Ante la falta de respuestas del Gobierno Nacional y el deterioro sostenido del poder adquisitivo, CONADU Histórica anunció un paro nacional de 72 horas para los días 12, 13 y 14 de noviembre. El gremio exige la inmediata reapertura de paritarias y la implementación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación fue suspendida por el Ejecutivo en una decisión que los docentes califican como “jurídicamente inaceptable”.

La Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica) resolvió profundizar su plan de lucha con una medida de fuerza de alcance nacional que afectará la actividad académica en todas las universidades públicas del país. El paro, programado para los días miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 de noviembre, fue aprobado por amplia mayoría durante el Congreso Extraordinario de la organización realizado el pasado 30 de octubre, con la participación de 84 delegados de asociaciones de base de todo el territorio nacional.

La decisión se inscribe en un escenario de creciente conflictividad en el sistema universitario, marcado por la parálisis en las negociaciones salariales y la suspensión de leyes fundamentales para el financiamiento y la continuidad de las políticas públicas en educación superior.

“El Gobierno no ha convocado a la paritaria del sector ni ha ofrecido respuestas a las demandas salariales que venimos planteando desde hace meses”, señalaron desde la conducción nacional del gremio. Según la federación, los salarios docentes acumulan una pérdida que supera el 45 % en términos reales desde diciembre de 2023, lo que agrava el deterioro de las condiciones de trabajo y amenaza la sustentabilidad de la vida universitaria cotidiana.

En un comunicado difundido tras el Congreso, la CONADU Histórica expresó su preocupación por el reciente decreto del Poder Ejecutivo Nacional que, en la misma disposición, promulgó y suspendió la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y de la Ley de Emergencia en Salud Pediátrica, conocida como “Ley Garrahan”. El texto oficial —publicado en el Boletín Oficial el 21 de octubre— reconoce la deuda del Estado con el sistema universitario, contemplando una actualización salarial del 40 % a julio de 2025, fondos para becas estudiantiles y partidas para gastos de funcionamiento. Sin embargo, su suspensión inmediata dejó sin efecto las medidas de alivio que el propio decreto admitía como urgentes.

“Es una decisión contradictoria, ilegítima y jurídicamente inaceptable”, sostuvieron desde el gremio, al tiempo que remarcaron que “la suspensión vulnera derechos adquiridos y posterga indefinidamente el cumplimiento de compromisos asumidos por el Estado”.

La medida, señalan, no solo afecta a los trabajadores docentes, sino que compromete la estabilidad institucional de las universidades y la posibilidad de garantizar el derecho a la educación pública de calidad.

Desde la federación convocaron a toda la comunidad universitaria —docentes, estudiantes y personal no docente— a sostener la organización y fortalecer la unidad “en defensa de la universidad pública, gratuita y al servicio del pueblo”. En ese sentido, se prevén asambleas, clases públicas y actividades de visibilización en los principales centros universitarios durante los días de la huelga.

La Justicia laboral intimó al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, a justificar en un plazo de tres días los motivos por los cuales no ha convocado al Consejo Nacional del Salario Mínimo, Vital y Móvil, órgano clave para la actualización de los ingresos básicos y las prestaciones por desempleo.

La medida fue dispuesta por el Juzgado Nacional del Trabajo N°10, en el marco de una acción cautelar presentada por la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, que encabezan Hugo “Cachorro” Godoy y Hugo Yasky, respectivamente. Ambas centrales reclaman el cumplimiento de la ley que establece la periodicidad bimestral de las reuniones y la restitución del diálogo social entre el Estado, los trabajadores y los empleadores.

Las organizaciones denunciaron que el Gobierno incumple su obligación legal y constitucional de promover el diálogo tripartito, y recordaron que los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) garantizan la negociación conjunta como base para fijar el salario mínimo.

“Se está afectando un derecho fundamental: el de los trabajadores a participar en la definición de un salario digno”, expresaron los dirigentes sindicales al presentar la demanda.

El reclamo también impugna la Resolución 5/2025, mediante la cual el Ministerio impuso unilateralmente un incremento del salario mínimo a través de un laudo administrativo, sin consenso entre las partes. Según las CTA, esta decisión “carece de validez legal y no garantiza un nivel de vida digno”, en contravención de los artículos 14 bis de la Constitución Nacional y 116 de la Ley de Contrato de Trabajo.

El Consejo del Salario, creado para fijar el monto del salario mínimo y los valores de las prestaciones por desempleo, está integrado por representantes del Estado, de las cámaras empresarias y de los sindicatos. Sin embargo, no se reúne desde hace más de seis meses, un hecho inédito desde su conformación.

La falta de actualización del salario mínimo —que hoy se encuentra muy por debajo del costo de la canasta básica— agrava la pérdida del poder adquisitivo y afecta de manera directa a millones de trabajadores formales, informales y beneficiarios de programas sociales.

Con esta resolución, la Justicia pone en evidencia la inacción del Poder Ejecutivo y exige que rinda cuentas sobre una cuestión de alto impacto económico y social. El fallo obliga al Ministerio de Capital Humano a explicar por qué se elude la convocatoria y reabre la discusión sobre la legitimidad de las decisiones unilaterales en materia salarial.

Para las dos centrales sindicales, la medida judicial representa un respaldo a su reclamo y una advertencia al Gobierno sobre la necesidad de respetar los mecanismos institucionales de diálogo social.

“Este fallo reafirma que el salario mínimo no puede definirse de espaldas a los trabajadores”, afirmaron Godoy y Yasky en un comunicado conjunto difundido tras conocerse la intimación judicial.

En vísperas de la renovación parlamentaria que ampliará la representación de La Libertad Avanza tanto en Diputados como en el Senado, el Gobierno nacional encara una nueva ola de reclamos y denuncias por inconstitucionalidad. Se trata de la decisión del Ejecutivo de promulgar pero suspender la aplicación de tres leyes claves: la Ley de Financiamiento Universitario, la Ley de Emergencia en Discapacidad y la Ley de Emergencia Pediátrica, más conocida como Ley Garrahan.

El argumento oficial, según plantearon los funcionarios ante la Comisión de Presupuesto, es que las normas “no contaban con fuentes de financiamiento definidas”. Sin embargo, desde distintos sectores —académicos, sanitarios y sociales— se sostiene que el Poder Ejecutivo no tiene facultades para suspender la ejecución de una ley ya sancionada y promulgada por el Congreso, lo que configura una vulneración del principio de división de poderes y del Estado de Derecho.

Universidades en pie judicial

Durante la última reunión de la Comisión de Presupuesto, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, anunciaron que el Presupuesto 2026 prevé un aumento nominal del 17,6% en inversión educativa, lo que implicaría un incremento real del 7%, con una inflación proyectada del 10,1%. En el caso del sistema universitario, anticiparon un incremento “del 10% en términos reales” y aseguraron que “las universidades podrán cubrir sus necesidades básicas”.

No obstante, ambos funcionarios ratificaron que el Gobierno mantendrá suspendida la Ley de Financiamiento Universitario, al considerar “ilegal” aplicar una norma sin respaldo presupuestario explícito.

Frente a esa postura, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) —junto a 49 universidades nacionales— presentó un amparo ante la Justicia Contencioso-Administrativa Federal, solicitando el cumplimiento inmediato de la ley y una medida cautelar que obligue al Ejecutivo a destrabar los fondos.

El abogado patrocinante, Pablo Manili, calificó la situación de “inédita en la historia argentina” y advirtió:

“Es la primera vez que un presidente se niega a cumplir una ley debidamente sancionada y promulgada. El presidente tiene una sola facultad: promulgar y cumplir. No puede suspender ni revisar el contenido de la ley”.

Según el reclamo judicial, las universidades públicas operan con presupuestos congelados desde 2023, lo que implicó una pérdida del 80% de poder de financiamiento y del 40% en los salarios docentes, generando una crisis funcional sin precedentes en el sistema educativo superior.

Discapacidad: una emergencia postergada

Una situación similar atraviesan las organizaciones de discapacidad. Tras suspender la aplicación efectiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el Gobierno buscó descomprimir el conflicto con un aumento del 30 al 35% para los prestadores del sector, escalonado hasta diciembre. La medida fue aprobada por el Directorio de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, con participación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el PAMI y la Superintendencia de Servicios de Salud.

Pese a ello, gremios, familiares y entidades de atención directa sostienen que el incremento es insuficiente frente a la inflación acumulada y el atraso del nomenclador nacional, congelado desde diciembre pasado. Las protestas se multiplicaron en todo el país con pedidos de cumplimiento integral de la ley y actualización real de los aranceles.

Salud: parches y reasignaciones

En el área sanitaria, el Gobierno aplicó la misma lógica: mientras mantiene suspendida la Ley Garrahan, dispuso por Decisión Administrativa 29/2025 un refuerzo presupuestario de 196 mil millones de pesos para hospitales de alta complejidad —entre ellos el Hospital Garrahan, el Hospital El Cruce, el Néstor Kirchner y el Hospital de Cuenca Alta—. Sin embargo, esos fondos provienen de reasignaciones internas, lo que implica recortes en otras áreas y no un aumento genuino de la inversión en salud.

El conflicto alcanzó un punto crítico este viernes, cuando trabajadores del Hospital Garrahan ocuparon la Dirección del establecimiento en protesta por descuentos salariales considerados ilegales y exigieron la renuncia del interventor Mariano Pirozzo y del Consejo de Administración.

“Son lo peor que le pasó al Garrahan. Cada minuto que siguen al frente, las infancias y el equipo de salud estamos peor”, denunciaron los trabajadores en un comunicado.