El proceso de venta de Carrefour en la Argentina encendió las alarmas en el sindicalismo. Con al menos cuatro grupos empresarios interesados en la operación, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) exige una reunión urgente con la compañía para garantizar los 24.000 puestos de trabajo y la preservación de los convenios colectivos. La incertidumbre crece entre los empleados y las filiales locales ya activan mecanismos de diálogo para evitar conflictos.

El posible cambio de manos de Carrefour Argentina, una de las mayores cadenas de supermercados del país, generó una inmediata reacción en el ámbito sindical. La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), encabezada por Armando Cavalieri, busca establecer contacto directo con la conducción de la empresa para conocer los alcances del proceso de venta y exigir garantías sobre la continuidad laboral de los 24.000 trabajadores que dependen de la compañía.

Fuentes de la FAECYS confirmaron que se realizaron reuniones internas en las últimas horas para definir una estrategia común frente a un escenario de incertidumbre creciente. El objetivo es claro: asegurar la estabilidad del empleo y evitar cualquier intento de flexibilización laboral que pueda derivarse del cambio de control.

“La prioridad es preservar cada puesto de trabajo y asegurar la continuidad de los convenios colectivos vigentes, sin importar quién resulte adjudicatario de la compra”, señalaron desde el gremio.

Según trascendió, el grupo francés Carrefour avanza en negociaciones con al menos cuatro potenciales compradores: Chango Más, Coto, Cencosud y un cuarto oferente cuyo nombre aún no fue revelado. Directivos de la empresa mantuvieron en las últimas semanas reuniones en París con representantes de una firma argentina, aunque sin brindar información oficial sobre el estado de las tratativas. Esa falta de claridad alimentó la preocupación sindical y encendió las alertas en las filiales regionales.

Reclamos por transparencia y preservación de derechos

La FAECYS pidió formalmente que la operación se realice con pleno respeto de los derechos adquiridos y que se mantenga el cumplimiento de los convenios colectivos. “Los trabajadores no pueden ser variables de ajuste en una negociación empresarial”, remarcaron fuentes cercanas al gremio.

La falta de información oficial sobre los términos de la operación generó inquietud también entre las seccionales del interior. En Mar del Plata, el Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica (SECZA), conducido por Guillermo Bianchi, presentó una nota formal a la dirección local de Carrefour, invocando el acuerdo internacional firmado entre Carrefour Argentina y UNI Global Union.

Ese documento, en su punto 3.1, resalta la importancia del diálogo social y la protección de los derechos laborales, principios que ahora los gremios reclaman como marco indispensable del proceso de venta.

“Es fundamental conservar cada uno de los puestos de trabajo y las condiciones alcanzadas. Son más de 240 familias que han contribuido al crecimiento de la empresa en nuestra ciudad”, expresó el SECZA en un comunicado público.

La conducción marplatense también instó a evitar decisiones unilaterales que puedan afectar las fuentes de empleo, y advirtió que, sin información clara, el malestar podría derivar en medidas de fuerza en las próximas semanas.

Un proceso que tensiona el mapa laboral del retail

La eventual venta de Carrefour no solo afecta a sus empleados directos, sino que podría reconfigurar el mapa del sector supermercadista argentino, concentrando aún más la actividad en pocas manos.
La competencia por el control de la cadena se da en un contexto de consumo deprimido, caída del poder adquisitivo y cierre de locales minoristas, lo que incrementa la presión sobre los trabajadores.

Analistas del sector advierten que, detrás del proceso de venta, hay factores estructurales: márgenes cada vez más ajustados, aumento de costos logísticos y una lenta recuperación del consumo masivo.
En ese escenario, la negociación sindical adquiere un carácter estratégico, no solo por los empleos directos sino por su impacto en las condiciones laborales del comercio en general.

Más de 500 dirigentas de 34 gremios participaron de un encuentro nacional en el que reclamaron la incorporación femenina al triunvirato de la CGT. Con el respaldo de los principales referentes sindicales, las trabajadoras impulsan una agenda que busca traducir en poder real la creciente participación de las mujeres en la estructura gremial.

En una jornada que podría marcar un antes y un después en la historia del sindicalismo argentino, la Mesa de Mujeres de la CGT reunió a más de quinientas dirigentas de 34 gremios en un encuentro que combinó militancia, debate y organización política. El reclamo fue claro y contundente: una mujer en el triunvirato que conduce la central obrera.

Durante el acto, se presentó la “Declaración de las Mujeres Trabajadoras de la CGT”, un documento que plantea la necesidad de garantizar una representación femenina proporcional en todos los niveles de decisión. El texto, producto de un consenso transversal, sostiene que la paridad no debe ser entendida como una concesión, sino como una consecuencia lógica del protagonismo que las mujeres han construido dentro del movimiento obrero.

“Una mujer en el triunvirato no es un símbolo, es el reconocimiento de una realidad que se organiza todos los días y sostiene la fuerza vital del movimiento obrero”, expresa el documento, que fue leído ante una sala colmada de dirigentas sindicales y referentes de peso en la CGT.

Entre los dirigentes presentes estuvieron Héctor Daer, Andrés Rodríguez, José Luis Lingeri, Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Julio Piumato, quienes acompañaron la convocatoria en señal de apoyo a un proceso que, aunque interno, tiene una fuerte proyección política y social.

Un proceso de construcción colectiva

El avance de las mujeres en la CGT no surgió de un gesto espontáneo, sino de un proceso sostenido de organización que se consolidó tras la reforma del Estatuto en 2021, cuando se incorporó la paridad de género en la conformación del Consejo Directivo. A partir de ese cambio, se desplegó una red de acción que multiplicó espacios de trabajo, encuentros regionales y articulaciones entre gremios.

La co-secretaria de Derechos Humanos de la CGT, Maia Volcovinsky, definió este momento como el resultado de una construcción legítima:

“Si pedimos estar en los niveles de decisión es porque lo practicamos hacia adentro. Somos quienes más sufrimos las políticas neoliberales, pero también las que más trabajamos para revertirlas. Nuestra participación fortalece a la CGT y al país.”

En la misma línea, Marina Jaureguiberry, secretaria general del SADOP y miembro del Consejo Directivo, reivindicó la raíz histórica del movimiento:

“Venimos de una tradición que nos legó Eva Perón: la organización y el poder de las mujeres. Este es un día histórico; cuando se cuente esta historia podremos decir que estuvimos acá, siendo protagonistas.”

Por su parte, Vanesa Núñez, dirigente de UTEDYC y co-secretaria de Innovación y Futuro del Trabajo, destacó el carácter colectivo del proceso:

“El poder que construimos no es patriarcal ni individual; nace del trabajo en red, de cada compañera y de las que nos sostienen. Eva Perón nos enseñó a ejercer el poder mirando la realidad. Cuando llegue una, llegamos todas.”

El desafío de la representatividad

El reclamo por una mujer en el triunvirato no se limita a una demanda simbólica: apunta a redefinir la distribución real del poder dentro del sindicalismo argentino. La CGT, históricamente conducida por hombres, enfrenta hoy el desafío de adecuar su estructura a una composición social donde las mujeres ocupan un rol creciente en el trabajo formal, en la negociación colectiva y en la representación gremial.

El debate interno combina tensiones y aprendizajes. En un contexto económico difícil, con caída del salario real, precarización laboral y reformas en discusión, las dirigentas sostienen que la mirada femenina aporta una agenda más inclusiva, que contempla tanto la defensa del empleo como las condiciones de vida, la equidad y la economía del cuidado.

En la Declaración de las Mujeres Trabajadoras, se afirma que la unidad del movimiento obrero solo será posible si sus estructuras reflejan la pluralidad de quienes lo integran:

“Somos parte sustancial de la unidad. Nacimos y crecimos dentro del trabajo, de la organización y de la lucha. Sostenemos la fuerza, el pensamiento y la estructura del sindicalismo argentino.”

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) inició asambleas en Aeroparque ante la falta de respuestas de Aerolíneas Argentinas a sus reclamos salariales y laborales. Las medidas afectan la programación de vuelos y podrían prolongarse durante varios días, en un nuevo capítulo del conflicto que enfrenta al gremio con la conducción de la empresa estatal.

El viernes comenzó con complicaciones en el Aeroparque Jorge Newbery, donde los pasajeros se encontraron con demoras y cancelaciones en distintos vuelos de Aerolíneas Argentinas. La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) llevó adelante asambleas informativas entre las 6 y las 10 de la mañana, en protesta por la falta de avances en la negociación con la empresa. El sindicato acusó a la conducción de “ignorar los reclamos” vinculados a salarios, ascensos, dotación de personal y cumplimiento de los convenios colectivos.

En un comunicado difundido por redes sociales, el gremio denunció el “ninguneo” por parte de la administración de la compañía y advirtió que las medidas “repercutirán de manera significativa en la programación de vuelos, con impacto durante varios días”. Aunque la acción gremial no implica un paro formal, el efecto operativo es similar: retrasos en partidas, reprogramaciones y molestias generalizadas entre los usuarios.

Desde Aerolíneas Argentinas recomendaron a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos por los canales oficiales —WhatsApp, aplicación móvil y sitio web—, y recordaron que los cambios de fecha u horario podrán gestionarse sin costo adicional. “La prioridad es minimizar las afectaciones al público y garantizar la continuidad del servicio”, señalaron voceros de la empresa.

Una disputa que se repite

El conflicto no es nuevo. A comienzos de mes, APLA ya había acusado a la empresa de “demorar intencionadamente las paritarias en un contexto de atraso salarial”, calificando la situación como “una nueva provocación” de la conducción.
La tensión se profundizó en paralelo con problemas técnicos detectados en los motores de la flota Boeing 737, que obligaron a dejar en tierra ocho aeronaves. El gremio responsabilizó a la compañía por “falta de previsión empresarial”, al considerar que la redistribución de vuelos hacia las otras flotas fue insuficiente y derivó incluso en contrataciones externas para cubrir la operación.

En el trasfondo, subyace un desacuerdo de mayor alcance: los pilotos rechazan el Decreto 378/2025, que modifica horarios, descansos, vacaciones y turnos de trabajo del personal aeronáutico. Según APLA, estas reformas vulneran derechos adquiridos y podrían afectar la seguridad operacional, uno de los ejes más sensibles del sector.

La conducción sindical sostiene que la disputa no se limita a una discusión paritaria. Denuncia un “deterioro sistemático” de las condiciones laborales y un proceso de “extranjerización del mercado aéreo”.

“La desregulación de la industria está generando serias consecuencias para los pilotos argentinos”, advirtieron desde APLA. “Con la llegada de más de 100 pilotos extranjeros, los empleos locales se reducen, los salarios pierden competitividad y se degrada la profesión.”

Por su parte, fuentes de Aerolíneas Argentinas respondieron que las medidas gremiales buscan presionar las negociaciones y se desarrollan en un momento clave:

“La empresa logró revertir una década y media de pérdidas operativas millonarias y dejar atrás la dependencia permanente de fondos estatales. En este contexto, el conflicto aparece como un intento de tensionar la nueva etapa de gestión”, indicaron voceros oficiales.

El pulso entre el gremio y la empresa refleja la tensión estructural del modelo de Aerolíneas: entre la necesidad de eficiencia y la preservación de derechos laborales. Mientras la empresa busca consolidar un equilibrio financiero, los sindicatos reclaman que ese orden no se construya sobre el ajuste de los trabajadores.