Un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA) reveló que el 15% de los asalariados del país padece inseguridad alimentaria, es decir, dificultades para acceder de forma estable y suficiente a los alimentos. La incidencia alcanza al 24% de los trabajadores informales, al 9,8% de los empleados registrados y al 14,1% del sector público. El estudio expone que el fenómeno ya no distingue entre empleo y exclusión, y refleja el deterioro estructural del poder adquisitivo y las condiciones de vida en la Argentina.

El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) difundió un informe que enciende luces de alarma sobre una problemática que crece incluso entre quienes tienen trabajo: la inseguridad alimentaria. Según los datos relevados, el 15% de los asalariados no logra garantizar una alimentación adecuada para sí o para su familia.

El dato es particularmente preocupante porque incluye a empleados formales, que hasta hace pocos años constituían un segmento relativamente protegido del deterioro social. Entre ellos, el 9,8% padece inseguridad alimentaria, mientras que en el sector público la incidencia trepa al 14,1%. En el sector informal, en tanto, el porcentaje asciende al 24%, lo que demuestra la profundidad del fenómeno entre quienes carecen de protección laboral y social.

“La afectación entre trabajadores formales y públicos refleja un problema que trasciende la mera inserción laboral”, advierte el informe, que analiza el impacto del deterioro salarial, la inflación persistente y la informalidad creciente.

Educación, pobreza y región: las brechas más marcadas

El estudio identifica tres factores centrales que amplifican la vulnerabilidad: el nivel educativo, la condición de pobreza y la región geográfica.

Entre quienes no completaron el nivel secundario, la inseguridad alimentaria alcanza un 34%, mientras que entre los trabajadores con formación universitaria o superior apenas llega al 4,6%.

En los trabajadores pobres, el impacto es abrumador: el 38,6% sufre inseguridad alimentaria, frente a un 6,9% entre los no pobres.

En el Conurbano bonaerense, el fenómeno registra los valores más altos del país (18,9%), seguido por el interior (14,8%) y la Ciudad de Buenos Aires (7,1%).

El factor tiempo: los subocupados, los más golpeados

El informe también detecta una correlación entre las horas trabajadas y la capacidad de acceso a los alimentos. Los subocupados —personas con menos de 35 horas semanales— son los más afectados (21,1%), por encima incluso de los sobreocupados (13,3%) y quienes trabajan jornada completa (12%). Esto sugiere que la cantidad de horas no garantiza estabilidad económica cuando los ingresos son bajos o irregulares.

Género, edad y sindicalización

Otras variables también fueron consideradas. La diferencia por género resulta mínima: 15,5% de las mujeres frente a 15% de los hombres. En cambio, la edad sí marca una tendencia: los trabajadores de entre 35 y 54 años —en plena etapa productiva— son los más afectados (17,1%).
Un dato positivo lo aporta la sindicalización: el ODSA detecta que los trabajadores afiliados a sindicatos tienden a presentar mayor seguridad alimentaria, probablemente por mejores convenios y capacidad de negociación salarial.

El informe de la UCA vuelve a exponer una realidad estructural: en la Argentina actual, tener empleo no garantiza escapar de la pobreza ni del hambre. La erosión del poder adquisitivo, la inflación alimentaria y la precarización del mercado laboral profundizan la distancia entre ocupación y bienestar.
En este contexto, el trabajo dejó de ser un escudo contra la exclusión y se convirtió, para millones, en una condición insuficiente para vivir dignamente. El desafío, advierten los especialistas, es reconstruir un modelo económico que restituya al empleo su función social: la de asegurar no sólo ingresos, sino también seguridad alimentaria y calidad de vida.

El Congreso Nacional de la Confederación General del Trabajo (CGT) definió su nueva conducción tras una votación categórica que rechazó la moción de unicato impulsada por Luis Barrionuevo. Con más del 90% de los congresales presentes, la central obrera ratificó un triunvirato integrado por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Arguello. La decisión consolida un acuerdo entre los sectores mayoritarios y busca contener las fracturas en medio de un clima de alta tirantez política y sindical.

En una jornada cargada de simbolismo y tensiones, la CGT definió su nuevo esquema de conducción en el estadio de Obras Sanitarias, donde más de dos mil congresales participaron de una votación a mano alzada que terminó por sellar el futuro inmediato de la central. La propuesta de unicato —una jefatura única promovida por Luis Barrionuevo y sus aliados— fue rechazada por una abrumadora mayoría, dando paso al consenso en torno a un triunvirato.

El nuevo mando estará compuesto por Jorge Sola (Sindicato del Seguro), Cristian Jerónimo (Sindicato del Vidrio) y Octavio Arguello (Camioneros), un equilibrio entre experiencia, juventud y representación sectorial. La definición fue el corolario de una extensa negociación que se resolvió la noche anterior en la sede de la UOCRA, con la participación de los principales referentes del sindicalismo tradicional: Héctor Daer, Armando Cavalieri, Hugo Moyano, Gerardo Martínez, José Luis Lingeri y Sergio Sasia.

El acuerdo, que busca mantener la unidad formal de la CGT, no disimula las heridas internas. Barrionuevo, que llegó al Congreso con el respaldo de gremios poderosos como Gastronómicos, UTA, La Fraternidad y Carga y Descarga, sufrió una derrota contundente. Según fuentes presentes en el estadio, los delegados de la UTA se retiraron del recinto tras la votación adversa, en un gesto que exhibió la persistente división del mapa sindical.

Más allá del reparto en la cúpula, las negociaciones por las secretarías estratégicas se convirtieron en el nuevo eje de disputa. Entre los movimientos que se barajan, Héctor Daer asumiría en la Secretaría del Interior, Abel Furlán (UOM) en la Secretaría Gremial, Horacio Arreceygor (SATSAID) en Prensa y Omar Plaini (Canillitas) en Finanzas. La composición final será definida en las próximas horas, cuando el Congreso retome el cuarto intermedio dispuesto para ordenar los cargos restantes.

En paralelo, el Congreso fue escenario de un reclamo sostenido por parte de las mujeres sindicalistas, que expresaron su descontento ante la exclusión femenina en la conducción. “No venimos por la foto, no servimos el café, queremos a las compañeras conducir la CGT”, cantaron desde las gradas, visibilizando una demanda que atraviesa todas las centrales obreras y que, una vez más, quedó postergada. A pesar del avance discursivo en materia de paridad, el nuevo triunvirato no incluye mujeres en ninguno de los tres asientos principales.

El trasfondo político de la votación no pasó inadvertido. Con el gobierno nacional presionando por una reforma laboral y un nuevo esquema de diálogo social, la CGT se ve obligada a proyectar cohesión hacia afuera mientras lidia con sus propias tensiones internas. La derrota de Barrionuevo, que pretendía un liderazgo más concentrado, fue leída como una victoria de los sectores que apuestan a preservar la estructura tradicional, sin alterar el delicado equilibrio de poder entre los grandes gremios.

El nuevo triunvirato de la CGT llega en un momento de extrema sensibilidad económica y política, con una inflación persistente, caída del salario real y conflictividad en aumento. Aunque la fórmula tripartita garantiza, en principio, continuidad y contención, la fractura con los gremios alineados a Barrionuevo y la persistente falta de representación femenina exponen los límites de la renovación sindical.
En este escenario, la central obrera enfrenta el desafío de reconstruir una voz unificada frente a un gobierno que avanza con reformas estructurales y un movimiento obrero que reclama protagonismo real, no sólo equilibrio interno.

A partir del próximo mes, los comercios sanjuaninos pagarán una tarifa plana de energía eléctrica. El esquema, acordado entre el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) y la Cámara de Comercio de San Juan, permitirá abonar un consumo promedio mensual y evitar los aumentos bruscos durante los períodos de mayor demanda. La medida busca otorgar previsibilidad a un sector golpeado por la recesión y el incremento sostenido de los costos.

Después de meses de reclamos por las subas tarifarias, los comerciantes de San Juan recibirán un alivio significativo. Según confirmó Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, a partir de diciembre los locales contarán con un sistema de tarifa plana de energía eléctrica, que promediará el consumo anual y amortiguará las diferencias estacionales que impactaban de lleno en los meses de verano.

En diálogo con un medio local, Rodríguez explicó que el acuerdo se alcanzó tras una serie de reuniones con el EPRE y que la nueva metodología de facturación representará un cambio sustancial en la forma de planificar los costos operativos.

“La idea es que se haga un promedio en función del consumo de cada comercio. De esa manera, no se van a encontrar con facturas impagables ni con la necesidad de salir a pedir dinero porque los picos de consumo, que suelen darse en verano, complican mucho la situación”, señaló el dirigente.

El anuncio llega en una momento complejo: el sector comercial acumula 17 meses consecutivos de caída en las ventas y soporta un incremento sostenido de los costos energéticos. Muchos locales habían reportado dificultades para afrontar los pagos durante los meses de calor, cuando el uso intensivo de aires acondicionados dispara el consumo eléctrico.

Rodríguez recordó que el problema se había agravado en los últimos meses.

“Hace seis meses dijimos que había unos 15 cortes por día. Naturgy te financiaba la deuda, pero la tarifa seguía siendo la misma. Con este sistema, los comerciantes van a poder fijar estrategias más claras para los próximos meses”, destacó.

El acuerdo contempla que la tarifa plana se base en un consumo promedio histórico individual por comercio, de modo que cada usuario pague una suma estable durante todo el año y se regularicen los ajustes al cierre del período. Según fuentes del EPRE, el esquema también apunta a mejorar la previsibilidad del sistema energético local, evitando morosidad y picos de demanda que desestabilizan la red.

El anuncio oficial se realizará en los próximos días con la participación del Ejecutivo provincial, que intervino para facilitar la implementación del beneficio y garantizar su alcance a la mayor cantidad de comercios posible. Se espera que la medida sea bien recibida por el sector, que venía reclamando previsibilidad para sostener la actividad y evitar cierres.

El nuevo esquema de tarifa plana eléctrica representa un respiro para los comercios sanjuaninos, duramente afectados por la caída del consumo y la presión de los costos fijos. Más que un alivio coyuntural, la medida busca ofrecer una herramienta de estabilidad en un escenario de inestabilidad económica prolongada.
De su éxito dependerá no solo la continuidad de cientos de pequeños y medianos locales, sino también la posibilidad de recuperar un entramado comercial que constituye uno de los motores más dinámicos de la economía provincial.