La fábrica de galletitas ubicada en el departamento Albardón decidió detener su producción durante una semana debido a la acumulación de mercadería sin salida comercial. La medida alcanza a todo el personal y expone el impacto que la caída del consumo masivo comienza a provocar en la industria alimenticia regional. Desde el gremio descartan despidos y aseguran que el freno busca evitar un panorama más crítico mientras la nueva conducción intenta estabilizar la empresa tras una profunda crisis.

La retracción del consumo interno volvió a encender señales de alarma en la industria sanjuanina. Esta vez, el impacto se hizo visible en una de las plantas alimenticias más importantes de la provincia, que resolvió paralizar completamente su producción durante una semana ante un contexto inédito de sobrestock y falta de espacio físico para almacenar mercadería terminada.

La fábrica emplea a más de 290 trabajadores, y comenzó este lunes un esquema de vacaciones anticipadas para todo el personal luego de que los depósitos quedaran saturados de productos sin comercialización. La decisión, aunque presentada como transitoria, refleja con crudeza el deterioro que atraviesa el mercado interno y la creciente dificultad de las empresas para sostener niveles normales de actividad.

Desde el Sindicato de la Alimentación confirmaron que la medida responde exclusivamente a la acumulación de producción sin salida comercial. “No pueden seguir produciendo porque no tienen lugar dentro del establecimiento para almacenar más mercadería”, explicaron fuentes gremiales, describiendo una situación que sintetiza el complejo momento económico que golpea a distintos sectores fabriles del país.

El secretario general del gremio, Gabriel Manrique, buscó transmitir tranquilidad respecto a la continuidad laboral y sostuvo que no existen riesgos inmediatos de despidos. Según explicó, la empresa optó por un esquema preventivo para intentar descomprimir los depósitos mientras espera reactivar las ventas y recuperar el ritmo habitual de producción.

“Se ha dado una semana de vacaciones para ver si puede salir esa mercadería terminada y así reapuntar otra vez”, señaló el dirigente, quien además confirmó que durante el receso se realizarán tareas de mantenimiento y reacondicionamiento de maquinaria, trabajos que resultaban difíciles de ejecutar con la planta operando a pleno.

La situación adquiere todavía mayor relevancia por el antecedente reciente de la empresa. La planta pertenecía originalmente a Dilexis y atravesó meses de fuerte incertidumbre hasta ser adquirida en enero por el empresario Juan Carlos Crovella, tras la salida de Tía Maruca y Argensan Food. La nueva conducción inició desde entonces un proceso de reorganización financiera y operativa orientado a evitar el cierre definitivo de la planta.

En ese sentido, el secretario de Industria de San Juan, Alejandro Martín, aseguró que la compañía logró regularizar obligaciones pendientes, especialmente vinculadas al pago de salarios atrasados, y consideró que la firma atraviesa una etapa de “reingeniería” destinada a recuperar estabilidad después de varios años de administración deficiente.

En San Juan, donde el entramado industrial tiene un peso decisivo en la economía regional, cualquier interrupción productiva genera preocupación inmediata. Por eso, tanto el gremio como el Gobierno provincial observan con expectativa la evolución de los próximos días y apuestan a que el freno temporal permita descomprimir los depósitos y normalizar la cadena comercial.

Si el escenario acompaña y parte del stock logra ingresar nuevamente al circuito de ventas, la planta retomaría su funcionamiento habitual la próxima semana. Mientras tanto, el caso se convierte en otro síntoma visible de un mercado interno debilitado, donde incluso empresas que lograron evitar el cierre todavía deben enfrentar el desafío más complejo: volver a vender.

El Ejecutivo nacional puso en marcha un programa piloto que transforma el perfil de los inspectores laborales y reemplaza el enfoque sancionatorio por un esquema de “acompañamiento” empresarial. La iniciativa contempla hasta cuatro visitas de cortesía antes de aplicar multas por irregularidades y busca difundir las “bondades” de la reforma laboral entre comerciantes y pymes. Sindicatos y especialistas advierten sobre un fuerte debilitamiento de los mecanismos de control y un avance de la precarización.

El Gobierno nacional avanza en una transformación profunda del sistema de inspecciones laborales en Argentina. Bajo el argumento de construir un “Estado amigable” con el sector privado y fomentar la formalización, la administración de Javier Milei implentó un esquema piloto que reduce el peso de las sanciones, flexibiliza los controles y redefine el rol histórico de los inspectores de trabajo.

La nueva orientación oficial implica un cambio conceptual de gran magnitud: cerca de 300 funcionarios de la Secretaría de Trabajo y de distintas agencias territoriales dejarán atrás el tradicional perfil fiscalizador para asumir una tarea más cercana a la asistencia y el acompañamiento empresarial. En la práctica, el objetivo ya no será detectar y sancionar rápidamente irregularidades laborales, sino establecer vínculos “cordiales” con los empleadores y difundir las ventajas de la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo.

La iniciativa fue formalizada bajo el nombre de Programa de Fomento del Empleo y Buenas Prácticas, mecanismo que reemplazó al histórico Plan Nacional de Regularización del Trabajo, vigente desde 2003. Aquel esquema articulaba verificaciones entre las áreas de Trabajo, Seguridad Social y la entonces AFIP, con facultades para aplicar multas, promover acciones judiciales y registrar públicamente a las empresas infractoras.

El nuevo programa, en cambio, modifica sustancialmente esa lógica. Según trascendió, los inspectores deberán realizar al menos cuatro visitas antes de avanzar hacia una eventual sanción por empleo irregular. Incluso, durante los primeros contactos ni siquiera tendrían autorización para indagar sobre la cantidad de trabajadores empleados en cada establecimiento. La prioridad será generar un acercamiento “amistoso”, brindar información y persuadir a los empresarios sobre las “bondades” de la reforma laboral y los beneficios del blanqueo.

La discusión, de fondo, excede el funcionamiento administrativo de las inspecciones. Lo que está en debate es el modelo de relaciones laborales que busca consolidar el Gobierno: uno con menor intervención estatal, menos penalidades para el incumplimiento y una presencia más limitada del Estado en los conflictos entre capital y trabajo.

Mientras el oficialismo sostiene que la flexibilización permitirá fomentar el empleo privado y aliviar la presión sobre las pymes, sectores gremiales denuncian que la nueva política termina trasladando el costo del ajuste hacia los trabajadores y debilitando conquistas históricas vinculadas a la registración, la estabilidad y la protección laboral.

El secretario general de APEL, Sergio Peralta, realizó un balance de la situación que atraviesa el personal legislativo sanjuanino en un período signado por la inflación, el deterioro de los ingresos y las dificultades en las prestaciones de salud. También defendió la política administrativa del sindicato, destacó la construcción de la nueva sede gremial y planteó la necesidad de modernizar la estructura laboral de la Cámara de Diputados.

En medio de un panorama económico que golpea con fuerza a los trabajadores estatales, la Asociación del Personal Legislativo (APEL) de San Juan busca sostener su funcionamiento gremial sin resignar servicios ni capacidad de representación. Con una combinación de administración austera, planificación financiera y reclamos salariales permanentes, el sindicato intenta preservar beneficios para sus afiliados mientras la pérdida del poder adquisitivo continúa erosionando los ingresos.

Sergio Peralta, trazó un diagnóstico amplio sobre la actualidad del sector y dejó definiciones que buscan desmontar ciertas percepciones instaladas alrededor de los empleados legislativos. “No vivimos en una burbuja de oro”, resumió el dirigente al describir las dificultades que atraviesa el personal de la Cámara de Diputados provincial.

Uno de los puntos centrales de la entrevista estuvo vinculado a la inauguración de la nueva sede gremial ubicada sobre calle Urquiza. Para Peralta, la concreción de esa infraestructura constituye una muestra de orden administrativo en un período especialmente adverso para las organizaciones sindicales.

Según explicó, la obra fue financiada íntegramente con recursos provenientes de la cuota societaria, equivalente al uno por ciento del salario de los afiliados. El dirigente remarcó que el proyecto demandó cuatro años de planificación y ejecución, sin que ello implicara resignar prestaciones históricas para los trabajadores.

“Se mantuvieron los útiles escolares, subsidios, convenios y todos los beneficios sociales mientras avanzaba la construcción”, sostuvo. Además, destacó que el edificio fue inaugurado completamente equipado y sin deudas pendientes, algo que —afirmó— le permitió al sindicato comenzar a proyectar nuevas iniciativas institucionales.

La exposición de Peralta no se limitó al plano administrativo. Buena parte de sus definiciones giraron alrededor de la situación salarial del sector público y de las negociaciones paritarias que mantiene el personal legislativo con las autoridades de la Cámara.

El titular de APEL explicó que el gremio conserva una particularidad dentro del esquema estatal sanjuanino: negocia directamente con las autoridades del Poder Legislativo, sin intermediación de otros sindicatos. Esa autonomía, señaló, evita que la discusión salarial quede condicionada por disputas ajenas o por acuerdos alcanzados en otros sectores de la administración pública.

En ese sentido, indicó que la paritaria del primer semestre replicó los porcentajes otorgados a los docentes, aunque con modificaciones internas destinadas a trasladar sumas adicionales hacia ítems remunerativos que impactan sobre el salario básico.

Pese a ello, Peralta evitó presentar el acuerdo como una mejora real de los ingresos. Por el contrario, definió las negociaciones actuales como mecanismos de “recomposición” frente a una inflación que continúa corriendo por encima de los aumentos salariales.“Siempre vamos detrás de la inflación”, reconoció, al tiempo que describió el desgaste cotidiano que padecen los trabajadores para sostener sus gastos mensuales.

El representante gremial también buscó desmontar una imagen instalada sobre el empleo legislativo. Señaló que los salarios iniciales distan de ser elevados y precisó que un trabajador ingresante, sin antigüedad ni títulos, percibe alrededor de 950 mil pesos.

La aclaración no fue casual. En distintos ámbitos de la administración pública persiste la idea de que el Poder Legislativo concentra privilegios salariales por encima del promedio estatal. Frente a ello, Peralta insistió en que los empleados legislativos sufren los mismos problemas económicos, tributarios y sociales que el resto de los trabajadores.
“El aumento de precios, Ganancias, la inseguridad y el deterioro de la obra social nos afectan igual que a todos”, afirmó.

Precisamente, el funcionamiento de la obra social provincial apareció como uno de los focos más críticos de la entrevista. El titular de APEL cuestionó la pérdida de calidad en las prestaciones y reveló que el gremio ya trasladó formalmente sus reclamos a las autoridades interventoras del organismo.

Según explicó, las respuestas oficiales se apoyan en la reducción de recursos y en la necesidad de absorber programas que anteriormente financiaba Nación. Sin embargo, el sindicalista consideró insuficientes esas explicaciones y sostuvo que los trabajadores no pueden quedar atrapados en las consecuencias de decisiones políticas ajenas.

La preocupación por el sistema sanitario se combina con otro debate de fondo dentro del Poder Legislativo: la reorganización interna de la planta de personal. En ese aspecto, Peralta manifestó que el sindicato impulsa programas de capacitación y una revisión escalafonaria destinada a favorecer la movilidad laboral y mejorar las posibilidades de ascenso.

Al mismo tiempo, recordó que la Cámara de Diputados posee una estructura limitada por ley, con un máximo de 288 empleados de planta permanente. Esa restricción, explicó, impide incorporaciones masivas y condiciona cualquier ingreso a la existencia previa de vacantes.

Con esa definición, el dirigente también buscó diferenciar el funcionamiento administrativo del Poder Legislativo respecto de otros sectores estatales cuestionados por ampliaciones de planta o regularizaciones masivas de contratados.

Más allá de las precisiones técnicas y salariales, las palabras de Peralta dejaron entrever un clima de preocupación que atraviesa a buena parte del empleo público. La incertidumbre económica, la pérdida sostenida del ingreso y el deterioro de servicios esenciales aparecen hoy como factores que impactan directamente sobre el ánimo de los trabajadores.

En ese escenario, APEL intenta sostener una estrategia dual: preservar la capacidad de negociación gremial mientras mantiene en funcionamiento una estructura sindical que continúa brindando asistencia social y servicios a sus afiliados.

La frase que el dirigente pidió destacar al cierre de la entrevista sintetizó buena parte del mensaje político y gremial que buscó transmitir: “Los empleados legislativos no la pasamos tan bien como la mayoría de la gente cree”.