Cámaras empresarias de al menos diez provincias impulsarán en la FADEEAC una iniciativa para reemplazar el Convenio Colectivo de Trabajo 40/89 por acuerdos provinciales o regionales. El proyecto, apoyado en la reforma laboral, reabre el debate sobre el futuro de la negociación colectiva y enciende alarmas en Camioneros y la CGT por el posible impacto sobre el modelo sindical argentino.

La iniciativa será presentada formalmente el próximo 21 de julio durante la asamblea de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), aunque comenzó a gestarse a fines de junio en Córdoba. Participan entidades de Córdoba, Mendoza, San Juan, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y otras provincias que consideran agotado el esquema uniforme vigente para todo el país.

El proyecto plantea una modificación de fondo. En lugar del convenio actual, que reúne alrededor de cincuenta cláusulas y adicionales, los empresarios proponen un acuerdo básico con apenas una decena de disposiciones generales. Sobre esa base, cada provincia negociaría de manera autónoma cuestiones vinculadas con viáticos, adicionales, modalidades de prestación, compensaciones y otras condiciones laborales ajustadas a su propia realidad productiva.

Los impulsores sostienen que el sistema vigente obliga a aplicar parámetros salariales definidos desde el Área Metropolitana de Buenos Aires en economías regionales con niveles de costos, rentabilidad y actividad muy diferentes. Desde ese diagnóstico argumentan que la descentralización permitiría dotar de mayor flexibilidad a las negociaciones sin afectar el ingreso básico de los trabajadores, ya que aseguran que se mantendría un salario garantizado mientras se redefinen otros componentes de la remuneración.

Las primeras negociaciones locales podrían comenzar en septiembre si la propuesta obtiene respaldo institucional dentro de FADEEAC, un paso que marcaría un cambio trascendente en una de las convenciones colectivas más influyentes del país.

La discusión encuentra respaldo jurídico en la Ley 27.802 de Modernización Laboral. La norma eliminó el principio de ultraactividad, obligando a renegociar los convenios una vez vencidos, y modificó el orden de prelación entre acuerdos colectivos, habilitando que convenios de menor alcance territorial o empresarial puedan prevalecer sobre los nacionales en determinadas materias. Esa modificación abrió una ventana que distintas cámaras empresarias buscan aprovechar para rediseñar las relaciones laborales en el transporte de cargas.

La iniciativa encendió una fuerte preocupación dentro del Sindicato de Camioneros y también en la CGT. Ambas organizaciones interpretan que la provincialización de la negociación colectiva podría fragmentar la representación gremial, reducir la capacidad de negociación nacional y generar condiciones laborales diferenciadas entre trabajadores que desarrollan la misma tarea en distintas jurisdicciones.

La inquietud sindical también se vincula con otro de los cambios introducidos por la reforma laboral. La nueva legislación limitó las cuotas solidarias destinadas al financiamiento de las organizaciones gremiales, estableciendo un tope equivalente al 2% del salario y una vigencia máxima de dos años. En Camioneros ese aporte alcanza actualmente el 3%, uno de los porcentajes más elevados del sistema convencional.

En ese punto, el gremio obtuvo recientemente un alivio judicial. El juez laboral Herman Mendel suspendió el 1 de julio la aplicación de diversos artículos de la reforma sobre el convenio de Camioneros, preservando provisoriamente los aportes destinados al seguro de sepelio, prestaciones sociales, capacitación y cobertura sanitaria. Sin embargo, esa resolución no alcanzó el debate sobre la arquitectura futura de la negociación colectiva, que continúa plenamente abierto.

La ofensiva empresaria trasciende la discusión salarial. Lo que comienza a debatirse es el alcance mismo del modelo sindical construido durante décadas sobre convenios nacionales y representación unificada por rama de trabajo. Si prospera la descentralización impulsada por las cámaras del interior, el transporte de cargas podría convertirse en el primer gran laboratorio de una transformación cuyas consecuencias excederían ampliamente a Camioneros y proyectarían efectos sobre el conjunto del sistema de relaciones laborales argentino.

San Juan comenzó el receso invernal con indicadores que superaron las previsiones oficiales y consolidó al turismo como uno de los principales motores de la economía provincial durante el fin de semana extralargo. La ocupación hotelera alcanzó un promedio del 70,2%, con una permanencia media de tres noches y un impacto económico cercano a los $3.000 millones.

La principal novedad fue el liderazgo de Valle Fértil, que registró un 85% de ocupación y desplazó a Calingasta, tradicional referente de la temporada invernal. El atractivo permanente del Parque Provincial Ischigualasto, combinado con una agenda de celebraciones populares y propuestas de naturaleza, convirtió al departamento del este sanjuanino en el destino con mayor demanda.

Detrás se ubicó Iglesia, con un 80% de ocupación, mientras que Calingasta alcanzó el 68%, completando el podio de los destinos más elegidos por quienes llegaron a la provincia durante el comienzo de las vacaciones.

El subsecretario de Turismo, Juan Castañares, destacó que uno de los datos más relevantes fue la extensión de la estadía de los visitantes, un factor que multiplica el consumo en hotelería, gastronomía, comercios y servicios, ampliando el impacto sobre las economías locales.

El buen desempeño también estuvo impulsado por una agenda deportiva de alcance nacional e internacional. La presentación de Los Pumas frente a Gales y una fecha del Campeonato Argentino de Motocross, que reunió a más de 150 pilotos, incrementaron la demanda de alojamiento, especialmente en el Gran San Juan, y atrajeron visitantes de distintos puntos del país.

La presencia de simpatizantes galeses aportó además un componente internacional al movimiento turístico. Muchos aprovecharon su permanencia para recorrer algunos de los principales atractivos culturales de la provincia, entre ellos la Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento, ampliando el circuito tradicional vinculado al turismo de naturaleza.

Las cifras también reflejaron un flujo sostenido de viajeros provenientes de Mendoza, San Luis, Córdoba y Santa Fe, que eligieron propuestas recreativas en espacios como el Dique Punta Negra y la Quebrada de Zonda, dos de los sitios más concurridos durante el fin de semana.

Las reservas iniciales proyectaban una ocupación cercana al 62%, aunque el ingreso de turistas sobre la fecha permitió superar ampliamente esa estimación y cerrar la primera etapa del receso con registros superiores a los previstos.

De cara a las próximas semanas, las expectativas oficiales permanecen enfocadas en la llegada de visitantes desde la provincia y la Ciudad de Buenos Aires, los mercados emisores de mayor peso para San Juan. A ello se sumará la realización de la Fiesta Provincial del Chivo, en La Majadita, un encuentro que podría consolidar el liderazgo de Valle Fértil y sostener el ritmo de la temporada, ratificando la creciente capacidad de la provincia para combinar patrimonio natural, grandes acontecimientos y propuestas culturales como polos de atracción patrimonial o como focos de interés histórico.

Los policías y penitenciarios autoconvocados ratificaron la continuidad de las medidas de fuerza luego de que el Gobierno de Claudio Vidal diera por concluida la negociación salarial mediante una resolución administrativa. Reclaman un salario inicial de $2,2 millones y denuncian que las reuniones estuvieron atravesadas por presiones y decisiones unilaterales.

La decisión del Gobierno de Santa Cruz de dar por finalizada la negociación salarial con las fuerzas de seguridad profundizó un conflicto que ya supera el mes de duración y mantiene a policías y penitenciarios autoconvocados acampando frente a la Casa de Gobierno de Río Gallegos. Los representantes de la Mesa de Unidad Policial y Penitenciaria confirmaron que las protestas continuarán en toda la provincia hasta que el Ejecutivo restablezca el diálogo.

Los efectivos cuestionan la Resolución 342 del Ministerio de Seguridad, mediante la cual la administración provincial dio por cerrada la discusión e impuso un incremento salarial que incorpora sumas no remunerativas. A juicio de los autoconvocados, esa modalidad perjudica especialmente a retirados y pensionados, además de desconocer los planteos formulados durante semanas de conversaciones.

El reclamo central apunta a establecer un salario inicial de bolsillo de $2.200.000 para el personal que ingresa a la fuerza y a que toda mejora salarial tenga carácter remunerativo. Sostienen que, desde el comienzo de las negociaciones el pasado 10 de junio, presentaron numerosas alternativas que fueron rechazadas sin una instancia real de consenso.

Durante una conferencia de prensa realizada en la denominada «Carpa de la Dignidad», Ramón Quipildor, uno de los voceros de la mesa, sostuvo que las reuniones estuvieron dominadas por imposiciones y presiones, y afirmó que nunca existió una negociación genuina entre las partes.

Las asambleas desarrolladas en distintas localidades resolvieron sostener el acampe y las medidas de protesta. No obstante, los efectivos aclararon que continúan prestando servicios esenciales, atendiendo emergencias, incendios y delitos graves, mientras suspendieron tareas administrativas y patrullajes preventivos como forma de visibilizar el reclamo.

Los representantes también denunciaron el deterioro de las condiciones de trabajo en las dependencias policiales, con comisarías que presentan deficiencias edilicias, falta de recursos y problemas derivados de la sobrepoblación de detenidos. En ese marco, reiteraron el pedido de una audiencia con el gobernador Claudio Vidal, a quien responsabilizan por la falta de respuestas frente a un conflicto que, aseguran, se profundiza con el paso de los días.

La decisión oficial de cerrar unilateralmente la negociación abrió un nuevo foco de desgaste para la administración provincial y trasladó el conflicto a un plano institucional, donde la recomposición del diálogo aparece como el principal desafío para evitar una mayor escalada entre el Gobierno y una de las fuerzas más sensibles del Estado santacruceño.