Tras las modificaciones introducidas por Diputados —entre ellas la eliminación del artículo 44 sobre licencias médicas—, la iniciativa volvió al Senado para su definición final. El oficialismo confía en reunir los votos necesarios y cerrar el trámite parlamentario antes de fin de mes.

El Senado afronta en los próximos días una instancia clave para el futuro de la reforma laboral. Luego de que la Cámara de Diputados aprobara el proyecto con cambios sustanciales, el texto regresó a la Cámara alta, que ahora debe optar entre aceptar las modificaciones o insistir con su redacción original.

El procedimiento legislativo es taxativo. Si el Senado convalida los cambios introducidos por Diputados, la ley queda sancionada con esa versión. En cambio, si decide insistir con el texto que había aprobado inicialmente, necesitará reunir la misma mayoría —o una superior— a la alcanzada por la Cámara revisora. De no lograr ese respaldo, prevalecerá la redacción votada en Diputados. El reglamento impide, en esta etapa, rechazar integralmente el proyecto o incorporar nuevas alteraciones.

El oficialismo ya obtuvo dictamen en un plenario de las comisiones de Trabajo y Presupuesto y prevé llevar la iniciativa al recinto el viernes 27 de febrero. Desde la conducción parlamentaria confirmaron que el Senado aceptará la eliminación del artículo 44, una señal que despeja uno de los principales focos de controversia y allana el camino hacia la sanción definitiva.

Ese artículo establecía que el empleador debía abonar durante tres meses el 50% del salario en caso de enfermedad o accidente laboral, o el 75% cuando el trabajador tuviera cargas de familia. Su supresión fue uno de los puntos más debatidos en Diputados y funcionó como gesto político para facilitar acuerdos.

Más allá de ese recorte, el proyecto mantiene cambios estructurales en la Ley de Contrato de Trabajo. Introduce modificaciones en el esquema indemnizatorio, redefine el cálculo de vacaciones y horas extras, revisa aportes patronales y fija nuevas pautas sobre el ejercicio del derecho de huelga en actividades consideradas esenciales. También incorpora el denominado Fondo de Asistencia Laboral, un mecanismo destinado a financiar indemnizaciones con recursos administrados por la Anses, aspecto que abrió una fuerte discusión política.

Durante el debate en comisión se registraron cruces intensos entre senadores del peronismo y de La Libertad Avanza. Desde Unión por la Patria cuestionaron el impacto de la reforma en las condiciones laborales y advirtieron sobre el eventual destino de los fondos involucrados. El oficialismo, por su parte, rechazó irregularidades, defendió la legalidad del procedimiento y sostuvo que la iniciativa moderniza el mercado de trabajo y fomenta la formalización.

En este aspecto el Gobierno aspira a tratar en la misma semana otros expedientes sensibles: el Régimen Penal Juvenil, la reforma de la Ley de Glaciares y el pliego diplomático de Fernando Iglesias, en una agenda que combina reformas estructurales con definiciones políticas de alto voltaje.

Con el dictamen firmado y los votos comprometidos, el oficialismo apuesta a cerrar el capítulo legislativo antes de que concluya febrero. La decisión final quedará en manos del Senado: si acepta las modificaciones, la reforma laboral será ley; si insiste con el texto original sin reunir la mayoría necesaria, prevalecerá la versión de Diputados. En cualquiera de los escenarios, la Cámara alta se dispone a protagonizar una de las votaciones más trascendentes del período extraordinario, con impacto directo sobre el entramado laboral argentino.

La CTERA definió un paro nacional docente para el próximo 2 de marzo, en el marco del no inicio del ciclo lectivo, y anunció la continuidad de un plan de acción que incluirá caravanas, carpas y movilizaciones en todo el país. La decisión fue adoptada durante el Congreso Nacional que la organización realizó este viernes en la Ciudad de Buenos Aires, con la participación de congresales de todas las provincias.

La resolución se inscribe en una escalada del conflicto educativo a nivel federal, atravesado por el reclamo de reapertura de la paritaria nacional docente y por cuestionamientos a las políticas económicas que, según el gremio, impactan de manera directa en los salarios y en el financiamiento del sistema educativo.

Un Congreso con definiciones políticas y gremiales

Durante la jornada se desarrollaron el Congreso Ordinario y el Congreso Extraordinario de la Confederación. En el primero, se aprobó por amplia mayoría la Memoria y Balance del período, donde se detalló el trabajo político, gremial y organizativo realizado en defensa de la educación pública y de los derechos laborales del sector.

En el Congreso Extraordinario, en tanto, se debatió la política gremial y se votó la continuidad del plan de lucha. La secretaria general, Sonia Alesso, presentó un informe político en el que analizó la coyuntura nacional e internacional, el impacto del ajuste en la educación pública y la situación salarial de los trabajadores del sector.

El encuentro fue sesionado bajo el nombre de “Beto Pianelli”, en homenaje a su trayectoria sindical y compromiso con los derechos de los trabajadores.

Paro nacional y plan de acción

El paro del 2 de marzo marcará el no inicio del ciclo lectivo en distintas jurisdicciones y será acompañado por una agenda de acciones que, según se informó, se extenderá durante todo el mes. El plan contempla actividades de visibilización y protesta para informar a la comunidad educativa sobre los reclamos del sector.

Entre los ejes centrales se encuentra la exigencia de convocatoria a la paritaria nacional docente —instancia que fija el salario mínimo del sector y lineamientos generales para las provincias— y la discusión de una nueva Ley de Financiamiento Educativo. Asimismo, el Congreso expresó su rechazo al proyecto denominado “Ley de Libertad Educativa”, al considerar que podría afectar el carácter público y federal del sistema.

Unidad sindical y rechazo a la reforma laboral

La resolución también ratificó la articulación con otras organizaciones sindicales y sociales para movilizar contra la reforma laboral y las políticas de ajuste. En ese marco, CTERA reafirmó su compromiso con la defensa de la escuela pública, el salario docente y las condiciones de enseñanza y aprendizaje.

El paro nacional agrega presión sobre los gobiernos provinciales, que en muchos distritos aún mantienen abiertas las negociaciones salariales. Con el calendario escolar a punto de comenzar, el escenario anticipa un arranque atravesado por la conflictividad gremial y por una disputa que excede lo estrictamente salarial para instalar un debate más amplio sobre el modelo educativo y el financiamiento del sistema.

El cosecretario general de la Confederación General del Trabajo, Cristian Jerónimo, cuestionó con dureza a los mandatarios peronistas que facilitaron el quórum y votaron a favor de la reforma laboral en Diputados. Los acusó de “traicionar a los trabajadores” y adelantó que la central obrera recurrirá a la Justicia si la iniciativa se convierte en ley.

La gran rigidez política y sindical que atraviesa el debate por la reforma laboral sumó un nuevo capítulo tras las declaraciones de Cristian Jerónimo, uno de los principales referentes de la CGT, quien calificó de “traidores” a los gobernadores peronistas que acompañaron el proyecto impulsado por el Gobierno nacional.

“Nos dan vergüenza, han traicionado a los trabajadores”, afirmó el dirigente al referirse al respaldo brindado por mandatarios provinciales del PJ que resultó clave para habilitar el tratamiento y la aprobación de la iniciativa en la Cámara de Diputados. En particular, mencionó a las provincias de Tucumán, Catamarca y Salta, cuyos gobernadores fueron señalados por el sindicalista como responsables políticos de facilitar el avance de una norma que, a su entender, implica un retroceso histórico en materia de derechos laborales.

Jerónimo cuestionó el argumento de que el acompañamiento legislativo responde a la necesidad de obtener beneficios para las provincias. “Supuestamente lo hacen para beneficiar a sus distritos, pero sabemos que eso no tiene un impacto real”, sostuvo. Y agregó que el tiempo “los juzgará” por lo que definió como una decisión que afecta de manera directa a trabajadores y trabajadoras de todo el país.

Una disputa que se traslada al Senado

El dirigente sindical subrayó que la definición final se jugará en el Congreso, especialmente en la Cámara alta. “Esto se termina legislando tanto en la Cámara de Senadores como de Diputados, y nosotros no votamos, pero siempre trabajamos para generar la conciencia necesaria”, expresó, marcando los límites institucionales de la acción gremial y la necesidad de construir mayorías políticas.

En este aspecto, la CGT ya anticipó que, en caso de sancionarse la ley, activará el frente judicial. “Nos queda otra instancia, que es la judicial. Vamos a ir a la Justicia porque este proyecto va en contra de la Constitución Nacional”, afirmó Jerónimo, al sostener que varios artículos vulnerarían garantías y principios consagrados en la Carta Magna.

La estrategia sindical, según explicó, combinará la vía legal con la movilización territorial. “Lo vamos a defender donde más cómodos nos sentimos, que es en las bases, defendiendo los derechos de los compañeros. No vamos a permitir que haya retroceso”, remarcó, en línea con el plan de acción definido por la central obrera meses atrás.

Paro nacional y rechazo empresario

Jerónimo también destacó la magnitud del último paro nacional convocado por la CGT, al señalar que “todo el entramado productivo de la Argentina estuvo parado”, no sólo el transporte sino también sectores industriales y actividades diversas. Según su lectura, la protesta evidenció un rechazo transversal frente a lo que consideran una avanzada sobre conquistas históricas del movimiento obrero.

En ese sentido, negó de manera tajante que haya existido algún tipo de negociación con el Gobierno respecto de la reforma laboral o los aportes sindicales. “Nunca existió una convocatoria formal al diálogo. Con ellos no negociamos nada”, aseguró. Sí reconoció, en cambio, conversaciones con senadores de distintos bloques para intentar modificar artículos del proyecto o frenar su avance.

Finalmente, apuntó contra la Unión Industrial Argentina, a la que acusó de acompañar una “ley regresiva” sin defender con firmeza a la industria nacional. “Todos los días cierra una empresa y siguen diciendo que el problema son los derechos de los trabajadores”, cuestionó.

Un conflicto que excede lo gremial

Las declaraciones de Jerónimo reflejan la profundidad de la fractura que atraviesa al peronismo y al sistema político en torno a la reforma laboral. Para la CGT, el debate no es sólo técnico ni económico, sino esencialmente político e ideológico: se trata de definir el modelo de relaciones laborales y el alcance de los derechos colectivos en un escenario de crisis y reconfiguración del poder.

Con el Senado como próxima estación decisiva y la amenaza de judicialización en el horizonte, la discusión promete intensificarse. Mientras tanto, el movimiento obrero anticipa que sostendrá la presión en la calle y en los tribunales, convencido de que la disputa por la reforma es, en última instancia, una pelea por el rumbo social del país.