San Juan se sumará este jueves 15 de octubre a la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para reclamar al Gobierno de Javier Milei el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. ADICUS confirmó su participación en la movilización, que tendrá como punto de partida la Plaza 25 de Mayo, a las 16.30.

La convocatoria se inscribe en la disputa por la recomposición salarial de docentes y no docentes, los recursos para el funcionamiento de las universidades y la aplicación de la normativa aprobada por el Congreso. El recorrido previsto contempla una marcha hasta el Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), sobre calle Mitre, aunque el trayecto definitivo se resolverá en una reunión organizativa.

Una clase pública antes de la movilización

Como parte de las actividades previas, este miércoles se realizará una clase pública de Derecho Constitucional frente al Rectorado. La exposición estará a cargo de los abogados Conrado Suárez Jofré y Javier Alamino y buscará sumar una instancia de debate académico a los reclamos universitarios.

La protesta local se desarrollará en simultaneo con las movilizaciones convocadas en distintos puntos del país, luego de que el Gobierno recurriera a la Justicia para cuestionar la obligación de aplicar la ley de financiamiento.

El conflicto combina así el reclamo gremial por salarios y presupuesto con una discusión institucional sobre el cumplimiento de una norma sancionada por el Congreso. La movilización del jueves buscará sostener la presión pública mientras continúa la disputa judicial y las organizaciones universitarias advierten sobre el deterioro de los recursos destinados a la educación superior.

La construcción acumula una pérdida de 120.000 puestos de trabajo y la desaparición de unas 2.000 empresas, sin perspectivas de una recuperación significativa durante los próximos meses. La advertencia fue formulada por Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), quien atribuyó el deterioro a la fuerte contracción de la obra pública y anticipó que el estancamiento podría extenderse durante los primeros meses de 2027.

Según el dirigente empresario, la actividad cayó alrededor de un 25% entre mediados de 2023 y mediados de 2024 y desde entonces se mantiene en niveles inferiores a los previos al derrumbe. Aunque el ritmo de la caída se moderó, el repunte todavía no alcanza para recomponer el empleo ni revertir el debilitamiento de las compañías. Algunas atraviesan dificultades financieras e incluso procesos de convocatoria de acreedores.

Weiss sostuvo que no observa cambios relevantes para el corto plazo. Si bien identificó un mayor dinamismo en Neuquén y Río Negro, impulsado por las inversiones vinculadas con Vaca Muerta, advirtió que ese movimiento resulta insuficiente para compensar la retracción en el resto del país. La construcción asociada con la energía y la minería ofrece mejores perspectivas, pero no reemplaza el volumen de trabajo que generaba la infraestructura pública.

El reclamo por la inversión estatal

El titular de CAMARCO cuestionó la posibilidad de que el capital privado sustituya por completo al Estado en el financiamiento de las obras. Según planteó, rutas con bajo tránsito, grandes proyectos ferroviarios y otras infraestructuras requieren recursos públicos para resultar viables.

La paralización de esos emprendimientos, advirtió, trasciende a las empresas constructoras: el deterioro vial y ferroviario también eleva los costos logísticos y condiciona la competitividad de otras actividades productivas.

El mercado inmobiliario tampoco despega. Según Weiss, construir en dólares es cada vez más caro y los precios de venta rezagados reducen la rentabilidad de las obras. Aunque valoró los nuevos créditos hipotecarios, aclaró que todavía les falta escala para generar una reactivación general.

El Gobierno de Javier Milei prepara un nuevo régimen de retiros voluntarios para reducir la dotación de personal de la Administración Pública Nacional (APN). El proyecto, elaborado por la Secretaría de Transformación del Estado, a cargo de Maximiliano Fariña, bajo la conducción del ministro Federico Sturzenegger.

La iniciativa contempla compensaciones diferenciadas por edad y antigüedad, la eliminación de las vacantes y una prohibición de reingreso al Estado durante ocho años. La iniciativa también exige renunciar a la representación sindical y deja la aprobación de cada solicitud en manos de las autoridades de cada organismo.

La plan todavía debe completar su trámite para convertirse en una norma vigente. Entre sus principales condiciones figura la supresión del cargo presupuestario de cada trabajador que se retire, con la prohibición de cubrir esa vacante durante al menos dos años. El mecanismo busca que las desvinculaciones se traduzcan en una reducción efectiva de la estructura estatal.

El régimen alcanzaría al personal de planta permanente comprendido en la Ley 25.164 y a trabajadores con contratos por tiempo indeterminado bajo la Ley de Contrato de Trabajo. Quedarían excluidos, entre otros, integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad, personal del Servicio Exterior, organismos de inteligencia y cargos docentes. Tampoco podrían adherir quienes afronten determinados sumarios disciplinarios o procesos judiciales, ni quienes ya estén en condiciones de acceder a la jubilación ordinaria.

Tres modalidades de compensación

El borrador divide a los posibles beneficiarios en tres grupos, con fórmulas de pago diferentes:
Próximos a la edad jubilatoria: mujeres desde los 58 años y hombres desde los 63 que no reúnan los aportes necesarios. Podrían optar por una prestación mensual equivalente al 60% del sueldo bruto habitual hasta alcanzar la edad jubilatoria, con un máximo de 36 meses, o por un pago calculado a razón de un sueldo por año de antigüedad, hasta 18 remuneraciones.

Con edad y aportes para jubilarse: mujeres de entre 58 y 64 años y hombres de entre 63 y 64 que reúnan los años de servicio requeridos. La compensación sería de un sueldo por año de antigüedad, con un tope de 18 salarios, más un adicional equivalente a cinco sueldos.

Trabajadores de menor edad: mujeres de hasta 57 años y hombres de hasta 62. Recibirían un sueldo por año trabajado, con un máximo de 20 remuneraciones, más una compensación adicional de cuatro o cinco sueldos según la antigüedad.

En los casos previstos de pago en cuotas, el proyecto establece desembolsos mensuales consecutivos y fija un límite de $20 millones para cada uno de los dos primeros pagos, con cancelación del saldo restante en una tercera cuota.

Restricciones para volver al Estado

Uno de los puntos centrales del borrador es la prohibición de reingresar al Sector Público Nacional durante ocho años desde la desvinculación. La restricción abarcaría distintas formas de contratación, incluidos cargos jerárquicos, asesorías y programas financiados por organismos internacionales. La excepción contemplada corresponde a la docencia en universidades nacionales.

Si una persona incumpliera esa condición, debería devolver la totalidad de la compensación recibida, actualizada por el índice de precios al consumidor (IPC), más un interés anual del 3%.

El texto también establece una condición que podría generar cuestionamientos sindicales: los empleados con mandato gremial vigente deberían renunciar a su condición de delegados y acreditar esa decisión al solicitar el retiro. La exigencia se extendería a quienes se hubieran postulado como candidatos sindicales.

La facultad de decisión final corresponderá a cada entidad

La incorporación al régimen tendrá carácter voluntario pero requerirá aprobación expresa. Los ministros, secretarios de la Presidencia y demás autoridades competentes estarán facultados para admitir o denegar las solicitudes por necesidades del servicio, conforme al procedimiento establecido en la propuesta.