La diputada Vanesa Siley celebró el rechazo en Diputados de cinco decretos del Ejecutivo que habilitan la venta de activos estratégicos del Estado, como inmuebles de Vialidad Nacional, centros tecnológicos del INTI y hectáreas del INTA, en línea con compromisos asumidos con el FMI.

La diputada nacional y dirigente de trabajadores judiciales, Vanesa Siley, expresó su satisfacción por el rechazo en la Cámara de Diputados de cinco decretos de necesidad y urgencia (DNU) y facultades delegadas que, según advirtió, «afectan los fundamentos mismos del Estado-Nación: población, territorio y gobierno». Siley destacó que estos decretos impactan en áreas estratégicas del Estado, como Vialidad Nacional, el INTI, el INTA, la Marina Mercante, organismos culturales y el Banco Nacional de Datos Genéticos.

Entre los decretos cuestionados, mencionó el 461/2025, que transfiere bienes y funciones de Vialidad Nacional. Siley subrayó la importancia de Vialidad Nacional en la protección de la vida de los argentinos al ocuparse de «cuidar ni más ni menos que la vida de todos los argentinos y argentinas» a través de los 40.000 km de rutas, caminos y autopistas bajo su gestión.

La diputada también se refirió a la posible venta de aproximadamente 15.000 inmuebles de Vialidad Nacional, 46 centros tecnológicos del INTI, 20 plantas piloto de alta tecnología y más de 105.000 hectáreas del INTA, todos los cuales podrían pasar a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para su posterior venta, en línea con compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional.

Siley calificó este proceso como un «desembarco colonial» y una pérdida de soberanía, enfatizando que «en uno de los decretos dice que todos sus bienes van a pasar al AABE para ser vendidos porque es lo que le pidió el FMI, el gerente de nuestro país, a Luis Caputo».

La diputada llamó a sostener el rechazo en el Senado para evitar la venta de estos activos estratégicos. «No olvidemos, como representantes del pueblo, que toda regulación fue precedida por una desgracia o una tragedia», concluyó Siley, agradeciendo a los trabajadores que lucharon por el rechazo en Diputados y pidiendo seguir adelante para lograr la derogación definitiva en la Cámara de Senadores.

La Federación Nacional de Docentes Universitarios, nucleada en CONADU, rechazó el anuncio del Ministerio de Capital Humano sobre un aumento del 7,5% para docentes y no docentes universitarios, afirmando que se trata de una «mentira» y ratificando el paro hasta el viernes.

En el marco de un conflicto salarial que mantiene en vilo al sector universitario, la CONADU cuestionó enérgicamente el anuncio del Gobierno sobre un incremento salarial para docentes y no docentes de las universidades nacionales. Carlos De Feo, Secretario General de CONADU, sostuvo que lo anunciado por el Ministerio de Capital Humano ya estaba acordado previamente con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y no constituye una novedad en términos de aumento salarial.

«Lo único nuevo es un bono de 25 mil pesos por única vez» para aquellos docentes con dedicación de 40 horas semanales, con montos proporcionales para dedicaciones menores, precisó De Feo.

El dirigente sindical explicó que el acuerdo con UPCN contempla incrementos del 1,3% para junio, julio y agosto, «siempre por debajo de la inflación en el periodo». De Feo subrayó que «con estos parches que inventan están lejísimos de resolver la crisis salarial y presupuestaria que sufre todo el sistema universitario nacional». La CONADU había resuelto a fines de julio una semana completa de paro y paros rotativos posteriores, con el objetivo de llegar a una tercera Marcha Federal Universitaria a fines de agosto.

La disputa entre la CONADU y el Gobierno pone de relieve la tensión en torno a las políticas salariales y presupuestarias para el sector universitario. Los docentes universitarios mantienen su plan de lucha, incluyendo la Marcha Federal, ante lo que consideran una respuesta insuficiente del Gobierno a la crisis salarial y presupuestaria que atraviesa el sistema universitario nacional.

Numerosos gremios de la Mesa Sindical cuetionaron la cifra de inflación del 1,9% para julio publicada por el INDEC, afirmando que la diferencia entre la medición «oficial» y la real es del 20%, y exigió una reparación para salarios, jubilaciones y prestaciones de salud.

La Mesa Sindical, que agrupa a numerosos sindicatos de la industria y los servicios, lanzó duras críticas contra el Gobierno por la forma en que se manejan los datos de inflación. Según la entidad, el Ejecutivo estaría utilizando «trucos y malabares» para minimizar el impacto real de la inflación en la economía de los trabajadores, jubilados y beneficiarios de subsidios por discapacidad y otros beneficios en el ámbito de la salud.

La discrepancia del 20% entre la inflación «oficial» y la real es, según la Mesa Sindical, «la que nos deben a todos los trabajadores/as, jubilados/as, beneficiarios de los subsidios por discapacidad y otros beneficios en el ámbito de la salud».

La entidad destacó que muchos trabajadores tienen paritarias «pisadas», es decir, acuerdos salariales que no reflejan adecuadamente la inflación real. Además, denunciaron el carácter intervencionista de la administración Milei, que «presiona para que los sindicatos firmen por debajo de la propia inflación oficial».

Así mismo, la Mesa Sindical detectó diferencias en los datos gubernamentales, señalando que rubros como transporte, comunicaciones, alimentos y bebidas no alcohólicas, educación y recreación superaron o igualaron los datos oficiales. También remarcaron que el aumento del dólar en un 13% no se condice con la «incidencia casi nula» sobre el costo de vida que pretende mostrar el Gobierno.

La exigencia de una reparación del 20% para salarios, jubilaciones y prestaciones de salud refleja la preocupación por la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y la necesidad de ajustar las políticas económicas a la realidad inflacionaria. Los sindicatos insisten en que «los trucos y malabares para esconder que el aumento de precios es mayor que el asumido por el gobierno no engañan a nuestros bolsillos».