El gobierno avanzó con la privatización de nuevos tramos de rutas nacionales mediante peajes

A través del decreto 1358, el Ejecutivo Nacional incorporó nuevos corredores al proyecto Red Federal de Concesiones y estableció un plazo máximo de doce meses para convocar a una licitación pública nacional e internacional. La iniciativa comprende rutas de 15 provincias y busca transferir al sector privado la gestión y el mantenimiento de esos tramos mediante el sistema de peajes.

La decisión forma parte del proyecto denominado Red Federal de Concesiones, con el que la administración de Javier Milei busca incrementar la participación privada en la explotación y el mantenimiento de la infraestructura vial. El nuevo esquema alcanza corredores distribuidos en 15 provincias e incorpora trazas estratégicas para la circulación de pasajeros, el transporte de cargas y la conexión entre distintas regiones productivas.

Entre las rutas incluidas figuran la 3, 9, 11, 12, 14, 16, 22, 25, 26, 33, 34, 35, 38, 50, 60, 81, 86, 89, 120, 121, 122, 151, 152, 158, 228 y 237, además de la A0017. Los recorridos atraviesan Buenos Aires, Chubut, Santa Cruz, Córdoba, Santiago del Estero, Jujuy, Santa Fe, Chaco, Formosa, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Salta, La Pampa, La Rioja y Neuquén.

Según los fundamentos oficiales, el objetivo es rehabilitar la infraestructura vial, mejorar las condiciones de seguridad, reducir los costos logísticos y fortalecer la competitividad. El Ejecutivo sostiene que la incorporación de capital privado permitirá avanzar en esas tareas y, al mismo tiempo, contribuir al equilibrio de las cuentas públicas y a la reducción del déficit fiscal.

La disposición establece el marco para avanzar con los procedimientos licitatorios, pero la adjudicación de cada corredor y las condiciones específicas de explotación deberán definirse en las respectivas convocatorias. Allí se establecerán las obligaciones de las futuras concesionarias, las inversiones comprometidas y las condiciones de funcionamiento del sistema de peajes.

La ampliación del programa representa un nuevo paso en la transformación del modelo de administración de las rutas nacionales. Su implementación abrirá el debate sobre el costo que deberán afrontar los usuarios, la calidad de las obras y los mecanismos de control estatal para garantizar que las empresas cumplan con las inversiones y el mantenimiento exigidos.