El salario docente perdió el equivalente a casi $5 millones de poder adquisitivo desde 2024

La pérdida salarial, la violencia en las escuelas y la falta de condiciones adecuadas para enseñar confluyeron en una protesta nacional que tuvo como detonante el asesinato de Nancy Estela Godoy, directora suplente de una escuela rural de Corrientes. El paro de 24 horas convocado por CTERA expuso una crisis que excede el reclamo de justicia por el crimen y alcanza las condiciones laborales y el deterioro de los ingresos docentes.

Un cálculo elaborado mediante la plataforma DatoPuro estimó que, entre fines de 2024 y agosto de 2026, el poder adquisitivo de los salarios docentes cayó un 23,7%. La pérdida acumulada llegó a $4.810.568,16, una cifra equivalente a 4,1 salarios de referencia. El dato refleja el impacto de la inflación sobre los ingresos y la distancia entre las remuneraciones y el costo efectivo de vida.

El reclamo adquirió mayor gravedad tras conocerse las condiciones en las que trabajaba Godoy. La docente había advertido en agosto a las autoridades correntinas sobre el deterioro de la Escuela Rural N.º 626, ubicada en el paraje El Malezal: bancos rotos, paredes descascaradas, sanitarios obstruidos y residuos acumulados. Debido a las condiciones del establecimiento, no podía permanecer allí durante la noche y debía trasladarse a caballo durante unas tres horas hasta la vivienda de una vecina.

La conmoción por el crimen se sumó a otro episodio de violencia ocurrido en San Nicolás de los Arroyos, donde una profesora terminó hospitalizada después de ser golpeada y arrastrada por una alumna, tras pedirle que dejara de utilizar el teléfono celular durante la clase. Ambos hechos reforzaron la advertencia gremial sobre la desprotección que enfrentan quienes trabajan en las aulas.

Durante la movilización en el Obelisco y frente a la Casa de Corrientes, la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, reclamó justicia y cuestionó el debilitamiento de las políticas públicas destinadas a la educación. «No hay presupuesto para la educación», afirmó, al señalar que el debate presupuestario se desarrolla sin paritaria nacional docente ni fondos específicos para el área.

Alesso también mencionó los 129 femicidios registrados en lo que va del año, según las cifras citadas durante la protesta, y vinculó la situación con la reducción de políticas estatales de protección. La conducción sindical reclamó garantías para el ejercicio de la docencia, especialmente en establecimientos rurales, donde las distancias, la infraestructura deficiente y la escasez de recursos agravan la exposición de los trabajadores.

Desde Junín, la secretaria general de UDOCBA, Cecilia Paolizzi, describió un deterioro que, a su juicio, también alcanza el reconocimiento social de la profesión. Advirtió sobre las agresiones de alumnos y familiares, además de las decisiones gubernamentales que afectan al magisterio. «El docente tiene que ser cuidado, con buenos salarios y con medidas que lo protejan», sostuvo.

La protesta dejó expuesta una convergencia de reclamos que compromete tanto las condiciones materiales de las escuelas como la autoridad y la integridad de quienes enseñan. La recomposición de los ingresos, la prevención de la violencia y la garantía de establecimientos seguros quedaron planteadas como obligaciones centrales para el Estado.