El Gobierno de San Juan realizará el lunes 24 de agosto el acto que dará inicio a la distribución de 3.000 equipos. La primera tanda forma parte de las 19.000 computadoras previstas para este año y estará destinada a docentes y estudiantes de distintos niveles.

El Ejecutivo provincial comenzará el próximo lunes 24 de agosto la entrega de 3.000 computadoras destinadas a docentes y estudiantes del sistema educativo provincial. El acto oficial se realizará a las 10:30 en el Estadio Aldo Cantoni y marcará el inicio de una distribución que contempla 19.000 dispositivos durante lo que resta de 2026.

Los equipos corresponden al programa Maestro de América y serán asignados principalmente a docentes de establecimientos públicos y privados, además de estudiantes de 5° año de primaria y 2° año de secundaria.

Las computadoras llegaron a la provincia entre fines de julio y los primeros días de agosto. Desde entonces, fueron sometidas a controles técnicos y tareas de preparación para garantizar que estuvieran en condiciones de ser entregadas.

Los dispositivos incorporan más de 30 programas y aplicaciones educativas, entre ellos LibreOffice, GeoGebra, Scratch, Stellarium, GIMP, OpenShot y Tux Paint. El equipamiento apunta a ampliar el acceso a herramientas digitales y facilitar su utilización tanto en las aulas como en las tareas pedagógicas.

La distribución tendrá una segunda etapa durante 2027. La Provincia suscribió un nuevo convenio con un organismo de Naciones Unidas para incorporar 50.000 computadoras adicionales, que serán destinadas al sistema educativo sanjuanino durante el próximo año.

Con ambas etapas, el Gobierno provincial proyecta alcanzar 94.000 computadoras entregadas en tres años, con una inversión total estimada en US$24.538.691.

La política de incorporación tecnológica contempla además instancias de capacitación para docentes, con el objetivo de acompañar la llegada de los equipos y favorecer su utilización en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

El acto del lunes abrirá así la primera distribución de esta nueva etapa, que continuará durante los próximos meses hasta completar las entregas previstas para 2026.

La UTA retoma este jueves la negociación salarial con las cámaras empresarias. La conducción de la UTA busca una mejora para los choferes del interior y la seccional San Juan anticipó que adherirá a un eventual paro nacional si no se alcanza un acuerdo.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) reanuda este jueves la negociación salarial con las cámaras empresarias del transporte, en una reunión que puede resultar determinante para definir la continuidad del conflicto por los ingresos de los choferes del interior del país.

El encuentro está previsto entre las 13 y las 15 y tendrá como principal objetivo acercar posiciones sobre una recomposición salarial que permita equiparar las condiciones de los trabajadores provinciales con las mejoras alcanzadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La negociación lleva varias semanas sin una resolución definitiva. Mientras el gremio reclama una actualización acorde con el aumento obtenido por los choferes metropolitanos, las empresas advierten sobre el incremento de los costos operativos y las dificultades financieras que atraviesan los servicios de transporte fuera del AMBA.

En San Juan, la conducción de la UTA sigue las conversaciones nacionales y ya definió su postura ante una eventual medida de fuerza. Si la conducción nacional dispone un paro, la seccional provincial anticipó que acompañará la protesta, lo que podría provocar interrupciones en el servicio de colectivos y afectar a miles de usuarios.

La posibilidad de una huelga no es nueva. La semana pasada, el gremio había advertido sobre la convocatoria a una medida de fuerza, aunque finalmente decidió mantener abierta la negociación y suspendió la protesta mientras continuaban las conversaciones con las empresas.

Ese antecedente mantiene la expectativa sobre el resultado de la reunión en la tarde de este jueves. Un entendimiento permitiría desactivar, al menos por ahora, la amenaza de paro, mientras que la falta de avances podría llevar a la conducción de la UTA a definir una protesta de alcance nacional.

Por el momento, no existe un paro confirmado. La definición dependerá del resultado de la negociación y de la decisión posterior de la conducción nacional del gremio. En San Juan, sin embargo, la adhesión ya fue anticipada en caso de que finalmente se convoque a la medida.

La Superintendencia de Servicios de Salud retiró del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga a 18 empresas, mutuales y cooperativas. Las auditorías detectaron falta de actividad efectiva, ausencia de afiliados y documentación incompleta. Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, las exclusiones ya superan las 180.

La medida alcanza a empresas de medicina prepaga, mutuales y cooperativas de distintas provincias. Entre las entidades excluidas figuran Plan Odontológico Integral S.A., Cámara de Tabaco de Misiones, Armiento S.A., Instituto Materno Infantil S.A. y Sociedad Médica Universitaria S.A., además de Asociación Mutual Intercooperativa, AMI S.R.L., Huinca Salud S.A. y Cooperativa Cuenca del Salado Ltda.

También quedaron fuera del registro Mutual de Ayuda entre Profesionales del Arte de Curar del Sanatorio Garay, EMPY S.R.L., Policlínico Lomas Medicina Prepaga S.A. y Timely Medical, entre otras organizaciones alcanzadas por el proceso de fiscalización.

Según explicó el organismo, las inspecciones permitieron establecer que varias de estas entidades no registraban actividad efectiva, no contaban con beneficiarios activos o no habían presentado la información requerida por la normativa vigente. Antes de disponer las bajas, la Superintendencia las intimó a regularizar su situación.

La falta de respuesta suficiente derivó finalmente en la exclusión del registro. El procedimiento forma parte de una revisión más amplia impulsada por el Gobierno para depurar el padrón de entidades que formalmente figuran como prestadoras de medicina prepaga, pero que no acreditan una operatoria efectiva.

Con esta nueva resolución, más de 180 entidades fueron excluidas desde el comienzo de la gestión de Javier Milei, en un proceso que la Superintendencia anticipó que continuará mediante nuevas auditorías.

El organismo sostuvo además que las bajas no deberían generar perjuicios para los usuarios, debido a que las entidades alcanzadas no registraban afiliados activos ni prestaciones en curso al momento de las verificaciones.

La depuración apunta a que el registro oficial quede integrado por organizaciones que acrediten existencia operativa, beneficiarios y cumplimiento de las obligaciones exigidas. La Superintendencia mantendrá las fiscalizaciones y podrá disponer nuevas exclusiones cuando se detecten incumplimientos similares.