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UTA acordó con los empresarios y quedó desactivado el paro de colectivos en San Juan

El entendimiento establece el pago de $420.000 por trabajador, distribuidos en dos cuotas de $210.000 que se abonarán el 30 de noviembre y el 11 de diciembre. El acuerdo contempla diferencias salariales y conceptos adeudados entre mayo y agosto, y garantiza la continuidad del servicio, al menos por este conflicto.
La amenaza de una medida de fuerza en el transporte público sanjuanino quedó desactivada luego de que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las empresas del sector alcanzaran un acuerdo para cancelar parte de las obligaciones salariales pendientes. La propuesta presentada por los empresarios obtuvo el aval de la representación sindical y permitió cerrar, por el momento, una negociación que llevaba varias semanas sin resolución.
El acuerdo establece el pago de dos cuotas iguales de $210.000 para cada trabajador. La primera se hará efectiva el 30 de noviembre y la segunda el 11 de diciembre, hasta completar una suma de $420.000 por empleado. Los desembolsos incluyen diferencias no remunerativas correspondientes a mayo y junio, además de conceptos salariales y viáticos pendientes de julio y agosto.
La deuda acumulada había profundizado el malestar entre los choferes y las empresas nucleadas en la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP). La falta de una propuesta que permitiera regularizar esos conceptos llevó al sindicato a endurecer su posición y a advertir que podía avanzar con medidas de fuerza si no se alcanzaba una respuesta satisfactoria.
La dimensión del reclamo había quedado expuesta horas antes del acuerdo, cuando Antonio Ruiz, secretario de Finanzas de UTA San Juan, explicó en declaraciones a la prensa que los montos adeudados variaban según la antigüedad y los días trabajados. De acuerdo con su descripción, el reclamo partía de aproximadamente $416.000, aunque en distintos casos podía ubicarse entre $430.000 y $480.000, con situaciones que alcanzaban los $500.000.
Entre los conceptos reclamados figuraba, además, una suma no remunerativa de $120.000.
En medio de las diferencias, la conducción gremial había resuelto ampliar las instancias de negociación y dejar de canalizar las conversaciones exclusivamente a través de ATAP, con la intención de avanzar en entendimientos directos con cada empresa. Ese endurecimiento había elevado la incertidumbre sobre la prestación del servicio, ante la posibilidad de que el conflicto derivara en una interrupción de los recorridos.
La oferta empresarial logró evitar el paro de transporte al definir fechas concretas de pago. Con esta medida, los usuarios mantienen el servicio activo y los choferes podrán recuperar el dinero reclamado, siempre y cuando las empresas respeten los plazos acordados.