La central obrera decidió ausentarse de la reunión del Consejo de Mayo y resolvió convocar a su Consejo Directivo para discutir un plan de lucha, luego de que el Gobierno reinstalara los artículos más controversiales de la reforma laboral, en especial la limitación de las cuotas solidarias que financian a los sindicatos.

La relación entre la CGT y el Gobierno volvió a tensarse al máximo luego de que se conociera el último borrador de la reforma laboral, que incorporó modificaciones aún más profundas que las difundidas inicialmente. Al confirmarse que el texto final reinstalaba artículos que la central obrera rechaza de plano —en particular, la limitación de las cuotas solidarias—, la dirigencia sindical decidió dar un golpe político: su representante, Gerardo Martínez, no asistió a la reunión de este martes del Consejo de Mayo.

En Azopardo, la primera reacción fue de sorpresa, pero rápidamente se transformó en un diagnóstico compartido: “ganó Sturzenegger”, confesó un dirigente cegetista, en referencia al ministro de Desregulación del Estado, considerado el principal impulsor de una agenda abiertamente antisindical dentro del gabinete. Según remarcaron fuentes gremiales, el ala dura del Gobierno logró imponerse sobre los sectores más “políticos”, aquellos dispuestos a moderar el contenido de la ley para evitar una confrontación frontal.

Con ese escenario, la CGT convocó a su Consejo Directivo para este jueves, donde se discutirá un temario que ya tiene un punto central: definir un plan de acción.

El punto que encendió la mecha: las cuotas solidarias

Dentro del paquete laboral, ningún artículo genera tanta resistencia sindical como el que limita las cuotas solidarias, el mecanismo clave de financiamiento de los gremios. Estas cuotas consisten en un aporte obligatorio, acordado en los convenios colectivos, que se descuenta a todos los trabajadores de un sector, estén o no afiliados.

La última versión difundida el viernes parecía contener una concesión: ese artículo no estaba incluido. Sin embargo, el fin de semana, durante el armado final del texto, el sector más liberal del Gobierno logró reincorporarlo. La presión vino, principalmente, desde Sturzenegger, quien sostiene que estas contribuciones son “peajes sindicales” y promueve un sistema donde cada trabajador deba dar un consentimiento explícito para pagarla.

Para la CGT, ese cambio no es una cuestión técnica: es un golpe directo al financiamiento de la estructura sindical. Por eso fue una línea roja desde el principio, e incluso dirigentes cercanos al Gobierno, como Gerardo Martínez (UOCRA), habían planteado la necesidad de una “modernización laboral sin pérdida de derechos”.

Las tensiones internas del Gobierno y el factor político

Dentro del propio oficialismo conviven dos posturas. Por un lado, quienes apuntan a contener la conflictividad y sostienen que, aun concediendo a la CGT la eliminación de las restricciones a las cuotas solidarias, la central difícilmente apoye la reforma. Por el otro, el sector más ideológico, que insiste en avanzar sin matices y que volvió a tener influencia en esta instancia, con respaldo de figuras como Patricia Bullrich.

El resultado fue el peor escenario para la convivencia: la CGT percibe que el Gobierno no busca negociar, sino avanzar unilateralmente. Y el Gobierno, a su vez, calcula que cualquier concesión será interpretada como un signo de debilidad.

Un conflicto que se intensifica

Como consecuencia directa, la CGT ya se prepara para activar un plan de lucha que podría incluir movilizaciones, asambleas y medidas nacionales de fuerza. La central evalúa que la reinstalación de los artículos más duros del proyecto —y particularmente el referido a las cuotas solidarias— no deja margen para un acuerdo.

El conflicto, que hasta ahora se mantenía en el terreno técnico y político, entra así en una fase de confrontación abierta. En un contexto económico aún delicado y con otros sectores gremiales también tensos, la pulseada entre la CGT y el Gobierno promete escalar en las próximas semanas.

La central obrera llamará este jueves a su Consejo Directivo para evaluar la situación social y económica del país y unificar una posición frente al paquete de leyes que el Gobierno enviará al Congreso en sesiones extraordinarias. La Reforma Laboral vuelve a ser el eje de las preocupaciones gremiales.

La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó para este jueves 11 de diciembre, a las 12 horas, a una reunión clave de su Consejo Directivo en la histórica sede de la calle Azopardo. La citación, oficializada mediante un comunicado firmado por el flamante Triunvirato que encabeza la central, llega en un momento de creciente tensión política, sindical y social.

El encuentro tendrá como eje el análisis del convulsionado escenario nacional: salarios que pierden frente a la inflación, conflictos sectoriales que se multiplican y un fin de año que combina incertidumbre económica con una agenda legislativa cargada de reformas profundas. En ese marco, la conducción analizará los detalles del llamado del Poder Ejecutivo a sesiones extraordinarias y el paquete de proyectos que la Casa Rosada pretende impulsar en el Congreso.

Entre las iniciativas más sensibles aparece la Reforma Laboral, una propuesta que el Gobierno considera prioritaria y que —según alertan distintos sectores sindicales— podría implicar un retroceso en derechos históricos conquistados por los trabajadores. La CGT busca unificar posición y evaluar escenarios ante un proyecto que promete ser el principal foco de conflicto con el oficialismo.

La reunión también incluirá temas internos vinculados al funcionamiento y la cohesión de la central obrera, especialmente luego de trascendidos sobre la ausencia de Gerardo Martínez en la última reunión del Consejo de Mayo. En un momento donde las diferencias internas comienzan a asomar, la necesidad de consolidar una estrategia común se vuelve central.

Todo indica que el documento o postura que surja este jueves marcará el tono de la relación entre la CGT y el Gobierno en las próximas semanas, en un cierre de año donde la tensión entre la agenda oficial y las demandas sindicales vuelve a ganar temperatura.

La cita de este jueves será decisiva para medir la unidad interna de la CGT y anticipar el rumbo del movimiento obrero frente al paquete de reformas que el Ejecutivo buscará debatir a contrarreloj en el Congreso. Con la Reforma Laboral en el centro de la escena, la central obrera se prepara para definir una posición que podría influir en la dinámica política y sindical del verano.

En medio de la discusión por la reforma laboral que el Gobierno busca llevar al Congreso en sesiones extraordinarias, la CGT negó categóricamente la existencia de un proyecto que establezca un régimen flexible para trabajadores menores de 30 años. El sindicalismo calificó de “absolutamente falsas” las versiones difundidas en redes y medios, y ratificó su posición de rechazo a cualquier intento de recorte de derechos.

La Confederación General del Trabajo salió a desmarcarse de los trascendidos que indicaban que la cúpula sindical habría acercado al Ejecutivo un borrador para crear un régimen laboral juvenil con condiciones más flexibles que las previstas en la Ley de Contrato de Trabajo.

Fuentes consultadas por el sitio Mundo Gremial fueron tajantes: “No existe tal propuesta ni negociación informal al respecto, y cualquier información que circule en ese sentido es absolutamente falsa”, aseguraron dirigentes cercanos a la conducción.

Según las publicaciones desmentidas, la iniciativa incluiría modificaciones en salarios, vacaciones, jornadas laborales e indemnizaciones, y plantearía que recién al cumplir los 30 años se accedería a la totalidad de los derechos laborales. Las versiones también señalaban que el Gobierno vería con buenos ojos ese esquema como herramienta para incentivar el empleo joven. Pero la CGT derribó de plano esa posibilidad.

Negociaciones sensibles en la antesala del proyecto oficial

La desmentida ocurre en un momento clave: el oficialismo planea presentar este martes 9 de diciembre el proyecto final de reforma laboral, en un acto en Casa Rosada. El texto incluiría cambios en indemnizaciones por despido, aportes patronales y un rediseño orientado a reducir el costo laboral de las empresas.

La elaboración del borrador está a cargo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, junto con equipos del Consejo de Mayo. El Gobierno busca avanzar en un paquete de medidas que choca frontalmente con las posiciones históricas del sindicalismo.

La CGT, en guardia ante cualquier intento de flexibilización

La central obrera ratificó su postura de alerta permanente frente a la posibilidad de que la reforma implique pérdida de derechos o retrocesos normativos. Para la conducción que integran Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, cualquier intento de instalar un régimen laboral más laxo para jóvenes sería “inaceptable” y rompería con principios centrales del movimiento obrero.

El sindicalismo anticipa que dará pelea política y judicial ante cualquier iniciativa que implique precarización o debilitamiento de las protecciones actuales. En un clima de tensión creciente, la CGT busca dejar en claro que no avalará proyectos que flexibilicen el trabajo, ni siquiera bajo la promesa de promover el empleo juvenil.