La Confederación General del Trabajo confirmó una movilización nacional para el próximo 18 de diciembre, con epicentro en Plaza de Mayo y réplicas en las provincias. Desde San Juan, el secretario general Eduardo Cabello cuestionó con dureza la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, denunció un deterioro acelerado del empleo y repudió el ataque a la sede del Sindicato del Vidrio.

Desde San Juan, el secretario general de la CGT provincial, Eduardo Cabello, confirmó la adhesión a la convocatoria y subrayó que la protesta busca visibilizar un malestar que atraviesa por igual a trabajadores de la Capital y del interior. “La idea es que se haga en todo el país. Buenos Aires es el lugar donde hay que mostrar la fuerza, pero en las provincias los trabajadores sufren las mismas consecuencias”, afirmó.

En el plano local, Cabello precisó que la CGT San Juan resolvió movilizarse ese mismo día a las 18 horas, en coordinación con otras centrales sindicales como la CTA y la MTA. “Esto nos atraviesa a todos. No es un problema exclusivo de la CGT, es un problema de todos los trabajadores”, remarcó, anticipando una acción conjunta y un documento consensuado.

El dirigente sindical también se refirió al ataque vandálico contra la sede del Sindicato del Vidrio, un episodio que sacudió al mundo gremial y generó un inmediato repudio. “Son cosas que hacía mucho tiempo no se veían. Esperamos que no sea parte de lo que se empieza a gestar a partir de ciertas políticas nacionales y que no se convierta en una costumbre”, expresó. Si bien aclaró que no hubo víctimas, advirtió sobre un clima de creciente tensión social.

El centro del reclamo sindical apunta directamente al contenido de la reforma laboral. Cabello fue categórico al cuestionar el discurso oficial: “Mienten cuando dicen que esta ley va a traer más trabajo. Lo único que va a generar es más crisis y profundizar los problemas”. En ese sentido, describió un escenario de cierres de empresas, caída de pymes y pérdida constante del poder adquisitivo, en un contexto donde la inflación sigue erosionando los salarios y las paritarias no logran recomponer lo perdido.

“La informalidad no va a disminuir porque no hay dónde absorber a esos trabajadores. Día a día cierran empresas, y así es imposible hablar de generación de empleo genuino”, sostuvo. Según el dirigente, el impacto no solo se siente en el sector privado, sino también en las provincias, que enfrentan la paralización de la obra pública y la falta de recursos nacionales.

En medio del debate legislativo, Cabello valoró las recientes declaraciones del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, quien advirtió que la reforma laboral podría quedar frenada durante años por la vía judicial. “Quieren borrar de un plumazo lo que establece la Constitución y los pactos internacionales. Lo que proponen es inviable”, afirmó, y recordó que el sindicalismo se ampara en la legalidad y el marco constitucional para resistir los cambios.

La CGT, además, mantiene contactos permanentes con legisladores nacionales y autoridades provinciales. Según detalló Cabello, intendentes y representantes sanjuaninos ya participaron de reuniones y seguirán articulando acciones políticas. “Cada gobernador que siga apoyando este modelo también tendrá que pagar el costo político. Las provincias están siendo severamente castigadas”, advirtió.

La movilización del próximo jueves18 de diciembre se perfila como un punto de inflexión en la relación entre el Gobierno nacional y el movimiento sindical. Más allá de la protesta puntual, la CGT busca enviar un mensaje político claro: la reforma laboral no solo enfrenta resistencia en las calles, sino también cuestionamientos legales, sociales y económicos de fondo.

En un momento de creciente conflictividad, caída del empleo y tensiones federales, el sindicalismo se prepara para endurecer su estrategia y advertir que la defensa de los derechos laborales no será negociable. El desafío, admiten puertas adentro, será sostener la unidad y estar a la altura de un escenario que promete escalar en los próximos meses.

El Ejecutivo impulsa un nuevo plan de retiros voluntarios en Radio y Televisión Argentina para reducir costos y achicar estructuras. El recorte alcanzaría a la TV Pública, Radio Nacional y señales educativas y culturales.

El Gobierno nacional avanza en un nuevo capítulo del ajuste en los medios públicos. A través de un plan de retiros voluntarios, la administración de Milei busca reducir cerca de 500 puestos de trabajo en Radio y Televisión Argentina (RTA), la empresa estatal que gestiona la TV Pública y Radio Nacional. La meta oficial es concretar el recorte antes de fin de año, lo que implicaría una disminución aproximada del 20% sobre una planta total de unos 2.400 empleados.

La iniciativa genera un fuerte rechazo entre los trabajadores y los gremios del sector, que advierten sobre el impacto en la producción de contenidos, el alcance federal del sistema y la continuidad de señales clave. El ajuste no se limitará a la TV Pública y Radio Nacional, sino que también abarcará a los canales Encuentro, Paka Paka, DeporTV y Canal 12 de Trenque Lauquen.

Según trascendió, el expediente administrativo ya se encuentra listo para iniciar su recorrido formal, lo que habilitaría la puesta en marcha del plan en las próximas semanas. La estrategia forma parte de una política más amplia de reducción del gasto público y reorganización del esquema de medios estatales.

La estrategia oficial y el foco en Radio Nacional

La gestión del interventor de RTA, Carlos Curci, quien asumió en julio, impulsa una serie de medidas orientadas a recortar costos operativos. Entre ellas se incluyen la reducción de coproducciones televisivas, la revisión de contratos de programación y la reorganización de estructuras en Radio Nacional.

En el caso de la radio pública, el ajuste proyectado es más profundo. Desde el entorno oficial sostienen que la emisora presenta una dotación sobredimensionada, con alrededor de 1.100 empleados para 50 radios distribuidas en todo el país. Al mismo tiempo, reconocen que, a diferencia de las emisoras privadas, Radio Nacional debe sostener producción local en cada una de sus estaciones, un punto que tensiona la viabilidad del recorte.

Dentro del plan también figura la unificación de edificios en Comodoro Rivadavia y un proyecto similar previsto para Mendoza en 2026. Además, se analiza dar por finalizados contratos vigentes o reconvertirlos en esquemas de coproducción, ante la falta de presupuesto para sostener la programación actual.

Desde el Gobierno destacan que, pese a los ajustes, Radio Nacional se mantiene en el sexto lugar entre las AM más escuchadas del país, de acuerdo con mediciones de Kantar Ibope Media, un dato que utilizan como argumento para defender la reorganización en marcha.

Marco político y administrativo

El lanzamiento del nuevo plan de retiros se demoró por cuestiones burocráticas, a la espera de la aprobación del nuevo organigrama de la Jefatura de Gabinete. Ese esquema quedó oficializado a través del Decreto 866/25, que creó la Subsecretaría de Medios Públicos dentro de la Secretaría de Comunicación y Prensa.

La nueva subsecretaría concentra ahora bajo su órbita a RTA y a los canales educativos y culturales, consolidando el control político y administrativo del sistema de medios estatales en un contexto de redefinición profunda de su rol.

El ajuste en los medios públicos se inscribe en una política que el Gobierno viene desplegando desde el inicio de la gestión de Javier Milei. En 2024, un primer plan de retiros voluntarios derivó en la salida de unos 200 trabajadores, una cifra menor a la esperada, mientras que otros empleados se incorporaron tras el cierre de Télam.

Con las privatizaciones descartadas por el Congreso, el Ejecutivo apuesta ahora a una reducción más agresiva del personal como vía para achicar el gasto y reformular el funcionamiento de los medios estatales. El nuevo plan, sin embargo, profundiza el conflicto con los gremios y abre un debate de fondo sobre el futuro, la misión y el alcance de los medios públicos en la Argentina.

La sede central del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines fue violentada durante el fin de semana. Destruyeron oficinas, equipos y documentación. El hecho ocurre a pocos días de la movilización del 18 de diciembre contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

Un grave episodio de violencia sacudió al movimiento sindical argentino en las últimas horas. La sede central del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines de la República Argentina (SEIVARA), conducido por el co–secretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, fue blanco de un ataque vandálico de gran magnitud durante el fin de semana.

El edificio, ubicado sobre la avenida Juan de Garay 371, en la Ciudad de Buenos Aires, fue violentado por personas que ingresaron por la parte superior del inmueble en un horario que aún no pudo ser determinado. Según las primeras informaciones, los atacantes desactivaron y arrancaron las cámaras de seguridad antes de avanzar con los destrozos en el interior del sindicato.

Puertas forzadas, oficinas destruidas, computadoras inutilizadas y abundante documentación revuelta componen el saldo del ataque. El nivel de daño registrado refuerza la gravedad del episodio y encendió alarmas dentro del gremio y en el conjunto de la dirigencia sindical.

“Está todo el sindicato revuelto, puertas y computadoras rotas, papelerío por todos lados. Destruyeron el gremio, está todo destruido”, describió Jerónimo en declaraciones radiales. El dirigente expresó además su preocupación por el mensaje implícito del ataque y reclamó una respuesta inmediata del sistema judicial: “Esperamos que actúe rápida y eficazmente la Justicia, que investigue lo que pasó. Nos preocupa por demás”.

Tras el hecho, se radicó la denuncia correspondiente y personal de la Policía Científica trabaja en el lugar para relevar daños, levantar rastros y avanzar con las pericias que permitan esclarecer lo sucedido. Por el momento, no hay detenidos ni hipótesis confirmadas, aunque la investigación continúa en curso.

El ataque se produce en un contexto de elevada conflictividad política y sindical, marcado por el debate en el Congreso de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. En ese marco, la CGT convocó a una movilización para el próximo 18 de diciembre, en rechazo a los cambios propuestos, y Jerónimo fue uno de los dirigentes que se expresó públicamente contra la iniciativa y participó activamente de la organización de la protesta.

Si bien desde fuentes cercanas a la causa evitaron adelantar conclusiones, el episodio es analizado dentro del clima de tensión que atraviesa al movimiento obrero. La destrucción selectiva de infraestructura y documentación, sumada a la desactivación previa de las cámaras, refuerza la preocupación en torno a una posible maniobra de intimidación.

El hecho reaviva además el debate sobre los límites de la confrontación política y el riesgo de que la violencia se instale como método de presión en un escenario ya atravesado por profundas disputas sociales y económicas.