de más de medio año sin sesiones. La inactividad del organismo violaba el artículo 139 de la Ley de Contrato de Trabajo, que ordena convocarlo cada dos meses. La reactivación no respondió a una decisión política del Ejecutivo, sino a la intimación del Juzgado Nacional del Trabajo N°10, que ordenó retomar de inmediato la instancia de diálogo tripartito.

El punto central será la definición de un nuevo valor para el salario mínimo y la actualización de las prestaciones por desempleo, congeladas desde el invierno. El SMVM permanece en $322.200 mensuales para trabajadores con jornada completa y en $1.610 la hora para los jornalizados. Sin modificaciones desde agosto, este monto acumula una pérdida real del 31,4% frente a la inflación registrada desde el inicio del gobierno de Javier Milei, convirtiéndose en el valor más bajo en Sudamérica.

Los últimos ajustes aplicados fueron los siguientes:

Abril: $302.600

Mayo: $308.000

Junio: $313.600

Julio: $317.600

Agosto: $322.000

Desde entonces no se oficializó ninguna revisión, pese a que la aceleración de los precios y el deterioro del salario formal profundizaron la presión sindical para reactivar el Consejo.

El plenario estará conformado por 32 representantes, divididos en partes iguales entre trabajadores y empleadores. En caso de que no surja un acuerdo —un escenario recurrente en los últimos años—, el Gobierno queda habilitado a fijar el nuevo monto por decreto, generalmente alineado con las posiciones empresarias.

Además de ser el piso salarial del sector privado formal, el SMVM funciona como un parámetro clave para jubilaciones mínimas, pensiones no contributivas y asignaciones de ANSES, lo que multiplica el impacto de cualquier actualización o congelamiento. La discusión de este miércoles, por tanto, tendrá repercusión directa en millones de ingresos que hoy se encuentran rezagados frente a la inflación.

En diálogo con Mundo Laboral San Juan, Marcelo Trujillo, titular del Sindicato de Obreros, Especialistas y Empleados de los Servicios en Industrias de las Telecomunicaciones (SOEESIT), analizó la gravedad de la caída del salario argentino —hoy el más bajo de Latinoamérica— y alertó sobre el rumbo de la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Ante un escenario que considera comparable al de los años ’90, Trujillo advierte una posible “desaparición práctica del trabajador como sujeto de derecho” y reclama participación real del movimiento obrero en la discusión.

La fotografía del presente económico argentino describe un deterioro sostenido, profundo y acumulativo, que ya no admite eufemismos. Según un estudio que abarca el período 2015-2025, más de 290 mil millones de dólares habrían sido transferidos desde el salario hacia el capital concentrado, configurando una década marcada por la erosión del poder adquisitivo y un derrumbe salarial que hoy ubica al país en el peor nivel de la región. Esta crisis, visible en la cotidianeidad y confirmada por los indicadores más duros, repercute en varios sctores.

En ese marco, dirigente gremial contextualiza la coyuntura actual dentro de una secuencia histórica que recuerda a los años ’90: privatizaciones masivas, congelamiento salarial, pérdida del poder de compra y una estructura previsional debilitada. “Tuvimos una recuperación recién a partir de 2004, pero el deterioro actual es igual o más profundo”, señala. Su preocupación se funda no sólo en la caída del salario real, sino en los efectos sistémicos que esta crisis genera sobre las condiciones laborales, los aportes sociales y la sustentabilidad futura del sistema previsional.

Trujillo aporta un dato conceptual que resume la desconexión entre estadísticas oficiales y la experiencia cotidiana: propone medir, además del IPC, un “Índice del Precios en Góndola”, indicador que —dice— refleja con mayor fidelidad la verdadera pérdida de poder adquisitivo. La inflación, advierte, “se presenta como desacelerada”, pero en las góndolas “la vida se encarece cada vez más”. En ese contexto, las paritarias —antes anuales— amenazan con transformarse en negociaciones quincenales ante la volatilidad de los precios.

A ese cuadro se suma el debate central del momento: la reforma laboral que el Gobierno busca impulsar. Trujillo coincide con la posición de la CGT, que exige conocer el texto completo del proyecto y participar en su elaboración. “Lo que se ha filtrado perjudica al trabajador en todos los planos”, sostiene. La preocupación principal radica en el cambio conceptual que propone la iniciativa: el reemplazo del trabajador por la figura del ‘colaborador’, lo que abriría la puerta a acuerdos individuales por encima de los convenios colectivos y de la propia Ley de Contrato de Trabajo.

Esas modificaciones, advierte, podrían desarticular los pilares mismos del sistema laboral argentino: la ultraactividad de los convenios, la jerarquía normativa que protege al trabajador y la presencia de organizaciones sindicales como contrapeso necesario. “Se habla de que no se perderán derechos adquiridos, pero si se pulverizan los recursos de los sindicatos, la negociación colectiva y la estructura convencional, la pérdida es inevitable”, remarca Trujillo.

El referente gremial también ve con preocupación la convergencia entre esta reforma y los cambios introducidos por el DNU 70/23, especialmente en materia de empleo transfronterizo y modalidades contractuales atípicas. Sumado a ello, advierte el avance de modelos laborales propios de plataformas como las apps de reparto, caracterizados por la fragmentación, el pago por hora o por tarea y la inestabilidad del ingreso. “Nos quieren llevar a un esquema donde cada persona gestione su propio trabajo desde el celular, sin garantías y a merced del empleador”, reflexiona.

Frente a quienes sostienen que la flexibilización laboral impulsa el crecimiento, Trujillo recuerda que ninguna reforma de este tipo generó mejoras sostenidas ni en la productividad ni en la competitividad, sino que, por el contrario, acentuó la precarización y la desigualdad. Sobre el horizonte inmediato, su diagnóstico es claro: sin reglas equitativas y sin participación de sindicatos y trabajadores en la mesa de negociación, el país podría encaminarse hacia un nuevo ciclo de fragmentación laboral y profundización de la pobreza, agravado por las transformaciones tecnológicas que ya empiezan a reducir planteles en múltiples sectores.

El panorama expuesto por Marcelo Trujillo sintetiza la encrucijada del presente laboral argentino: un salario devastado, una reforma que amenaza con desarmar décadas de institucionalidad y una economía que empuja a los trabajadores hacia nuevos formatos de precarización. En un escenario donde la brecha entre el costo de vida y los ingresos reales se expande, la discusión sobre el futuro del trabajo no puede darse sin los protagonistas centrales: los trabajadores, sus organizaciones y la sociedad en su conjunto.

La advertencia es clara: sin participación, sin reglas justas y sin un rumbo claro de recomposición salarial, cualquier reforma corre el riesgo de consolidar un sistema laboral más desigual y menos protector. En ese sentido, el llamado apunta a una premisa básica pero urgente: discutir de cara a la sociedad para evitar que, bajo la promesa de modernización, se consagre una merma histórica en derechos, identidad y dignidad laboral.