Desde diciembre de 2023, el sector de ciencia y tecnología perdió 5.143 empleos, según un informe del Grupo EPC-CIICTI. El CONICET, el INTI y el INTA concentran la mayor reducción de personal, mientras que empresas públicas estratégicas como FADEA, NASA y ARSAT también sufrieron recortes. Especialistas advierten que el sistema científico argentino atraviesa su peor crisis desde el retorno de la democracia.

La cifra refleja un proceso de desarticulación sostenida del aparato estatal dedicado a la producción de conocimiento, afectando tanto a organismos públicos como a empresas estatales estratégicas. El documento revela que 4.481 empleos se perdieron en organismos dependientes de la Administración Pública Nacional, mientras que 711 correspondieron a empresas del sector.

CONICET, INTI e INTA: los más golpeados por el ajuste

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) encabeza la lista de organismos más afectados, con 1.912 trabajadores menos en los últimos 24 meses. Le siguen el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), ambos con reducciones significativas en sus plantillas.

Según el informe, los organismos transversales del sistema —como la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICT) y la Agencia I+D+i— perdieron el 40% de su personal, un dato que evidencia el alcance de los recortes.

El impacto también se trasladó al ámbito empresarial. FADEA, la Fábrica Argentina de Aviones, redujo su planta en 220 trabajadores, mientras que la Nucleoeléctrica Argentina (NASA) despidió 221 empleados. En ARSAT, la empresa de telecomunicaciones del Estado, la merma alcanzó los 124 puestos.

El deterioro del CONICET: becas y carreras científicas en retroceso

El Grupo EPC-CIICTI realizó un análisis desestacionalizado que muestra la magnitud del deterioro dentro del CONICET. Desde septiembre de 2023, se eliminaron 1.502 becas de investigación y 585 cargos de investigadores de carrera, lo que equivale a 2.087 empleos menos en dos años.

El recorte no solo implica una reducción de personal, sino una pérdida de capacidades científicas y tecnológicas acumuladas durante décadas. Los programas de becas son la base de la renovación generacional del sistema, y su caída afecta de manera directa la continuidad de líneas de investigación en universidades y centros científicos de todo el país.

Un sistema científico que pierde escala

El estudio también incorpora un análisis comparativo con otros países. Según el Grupo EPC-CIICTI, “cualquier comparación internacional —por ejemplo, referida a los datos de la OCDE— demuestra que el sistema científico argentino sufre por falta de escala y por la persistente ausencia de inversión privada en I+D”.

En ese sentido, el informe destaca que Argentina cuenta con apenas tres investigadores cada mil habitantes, mientras que “los países desarrollados a los que el Presidente dice aspirar, llegan a tener hasta diecisiete”.

La brecha, señalan los especialistas, no solo refleja la falta de recursos, sino también una pérdida de visión estratégica respecto al papel del conocimiento científico como motor de desarrollo económico, tecnológico y social.

Contexto y consecuencias: el impacto del ajuste sobre el futuro

La contracción del empleo en el sector de ciencia y tecnología se enmarca en una política de ajuste fiscal y reducción del gasto público impulsada por el gobierno de Milei. La decisión de congelar ingresos, suspender becas y paralizar proyectos tiene efectos que trascienden lo inmediato: muchos científicos emigran o buscan alternativas en el sector privado, mientras las instituciones pierden capacidad operativa.

Para los especialistas, el proceso actual no solo debilita la estructura científica, sino que rompe el tejido institucional que sostiene la producción de conocimiento en el país. “El sistema está siendo desmantelado por goteo. Cada renuncia o despido implica una pérdida de saber acumulado que llevará años recuperar”, advirtió un investigador del CONICET consultado por el informe.

Con el impulso político obtenido tras las elecciones legislativas de octubre, el Gobierno nacional acelera la redacción de una reforma laboral que busca ser debatida en sesiones extraordinarias antes de fin de año. Aunque todavía no hay un texto oficial, los borradores que circulan entre laboralistas y dirigentes sindicales despertaron una fuerte preocupación: para muchos especialistas, el anteproyecto pone en riesgo derechos consagrados en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

En los estudios jurídicos ya comenzó el análisis técnico de los puntos más controvertidos. La coincidencia entre los expertos es casi unánime: varias de las modificaciones vulnerarían garantías constitucionales básicas, lo que anticipa una intensa judicialización si el proyecto llega al Congreso tal como está.

Jornadas de hasta 12 horas: “un retroceso de un siglo”

Uno de los aspectos más sensibles es la posibilidad de extender la jornada laboral de ocho a doce horas diarias. Hoy la legislación vigente establece un máximo de ocho horas por día o 48 semanales, con límites más estrictos para el trabajo nocturno y para menores de edad.

Para los especialistas, la medida colisiona con el principio constitucional de “jornada limitada” y con tratados internacionales incorporados a la Carta Magna. “Sería un retroceso de cien años en materia de derechos laborales”, sintetizó un abogado del fuero laboral. La ampliación horaria, advirtieron, afecta la salud y la seguridad del trabajador, pilares que el derecho del trabajo protege desde principios del siglo XX.

Vacaciones fraccionadas y pagos parciales: el descanso en riesgo

Otro punto bajo observación es la división del período de vacaciones en varios tramos, lo que diluye la finalidad del descanso prolongado. La jurisprudencia argentina ha sostenido que el objetivo del régimen vacacional es la recuperación física y mental del trabajador, un propósito que se perdería con interrupciones o fraccionamientos sucesivos.

Además, los pagos parciales de vacaciones o indemnizaciones —también contemplados en el borrador— serían, según los laboralistas, una forma de precarización encubierta, incompatible con el derecho de propiedad y el principio de integralidad salarial que protege la Constitución.

Indemnizaciones con tope y en cuotas: alivio para empresas, costo para empleados

La iniciativa prevé que las pequeñas y medianas empresas puedan pagar las indemnizaciones en hasta 12 cuotas mensuales, con un tope de 10 sueldos. Este esquema choca de lleno con la LCT, que establece una compensación equivalente a un mes de salario por cada año trabajado, sin límite y con pago íntegro.

“Más allá del argumento de aliviar la carga a las pymes, en los hechos se traslada el costo del despido al trabajador”, explican los abogados laboralistas. Además, el Código Civil y Comercial prohíbe el pago parcial de deudas si el acreedor no lo acepta, lo que sumaría otro conflicto jurídico.

Banco de horas: flexibilidad con pérdida salarial

El borrador introduce la figura del “banco de horas”, un sistema que permitiría compensar horas extras con días de descanso, eliminando el pago con recargo. El Gobierno lo presenta como una herramienta de “modernización”, pero desde el sindicalismo advierten que, en la práctica, implica una reducción del salario real y una mayor disponibilidad horaria sin retribución económica.

Actualmente, la LCT establece un recargo del 50% o del 100% según el día y horario de las horas extras, un esquema que protege al trabajador de los abusos en la carga laboral.

El regreso de los “tickets canasta”: la sombra de los 90

Entre los puntos más polémicos figura el posible retorno de los vales de comida o “tickets canasta”, eliminados en 2007. Este sistema, característico de la flexibilización laboral de los años 90, fue declarado de carácter salarial por la Corte Suprema en 2009, al reconocer que debía integrarse a los aportes y contribuciones.

De reinstaurarse, advierten los especialistas, se excluiría parte del salario de los aportes jubilatorios y del cálculo de indemnizaciones, lo que debilitaría la protección social del trabajador y reproduciría esquemas ya superados.

Fin de la ultraactividad: golpe a la negociación colectiva

La propuesta también contempla eliminar la ultraactividad de los convenios colectivos, es decir, su vigencia automática hasta que se firme un nuevo acuerdo. Para los expertos, esta decisión desequilibra las relaciones laborales y debilita el poder de negociación sindical, en abierta contradicción con los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que tienen jerarquía constitucional en Argentina.

“Quitar la ultraactividad es desconocer los compromisos internacionales del país y retroceder en materia de libertad sindical”, alertaron fuentes gremiales.

Una reforma en conflicto con la Constitución

De aprobarse en los términos actuales, la reforma nacería con serias inconsistencias jurídicas, advierten los especialistas. Las modificaciones afectarían artículos centrales de la LCT sin revisar su estructura general, lo que generaría conflictos de interpretación y posibles planteos de inconstitucionalidad.

“No es una modernización del trabajo, sino una reedición de las recetas de los años 90”, sostienen desde el ámbito sindical. Mientras tanto, en los estudios de abogados laboralistas ya se preparan los argumentos que podrían llevar la disputa a los tribunales.

La pulseada recién comienza, pero el horizonte anticipa una batalla legal que podría redefinir los límites entre la flexibilidad empresarial y los derechos laborales.

Con la presencia de representantes de los tres sindicatos docentes y de los ministerios de Educación y Economía, comenzó la cuarta negociación paritaria del año. La reunión apunta a definir una recomposición que compense la pérdida de poder adquisitivo y mantenga la paz salarial en el sector educativo sanjuanino.

A las 15 de este viernes se dio inicio al primer encuentro de la cuarta mesa paritaria entre los gremios docentes y el Gobierno de San Juan. El diálogo, celebrado en la sede del Ministerio de Educación, contó con la participación de autoridades de las carteras de Economía, Finanzas y Hacienda, encabezadas por el ministro Roberto Gutiérrez, y de Educación, a cargo de Silvia Fuentes.

La reunión tiene como eje la definición del monto de recomposición salarial que percibirán los trabajadores de la educación, en un contexto de inflación persistente y reclamos de actualización que permitan sostener el poder de compra del salario docente.

Por parte del Ejecutivo provincial participaron además el secretario administrativo financiero, Luis Reynoso; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Mariela Mingorance; el director técnico pedagógico, Sebastián Ledda; el subdirector de Educación Secundaria Orientada y Artística, Abel Farías; el director de Recursos Humanos, Sergio Castro; y la jefa de Asesoría Letrada, Vanesa Débora Mestre, junto a los asesores jurídicos Martín Recabarren y Gabriel González.

Del lado gremial estuvieron presentes representantes de las tres organizaciones docentes con representación en la provincia. Por UDAP, la secretaria general Patricia Quiroga, acompañada por el asesor legal Daniel Persichella, la secretaria de Prensa Verónica Jofré y el asesor técnico Walter Ríos. Por AMET, asistieron el secretario gremial Francisco Campos, el secretario adjunto Adrián Ruiz y la secretaria de prensa Gabriela Rothis. Finalmente, por UDA, participaron la secretaria general Karina Navarro, el asesor legal Guillermo Meritello, la asesora pedagógica Vanesa Marano y la secretaria previsional y de Acción Social Nancy Vilaplana.

Fuentes sindicales adelantaron que el objetivo de esta nueva instancia es recuperar parte del salario perdido frente al avance de los precios y mantener un diálogo abierto con las autoridades provinciales. Desde el Gobierno, en tanto, se destacó la voluntad de continuar negociando dentro del marco de responsabilidad fiscal, procurando equilibrar las cuentas públicas sin desatender el reclamo del sector educativo.

Con el antecedente de tres acuerdos anteriores en lo que va del año, el resultado de este nuevo encuentro será clave en materia salarial y marcará el tono de la relación entre el Gobierno y los gremios en el tramo final del ciclo lectivo.