La CGT resolvió movilizar masivamente al Congreso el miércoles 11 de febrero, en la antesala del debate de la reforma laboral en el Senado. Sin paro general por ahora, la central sindical profundiza un plan de acción escalonado que combina presión política, protesta callejera y eventuales medidas judiciales.

La Confederación General del Trabajo (CGT) definió dar un nuevo paso en su estrategia de confrontación con el Gobierno nacional al aprobar una masiva movilización al Congreso de la Nación el próximo miércoles 11 de febrero, coincidiendo con el inicio del tratamiento en el recinto del Senado del proyecto de reforma laboral impulsado por la administración de Javier Milei.

La resolución fue adoptada este viernes durante una reunión del Consejo Directivo Nacional de la central sindical, realizada en la sede de Azopardo 802, en la Ciudad de Buenos Aires. El encuentro estuvo encabezado por los cotitulares de la CGT, Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, junto a los principales dirigentes de los gremios confederados.

La movilización marcará la continuidad del plan de lucha que la central obrera viene desplegando desde fines de 2025, cuando el oficialismo dio a conocer el contenido del proyecto. La protesta más contundente hasta el momento fue la multitudinaria marcha del 18 de diciembre en Plaza de Mayo, que logró frenar el avance legislativo de la iniciativa antes de fin de año.

Estrategia escalonada y sin paro inmediato

En conferencia de prensa, Jorge Sola confirmó que la concentración en la Plaza de los Dos Congresos comenzará a partir de las 15 horas y apuntó a una demostración “contundente y multitudinaria” para condicionar el debate parlamentario. Al mismo tiempo, aclaró que no habrá paro general la próxima semana, aunque la herramienta no fue descartada a futuro.

“La batalla contra la reforma laboral recién empieza en el Congreso”, había anticipado días atrás el dirigente cegetista en declaraciones radiales. En esa línea, remarcó que las medidas de fuerza deben construirse y ser efectivas: “Los paros no suceden fácil; tienen que ser contundentes”, sostuvo.

La lógica definida por la conducción sindical es avanzar con un esquema progresivo de confrontación. En una primera etapa, la prioridad estará puesta en el lobby político con senadores y gobernadores para bloquear el tratamiento o modificar sustancialmente el proyecto. De no prosperar esa vía, la CGT evalúa profundizar el conflicto con nuevas acciones gremiales y eventualmente judiciales, en caso de que la ley sea aprobada.

Federalización del conflicto

Además de la movilización central en la Ciudad de Buenos Aires, la CGT resolvió que sus delegaciones regionales repliquen las protestas en las capitales provinciales y en las principales ciudades del país. El objetivo es federalizar el plan de acción y exhibir un rechazo extendido a la reforma laboral, más allá del epicentro político porteño.

Desde la central obrera consideran que el proyecto impulsado por el Gobierno implica un retroceso en derechos laborales históricos y una alteración profunda del sistema de relaciones del trabajo, en un contexto de caída del empleo, pérdida del poder adquisitivo y creciente conflictividad social.

La Asociación Bancaria denunció ante la Secretaría de Trabajo el cierre de más de 40 sucursales del Banco Santander, despidos, modificaciones salariales y presuntas amenazas a delegados gremiales. El sindicato se declaró en estado de alerta y movilización y aguarda una audiencia clave el próximo 12 de febrero.

La Asociación Bancaria encendió una nueva señal de alarma en el sistema financiero al denunciar formalmente al Banco Santander por una serie de medidas que, según el gremio, vulneran derechos laborales y salariales de las y los trabajadores. La presentación fue realizada ante la Secretaría de Trabajo, donde se llevó a cabo una audiencia con la participación del secretario general del sindicato, Sergio Palazzo, junto a miembros del Secretariado Nacional, secretarios generales de seccionales, representantes de la Comisión Gremial Interna y autoridades de la entidad bancaria.

Desde el gremio calificaron las acciones del banco como “reiterados incumplimientos”, en un contexto marcado por el cierre de más de 40 sucursales en todo el país, la continuidad de despidos y la adopción de prácticas que consideran persecutorias hacia dirigentes y delegados sindicales.

Cierres, despidos y denuncias salariales

Según detalló La Bancaria, en las últimas semanas el Santander profundizó un proceso de reestructuración que impacta de lleno en el empleo y las condiciones de trabajo. Entre las irregularidades denunciadas, el sindicato señaló el cierre masivo de sucursales, la reducción de personal y presuntas amenazas dirigidas a referentes gremiales, hechos que agravan el clima laboral dentro de la entidad.

A su vez, el gremio acusó al banco de modificar rubros en los recibos de sueldo, una maniobra que —advirtieron— afecta de manera directa la percepción salarial de las y los trabajadores. En ese marco, solicitaron a la Secretaría de Trabajo la realización de inspecciones urgentes para verificar posibles tercerizaciones de tareas bancarias y otros incumplimientos de la normativa laboral vigente.

Estado de alerta y posible escalada del conflicto

Frente a este escenario, la Asociación Bancaria resolvió declararse en estado de alerta y movilización en el Banco Santander a nivel nacional. Los cuerpos orgánicos del sindicato se reunirán en los próximos días para evaluar la continuidad del plan de acción y definir eventuales medidas de fuerza, en función de la respuesta que brinde la empresa.

Desde el gremio no descartaron una escalada del conflicto si no se registran avances concretos que garanticen la preservación de los puestos de trabajo y el respeto de las condiciones laborales y salariales.

Audiencia clave el 12 de febrero

La Secretaría de Trabajo convocó a las partes a una nueva audiencia, prevista para el jueves 12 de febrero, que será determinante para el futuro del conflicto. Desde La Bancaria advirtieron que, de no obtener respuestas favorables, continuarán las asambleas en los lugares de trabajo y se profundizará el plan de lucha. “Seguiremos reclamando hasta alcanzar una solución integral y satisfactoria para todos los trabajadores y trabajadoras”, señalaron desde el sindicato, que vuelve a colocar al Santander en el centro de la escena sindical, en un contexto de creciente tensión laboral y ajustes en el sector financiero.

La Confederación General del Trabajo concentra su estrategia en impedir que el Senado alcance el quórum necesario para tratar la reforma laboral el próximo 11 de febrero. Jorge Sola, uno de los integrantes del triunvirato cegetista, remarcó que la disputa debe resolverse en el plano político y confirmó contactos con gobernadores y senadores para bloquear el avance del proyecto oficialista.

A días de una sesión clave en el Senado, la CGT decidió jugar a fondo su carta política para frenar la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. La central obrera apunta a bloquear el quórum en la sesión especial convocada para el miércoles 11 de febrero, una maniobra que, de prosperar, impediría siquiera el inicio del debate parlamentario.

El encargado de ratificar la estrategia fue Jorge Sola, uno de los integrantes del triunvirato que conduce la CGT, quien dejó en claro que la disputa excede el terreno gremial. “La solución no es gremial, es política”, afirmó, al remarcar que el objetivo inmediato es agotar todas las instancias institucionales antes de avanzar en una escalada de medidas de fuerza.

Presión sobre gobernadores y senadores

La táctica de la central obrera combina bajo perfil público con intensa gestión política. Según explicó Sola, la CGT mantiene conversaciones con casi todos los gobernadores, con especial énfasis en aquellos con influencia directa sobre sus representantes en la Cámara alta. “No buscamos fotos, buscamos resultados”, sintetizó.

Si bien la conducción cegetista reconoce una buena recepción entre los mandatarios peronistas, también admitió tensiones y señales ambiguas. En ese marco, llamó la atención la cancelación de una reunión prevista con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, un episodio que encendió alertas en la central obrera por el peso que tiene ese distrito en la discusión parlamentaria.

En ese sentido, el foco principal está puesto en los senadores nacionales. “Queremos hablar con todos y cada uno de los senadores, porque son los responsables de que esta ley no salga”, sostuvo Sola en declaraciones radiales. La consigna es clara: que no haya quórum el 11 de febrero.

Líneas rojas y estrategia legislativa

Más allá de la táctica coyuntural, la CGT definió una estrategia de fondo basada en el análisis artículo por artículo del proyecto oficial. Desde la central explicaron que se está informando a los legisladores sobre las denominadas “líneas rojas” que, de cruzarse, profundizarían el conflicto.

Entre los puntos que generan mayor rechazo figuran la licuación de las indemnizaciones, la posibilidad de habilitar convenios o sindicatos por empresa y otros mecanismos que, según la CGT, fragmentan la representación sindical y debilitan la negociación colectiva. “Eso no va a ser aceptado”, advirtió Sola.

El dirigente recordó además que la oposición de la central a las reformas impulsadas por el oficialismo no es nueva. “Desde antes de la asunción de Milei venimos resistiendo estos intentos. La Ley Ómnibus se frenó también por la presión sindical”, señaló, al tiempo que destacó que, pese al desgaste acumulado, “la efervescencia sigue estando”.

¿Paro general o disputa política?

De cara a los próximos días, la CGT discutirá en su mesa chica la posibilidad de medidas de fuerza, aunque Sola se encargó de bajar expectativas inmediatas. “Los paros no suceden fácil, hay que construirlos”, explicó, y subrayó que, de tomarse una decisión de ese tipo, deberá tratarse de una medida “contundente”.

No obstante, volvió a insistir en que el eje central de la estrategia sigue siendo político. Para la conducción cegetista, la clave no está solo en la capacidad de movilización, sino en condicionar el escenario parlamentario y evitar que el oficialismo consiga los consensos necesarios para avanzar con una reforma que consideran regresiva.