Acueducto Gran Tulum: diez imputados y una audiencia que quedó suspendida

El Ministerio Público Fiscal atribuyó distintos delitos al exgobernador y actual senador nacional Sergio Uñac, al diputado Cristian Andino y a otros ocho investigados por presuntas irregularidades en la contratación de la obra. Sin embargo, un planteo de nulidad de las defensas contra una resolución de la jueza Mónica Lucero interrumpió la audiencia. La magistrada resolverá el incidente el 17 de noviembre.

La investigación judicial por presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum avanzó con la comunicación de cargos contra diez de los once investigados, entre ellos el exgobernador y actual senador nacional Sergio Uñac y el diputado nacional Cristian Andino.

Sin embargo, cuando la Fiscalía había conseguido exponer las imputaciones, un planteo de nulidad presentado por las defensas volvió a interrumpir el procedimiento y dejó pendiente la conclusión de la audiencia de formalización.

La jornada se desarrolló este miércoles en Tribunales, durante la continuidad de la audiencia encabezada por la jueza de Garantías Mónica Lucero. El fiscal Sebastián Gómez, junto con su equipo de ayudantes fiscales, atribuyó a los investigados presuntas responsabilidades penales relacionadas con la contratación, adquisición de materiales y decisiones administrativas vinculadas con la obra hídrica.

La acusación comprende los delitos de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. La calificación y el grado de participación fueron establecidos de acuerdo con las conductas que el Ministerio Público Fiscal atribuye a cada persona.

Uñac y Andino recibieron imputaciones por los tres delitos. La tercera figura también fue atribuida al expresidente de OSSE Sergio Ruiz, mientras que para los restantes investigados la Fiscalía expuso las calificaciones correspondientes a sus respectivas intervenciones. La nómina incluye a Guillermo Sirerol, Juan Carlos Caparrós, Gustavo Mastelono, Humberto Caballero, Juan Sánchez, Francisco Javier Correa y Rolando Vicente Caruso.

La situación del exministro de Infraestructura Julio Ortiz Andino quedó pendiente. El exfuncionario, que integra el grupo de once investigados, no participó de la audiencia debido a que se encontraba fuera del país, circunstancia que había comunicado previamente. Deberá comparecer en una próxima convocatoria para que se formalice la investigación en su contra.

El planteo de nulidad que volvió a interrumpir la audiencia

El nuevo obstáculo procesal surgió a partir de una presentación del abogado Juan Pablo Ortega, representante de las defensas de Sergio Ruiz, Guillermo Sirerol y Juan Sánchez, quien solicitó la nulidad absoluta de una resolución adoptada por Lucero. El abogado Marcelo Fernández, defensor de Uñac, también adhirió al planteo.

El cuestionamiento se relaciona con una segunda recusación promovida contra la magistrada. Según los abogados defensores, Lucero no debía resolver por sí misma ese pedido, sino remitirlo al órgano judicial correspondiente. Consideraron que su intervención afectó las garantías del debido proceso y la imparcialidad que debe regir el procedimiento.

Fernández sostuvo que la jueza debía haber seguido el mecanismo previsto legalmente para tramitar la recusación y no pronunciarse sobre su propia situación. La defensa entiende que esa circunstancia puede comprometer la validez de las actuaciones posteriores.

El conflicto tiene un antecedente inmediato. Una primera recusación contra Lucero había sido rechazada por el juez de Impugnación Eduardo Raed. Posteriormente, se presentó una denuncia contra la magistrada ante la UFI Delitos Especiales, que fue desestimada por el fiscal interviniente. Esa presentación fue utilizada luego como fundamento para impulsar una segunda recusación, cuya resolución derivó en el actual incidente de nulidad.

Desde el Ministerio Público Fiscal rechazaron el planteo. Sebastián Gómez lo calificó de meramente dilatorio y advirtió sobre las consecuencias que podría tener una eventual declaración de nulidad. Según sostuvo, si prosperara el pedido, parte sustancial de lo actuado podría quedar sin efecto y obligar a reiniciar el procedimiento.

La defensa de Uñac, por su parte, planteó que una eventual nulidad no necesariamente tendría que alcanzar la totalidad de las actuaciones y que correspondería determinar específicamente cuáles serían los actos afectados.

Qué se investiga en la obra del Acueducto Gran Tulum

El expediente busca establecer si existieron maniobras administrativas destinadas a favorecer a Krah América Latina, empresa vinculada con la provisión de las cañerías utilizadas en el proyecto. La hipótesis fiscal apunta a un presunto direccionamiento de los procedimientos de contratación mediante modificaciones en los pliegos licitatorios, flexibilización de exigencias técnicas y decisiones relacionadas con los controles de calidad de los materiales.

Durante la exposición se analizaron especialmente la licitación de 2015, cuyo monto rondó los 61,2 millones de pesos, y una readecuación contractual realizada en 2016 que llevó el valor a aproximadamente 94,9 millones, lo que representó un incremento cercano al 55%.

La investigación procura determinar si las condiciones de contratación y las decisiones adoptadas durante distintas gestiones de OSSE y del Gobierno provincial provocaron un perjuicio económico para la administración pública y si existieron responsabilidades individuales en esas actuaciones. Se trata de hipótesis sostenidas por la Fiscalía que deberán ser examinadas durante el proceso judicial.

El próximo paso judicial

La jueza Mónica Lucero decidió suspender la continuidad de la audiencia hasta el martes 17 de noviembre, a las 14.30, cuando deberá pronunciarse sobre el pedido de nulidad. La magistrada consideró que no podía continuar con el procedimiento sin resolver previamente el incidente, debido a las posibles consecuencias procesales que podría generar una decisión posterior sobre la validez de las actuaciones.

Si rechaza el planteo, la audiencia podrá continuar con las instancias pendientes. En caso de admitirlo, deberá establecer el alcance de la nulidad y determinar qué actuaciones podrían resultar afectadas. También permanece pendiente el tratamiento del plazo de dos años de investigación penal preparatoria solicitado por la Fiscalía.

La causa atravesó así tres convocatorias sin alcanzar todavía el cierre de la instancia de formalización: la primera, el 14 de octubre, quedó reprogramada por las ausencias de Uñac y Andino; la segunda, los días 10 y 11 de noviembre, permitió avanzar con la exposición fiscal, pero terminó condicionada por el incidente planteado por las defensas.

El expediente suma ahora dos planos de discusión: por un lado, la investigación sobre las presuntas irregularidades en una obra hídrica de gran envergadura para San Juan; por otro, las controversias procesales que deberán resolverse para garantizar la validez del procedimiento. Las imputaciones comunicadas no constituyen una declaración de culpabilidad: la determinación de eventuales responsabilidades penales dependerá del desarrollo de la investigación y de las decisiones que adopte la Justicia.