El Gobierno nacional confirmó el inicio de las obras correspondientes a la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, que comprende más de 3.900 kilómetros y atraviesa 11 provincias. Sumadas las tres etapas del programa, las rutas concesionadas superan los 9.000 kilómetros y conectan centros productivos, puertos y pasos fronterizos.

La finalización de la firma y el traspaso de esta etapa completa una nueva instancia del programa de concesiones viales impulsado por el Ejecutivo. El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien anticipó que el proceso continuará con nuevos corredores.

La tercera etapa abarca rutas ubicadas en Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Mendoza, Misiones y Chaco. Se trata de corredores que cumplen un papel central en el traslado de producción, el acceso a puertos y la conexión con pasos internacionales.

Dentro de esta etapa quedaron incluidos ocho corredores. El Tramo Centro comprende 681 kilómetros de las rutas nacionales 9, 19 y 34 entre Santa Fe y Córdoba. El Mesopotámico suma 276 kilómetros de las RN 12 y 18 en Entre Ríos, mientras que el Centro-Norte incorpora 536 kilómetros de la RN 34 entre Santa Fe y Santiago del Estero.

El Tramo Noroeste, con 596 kilómetros, alcanza las RN 9, 34, 66, 1V66 y A-016 y conecta Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy. El Litoral comprende 547 kilómetros de las RN 12 y 16 en Corrientes y Chaco, mientras que el Noreste suma 456 kilómetros de las RN 12 y 105 en Corrientes y Misiones.

Completan la etapa el Tramo Chaco-Santa Fe, con 497 kilómetros de la RN 11, y el Tramo Cuyo, que incorpora 329 kilómetros de la RN 7 en Mendoza. En conjunto, esta fase extiende el modelo de concesiones hacia algunos de los principales corredores de circulación del país.

La RFC ya había incorporado en sus dos primeras etapas otros corredores de importancia. La Etapa I incluyó el Tramo Oriental, integrado por las RN 12, 14, 135, A015 y 117, además del puente Rosario-Victoria, correspondiente a la RN 174.

La Etapa II, en tanto, comprendió el Tramo Pampa, con las RN 5 y 35, y el corredor Sur-Atlántico-Acceso Sur, integrado por las RN 3, 205 y 226 y las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery.

Entre las tres etapas, el programa alcanza más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales bajo concesión. El Gobierno sostiene que el esquema permitirá trasladar al capital privado parte de las inversiones necesarias para conservar, rehabilitar y modernizar una red fundamental para el transporte de cargas y la integración territorial.

Caputo planteó que la política continuará con nuevas concesiones y una mayor participación privada en infraestructura. La definición abre ahora una nueva etapa para los corredores transferidos, con obras cuya ejecución quedará vinculada al cumplimiento de las obligaciones asumidas por los concesionarios.

La magnitud del programa convierte a la Red Federal de Concesiones en una de las principales transformaciones de la administración nacional sobre la red vial: más de 9.000 kilómetros pasan a administrarse mediante contratos con privados, con impacto directo sobre las rutas utilizadas para la producción, el comercio y la logística interprovincial.

Las dos CTA, organizaciones sociales, gremiales, de derechos humanos y ambientalistas se movilizaron hacia Tribunales en rechazo a la decisión de la Corte Suprema que revocó el fallo que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras. También reclamaron al Congreso que rechace el DNU 70/23.

La protesta fue convocada por las dos CTA, la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), CONADU, CONADU Histórica, organismos de derechos humanos y distintas agrupaciones políticas y sociales. La concentración comenzó a las 16 en Plaza Lavalle y tuvo como consigna central la defensa de las restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

El reclamo se produjo una semana después de la sentencia de la Corte que revocó el fallo que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/23, mediante el cual el Gobierno había derogado la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras. El máximo tribunal fundamentó su decisión en la falta de legitimación del Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata para promover la demanda.

La resolución fue firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. La Corte sostuvo que no estaba resolviendo la validez constitucional del artículo 154 en sí mismo, sino la inexistencia de un caso judicial habilitado a partir de la legitimación invocada por la organización demandante.

Las organizaciones movilizadas interpretaron, sin embargo, que el efecto concreto del fallo deja nuevamente vigente la derogación de las restricciones establecidas por la Ley de Tierras. En el documento difundido durante la marcha reclamaron que el DNU 70/23 sea rechazado y advirtieron sobre sus posibles consecuencias para el dominio de tierras, recursos naturales y producción de alimentos.

El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo Godoy, calificó la decisión judicial como grave y cuestionó que los excombatientes de Malvinas hayan quedado sin posibilidad de avanzar con aquella demanda. La CTA de los Trabajadores, conducida por Hugo Yasky, también ratificó su participación en una nueva jornada de movilización prevista para el 15 de octubre.

La izquierda también intervino en la protesta. Los diputados nacionales del Frente de Izquierda Nicolás del Caño y Myriam Bregman reclamaron una movilización masiva al Congreso para esa fecha y plantearon que las centrales sindicales convoquen a un paro nacional con el objetivo de impulsar el rechazo del DNU 70/23.

La disputa tendrá además una instancia parlamentaria. La oposición busca reunir quórum en Diputados el 15 de octubre para tratar, entre otros asuntos, el rechazo del DNU 70/23. El Senado ya había votado en contra del decreto, por lo que una eventual decisión coincidente de la Cámara baja completaría el mecanismo previsto por la Ley 26.122 para los decretos de necesidad y urgencia.

La Casa Rosada recurrirá la sentencia del juez Martín Cormick que declaró inconstitucional el Decreto 759/2025 y ordenó aplicar de inmediato la Ley 27.795. El Ejecutivo sostiene que el Congreso debe definir las partidas necesarias, mientras la Justicia consideró que el decreto había condicionado la vigencia de una norma ratificada por el Parlamento.

El Gobierno nacional decidió apelar el fallo que ordenó poner en marcha la Ley de Financiamiento Universitario y llevará el litigio a una nueva instancia judicial. La Casa Rosada prepara el recurso contra la sentencia del juez federal Martín Cormick, que declaró inconstitucional el Decreto 759/2025 y dispuso el cumplimiento inmediato de la Ley 27.795.

La decisión fue confirmada este martes y se produce mientras la Procuración del Tesoro analiza los argumentos para cuestionar la resolución. En este sentido, el Ejecutivo evalúa alternativas vinculadas con el impacto presupuestario de la norma, cuyo cumplimiento supone mayores erogaciones para salarios, funcionamiento, becas, investigación y hospitales universitarios.

El Ejecutivo sostiene que la discusión sobre los recursos debe resolverse en el Congreso, particularmente en el tratamiento del Presupuesto 2027. Ese argumento constituye uno de los principales fundamentos de la estrategia oficial: el gobierno considera que no puede disponer partidas no contempladas sin que exista una definición parlamentaria sobre su financiamiento.

La Justicia adoptó una interpretación diferente. Cormick entendió que el Decreto 759/2025 había introducido una condición que, en los hechos, impedía la aplicación de una ley sancionada por el Congreso. La norma había sido promulgada en octubre de 2025 con una referencia al artículo 5° de la Ley 24.629, que supeditaba su ejecución a la determinación de fuentes específicas de financiamiento y a la incorporación de las partidas correspondientes al Presupuesto.

Para el magistrado, esa cláusula no podía utilizarse para suspender una legislación que el Congreso había ratificado después de rechazar el veto presidencial. En su sentencia, ordenó al Poder Ejecutivo dictar las medidas reglamentarias y administrativas necesarias para garantizar el cumplimiento inmediato de la Ley 27.795.

Tras varios meses de proceso legal, el tribunal dictó su veredicto. En diciembre de 2025, el mismo juzgado había dictado una medida cautelar contra el Decreto 759/2025. El Gobierno apeló esa decisión y la controversia llegó a instancias superiores. En junio de este año, la Corte Suprema dejó firme la cautelar que obligaba al Estado a aplicar los artículos vinculados con la actualización de haberes docentes y no docentes y la recomposición de programas estudiantiles.

El diferendo se mantuvo activo durante los meses venideros. En septiembre, Cormick volvió a intimar al Ejecutivo para que acreditara el cumplimiento de la medida cautelar y otorgó un nuevo plazo de cinco días. El tribunal consideró insuficiente la documentación presentada por el Estado para demostrar que los incrementos habían sido calculados conforme a los parámetros establecidos por la ley.

Ahora, con la sentencia definitiva de primera instancia, el Gobierno vuelve a recurrir a la vía judicial. La apelación abrirá una nueva discusión ante la Cámara mientras permanece vigente la orden de ejecutar la legislación universitaria.

El expediente tiene además una dimensión presupuestaria relevante. Durante el proceso, el Estado había cuestionado el costo de implementar la ley y planteado que demandaría una erogación superior al billón de pesos. El juez, sin embargo, sostuvo que la propia norma contempla mecanismos para afrontar las obligaciones y recordó que el Ejecutivo realizó modificaciones presupuestarias durante 2025.

Además, el conflicto estalla a pocas semanas de la quinta Marcha Federal Universitaria, programada para el 15 de octubre. La comunidad universitaria llega a la movilización con el aval de consecutivas decisiones de la Justicia, manteniendo como demandas centrales el financiamiento y la recomposición de los salarios.

La insistencia del Gobierno por revertir el fallo no solo dilata el auxilio financiero a las universidades, sino que profundiza una tensión constitucional sobre la división de poderes y el alcance del control judicial ante las leyes del Congreso.