Octubre comienza con una nueva ronda de aumentos salariales para trabajadores de distintas actividades. Una parte de los convenios cerrados durante los últimos meses contempla incrementos que entran en vigencia este mes, mientras otros incorporan sumas extraordinarias o trasladan conceptos no remunerativos a los básicos.

Entre los principales acuerdos se encuentran los de metalúrgicos, camioneros, construcción, estatales nacionales, PAMI, casas particulares, seguridad privada, rurales, mineros, textiles, estaciones de servicio y telecomunicaciones, con porcentajes y modalidades diferentes según cada convenio.

Metalúrgicos: 4% y sumas adicionales

Los trabajadores de la Rama 17 de la UOM tendrán desde octubre un incremento acumulativo del 4% sobre los salarios básicos. A esa actualización se suma una suma no remunerativa de $30.000 y la tercera y última cuota de $70.000 correspondiente al retroactivo de $210.000 acordado para el período abril-julio. El esquema continuará con otro 4% en diciembre, 2% en enero y 3,5% en marzo de 2027.

Camioneros y construcción

En Camioneros, octubre incorpora un aumento del 1,7%, después del 1,8% aplicado en septiembre. El acuerdo contempla además 1,7% en noviembre, 1,6% en diciembre, 1,6% en enero y 1,5% en febrero, junto con pagos extraordinarios.

Los trabajadores de la UOCRA tendrán un incremento acumulativo del 1,8% sobre los básicos de septiembre. Es el segundo tramo de un entendimiento que comenzó con 1,9% en septiembre y continuará con otro 1,7% en noviembre.

Estatales nacionales y empleados del Congreso

Los trabajadores de la Administración Pública Nacional tendrán una suba del 1,8% en octubre, luego del 1,9% de septiembre. El esquema contempla además 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre.

El acuerdo fue aceptado por UPCN, mientras que ATE lo rechazó por considerar que los porcentajes no compensan la pérdida acumulada del poder adquisitivo.

En el Congreso de la Nación, los trabajadores legislativos tendrán un esquema similar: 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre.

PAMI suma un adicional de $45.000

El personal del PAMI recibirá en octubre un incremento del 1,8%, acompañado por una suma extraordinaria de $45.000. Ese pago forma parte de un paquete de $180.000 distribuido en cuatro cuotas entre septiembre y diciembre.

El entendimiento alcanza a trabajadores de planta permanente y contratados activos al momento de cada pago.

Casas particulares y trabajadores rurales

El personal de casas particulares tendrá una actualización del 1,7% en octubre, después del 1,9% de agosto y 1,8% de septiembre. El cronograma prevé además aumentos del 1,6% en noviembre y diciembre.

Para los trabajadores rurales permanentes, la remuneración mínima pasa en octubre a $1.235.833,53, más una asignación no remunerativa de $12.465.

Seguridad privada: el salario conformado supera $1,8 millones

En la actividad de seguridad privada, un Vigilador General tendrá en octubre un básico de $1.053.200, un viático de $534.000, $180.000 por presentismo y un adicional no remunerativo de $60.000. El salario bruto conformado de referencia alcanza así los $1.827.200

Plásticos, textiles y gimnasios

Los trabajadores de la industria plástica tendrán un incremento del 1,8% sobre los básicos y continuarán percibiendo una suma fija no remunerativa de $90.000.

En textiles e indumentaria, los aumentos varían según el convenio. El CCT 501/07 contempla un 2,5% sobre los básicos de septiembre más una suma no remunerativa equivalente al 5,5% del básico. Para el CCT 808/24, octubre contempla un 6% sobre los básicos y otro 6% como asignación no remunerativa.

Los trabajadores de gimnasios comprendidos en el CCT 738/16, por su parte, tendrán una suba acumulativa del 1,6%. Con las nuevas escalas, el básico de un guardavidas llega a $1.747.093; el personal administrativo, a $1.287.697; y limpieza y camareros, a $1.112.451.

Mineros, estaciones de servicio y maestranza

En la rama Cemento Portland, los trabajadores alcanzados por los convenios de AOMA tendrán un aumento del 2% en octubre, después del 4% de agosto y 2,5% de septiembre.

El acuerdo en estaciones de servicio, entre SOESGYPE y la Federación de Entidades Combustibles contempla otro 1,8%, correspondiente al último tramo de la pauta agosto-octubre.

Los trabajadores de maestranza incorporarán además $40.000 al salario básico durante octubre, correspondientes a la primera mitad de una suma no remunerativa de $80.000. Los otros $40.000 se incorporarán en noviembre.

Telecomunicaciones y servicios rápidos

Los trabajadores de Claro, Telecom/Personal y Movistar tendrán una actualización vinculada con la inflación. El acuerdo de CONSITEL contempla un pago único equivalente al IPC acumulado de agosto y septiembre y una actualización de las escalas por ese mismo índice.

En servicios rápidos, el personal de cadenas como McDonald’s, Burger King y Mostaza percibirá durante octubre una asignación no remunerativa equivalente al 7,4% de los salarios básicos de julio. En noviembre, esos montos pasarán a integrar los básicos.

También aumenta el salario mínimo

Desde el 1° de octubre, el Salario Mínimo, Vital y Móvil pasa de $383.800 a $391.200 para trabajadores mensualizados con jornada completa. Para quienes cobran por hora, el valor asciende a $1.956.

El incremento también funciona como referencia para determinadas prestaciones y cálculos vinculados con el sistema laboral.

Comercio: cobra el último tramo y deberá volver a negociar

Los empleados de Comercio cobrarán durante los primeros días de octubre sus salarios correspondientes a septiembre con el último incremento del 1,9% previsto en el acuerdo trimestral de FAECYS y las cámaras empresarias.

Las escalas de convenio para jornada completa superan los $1,3 millones, pero el aumento corresponde al período anterior. Durante octubre, el gremio deberá reabrir la negociación para definir la nueva pauta salarial.

Los tres colegios preuniversitarios de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) deberán extender o reorganizar sus calendarios escolares para recuperar parte de las clases perdidas durante el año. El conflicto docente acumuló 41 jornadas sin actividad académica por paros, una cifra que llevó a un grupo de familias a recurrir a la Justicia Federal para reclamar la continuidad educativa.

La presentación fue realizada por padres autoconvocados de la Escuela Industrial, la Escuela de Comercio y el Colegio Central Universitario, quienes promovieron un amparo colectivo para que se garantice el dictado de clases y se informe cómo serán recuperadas las jornadas obligatorias. El planteo contempla además una eventual medida cautelar, cuya procedencia deberá resolver el fuero federal.

El abogado Mariano Domínguez, representante de las familias, sostuvo que el objetivo de la acción judicial es preservar la continuidad de la escolarización de los alumnos de los tres establecimientos. La presentación pone en discusión cómo compatibilizar el derecho a la educación con las medidas de fuerza adoptadas por los docentes en el marco del reclamo salarial universitario.

Mientras la Justicia analiza el planteo, la UNSJ comenzó a definir respuestas diferentes para cada establecimiento. La coordinadora de los Institutos Preuniversitarios, Gisela Suligoy, explicó que no existe un único calendario posible porque cada colegio posee una organización académica y un proyecto pedagógico propio.

El Colegio Central Universitario será el primero en extender el ciclo lectivo y sumará una semana adicional de clases. En la Escuela Industrial, en cambio, las autoridades todavía relevan las horas efectivamente perdidas para determinar cuánto tiempo deberá recuperarse. La diferencia responde también a que no todos los docentes adhirieron a las medidas de fuerza y, por lo tanto, algunas asignaturas pudieron completar su programación.

La recuperación no consistirá únicamente en agregar jornadas. Los equipos directivos trabajan además en la identificación de los contenidos mínimos indispensables que deberán quedar garantizados antes de finalizar el ciclo. La intención es preservar los aprendizajes centrales aun cuando las horas efectivamente dictadas hayan sido diferentes entre cursos y materias.

El rector de la UNSJ, Tadeo Berenguer, evitó anticipar una decisión institucional sobre una eventual reposición general de los días perdidos y señaló que será la Justicia la que determine el alcance del reclamo. Al mismo tiempo, vinculó la prolongación de las medidas de fuerza con la pérdida del poder adquisitivo de los docentes y el financiamiento universitario.

El inconveniente excede así la organización del calendario escolar. La propia UNSJ había advertido durante el año que existe una colisión entre el derecho de los estudiantes a recibir educación y el reclamo salarial de docentes y nodocentes, en el marco de las restricciones presupuestarias que atraviesa el sistema universitario.

Los tres establecimientos —la Escuela Industrial “Domingo Faustino Sarmiento”, la Escuela de Comercio “Libertador General San Martín” y el Colegio Central Universitario “Mariano Moreno”— forman parte de los Institutos Preuniversitarios de la UNSJ.

La resolución del amparo y la definición de los calendarios determinarán ahora cómo se recuperará el tiempo perdido. Para las familias, el reclamo está centrado en asegurar la continuidad de las clases; para la Universidad, el desafío consiste en recomponer el dictado sin desarticular los proyectos pedagógicos de cada colegio. La problematica salarial universitaria queda, de este modo, directamente vinculada con una cuestión concreta para miles de estudiantes: cuánto tiempo de enseñanza podrá recuperarse y bajo qué condiciones.

La Confederación General del Trabajo (CGT) rechazó el fallo de la Corte Suprema que dejó nuevamente vigente la derogación de la Ley 26.737 de Tierras Rurales y trasladó la discusión al Congreso. La central obrera reclamó a la Cámara de Diputados que rechace el DNU 70/2023, después de que el Senado avanzara en el mismo sentido.

En un comunicado difundido, el Consejo Directivo Nacional calificó la resolución bajo el título “Un fallo contra la soberanía y la voluntad popular” y expresó su “más enérgico repudio” a la decisión del máximo tribunal. La CGT sostuvo que la derogación de la normativa elimina las restricciones que regían sobre la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

La central vinculó el pronunciamiento judicial con el debate que semanas atrás llegó al Congreso en torno a las reglas de propiedad rural. En ese marco, sostuvo que las movilizaciones sindicales y sociales contribuyeron a frenar modificaciones que buscaban flexibilizar el régimen establecido por la Ley 26.737.

“El territorio argentino es patrimonio de nuestro pueblo y forma parte inseparable de un proyecto de Nación con producción, trabajo, desarrollo y soberanía”, planteó la CGT en su documento. La organización advirtió, además, que la eliminación de los límites establecidos por la legislación derogada puede favorecer procesos de extranjerización, una interpretación que forma parte de su posicionamiento frente a la decisión judicial.

El reclamo central quedó dirigido ahora a Diputados. “Exigimos a la Cámara de Diputados que asuma su responsabilidad y rechace el DNU 70/2023, como ya lo hizo el Senado”, sostuvo la conducción cegetista. De esa manera, la central plantea una salida legislativa frente a una norma cuya derogación volvió a quedar operativa tras el fallo de la Corte.

La polemica judicial se originó en una acción promovida por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) contra el artículo 154 del DNU 70/2023. La Cámara Federal de La Plata había declarado inconstitucional esa disposición, pero la Corte revocó aquella sentencia al considerar que la asociación no estaba legitimada para impulsar la acción colectiva.

El máximo tribunal aclaró que no resolvió la constitucionalidad del DNU. Su decisión se limitó a la legitimación del CECIM y a la inexistencia de un caso o controversia que habilitara ese proceso judicial. Por efecto de la revocación, quedó nuevamente vigente el artículo que derogó la Ley 26.737, pero la cuestión de fondo sobre la validez constitucional de esa derogación no fue analizada.