La CGT movilizó este jueves en la Ciudad de Buenos Aires en defensa de la industria nacional y contra las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei, en una nueva demostración de fuerza de la central obrera. La marcha tuvo como destino el edificio del ex Ministerio de Industria y concluyó con los discursos de los tres integrantes del triunvirato: Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello.

La convocatoria se desarrolló bajo la consigna “Las Malvinas son argentinas, la industria nacional también”, con la industria y las pequeñas y medianas empresas como principales destinatarias del reclamo sindical. La CGT sostiene que la combinación de caída del consumo, menor inversión y dificultades para las empresas está repercutiendo sobre el empleo y los ingresos.

El diagnóstico quedó plasmado también en un documento difundido por el Consejo Directivo Nacional. La central acusó al Gobierno de estar llevando adelante una política económica “monitoreada” por el Fondo Monetario Internacional, orientada —según su interpretación— hacia intereses que no coinciden con los de la economía nacional.

En el texto, la organización sindical afirmó que las políticas oficiales están provocando un deterioro del sistema productivo, con especial impacto sobre las pymes. Enumeró entre los factores que, a su juicio, explican ese retroceso el aumento del desempleo, la pérdida de ingresos, el deterioro de las condiciones laborales, la caída del consumo interno, la recesión, la presión impositiva, el retroceso de la inversión, la falta de financiamiento y los costos de los servicios públicos.

La central sinical también vinculó la situación de las empresas con el funcionamiento de las economías regionales y las cadenas de proveedores. Para la CGT, la pérdida de establecimientos industriales no se limita al cierre de una empresa, sino que repercute sobre trabajadores, proveedores y circuitos comerciales asociados a la producción.

El proyecto de Presupuesto 2027 contempla una nueva reducción de los subsidios energéticos que, según una estimación de Economía y Energía, podría elevar 26% la factura de los hogares que todavía reciben asistencia, 19% la de los comercios y 9% la de los usuarios residenciales sin subsidio del AMBA. El ajuste se produce mientras crecen las tarifas, persisten cortes de electricidad y el Gobierno avanza con la privatización de empresas y activos públicos.

El impacto sería desigual según el tipo de usuario. Para los hogares subsidiados, el incremento estimado alcanza el 26%; para los comercios, el 19%, mientras que los usuarios residenciales sin subsidio del Área Metropolitana de Buenos Aires afrontarían una suba cercana al 9%.

En los ejemplos elaborados por la consultora, una factura residencial subsidiada, impuestos incluidos, pasaría de $26.986 a $34.020 mensuales. Para un hogar sin asistencia, el monto subiría de $49.097 a $53.733. La mayor variación porcentual recaería así sobre quienes todavía dependen de la compensación estatal para reducir el costo de la energía.

El nuevo ajuste se incorpora a una trayectoria de fuerte encarecimiento de los servicios públicos. Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP, dependiente de la UBA y el Conicet, entre diciembre de 2023 y septiembre de 2026 la canasta de servicios del AMBA —que incluye electricidad y gas sin subsidios, agua y transporte— aumentó 867%, frente a una inflación estimada del 254%.

Dentro de esa canasta, el gas acumuló un incremento del 1.639%, el transporte 1.479%, el agua 538% y la electricidad 388%. En septiembre, el costo mensual de esos servicios alcanzó $268.405, equivalente al 13,3% del salario promedio registrado.

Para 2027, el IIEP proyecta además una reducción de las partidas seleccionadas destinadas a subsidiar energía y transporte, desde unos US$5.200 millones hasta US$4.400 millones. En el caso de la energía eléctrica, las transferencias a Cammesa podrían disminuir alrededor de 45%.

La política de reducción de subsidios tuvo, sin embargo, modificaciones durante 2026. El incremento del costo energético asociado al conflicto entre Estados Unidos e Irán llevó al Gobierno a mantener algunas bonificaciones para contener el traslado a las tarifas. Entre enero y agosto, los subsidios energéticos alcanzaron US$3.254 millones, un 40% más que durante el mismo período del año anterior.

En octubre también se prorrogó la bonificación general del 50% sobre el gas, cuyo retiro estaba previsto originalmente. Esa decisión contribuyó a moderar el impacto tarifario inmediato: los aumentos promedio fueron de 1,64% en electricidad y 2,24% en gas, en línea con la inflación de agosto.

Cortes, infraestructura y falta de inversión

El aumento de las tarifas convive con problemas de infraestructura que mantienen bajo presión al sistema eléctrico. Hace dos semanas, un apagón afectó a unos 800.000 usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, mientras que semanas antes un incendio en una central de Tolosa dejó sin servicio a unos 65.000 usuarios de La Plata. En ese último caso, el organismo regulador bonaerense ordenó a Edelap compensar a los afectados.

El Gobierno prorrogó hasta diciembre de 2027 la emergencia energética y apuesta a que una mayor participación privada acelere las inversiones necesarias. Entre los proyectos anunciados figuran sistemas de almacenamiento mediante baterías para atender los picos de consumo, con una inversión estimada de US$650 millones en el AMBA, además de 16 obras prioritarias de transporte eléctrico por unos US$6.600 millones.

Los problemas no se limitan a la electricidad. En las últimas semanas, restricciones de suministro de gas afectaron a agroindustrias tucumanas, que denunciaron recortes de hasta el 50% en el abastecimiento. Empresas citrícolas señalaron que debieron recurrir a gas más caro y atribuyeron parte de las dificultades a la falta de capacidad de transporte desde Neuquén y a la demora en obras vinculadas con el Gasoducto Norte.

Privatizaciones en marcha

La reducción de subsidios forma parte de una transformación más amplia del esquema de servicios públicos. Después de la venta de Transener, el Gobierno avanza con nuevas concesiones de represas hidroeléctricas y con la venta de centrales térmicas de Enarsa.
El caso más reciente es AySA, cuyo 90% accionario quedó adjudicado a un consorcio integrado por Rowing, Transclor, la brasileña Arcos Saneamento —del Grupo Equipav— y el vehículo PHX Aqua. El grupo ofreció US$340,2 millones, por encima de la propuesta del Grupo Roggio, y asumirá la operación de la compañía que abastece a unos 14 millones de personas.

El contrato establece una inversión mínima de US$2.000 millones durante cinco años, con ajustes tarifarios vinculados con costos y metas de calidad. La tarifa social no se modifica, aunque el pliego no garantiza la continuidad de la totalidad de los puestos laborales. La dotación de AySA ya se redujo de 7.700 a 5.890 trabajadores y el nuevo operador tendrá margen para reorganizar la plantilla.

La transición hacia un nuevo modelo de servicios públicos está definida por una ecuación compleja: menos subsidios, tarifas al alza, mayor protagonismo privado y una red eléctrica que aún muestra signos de vulnerabilidad. El objetivo oficial es claro: sanear las cuentas públicas transfiriendo la gestión al mercado. No obstante, la contraofensiva se siente en la economía real, donde las facturas representan una carga cada vez más pesada para ciudadanos y comercios.

El Primer Juzgado Civil, a cargo de Héctor Rollán, hizo lugar al amparo presentado por la Fiscalía de Estado y dictó una medida cautelar innovativa. UTA, ATAP y las empresas concesionarias deberán levantar las retenciones y garantizar la prestación normal y continua de todas las líneas una vez notificadas.

La orden establece que las partes deberán garantizar la prestación normal, habitual, regular y continua de todas las líneas de transporte automotor de pasajeros de la provincia, respetando los diagramas horarios establecidos. También exige poner a disposición de manera inmediata las unidades y la infraestructura necesarias para asegurar el funcionamiento del sistema.

El fiscal de Estado, Sebastián Dávila, confirmó la resolución y explicó que desde el organismo comenzaron a diligenciar las notificaciones correspondientes. La restitución efectiva del servicio comenzará a regir una vez que UTA, ATAP y las compañías involucradas sean notificadas judicialmente.

El argumento del Gobierno

La Fiscalía de Estado fundamentó el amparo en la necesidad de preservar los derechos constitucionales de los usuarios. El planteo sostuvo que la interrupción prolongada del transporte afecta el acceso a la educación, la salud, el trabajo y la circulación, además del derecho a utilizar el servicio público.

La intervención judicial se produjo después de más de 30 horas de interrupción del transporte, en medio de una disputa salarial entre los choferes y las empresas. La UTA sostiene que existen diferencias en el pago de las recomposiciones salariales acordadas a nivel nacional, mientras ATAP argumenta que las compañías atraviesan restricciones económicas que limitan su capacidad para afrontar los montos reclamados.

El dictamen judicial no modifica esa discusión de fondo, pero impone una condición concreta para su continuidad: el transporte debe volver a funcionar mientras las partes resuelven sus diferencias por las vías administrativas, laborales y judiciales correspondientes.

El fallo contempla además apercibimientos y eventuales sanciones frente a un incumplimiento de la medida cautelar. De este modo, el conflicto por los salarios y la situación económica del transporte ingresa en una nueva instancia, ahora bajo una orden judicial que obliga a garantizar la continuidad del servicio público.