La central obrera decidió ausentarse de la reunión del Consejo de Mayo y resolvió convocar a su Consejo Directivo para discutir un plan de lucha, luego de que el Gobierno reinstalara los artículos más controversiales de la reforma laboral, en especial la limitación de las cuotas solidarias que financian a los sindicatos.

La relación entre la CGT y el Gobierno volvió a tensarse al máximo luego de que se conociera el último borrador de la reforma laboral, que incorporó modificaciones aún más profundas que las difundidas inicialmente. Al confirmarse que el texto final reinstalaba artículos que la central obrera rechaza de plano —en particular, la limitación de las cuotas solidarias—, la dirigencia sindical decidió dar un golpe político: su representante, Gerardo Martínez, no asistió a la reunión de este martes del Consejo de Mayo.

En Azopardo, la primera reacción fue de sorpresa, pero rápidamente se transformó en un diagnóstico compartido: “ganó Sturzenegger”, confesó un dirigente cegetista, en referencia al ministro de Desregulación del Estado, considerado el principal impulsor de una agenda abiertamente antisindical dentro del gabinete. Según remarcaron fuentes gremiales, el ala dura del Gobierno logró imponerse sobre los sectores más “políticos”, aquellos dispuestos a moderar el contenido de la ley para evitar una confrontación frontal.

Con ese escenario, la CGT convocó a su Consejo Directivo para este jueves, donde se discutirá un temario que ya tiene un punto central: definir un plan de acción.

El punto que encendió la mecha: las cuotas solidarias

Dentro del paquete laboral, ningún artículo genera tanta resistencia sindical como el que limita las cuotas solidarias, el mecanismo clave de financiamiento de los gremios. Estas cuotas consisten en un aporte obligatorio, acordado en los convenios colectivos, que se descuenta a todos los trabajadores de un sector, estén o no afiliados.

La última versión difundida el viernes parecía contener una concesión: ese artículo no estaba incluido. Sin embargo, el fin de semana, durante el armado final del texto, el sector más liberal del Gobierno logró reincorporarlo. La presión vino, principalmente, desde Sturzenegger, quien sostiene que estas contribuciones son “peajes sindicales” y promueve un sistema donde cada trabajador deba dar un consentimiento explícito para pagarla.

Para la CGT, ese cambio no es una cuestión técnica: es un golpe directo al financiamiento de la estructura sindical. Por eso fue una línea roja desde el principio, e incluso dirigentes cercanos al Gobierno, como Gerardo Martínez (UOCRA), habían planteado la necesidad de una “modernización laboral sin pérdida de derechos”.

Las tensiones internas del Gobierno y el factor político

Dentro del propio oficialismo conviven dos posturas. Por un lado, quienes apuntan a contener la conflictividad y sostienen que, aun concediendo a la CGT la eliminación de las restricciones a las cuotas solidarias, la central difícilmente apoye la reforma. Por el otro, el sector más ideológico, que insiste en avanzar sin matices y que volvió a tener influencia en esta instancia, con respaldo de figuras como Patricia Bullrich.

El resultado fue el peor escenario para la convivencia: la CGT percibe que el Gobierno no busca negociar, sino avanzar unilateralmente. Y el Gobierno, a su vez, calcula que cualquier concesión será interpretada como un signo de debilidad.

Un conflicto que se intensifica

Como consecuencia directa, la CGT ya se prepara para activar un plan de lucha que podría incluir movilizaciones, asambleas y medidas nacionales de fuerza. La central evalúa que la reinstalación de los artículos más duros del proyecto —y particularmente el referido a las cuotas solidarias— no deja margen para un acuerdo.

El conflicto, que hasta ahora se mantenía en el terreno técnico y político, entra así en una fase de confrontación abierta. En un contexto económico aún delicado y con otros sectores gremiales también tensos, la pulseada entre la CGT y el Gobierno promete escalar en las próximas semanas.

El Gobierno nacional presentó este martes el informe final del Consejo de Mayo, un compendio de iniciativas legislativas que serán enviadas al Congreso durante el período de sesiones extraordinarias. El anuncio estuvo a cargo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y se realizó en un contexto marcado por la ausencia de Gerardo Martínez, referente de la CGT y pieza clave del diálogo tripartito que el Ejecutivo buscaba consolidar.

Adorni destacó que el paquete de reformas apunta a “ordenar el país” y que la documentación completa estará disponible en el sitio oficial Argentina.gob.ar desde esta misma noche, con la promesa de sumar nuevos textos a medida que avancen los equipos técnicos. El Gobierno remarcó que el Consejo de Mayo funciona como una instancia de consenso general para legitimar los cambios estructurales que pretende llevar adelante.

Propiedad privada y expropiaciones

Uno de los capítulos más controvertidos del informe es el referido a la propiedad privada. El Ejecutivo propone modificar la Ley de Expropiaciones para establecer indemnizaciones al valor de mercado previo al anuncio y actualizadas por el IPC, mediante tasaciones independientes. También impulsa la entrega inmediata de inmuebles ante tenencia precaria o usurpación, la eliminación de limitaciones para la compra en barrios populares y la apertura total del mercado de tierras rurales para inversores extranjeros.

Disciplina fiscal y prohibición del déficit

Otro de los ejes centrales es la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria. El proyecto busca prohibir el déficit en el presupuesto nacional, instaurar un mecanismo de ajuste automático ante desvíos y tipificar como delito el uso de partidas no aprobadas. Además, plantea vedar los adelantos transitorios del Banco Central al Tesoro y restringir el acceso a Aportes del Tesoro Nacional para las provincias que no adhieran a las metas fiscales. A su vez, sugiere limitar el endeudamiento de distritos con déficit primario, salvo para operaciones de refinanciación.

Reforma educativa

El documento también incorpora un capítulo educativo que propone que cada escuela pueda diseñar su propio plan de estudios, mientras el Estado establecería contenidos mínimos obligatorios. Adorni enfatizó que los padres “recuperarán un rol activo en el proyecto educativo de sus hijos”. Además, se impulsará un sistema nacional de evaluación con mediciones continuas de aprendizajes y trayectorias.

Reforma tributaria y promoción laboral

El Ministerio de Economía aportó una serie de iniciativas que conforman la reforma tributaria. Entre ellas, la Ley de Procedimiento y Régimen Penal Tributario, conocida como “inocencia fiscal”, y un sistema simplificado para la liquidación del Impuesto a las Ganancias. También se presentarán un Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral, que reduce cargas laborales por dos años, y un Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones, además de nuevas exenciones para sectores productivos.

Cambios ambientales y productivos

El informe propone modificaciones en la Ley de Glaciares, en la Ley de Bosques y en la normativa de Acuicultura. En paralelo, sugiere eliminar normas de compre provincial y cupos de mano de obra local en áreas productivas estratégicas. Según Adorni, estas restricciones “generan distorsiones en un contexto de boom minero” y obstaculizan la conformación de un mercado nacional integrado de factores productivos.

Reforma laboral: definiciones inminentes

La reforma laboral es uno de los proyectos más esperados del paquete. Adorni anticipó que la versión final se publicará en las próximas horas. Entre los puntos principales se encuentran la eliminación de la ultractividad indefinida, cambios en la prelación de convenios, reducción de cargas laborales y modificaciones en el régimen de trabajo agrario. También prevé la derogación de normas consideradas obsoletas por el Gobierno.

Apertura comercial y propiedad intelectual

En materia de integración internacional, el Consejo propone avanzar con tratados ya aprobados y otros con media sanción. Adorni destacó especialmente el Tratado de Cooperación en Patentes, que —según dijo— “bajará significativamente el costo de proteger la propiedad intelectual” para el sistema científico y la industria.

La central obrera llamará este jueves a su Consejo Directivo para evaluar la situación social y económica del país y unificar una posición frente al paquete de leyes que el Gobierno enviará al Congreso en sesiones extraordinarias. La Reforma Laboral vuelve a ser el eje de las preocupaciones gremiales.

La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó para este jueves 11 de diciembre, a las 12 horas, a una reunión clave de su Consejo Directivo en la histórica sede de la calle Azopardo. La citación, oficializada mediante un comunicado firmado por el flamante Triunvirato que encabeza la central, llega en un momento de creciente tensión política, sindical y social.

El encuentro tendrá como eje el análisis del convulsionado escenario nacional: salarios que pierden frente a la inflación, conflictos sectoriales que se multiplican y un fin de año que combina incertidumbre económica con una agenda legislativa cargada de reformas profundas. En ese marco, la conducción analizará los detalles del llamado del Poder Ejecutivo a sesiones extraordinarias y el paquete de proyectos que la Casa Rosada pretende impulsar en el Congreso.

Entre las iniciativas más sensibles aparece la Reforma Laboral, una propuesta que el Gobierno considera prioritaria y que —según alertan distintos sectores sindicales— podría implicar un retroceso en derechos históricos conquistados por los trabajadores. La CGT busca unificar posición y evaluar escenarios ante un proyecto que promete ser el principal foco de conflicto con el oficialismo.

La reunión también incluirá temas internos vinculados al funcionamiento y la cohesión de la central obrera, especialmente luego de trascendidos sobre la ausencia de Gerardo Martínez en la última reunión del Consejo de Mayo. En un momento donde las diferencias internas comienzan a asomar, la necesidad de consolidar una estrategia común se vuelve central.

Todo indica que el documento o postura que surja este jueves marcará el tono de la relación entre la CGT y el Gobierno en las próximas semanas, en un cierre de año donde la tensión entre la agenda oficial y las demandas sindicales vuelve a ganar temperatura.

La cita de este jueves será decisiva para medir la unidad interna de la CGT y anticipar el rumbo del movimiento obrero frente al paquete de reformas que el Ejecutivo buscará debatir a contrarreloj en el Congreso. Con la Reforma Laboral en el centro de la escena, la central obrera se prepara para definir una posición que podría influir en la dinámica política y sindical del verano.