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A partir del 1 de febrero rige el nuevo monto del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que será de $67.743 mensuales y de $338,72 la hora.

A partir de hoy, comienza a regir lo que la CGT, la CTA y las cámaras empresarias habían acordado en el Consejo del Salario un aumento del mínimo, vital y móvil del 20% en cuatro tramos, un 7 % en diciembre, un 6% en enero, un 4% en febrero y otro 3% en marzo de 2023.

El aumento se oficializó a través de la Resolución 15/2022 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Además, también aumenta la prestación por Desempleo, el monto mínimo pasa a 18.817,11 y el máximo a 31.361,85 pesos.

Por su parte, las cooperativas que al momento de su constitución debe conformar un capital social como parte de los requerimientos para su fundación, este capital es el monto inicial que las personas asociadas aportan a la entidad para desarrollar sus actividades.

Del monto total correspondiente al S.M.V.M., en el acto de constitución se aporta efectivamente un porcentaje: Según lo establece la Ley de Cooperativas N° 20.337, el mínimo a aportar es el 5% del capital suscrito (es decir, del total que toda persona asociada se compromete a aportar), con el restante 95% siendo aportado en un plazo máximo de 5 años.


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Productores afectados por el granizo harán un relevamiento en las zonas afectadas

Luego de las precipitaciones y caída de granizo ocurridas durante la noche des sábado en diferentes puntos de San Juan. El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación brindará un detalle en las zonas afectadas.

Los productores afectados deberán concurrir por el domicilio de la Dirección ubicada en Av. Ignacio de la Roza 308 (O) casi Catamarca, para efectuar la denuncia correspondiente dentro del plazo de diez días hábiles desde el suceso climático.

Para realizar sus consultas, los productores pueden contactarse con la Dirección de Contingencias y Registro Productor, perteneciente al Min. de Producción, Trabajo e Innovación, por llamada telefónica o a través de correo electrónico: 0264-4274082 / [email protected]

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Sindicatos de las Telecomunicaciones  advierten por el DNU de Javier Milei: «No vamos a conceder un tiempo de espera»

La Confederación de Sindicatos de las Telecomunicaciones (CONSITEL), rechazó el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, emitido por el gobierno encabezado por Javier Milei. La entidad difundió un comunicado de prensa explicando la posición oficial respecto a las medidas tomadas por el recién asumido primer mandatario nacional.

CONSITEL consideró que se tomó en cuenta que el gobierno lleva tan solo 12 días de gobierno y ponderó el respeto por la democracia de la Confederación, pero que esto “de ninguna manera implica la aceptación de medidas que afectan en forma directa las conquistas gremiales que llevó años conseguir con luchas, y sacrificios, donde numerosos trabajadores y trabajadoras dejaron su vida enfrentando la injusticia y la prepotencia”, remarca el texto.

A su vez, se resaltó que las organizaciones gremiales tienen la obligación de defender los intereses de nuestros representados más allá de las circunstancias electorales o partidarias”, indicaron.

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Satsaid rechazó enérgicamente el DNU

El Sindicato Argentino de Televisión Servicios Audiovisuales Interactivos y de Datos (Satsaid) rechazó el decreto de necesidad y urgencia (DNU) con medidas de desregulación total de la economía anunciado por el presidente Javier Milei y lo calificó de «anticonstitucional».

En un comunicado el Satsaid expresó que el DNU «daña profundamente la democracia, las instituciones y por sobre todo marca un avasallamiento contra todos los derechos conquistados por los trabajadores y trabajadoras a lo largo de nuestra historia».

«Si esto no lo frenamos entre todos, se destruye la Ley de Contrato de Trabajo, el derecho de huelga y las garantías de progresividad de los derechos laborales», advirtió el gremio.

El sindicato de los trabajadores televisivos señaló que «esto se suma a la alta inflación, la licuación de los salarios por la brutal devaluación que dispusieron y la criminalización de la protesta, como si estuviésemos en la peor de las dictaduras».

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