La Unión Tranviarios Automotor advirtió que, si para el cuarto día hábil de la próxima semana no se paga el 100% de los salarios y el aguinaldo, se paralizarán los servicios en todas las compañías que incumplan. Las cámaras empresarias alertan sobre un sistema al borde del colapso por tarifas intervenidas, subsidios insuficientes y caída de pasajeros.Un conflicto que vuelve a escalar y amenaza con paralizar el transporte

La Unión Tranviarios Automotor (UTA), liderada por Roberto Fernández, endureció su posición y emitió un ultimátum directo al sector del transporte público: si antes del jueves próximo no está depositado el 100% de los sueldos y aguinaldos, habrá paro en cada empresa incumplidora, a nivel nacional.

La medida, comunicada formalmente por el gremio, rechaza cualquier esquema de pago fraccionado y cuestiona que los trabajadores sean «rehenes» de la disputa entre compañías y Gobierno por subsidios y tarifas.

Mientras tanto, las cámaras empresarias —especialmente en el AMBA— aseguran que el servicio está “en un punto de quiebre”. CETUBA, AAETA, CEAP, CTPBA y CEUTUPBA alertaron esta semana sobre un “inminente colapso” y remarcaron que las tarifas cubren menos del 70% de los costos reales, incluso con los últimos ajustes. Los subsidios, aseguran, no alcanzan para sostener la operatividad ni para cumplir con las obligaciones salariales.

AMBA: empresas al límite y un caso emblemático que encendió todas las alarmas

El caso más visible de la crisis es el de la Línea 148, paralizada recientemente en el sur del Conurbano. La detención del servicio dejó a millones de pasajeros sin movilidad y a los choferes de la empresa El Nuevo Halcón sin cobrar sus sueldos.
La situación no es aislada: más de 40 empresas de la región no lograron completar los pagos, y ya anunciaron que los haberes de noviembre se cancelarán en dos tramos, mientras que el aguinaldo se abonará en seis cuotas.

“El sector ya no puede asumir más esfuerzos”, insisten las cámaras. Reclaman una adecuación urgente del marco tarifario y del sistema de subsidios, que consideran desactualizado frente a inflación, suba de insumos y caída de la demanda.

Además, advierten que entienden el ajuste fiscal, pero señalan que la reducción de subsidios sin un esquema alternativo deriva en un ajuste directo sobre salarios, frecuencia de servicios y condiciones de seguridad.

El interior tampoco resiste: FATAP pide “condiciones excepcionales” para cumplir salarios

La crisis no se limita al AMBA. La FATAP, que representa a empresas de Tucumán, Chaco, Entre Ríos, Corrientes, Santiago del Estero, Formosa y Catamarca, se sumó al conflicto al presentar una denuncia formal ante la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo.

La entidad asegura que la eliminación de subsidios nacionales, la insuficiencia de aportes provinciales y tarifas sin sustento técnico han generado un deterioro profundo del sector:

cierres de empresas,

eliminación de servicios,

pérdida de fuentes laborales,

deterioro del capital

y proliferación de medios alternativos informales y riesgosos, como motos para transporte de pasajeros.

Para diciembre, FATAP advierte que es “materialmente imposible” pagar los salarios de noviembre y la segunda cuota del aguinaldo sin un esquema extraordinario, replicando el mismo cuadro crítico que atraviesa el AMBA.

Una disputa que expone la fragilidad estructural del sistema

El conflicto se tensó aún más tras las presentaciones ante el secretario de Trabajo, Julio Cordero.
Las empresas argumentan que la combinación de tarifas congeladas, subsidios demorados, inflación persistente y caída de pasajeros por la recesión destruyó la ecuación económica del sector.
La UTA, por su parte, sostiene una postura inamovible: el pago íntegro es “irrenunciable”.
Para el gremio, los problemas financieros de las compañías “no pueden trasladarse a quienes sostienen el servicio”.

En el fondo, la discusión vuelve a poner bajo la lupa la sostenibilidad del sistema de transporte público urbano: un entramado que combina tarifas subsidiadas, dependencia del financiamiento estatal, regulación fragmentada entre Nación y provincias, y demandas laborales que se intensifican en contextos de crisis.

En un encuentro calificado como “picante”, la CGT recibió a representantes de CGERA y CAME y acordó una hoja de ruta conjunta para enfrentar el proyecto de reforma laboral que el Gobierno planea enviar al Congreso el 9 de diciembre. Con diagnósticos compartidos y preocupación por la caída del empleo y la falta de diálogo institucional, gremios y pymes anunciaron reuniones quincenales y el diseño de propuestas propias.

La sede de la CGT fue escenario de una reunión que, aunque inicialmente discreta, terminó mostrando el nacimiento de una alianza que pocos imaginaban en tiempos de polarización: gremios y empresarios pyme, sentados en la misma mesa, coordinando posiciones frente a un Gobierno que —según ambos sectores— avanza sin consulta sobre reformas estructurales.

El encuentro reunió a la conducción renovada de la central obrera —integrada por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello— con referentes de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Fue esta última la que, a último momento, confirmó su presencia y sumó un condimento inesperado a la discusión.

“Fue una reunión picante contra el Gobierno”, resumió uno de los presentes, graficando el clima de coincidencias críticas que atravesó toda la conversación, centrada en la inminente reforma laboral que el Ejecutivo presentará el 9 de diciembre.

Reuniones periódicas y una agenda común

Tras el encuentro, desde el entorno gremial anticiparon que el espacio llegó para quedarse:

“Nos vamos a juntar cada 15 días; este es el camino”.

La apuesta es construir una agenda conjunta que trascienda la mera oposición a las medidas del Gobierno. En la CGT aseguran que no quieren “solo mostrar críticas”, sino elaborar propuestas que contemplen las necesidades de trabajadores y empresas frente a un escenario económico restrictivo.

CGT: señal de alarma por la caída del empleo

Uno de los puntos centrales del análisis de la central obrera fue la destrucción de puestos de trabajo en los últimos meses. Según plantearon los dirigentes, la coyuntura exige fortalecer el vínculo entre inversión productiva y empleo, un eje que consideran ausente en la estrategia del Gobierno.

“No hay tiempo que perder”, señalaron, subrayando que cualquier reforma laboral debería discutirse con las partes involucradas, y no definirse por decreto o sin participación real, como —advirtieron— está ocurriendo en el Consejo del Salario.

Las PyMEs ampliaron el diagnóstico: costos, presión fiscal y burocracia

Del lado empresario, CGERA y CAME reclamaron abordar con urgencia los temas que condicionan su competitividad: costos logísticos, presión impositiva, estabilidad monetaria, burocracia administrativa, tarifas energéticas y acceso al crédito.

Coincidieron en que, sin resolver esos nudos estructurales, cualquier reforma laboral tendrá un impacto marginal.

En particular, señalaron que la falta de diálogo oficial les preocupa tanto como a la CGT. Ejemplo de ello —afirmaron— es el funcionamiento del Consejo del Salario, donde el Gobierno define el salario mínimo por decreto desde diciembre de 2023.

“Propuestas propias”, no reactivas

El presidente de CGERA, Marcelo Fernández, calificó el encuentro como “muy positivo” y remarcó que la articulación gremio–pyme debe traducirse en iniciativas concretas:

“Es fundamental acercar propuestas al Congreso y al Gobierno elaboradas por quienes conocen la realidad productiva y laboral. No pueden legislar quienes desconocen lo que ocurre en las empresas y en los puestos de trabajo”.

Además, adelantó la creación de mesas de trabajo temáticas para ordenar esos proyectos.

La foto conjunta entre la CGT y las principales entidades pyme representa más que una coincidencia coyuntural. Implica la conformación de un frente socio-productivo que podría convertirse en un actor relevante a la hora de discutir la reforma laboral y otras políticas estructurales impulsadas por el Gobierno.

En un escenario de tensiones crecientes, gremios y pymes parecen haber encontrado un punto de encuentro claro: la defensa de la producción nacional, el empleo y la necesidad de políticas consensuadas. Si la articulación quincenal se sostiene, podría convertirse en una de las oposiciones más consistentes a las reformas libertarias.

Aunque la inflación mensual lleva medio año orbitando el 2% y el tipo de cambio oficial permanece estable, el consumo interno se achica. Los indicadores de autoservicios mayoristas y supermercados muestran caídas reales en ventas, impulsadas por la pérdida del poder adquisitivo y por un cambio acelerado hacia canales digitales. La estabilidad macro no logra revertir un deterioro silencioso del ingreso de los hogares.

La economía argentina atraviesa un fenómeno que desconcierta incluso a los analistas más experimentados: inflación controlada, dólar estable… y consumo en caída libre. Los datos de septiembre publicados por el Indec confirman que el bolsillo de los argentinos sigue retrocediendo aun cuando los principales indicadores macroeconómicos parecen calmados.

En los autoservicios mayoristas —un termómetro sensible del abastecimiento de comercios y familias— el panorama fue contundente: las ventas a precios constantes se desplomaron 13,1% interanual, una caída que se profundiza al observar la serie desestacionalizada, con un retroceso mensual del 5,2%, reflejando un deterioro persistente a lo largo de 2025. En los primeros nueve meses del año, el sector acumuló una contracción del 7,4%.

Esto sucede pese a que la facturación nominal creció 7,9%, un alza explicada exclusivamente por los precios: el índice de precios implícitos trepó 24,2%, desnudando que no hay más ventas, sino menos productos a mayor precio. Incluso rubros esenciales, como limpieza y perfumería, mostraron caídas nominales, con un retroceso del 0,4%.

Comercio tradicional vs. comercio digital: una migración acelerada

La explicación no se agota en la pérdida de ingresos. Armando Farina, vicepresidente de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam), detalló el impacto del cambio de hábitos:

“Todos los productos de valor agregado se comercializan cada vez más por la web y por aplicaciones como Mercado Libre. Y más ahora, con importaciones abiertas y compras directas desde el exterior”.

El fenómeno no es local, advierte:

“Es una tendencia mundial. En Estados Unidos, los shopping del interior se están vaciando y Amazon compra esos espacios para montar centros logísticos. En Europa, muchos locales comerciales se transforman en departamentos destinados al turismo”.

Farina sintetiza el desfasaje entre producción y ventas minoristas:

“Si el consumo cae pero la industria crece 4,5%, es porque el comercio sigue activo, pero por otros canales”.

Supermercados: cae el volumen pese al ticket más alto

En los supermercados el panorama es menos dramático, pero igualmente preocupante. Las ventas reales cayeron 0,8% interanual, y la serie desestacionalizada retrocedió 0,2%. La tendencia-ciclo, que resume la trayectoria, también fue negativa (-0,4%).

Aunque el acumulado enero–septiembre aún muestra un crecimiento del 2,7%, la dinámica indica una desaceleración fuerte desde mayo (4,6%). Es decir, el impulso se diluye y el consumo vuelve a estancarse.

El aumento nominal del 23,8% en ventas es un simple reflejo de la inflación: el índice de precios implícitos subió 24,8%. El “carrito” sigue más caro, pero con menos productos.

El factor decisivo: salarios que no alcanzan

El corazón de la paradoja está en los ingresos. El Índice de Salarios mostró una suba del 33,6% interanual en el sector registrado, apenas por encima del 31,8% de inflación. Desde diciembre de 2024, la película es peor: salarios +21,5% vs. inflación +22%. Los ingresos reales siguen perdiendo terreno.

La situación es más crítica entre los trabajadores no registrados: aunque su aumento nominal fue del 120,2%, parten de una base tan baja que el poder adquisitivo permanece muy deteriorado. El sector privado registrado, con un aumento del 32,9%, tampoco logra recomponer la pérdida acumulada en años anteriores.

Resultado: la estabilidad de precios no se traduce en bienestar.

Estrategias de supervivencia: menos efectivo, más billeteras digitales

En este escenario, los consumidores adoptan nuevas tácticas:

Autoservicios mayoristas

Efectivo: –6,8%

Tarjetas de débito: –21,2%

Otros medios de pago (QR, billeteras, vales): +62,5%

Supermercados

Todos los medios crecen nominalmente, pero los “otros medios” suben 53,2%, impulsados por promociones y financiamiento alternativo.

La forma de pagar está cambiando tan rápido como la forma de comprar. Al mismo tiempo, crecen rubros no tradicionales en supermercados —indumentaria, calzado, textiles— que reflejan una derivación de compras hacia canales percibidos como más económicos.

La aparente calma del dólar y de los precios oculta una verdad incómoda: el motor del consumo interno está apagándose. Sin una recomposición del ingreso real, la estabilidad macro puede transformarse en un espejismo incapaz de sostener el crecimiento.

La economía argentina entra así en un círculo riesgoso:
salarios estancados → consumo deprimido → menor dinamismo económico → riesgo de nueva desaceleración.

La paradoja no solo describe un momento, sino una advertencia: sin poder adquisitivo, no habrá estabilidad que alcance para sostener la recuperación.