Organizaciones sociales, gremios y referentes de la economía popular marcharon por el microcentro sanjuanino para exigir la continuidad del programa Volver al Trabajo, cuya finalización está prevista para agosto. Los manifestantes advirtieron que la medida afectará a unas 20.000 personas en la provincia y a más de 900.000 beneficiarios en todo el país.

San Juan fue una de las provincias que se incorporó a la jornada nacional de protesta impulsada por organizaciones sociales y trabajadores de la economía popular en rechazo a la decisión del Gobierno nacional de discontinuar el programa Volver al Trabajo. La movilización recorrió el microcentro de la capital provincial, provocó demoras en la circulación vehicular y concluyó con la entrega de un petitorio en la Agencia Territorial de la Secretaría de Trabajo de la Nación.

De la convocatoria participaron la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Polo Obrero, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), SATSAID y otras organizaciones sindicales y sociales que coincidieron en reclamar la restitución del beneficio económico y una revisión de la política oficial hacia la economía popular.

La protesta se produjo luego de que la Cámara Federal de San Martín dejara sin efecto una medida cautelar que ordenaba mantener el pago mensual del programa. Esa resolución despejó el camino para que el Poder Ejecutivo avance con la finalización del beneficio y la implementación de un nuevo esquema de asistencia.

«No reclamamos un subsidio, reclamamos trabajo»

Durante la manifestación, la referente del MTE Ivana Saavedra sostuvo que la decisión dejará sin ingresos a miles de trabajadores que desarrollan tareas comunitarias en barrios populares.
«Lo que estamos reclamando es un derecho que se nos quita desde agosto. Los 78.000 pesos permitían sostener espacios comunitarios, comedores, merenderos y ollas populares. Lo que buscamos es acceder a un trabajo digno; las capacitaciones ya las realizamos», expresó.
Según indicó, la eliminación del programa alcanzará a aproximadamente 20.000 personas en San Juan, muchas de las cuales complementaban esos recursos con actividades de la economía popular.

Saavedra explicó además que únicamente continuará vigente el programa Acompañamiento Social para los grupos comprendidos por la Resolución 90/2026, principalmente personas mayores de 50 años, mientras que el resto de los beneficiarios dejará de percibir la prestación a partir de agosto.

Un reclamo dirigido a la Nación

El petitorio fue recibido por autoridades de la Agencia Territorial local, aunque los propios manifestantes reconocieron que la decisión depende exclusivamente del Gobierno nacional.

El dirigente de la UTEP Fidel Maric señaló que el documento busca que el planteo llegue a las autoridades nacionales y permita revisar la medida.
«La delegación fue recibida con respeto, pero sabemos que la definición no está en la oficina local. El objetivo es que nuestro reclamo llegue a quienes tienen la responsabilidad de resolver la continuidad del programa», sostuvo.

Qué es Volver al Trabajo

El programa Volver al Trabajo fue creado en 2024 tras la disolución de Potenciar Trabajo, con el propósito de favorecer la inserción laboral de trabajadores de la economía popular mediante capacitación, formación profesional, prácticas laborales y el fortalecimiento de emprendimientos productivos.

Como complemento de esas acciones, contemplaba una prestación mensual de 78.000 pesos, destinada a acompañar los procesos de incorporación al mercado laboral. Hasta su eliminación, alcanzaba a cerca de 900.000 beneficiarios en todo el país.

Una protesta con alcance nacional

La importante movilización desarrollada en San Juan formó parte de una jornada coordinada en distintas provincias, donde organizaciones sociales y gremiales cuestionaron el rediseño de las políticas de asistencia impulsado por la administración de Javier Milei.

Los convocantes sostienen que la eliminación de Volver al Trabajo reducirá los recursos disponibles para miles de familias vinculadas a la economía popular y afectará el funcionamiento de comedores, merenderos y otros espacios comunitarios. Frente a ese panorama, anticiparon que continuarán impulsando gestiones y nuevas acciones para reclamar la restitución del programa o la implementación de un mecanismo que garantice la continuidad del acompañamiento económico y la generación de empleo genuino.

A pocos días de la renovación de autoridades, un amplio grupo de organizaciones sindicales anunció la conformación de un espacio alternativo para competir en las elecciones de la CGT San Juan. Reclaman una conducción colegiada, mayor participación de los gremios y cuestionan la exclusión de sindicatos no confederados del proceso electoral.

La elección de nuevas autoridades de la CGT Regional San Juan comenzó a reconfigurar el mapa sindical de la provincia. Un conjunto de más de 20 organizaciones gremiales trabaja en la conformación de una lista propia para disputar la conducción de la central obrera y plantea la necesidad de abrir un proceso interno con mayor representación de todos los sindicatos.

El espacio opositor sostiene que la conducción encabezada por Eduardo Cabello concentra las decisiones sin una participación efectiva del conjunto de las organizaciones y considera indispensable avanzar hacia un esquema institucional más amplio, similar al que actualmente rige en la conducción nacional de la CGT, basada en un triunvirato.

Uno de los principales impulsores de la iniciativa es el secretario general de SATSAID San Juan, Mario Quinteros, denunció que hay un fuerte malestar en varios gremios por cómo se maneja la toma de decisiones en la cúpula. Según explicó, varias resoluciones se presentan como consensuadas cuando, en realidad, no fueron debatidas por el conjunto de las organizaciones sindicales.

En ese marco, confirmó que el sector ya consolidó un importante respaldo gremial y que en los próximos días formalizará la presentación de una lista para competir en las elecciones previstas para fines de agosto. El objetivo, señaló, es garantizar que exista una verdadera competencia democrática y ampliar la representación de los distintos espacios sindicales.

La propuesta también incluye un pedido formal para convocar a un plenario de gremios que permita discutir el proceso electoral, definir reglas claras y analizar el funcionamiento futuro de la CGT sanjuanina. Los dirigentes consideran que una elección sin debate interno dejaría sin representación a una parte significativa del movimiento obrero provincial.

La iniciativa cuenta además con el respaldo del secretario general de la UOM San Juan, Martín Solazzo, quien cuestionó las limitaciones impuestas a los sindicatos que no integran la estructura confederada nacional. El dirigente recordó que en anteriores renovaciones esos gremios participaron normalmente de las listas y advirtió que la exclusión actual modifica criterios que durante años formaron parte de la vida institucional de la regional.

Para Solazzo, la futura conducción debe expresar la diversidad del movimiento sindical sanjuanino y garantizar espacios de participación para todas las organizaciones, independientemente de su condición dentro de la estructura nacional de la CGT. A su entender, una central obrera fortalecida requiere consensos amplios y una representación que refleje la pluralidad de los trabajadores de la provincia.

Aunque el frente opositor todavía no definió quién encabezará la nómina, sus referentes aseguran que la prioridad es consolidar un proyecto común antes que discutir nombres. La construcción de una candidatura unificada aparece como el paso siguiente de una estrategia que busca disputar por primera vez en varios años la conducción de la CGT San Juan.

Con el proceso electoral ya en marcha, la interna sindical ingresa en una etapa decisiva. La conformación de una lista alternativa introduce un nuevo escenario en la central obrera provincial y anticipa una elección con mayor debate sobre el modelo de conducción, la representatividad de los gremios y el rumbo institucional que adoptará la CGT San Juan en los próximos años.

El Frente de Gremios Estatales Nacionales confirmó su participación en la movilización convocada frente al Congreso junto a la CGT, las dos CTA, organizaciones sociales y jubilados. La protesta marca el inicio de una nueva etapa de confrontación con la administración de Javier Milei, en rechazo a los despidos, la reducción del empleo público y el deterioro de los ingresos.

El sindicalismo vuelve a movilizarse este miércoles con una amplia convocatoria que reúne a la CGT, las dos CTA, movimientos sociales, organizaciones de jubilados y el Frente de Gremios Estatales Nacionales. La concentración frente al Congreso buscará visibilizar el rechazo a las políticas económicas del Gobierno nacional y abrir una nueva etapa del plan de lucha impulsado por las principales centrales obreras.

La incorporación del espacio que nuclea a organizaciones de la administración pública amplía el alcance de la protesta y suma una agenda propia centrada en la reducción del aparato estatal, la pérdida de puestos de trabajo y el deterioro salarial registrado desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

Desde ese ámbito sostienen que la política oficial avanza sobre funciones esenciales del Estado mediante despidos, cierre de organismos y recortes presupuestarios. A ello agregan que numerosas provincias comenzaron a replicar medidas de ajuste similares, lo que motivó la definición de una agenda federal de reclamos que también alcanzará a distintas administraciones provinciales.

El secretario general de la Federación Judicial Argentina, Matías Fachal, explicó que la presencia del Frente de Gremios Estatales responde tanto al respaldo del reclamo previsional como a la decisión de consolidar la unidad de acción entre la CGT y las dos CTA. El dirigente remarcó que la defensa del sistema jubilatorio también involucra a quienes hoy se encuentran en actividad, al advertir que los derechos previsionales forman parte de las conquistas laborales que consideran amenazadas por las reformas impulsadas desde la Casa Rosada.

La convocatoria tiene como eje la defensa de la seguridad social y la recuperación del poder adquisitivo de los haberes previsionales. Las organizaciones participantes sostienen que los jubilados constituyen uno de los grupos más afectados por el ajuste fiscal y reclaman una recomposición urgente de los ingresos, además de la restitución plena de la cobertura gratuita de medicamentos.

Fachal también anticipó que la protesta será el punto de partida de nuevas acciones coordinadas entre las distintas expresiones sindicales. En ese sentido, confirmó que el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), la CTA Autónoma y otras organizaciones continuarán avanzando en mecanismos de coordinación para fortalecer la respuesta frente a las políticas oficiales.

El rechazo a la denominada «motosierra» encuentra respaldo en los últimos datos difundidos por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). De acuerdo con ese informe, entre diciembre de 2023 y mayo de 2026 la administración pública nacional perdió 69.992 puestos de trabajo, equivalente a una reducción del 20,4% de la planta de personal. El mayor impacto, en términos absolutos, se concentró en los organismos descentralizados, seguido por las empresas públicas y la administración central.

El estudio también concluye que la reducción alcanzó prácticamente a toda la estructura estatal, incluyendo organismos desconcentrados y otros entes públicos, reflejando un proceso sostenido de achicamiento administrativo que, según el centro de estudios, afectó la capacidad operativa de distintas áreas del Estado.

En paralelo, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ratificó su adhesión a la movilización. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, sostuvo que la protesta inaugura una etapa de mayor conflictividad sindical y vinculó la convocatoria con la crisis que atraviesan los adultos mayores. El dirigente advirtió que la diferencia entre la jubilación mínima, actualmente ubicada en $411.989, y la Canasta Básica de los Jubilados, estimada por la Defensoría de la Tercera Edad en $1.824.682, refleja la magnitud del deterioro de los ingresos previsionales.

La movilización aparece así como el primer capítulo de una escalada de medidas que las centrales sindicales evalúan profundizar durante las próximas semanas. Sin avances en el diálogo con el Gobierno y frente a la continuidad del programa de ajuste, el movimiento obrero comienza a debatir nuevas acciones de alcance nacional, entre ellas la posibilidad de convocar a un nuevo paro general.