La modificación de último momento que preserva las cuotas solidarias y otros cambios aceptados por la Casa Rosada alivian a la conducción cegetista en su principal preocupación: el financiamiento sindical. Pero la estrategia de negociación silenciosa puede volverse en contra si la reforma avanza sin alterar aspectos sensibles para los trabajadores.

La pregunta comenzó a circular incluso dentro del propio sindicalismo: ¿los cambios introducidos por el Gobierno en la reforma laboral son una victoria táctica o el inicio de una derrota estratégica para la CGT? La respuesta, por ahora, parece moverse en esa ambigüedad.

En las últimas horas, la Casa Rosada aceptó modificaciones sustanciales al proyecto que se debate en el Senado. La más significativa fue la eliminación del artículo que condicionaba a la “conformidad expresa del trabajador” la retención de cuotas sindicales por parte del empleador. Al desaparecer esa cláusula —el artículo 137 de la versión original— queda vigente el esquema actual, que obliga a los empleadores a actuar como agentes de retención no sólo de las cuotas de afiliación sino también de “otros aportes”.

Allí reside la clave: las cuotas solidarias. Esos descuentos pactados en los convenios colectivos que alcanzan tanto a afiliados como a no afiliados constituyen la columna vertebral del financiamiento sindical. El propio Federico Sturzenegger los había definido como “peajes sindicales” y buscó limitarlos desde la llegada de Javier Milei al poder. La CGT logró frenar ese intento en la Justicia cuando fue incluido en el DNU 70 y ahora consiguió que desaparezca también de la reforma laboral.

No fue la única concesión. El Gobierno también eliminó el artículo que reducía las contribuciones patronales destinadas a las obras sociales, otro punto neurálgico para la estructura sindical. Y en el texto anunciado por Patricia Bullrich se estableció que las cuotas solidarias tendrán un tope del 2% hasta el 1° de enero de 2028, cuando pasarían a ser voluntarias.

El resultado es claro: la “caja sindical” quedó a salvo, al menos en esta etapa. Y eso explica buena parte del comportamiento político de la conducción cegetista.

Una movilización contenida

La protesta frente al Congreso de la Nación Argentina dejó una imagen dispar. La columna principal de la CGT tuvo un paso fugaz por la zona y sus máximos dirigentes permanecieron poco más de media hora antes de retirarse. La escena contrastó con los incidentes posteriores protagonizados por sectores de izquierda y grupos más combativos, que derivaron en enfrentamientos con piedras y bombas molotov.

Para el ala dialoguista, la movilización fue parte de una estrategia de contención interna. La conducción logró desactivar propuestas de paro de 12, 24 y 48 horas impulsadas por sectores duros, evitando una escalada que hubiese complicado las negociaciones reservadas con el Ejecutivo.

“Los extremos se unen y son funcionales entre sí”, sostuvo Gerardo Martínez, uno de los referentes del sector más proclive al diálogo. La frase sintetiza la lectura cegetista: exhibir presencia en la calle sin romper los puentes con un Gobierno que, tras el triunfo electoral de octubre, conserva iniciativa política.

La foto que también habló

En ese escenario reapareció Pablo Moyano encabezando la columna de Camioneros y, antes de la marcha, posó junto a Hugo Moyano en la sede del gremio, en una imagen que pareció sellar una tregua en su prolongada disputa interna. Detrás de ellos, una histórica fotografía junto a Saúl Ubaldini evocó el récord de 13 paros generales contra el gobierno de Raúl Alfonsín. El simbolismo no pasó inadvertido: la amenaza de conflictividad siempre está latente.

Las columnas más nutridas correspondieron a UPCN, Camioneros, la UOCRA, UDA, Obras Sanitarias, la CATT, la UTEP y el FRESU, entre otros. Sin embargo, la ausencia de algunos referentes y el tono moderado de la conducción reforzaron la percepción de una protesta administrada.

El alivio y la trampa

El problema para la CGT no está en lo que consiguió, sino en lo que quedó intacto. La reforma mantiene aspectos sensibles como los cambios en indemnizaciones, la introducción del banco de horas, la flexibilización en vacaciones, la discusión sobre la ultractividad de los convenios y la posibilidad de convenios por empresa. Estos puntos impactan directamente en el modelo sindical argentino basado en el unicato y la negociación colectiva por actividad.

Algunos dirigentes del ala dura advierten que preservar la caja no alcanza. Si la reforma avanza sin modificar los artículos que afectan derechos individuales y colectivos, la conducción podría pagar un costo político ante sus propias bases. “La gente no va a perdonar que se haya salvado el financiamiento pero no las condiciones laborales”, deslizan en privado.

El cotitular cegetista Andrés Rodríguez sostuvo públicamente que la reforma “quita derechos” y no generará empleo, pese a reconocer cambios “aparentemente favorables” al movimiento sindical. Esa tensión discursiva revela el delicado equilibrio que intenta sostener la central obrera.

La CGT consiguió alivio inmediato en el terreno financiero e institucional. Pero el Gobierno también logró algo: dividir el frente sindical, moderar la conflictividad y avanzar en el núcleo de su reforma. En esa dialéctica se juega algo más que una ley. Se define el alcance real del poder sindical en la Argentina que emerge bajo la presidencia de Milei.

Si las concesiones se consolidan y el resto del proyecto avanza, la conducción cegetista habrá preservado su estructura, pero deberá explicar por qué no logró frenar los cambios que afectan directamente a los trabajadores. Allí radica la trampa: ganar en la negociación puede implicar perder en legitimidad.

Con 42 votos afirmativos y 30 negativos, el Senado aprobó de madrugada la reforma laboral impulsada por Javier Milei. La clave estuvo en el respaldo articulado de gobernadores y bloques provinciales, que ampliaron la base libertaria más allá del PRO y la UCR. El proyecto ahora será tratado en Diputados antes del 1° de marzo.

La media sanción de la reforma laboral no fue únicamente el resultado de la cohesión del oficialismo. Fue, sobre todo, la expresión de una arquitectura política más amplia, construida en las semanas previas con gobernadores que, más allá de su identidad partidaria, decidieron acompañar al Ejecutivo.

La Libertad Avanza aportó su núcleo duro en la Cámara alta, con senadores como Bartolomé Abdala, Ezequiel Atauche, Vilma Bedia, María Emilia Orozco y Francisco Paoltroni, entre otros.

A ese bloque se sumaron de manera compacta los diez legisladores de la Unión Cívica Radical —entre ellos Maximiliano Abad, Carolina Losada y Eduardo Vischi— y los representantes del PRO, como Enrique Goerling Lara y Carmen Álvarez Rivero.

Esa base, sin embargo, no alcanzaba por sí sola para garantizar la aprobación. El umbral político se superó con el aporte decisivo de senadores vinculados a gobernadores provinciales, algunos de ellos peronistas no alineados con la conducción nacional del PJ.

Los gobernadores que inclinaron la balanza

El oficialismo logró consolidar acuerdos con mandatarios provinciales que ordenaron a sus representantes en el Senado acompañar el proyecto. Entre los respaldos más relevantes se cuentan:
Tucumán (Osvaldo Jaldo): Beatriz Ávila confirmó su voto positivo, en sintonía con la estrategia del Ejecutivo provincial.
Neuquén (Rolando Figueroa): Julieta Corroza (La Neuquinidad) aportó un voto clave.
Salta (Gustavo Sáenz): Flavia Royón (Primero los Salteños) acompañó la iniciativa.
Córdoba (Martín Llaryora): Alejandra Vigo, referenciada en el schiarettismo, respaldó el proyecto.
Misiones (Hugo Passalacqua): Carlos Arce y Sonia Rojas Decut (Frente Renovador de la Concordia) votaron a favor.
Chubut (Ignacio “Nacho” Torres): Edith Terenzi (Despierta Chubut) se sumó al oficialismo.

También acompañaron senadores del espacio Provincias Unidas, como Carlos Mauricio Espínola, ampliando el carácter transversal de la mayoría.

El resultado evidenció una dinámica política que trasciende la clásica grieta nacional: gobernadores priorizando negociación fiscal, gobernabilidad y vínculos institucionales por sobre alineamientos partidarios estrictos.

Quiénes votaron a favor

La votación reflejó una coalición amplia y heterogénea integrada por:
La Libertad Avanza
PRO
UCR
Frente Renovador de la Concordia (Misiones)
Bloques provinciales de Neuquén, Salta y Chubut
Peronismo federal o disidente (Provincias Unidas, Córdoba)
En total, 42 senadores levantaron la mano afirmativamente.

El rechazo: peronismo cohesionado y bloques patagónicos

El bloque de Unión por la Patria lideró el rechazo con 30 votos negativos, acompañado por espacios como Convicción Federal, representantes santacruceños y otros senadores provinciales.

Figuras como José Mayans, Juliana Di Tullio, Eduardo “Wado” de Pedro, Alicia Kirchner y Sergio Uñac encabezaron la resistencia parlamentaria, en línea con el posicionamiento del sindicalismo y la CGT, que durante las últimas semanas movilizó en distintas provincias contra el proyecto.

La votación dejó en evidencia una fractura dentro del universo peronista: mientras la conducción nacional sostuvo una postura unificada en contra, gobernadores con peso territorial optaron por una estrategia de diálogo y acompañamiento parcial al Ejecutivo.

Un triunfo político con impacto federal

Más allá del contenido específico de la reforma, el resultado constituye un triunfo político significativo para Javier Milei. No solo por haber superado la primera instancia legislativa, sino por haber logrado articular una mayoría con actores que no forman parte de su estructura partidaria.

La iniciativa ahora pasa a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo intentará replicar el esquema de alianzas para obtener la sanción definitiva antes del 1° de marzo, dentro del período de sesiones extraordinarias.

El Senado dejó una señal clara: en el nuevo mapa de poder, los gobernadores emergen como árbitros decisivos de la agenda nacional. Y en esta oportunidad, su respaldo fue determinante para que la reforma laboral avance un casillero más en el Congreso.

Con el acompañamiento de la mayoría de los gobernadores “dialoguistas”, el Senado aprobó en general la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo. El texto introduce cambios estructurales en la Ley de Contrato de Trabajo, limita el derecho de huelga, modifica el régimen indemnizatorio y otorga prevalencia a los convenios por empresa. La discusión se traslada ahora a la Cámara de Diputados.

Tras 14 horas de debate, el Senado de la Nación aprobó en la madrugada de este jueves el proyecto de reforma laboral promovido por el presidente Javier Milei. La votación en general arrojó 42 votos afirmativos y 30 negativos, con el respaldo decisivo de los bloques alineados con gobernadores provinciales. El dato que atravesó la jornada —y que encendió críticas en la oposición— fue que el texto definitivo llegó a manos de los senadores minutos después de la votación, en un trámite que dejó interrogantes sobre la lectura fina de las modificaciones incorporadas a último momento.

La Libertad Avanza reunió sus 21 votos y sumó el acompañamiento de la Unión Cívica Radical, el PRO, Provincias Unidas y bloques provinciales vinculados a mandatarios locales. Con excepción del santacruceño Claudio Vidal, los gobernadores considerados “dialoguistas” aportaron respaldo político a la iniciativa. El interbloque peronista, en tanto, se mantuvo cohesionado y votó en contra, junto a dos representantes de Santa Cruz.

Un rediseño estructural del esquema laboral

Bajo el nombre de “Modernización Laboral”, el proyecto introduce modificaciones profundas en la Ley de Contrato de Trabajo y en normas complementarias. El oficialismo lo presenta como una herramienta para promover empleo registrado y reducir litigiosidad. Para el sindicalismo y sectores de la oposición, en cambio, se trata de un cambio de paradigma que debilita la negociación colectiva y altera pilares históricos del modelo laboral argentino.

Uno de los ejes más controvertidos es la regulación del derecho de huelga. La iniciativa establece porcentajes mínimos de funcionamiento del 75% en servicios esenciales y del 50% en actividades consideradas trascendentales, ampliando el universo alcanzado. Además, fija nuevas condiciones para asambleas y medidas de fuerza. Para las centrales obreras, estos mecanismos implican en los hechos una restricción severa de la protesta sindical.

En este sentido, la norma otorga prevalencia al convenio por empresa por sobre los convenios de actividad y limita la ultraactividad de los acuerdos colectivos. Al vencerse un convenio, las cláusulas extraordinarias tendrán un año para renegociarse. En términos prácticos, la arquitectura de la negociación colectiva se desplaza hacia ámbitos más fragmentados, con menor capacidad de presión sectorial.

Indemnizaciones, fondo de capitalización y banco de horas

El capítulo indemnizatorio también introduce un giro significativo. La base de cálculo excluye conceptos no mensuales como aguinaldo o vacaciones y fija un tope de hasta tres salarios promedio del convenio aplicable. La indemnización pasa a definirse como la única reparación frente al despido sin causa, un reclamo histórico del empresariado orientado a reducir contingencias judiciales.

En ese aspecto se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema de capitalización con aportes patronales obligatorios —1% para grandes empresas y 2,5% para pymes— destinado a cubrir obligaciones por desvinculación. Administrado bajo supervisión de la Comisión Nacional de Valores, el esquema modifica la lógica tradicional de financiamiento de despidos y abre un debate sobre el traslado de riesgos desde el empleador hacia mecanismos de ahorro previo.

La reforma incorpora además el denominado “banco de horas”, que permite compensar extensiones de jornada con francos en lugar de abonar horas extras, siempre bajo acuerdo escrito. La jornada diaria podrá ampliarse hasta 12 horas respetando descansos mínimos, y se habilitan contratos a tiempo parcial por debajo de la jornada legal. Para el oficialismo, se trata de herramientas de flexibilidad adaptadas a nuevas dinámicas productivas; para sus detractores, una puerta a la extensión de la disponibilidad laboral.

Cambios en licencias, estatutos y estructura sindical

En materia de enfermedades no laborales, el texto distingue entre dolencias derivadas de conductas voluntarias y aquellas ajenas a decisiones del trabajador, reduciendo en ciertos supuestos el porcentaje salarial a percibir. También se fijan topes en honorarios judiciales y se equiparan acuerdos homologados a sentencia firme, con el objetivo declarado de acotar la litigiosidad.

El proyecto deroga estatutos profesionales históricos —entre ellos el del periodista— y establece un plazo de transición para su eliminación. Asimismo, mantiene el aporte patronal del 6% a obras sociales y fija un tope del 2% para cuotas sindicales compulsivas por un período determinado, además de un 0,5% para cámaras empresarias.

En la antesala del debate, el Ejecutivo cedió ante reclamos provinciales y retiró la propuesta de rebaja del impuesto a las Ganancias para sociedades que afectaba la coparticipación. También incorporó modificaciones solicitadas por bloques aliados, en un delicado equilibrio entre disciplina fiscal y sostenimiento político.

Una discusión que recién comienza

El oficialismo celebró la media sanción como un paso decisivo en su programa de reformas estructurales. Sin embargo, la iniciativa enfrenta un escenario complejo en Diputados, donde los números son más ajustados y la presión sindical anticipa un clima de alta conflictividad.

Más allá de los ajustes técnicos incorporados en el trámite legislativo, la reforma abre un debate de fondo: si el nuevo esquema laboral favorecerá la creación de empleo formal o si, por el contrario, implicará un corrimiento de derechos consolidados durante décadas. En ese dilema se juega no solo la arquitectura jurídica del trabajo, sino también el modelo de relaciones laborales que definirá la Argentina de los próximos años.