El Indec informó que la inflación de diciembre fue del 2,8% y que el 2025 cerró con un alza acumulada del 31,5%, el registro anual más bajo desde 2017. Aunque el dato consolida la desaceleración, persisten tensiones en rubros clave como transporte, energía y servicios.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió este martes 12 de enero los datos oficiales de inflación correspondientes a diciembre de 2025. Según el informe, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba mensual del 2,8%, lo que llevó la inflación acumulada del año al 31,5%. Se trata del nivel anual más bajo de los últimos ocho años, de acuerdo con las estadísticas oficiales.

El dato de diciembre confirmó la tendencia de desaceleración que se venía observando durante el segundo semestre, aunque sin lograr aún perforar el umbral del 2% mensual. El cierre del año se dio en un contexto marcado por factores estacionales y por la continuidad del proceso de recomposición de precios relativos, especialmente en sectores regulados.

Los rubros que más subieron

De acuerdo con el Indec, la división que registró el mayor aumento mensual fue Transporte, con una suba del 4,0%, impulsada por ajustes en tarifas y combustibles. Le siguió Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que avanzó un 3,4%, reflejando el impacto de los incrementos en servicios públicos.

En términos de incidencia sobre el índice general, Alimentos y bebidas no alcohólicas volvió a ser el rubro con mayor peso en la variación mensual en varias regiones del país, una señal que mantiene la presión sobre el costo de vida de los hogares, especialmente de los sectores de menores ingresos.

En contraste, las divisiones que mostraron menores incrementos en diciembre fueron Prendas de vestir y calzado (1,1%) y Educación (0,4%), esta última con una variación contenida tras los fuertes ajustes registrados durante el ciclo lectivo.

Regulados al frente y núcleo resistente

Al observar las categorías del índice, los precios Regulados encabezaron los aumentos del mes con una suba del 3,3%, seguidos por el IPC núcleo, que avanzó un 3,0%, y los precios Estacionales, que registraron un incremento más moderado del 0,6%.

El comportamiento del IPC núcleo —que excluye precios estacionales y regulados— muestra que, pese a la desaceleración general, la inercia inflacionaria sigue presente en la economía y dificulta una baja más pronunciada y sostenida del índice mensual.

Comparaciones y perspectivas

El cierre inflacionario de 2025 marca una fuerte desaceleración respecto de los años previos. En 2024, el IPC había alcanzado el 117,8%, mientras que en 2023 —último año del gobierno de Alberto Fernández— la inflación trepó al 211,4%. La comparación interanual refuerza el cambio de régimen inflacionario, aunque con costos visibles en actividad, consumo y poder adquisitivo.

De cara a 2026, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) proyecta una inflación anual del 20,5%. Para enero, sin embargo, las consultoras privadas anticipan que el índice volvería a ubicarse por encima del 2% mensual. Según esas estimaciones, para alcanzar una inflación de un solo dígito anual todavía habría que esperar, al menos, hasta 2028.

La inflación de 2025 cerró en su nivel más bajo en ocho años y consolidó una clara desaceleración respecto de los picos recientes. Sin embargo, el dato de diciembre deja en evidencia que el proceso aún enfrenta límites estructurales: los precios regulados, los servicios y el núcleo inflacionario continúan presionando y retrasan una baja más profunda.

Mientras el Gobierno celebra el sendero descendente del IPC, el desafío pendiente sigue siendo trasladar esa desaceleración a una mejora tangible en el poder adquisitivo y en el consumo. La inflación cede, pero el alivio en el bolsillo todavía no llega con la misma intensidad.

La pérdida del poder adquisitivo golpea de lleno en el tiempo libre. Un informe privado revela que el 46% de las trabajadoras y trabajadores en Argentina no se tomó vacaciones en el último año, principalmente por motivos económicos, en un contexto de ingresos deteriorados, inflación persistente y creciente desgaste laboral.

Las vacaciones, históricamente concebidas como un derecho asociado a la salud física y mental de los trabajadores, comienzan a desaparecer del horizonte de amplios sectores de la población ocupada. Así lo confirma el estudio Vacaciones 3.0, elaborado por la consultora Bumeran para Jobint, que muestra un dato contundente: casi la mitad de los trabajadores argentinos no pudo tomarse descanso durante el último año.

Según el relevamiento, el 46% de las personas encuestadas no se tomó vacaciones, y dentro de ese grupo, el 56% explicó que la principal razón fue la falta de recursos económicos. El informe expone con claridad cómo la caída del poder adquisitivo obliga a resignar incluso aquello que debería ser una pausa mínima garantizada por el sistema laboral.

“Existe una brecha clara en el acceso al descanso: mientras el 54% logró pausar sus tareas, el 46% no pudo hacerlo. Y esa brecha tiene raíces mayoritariamente financieras”, explicó Federico Barni, CEO de Bumeran en Jobint, al presentar los resultados del estudio.

La persistencia de la inflación, los salarios que no logran recomponerse al ritmo del costo de vida y el encarecimiento del turismo interno y externo conforman un combo que vuelve inviables las vacaciones para millones de familias. En muchos casos, el dinero destinado al descanso se redirecciona a cubrir gastos básicos como alimentos, alquiler, transporte o servicios.

Cambian las prioridades: menos vacaciones, más tiempo libre

Uno de los datos más reveladores del informe es el cambio en las preferencias de los trabajadores frente a este escenario. El 29% manifestó que, ante la imposibilidad de viajar o tomarse vacaciones, preferiría una reducción de la jornada laboral antes que días formales de descanso. La respuesta refleja una adaptación forzada: si no hay dinero para vacacionar, al menos se busca recuperar algo de tiempo personal en la rutina diaria.

En la misma línea, el estudio indagó qué beneficios valorarían más los trabajadores por sobre las vacaciones tradicionales. El 44% priorizó un mejor salario, el 21% eligió la posibilidad de trabajar de manera remota y el 15% se inclinó por incentivos económicos adicionales. El descanso, así, queda subordinado a la necesidad urgente de recomponer ingresos.

Viajes más cortos y destinos más cercanos

Entre quienes sí lograron tomarse vacaciones, el patrón de consumo también muestra señales de ajuste. El 24% eligió la Costa Atlántica bonaerense, una opción relativamente cercana y tradicional, mientras que el 22% viajó a otros destinos, con el Caribe como alternativa destacada. Brasil concentró el 16% de las preferencias, aunque en muchos casos con estadías más cortas o modalidades más económicas.

La elección de destinos evidencia una búsqueda de equilibrio entre descanso y presupuesto, en un contexto donde incluso salir unos pocos días implica un esfuerzo financiero considerable.

La imposibilidad de tomarse vacaciones no es un fenómeno aislado, sino un síntoma más del deterioro del mercado laboral argentino. A la pérdida del poder adquisitivo se suman altos niveles de estrés, sobrecarga y burnout, configurando un escenario donde el descanso deja de ser un derecho efectivo para convertirse en un privilegio.

En un país donde el trabajo ya no garantiza bienestar ni previsibilidad, la renuncia al descanso anual expone una crisis más profunda: la de un modelo económico que obliga a los trabajadores a sacrificar su salud y su tiempo libre para llegar a fin de mes. Las vacaciones, lejos de ser un lujo, funcionan como un termómetro social que hoy marca alerta.

La Confederación General del Trabajo confirmó un paro nacional con movilización para el martes 10 de febrero, en coincidencia con el debate de la reforma laboral en el Senado. La central sindical denuncia un retroceso en derechos adquiridos y cuestiona la falta de diálogo del Gobierno con las organizaciones gremiales. La medida de fuerza tendrá alcance federal y prevé movilizaciones en las principales ciudades del país, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires, donde las columnas sindicales confluirán frente al Congreso.

El anuncio se produjo luego de la masiva movilización del pasado 18 de diciembre en Plaza de Mayo y marca una nueva escalada en el conflicto entre el Ejecutivo y el movimiento obrero organizado. Desde la central sindical advirtieron que la iniciativa oficial representa un avance sobre derechos laborales históricos y una profundización de la precarización del empleo.

“Esperamos que el 10 de febrero volvamos a estar en la calle, con un paro y movilización en todo el país”, afirmó el secretario gremial de la CGT, Osvaldo Lobato, al ratificar la convocatoria. En la misma línea, el secretario general Jorge Sola sostuvo que el proyecto “constituye un ataque directo a los derechos individuales y colectivos de los trabajadores” y reclamó la apertura de instancias de negociación reales con los gremios.

La huelga impactará de lleno en sectores clave de la actividad económica y social. Se verán afectados el transporte público, la administración pública, los bancos, la recolección de residuos, la construcción y buena parte de la actividad industrial, entre otros rubros. La medida anticipa una jornada de fuerte conflictividad social y alto nivel de adhesión sindical.

A la vez, el Gobierno nacional confirmó el corrimiento del tratamiento de la reforma laboral en la Cámara alta para el 10 de febrero, con el argumento de buscar mayores consensos parlamentarios antes de su votación. Sin embargo, desde la CGT aseguran que no existe voluntad política de diálogo con el sindicalismo.

“El Gobierno impide una reforma laboral consensuada porque rechaza sentarse a negociar con las organizaciones de los trabajadores”, denunció el cosecretario general de la central, Cristian Jerónimo, quien remarcó que el proyecto oficialista debilita los mecanismos de negociación colectiva y altera el equilibrio entre capital y trabajo.