El secretario general de AOMA San Juan e integrante de la conducción nacional del gremio, Iván Maya, confirmó la adhesión total del sindicato minero a la movilización convocada por la CGT en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Alertó sobre despidos, cierre de empresas, recesión productiva y un posible avance posterior sobre el sistema previsional.

La convocatoria a una movilización nacional contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional suma adhesiones en todo el país y consolida un frente sindical cada vez más amplio. En ese marco, la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) confirmó su participación activa en la protesta convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), con presencia en más de 20 provincias.

“Adherimos totalmente a esta movilización en en San juan y en todo el país”, afirmó Iván Maya, titular de AOMA e integrante de la conducción nacional del gremio. Según explicó, la protesta busca visibilizar el rechazo a una iniciativa oficial que, lejos de generar empleo genuino, “profundiza la precarización y consolida un escenario de recesión”.

Desde la mirada sindical, el debate sobre la denominada “modernización laboral” se da en un contexto económico adverso, atravesado por despidos masivos, cierre de empresas y una fuerte contracción de la actividad productiva. “Lo vemos claramente: hay despidos todos los días, en el comercio, en la construcción, en la industria. Esto no se resuelve con una reforma laboral”, sostuvo Maya.

El dirigente fue categórico al cuestionar el argumento oficial que presenta la reforma como una herramienta para fomentar el empleo. “Engañan a la gente diciendo que así va a haber más trabajo. Eso no es cierto. El empleo se genera con políticas productivas, con industria en marcha y con un Estado que acompañe”, remarcó.

En ese sentido, subrayó la importancia de la unidad del movimiento obrero como factor clave para incidir en el tratamiento legislativo del proyecto. “Esperamos que nos acompañen todos los trabajadores, del sector público y del privado. Acá estamos perjudicados todos. Esto es el inicio de un avasallamiento general de los derechos laborales”, advirtió.

Pero las objeciones no se limitan al plano estrictamente laboral. Maya alertó sobre posibles derivaciones más profundas del proyecto: “Detrás de esta reforma viene un desfinanciamiento total de la ANSES, y eso abre la puerta a una reforma previsional, con aumento de la edad jubilatoria. Esto va mucho más allá de una simple modernización”.

La situación concreta del sector minero también refleja, según el dirigente, las consecuencias del actual modelo económico. En ese marco, confirmó despidos recientes en Cementos Avellaneda, donde seis trabajadores recibieron telegramas de cesantía. “Ya se están tomando las acciones necesarias, con asambleas y medidas de fuerza”, indicó.

Maya explicó que, dentro de la actividad minera, existen realidades muy diferentes. Mientras la minería metalífera mantiene cierta estabilidad por sus convenios y características productivas, otras ramas —como el cemento, la cal y la piedra— dependen directamente de la obra pública, hoy prácticamente paralizada. “Eso impacta de lleno en nuestro sector”, señaló.

Los trabajadores nodocentes de las universidades nacionales decidieron intensificar su plan de lucha y anunciaron un paro total de actividades por 24 horas, en simultáneo con la movilización convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.

La medida fue resuelta por amplia mayoría en el Consejo Directivo de la Federación del Trabajador de Universidades Nacionales (FATUN) y se llevará a cabo este jueves 18 de diciembre, con cese total de actividades y movilizaciones en distintos puntos del país.

“Se resolvió un paro de 24 horas y movilización de las y los trabajadores nodocentes en defensa de la Universidad Pública, de nuestros salarios y de nuestros derechos laborales”, señalaron desde la organización sindical a través de un comunicado oficial.

Salarios, presupuesto y funcionamiento universitario en riesgo

Desde FATUN advirtieron que la situación del sistema universitario es crítica y que la falta de un presupuesto adecuado pone en riesgo su normal funcionamiento. En ese sentido, remarcaron que el deterioro salarial y la incertidumbre financiera afectan directamente la calidad educativa y la continuidad de las actividades académicas y administrativas.

“La situación es insostenible: sin un presupuesto real y suficiente, se compromete el funcionamiento de todo el sistema universitario”, alertaron. Y agregaron: “Un país que aspira a crecer necesita más y mejores universidades, y eso solo es posible con salarios dignos y presupuestos garantizados, una responsabilidad indelegable de todo gobierno, más allá de los vaivenes económicos”.

Como parte del reclamo central, los nodocentes exigieron la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, recientemente defendida por amplios sectores del arco político, académico y social.

Paro sin concurrencia y movilización nacional

La medida de fuerza se realizará sin concurrencia a los lugares de trabajo, afectando el normal funcionamiento administrativo de las universidades nacionales. En la Ciudad de Buenos Aires, los nodocentes concentrarán desde las 13:00 horas en Diagonal Sur y avenida Belgrano, desde donde se movilizarán en el marco de la protesta general.

Desde la federación sindical señalaron que la participación en la marcha busca “decir presente frente a un intento de retroceso que pone en riesgo derechos conquistados” y visibilizar la situación crítica que atraviesa el sistema universitario público.

Asimismo, FATUN convocó a los sindicatos de base del interior del país a sumarse a las acciones organizadas en cada ciudad, con el objetivo de federalizar el reclamo y multiplicar su impacto en todo el territorio nacional.

En el marco del intenso debate legislativo por el proyecto de reforma laboral enviado por el gobierno de Javier Milei, la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) se presentó este miércoles ante el Plenario de Comisiones de Trabajo y Presupuesto del Senado para expresar un rechazo técnico, jurídico y político a la iniciativa oficial.

La delegación sindical estuvo encabezada por el triunvirato integrado por Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), acompañados por el asesor legal de la central obrera, Pablo Topet. La jornada, presidida por la senadora Patricia Bullrich, tuvo como eje central la exposición de Sola, quien realizó un pormenorizado análisis del articulado y cuestionó la filosofía que sustenta la propuesta del Ejecutivo.

Desde el inicio de su intervención, el dirigente advirtió que se trata de una reforma “inconsulta”, tanto para los trabajadores como para los empleadores que apuestan a la producción y el empleo genuino. A su entender, el proyecto se apoya en una concepción del derecho laboral que desconoce la desigualdad estructural existente en la relación entre capital y trabajo.

Inconstitucionalidad y el cuestionamiento al principio protectorio

Uno de los puntos más contundentes de la exposición fue la advertencia sobre los “graves problemas de constitucionalidad” que, según la CGT, atraviesan el proyecto. Sola sostuvo que la iniciativa vulnera el principio protectorio consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en tratados internacionales con jerarquía constitucional, como el Pacto de San José de Costa Rica.

“El trabajador es la parte más débil de la relación contractual y la ley no puede fingir una igualdad que no existe”, señaló el dirigente, al tiempo que reclamó un “debate serio” con participación de todos los sectores involucrados. En esa línea, afirmó que las normas laborales deben ser progresivas y orientadas a ampliar derechos, no a restringirlos.

Sola también alertó sobre el intento de “atomizar” la representación sindical mediante la modificación del orden de prelación de los convenios colectivos. Según explicó, el proyecto habilita acuerdos por empresa que podrían firmarse a la baja respecto de los convenios de actividad, debilitando la negociación colectiva y fragmentando la defensa de los derechos laborales.

Críticas al Fondo de Asistencia Laboral y al sistema de salud

Otro de los ejes centrales del planteo sindical fue el cuestionamiento al nuevo Fondo de Asistencia Laboral. La CGT denunció que su financiamiento implicaría el desvío de alrededor de 3.000 millones de dólares que hoy pertenecen al sistema previsional.

“Están sacando recursos de quienes ya se jubilaron para que el empleador no tenga costo al momento de despedir”, advirtió Sola, al caracterizar el mecanismo como un subsidio indirecto a los despidos financiado con fondos de los trabajadores.

En paralelo, el dirigente alertó sobre el impacto de la reforma en el sistema de obras sociales sindicales. Detalló que el proyecto prevé reducir del 6% al 5% los aportes destinados a la salud en las medianas empresas, lo que implicaría una pérdida estimada de 90.000 millones de pesos. “Se trata de un sistema solidario único en el mundo, que ya está en una situación crítica”, subrayó.

“Las reformas por sí solas no generan empleo”

En otro tramo de su exposición, Sola refutó el argumento oficial que vincula la flexibilización laboral con la creación de empleo registrado. Recordó que antecedentes recientes, como la implementación de la Ley Bases con períodos de prueba extendidos y eliminación de multas, no lograron revertir la informalidad ni generar puestos de trabajo de calidad.

“Hoy se pierden alrededor de 400 empleos genuinos por día y cierran 30 pymes”, afirmó, al sostener que el problema central no reside en el marco normativo laboral sino en la ausencia de un plan de inversión productiva.

En ese sentido, sugirió que el Congreso debería priorizar una reforma tributaria que reduzca los costos a la inversión y estimule la actividad económica, antes de avanzar en cambios estructurales en las relaciones laborales.

Sobre el cierre, la CGT pidió a los senadores que el tratamiento de la reforma no se realice “entre gallos y medianoche” y reclamó un debate profundo, responsable y respetuoso de la Constitución. La central obrera advirtió que el proyecto, tal como está planteado, restringe derechos fundamentales como la huelga y la libertad de asamblea, y supone un cambio drástico en el modelo laboral argentino.

El mensaje fue claro: sin consenso, sin diálogo social y sin una estrategia de desarrollo productivo, cualquier intento de reforma corre el riesgo de agravar la conflictividad y profundizar la precarización, en lugar de ofrecer soluciones reales a los problemas del empleo en la Argentina.